Arq. Javier Sota Nadal
Ex ministro de Educación
No puedo imaginar una situación más extrema,
ni que produzca heridas en el alma, que pasar
por la situación de administrar la muerte conscientemente a otra persona. La guerra, esa institución que todavía no
desaparece, deja una secuela feroz en los soldados, aún teniendo ellos la coartada
moral que no la ciegan por designio
propio, sino por orden del Estado. Los verdugos, en aquellos países que aún
mantienen la pena de muerte, no exhiben
su profesión ni reciben de su comunidad aprecio
alguno.
Esta disquisición no incluye a los asesinos, en ellos, pareciera
que su humanidad está suspendida, por ello la sociedad los aparta.
Digo lo anterior, porque quedé consternado
cuando algunos medios en semanas pasadas
– ya se agotó la noticia- enaltecían las
circunstancias y razones por las que dos
jóvenes armados mataron a tres personas.
Pienso que, a raíz de este trágico suceso, cualquiera con humanidad debió escribir sobre 5 víctimas, los que mataron y los que
murieron, y no de dos héroes y 3 delincuentes bien muertos como indecentemente se
insinuó.
El sesgo tanático de la noticia, llevó al
Poder Judicial (que entre nosotros no es
tan ciego, con el rabillo del ojo lee lo
que prensa escribe) a apartar a una jueza que dispuso la detención del joven que mató a un presunto
delincuente, seguramente impactada como debe impactarse cualquier juez cuando
conoce que alguien ha disparado y matado,
cualquiera fueren los atenuantes del hecho, y darse y dar
tiempo para que los
procedimientos policiales y los de la
administración de justicia actúen. Antes, otro joven se sumergió en la desgracia de matar a dos
jóvenes, asunto lacerante que nunca lo abandonará.
Razón tenía Gustavo Gutiérrez hace 19 años,
cuando decía que después de la orgía de sangre que produjo Sendero, lo peor que
podría pasar a la sociedad peruana sería
la “senderización” en relación con el valor de la vida.
La estadística demuestra que en las
comunidades menos armadas la muerte por mano ajena es menos frecuente,
Inglaterra por ejemplo. Si algún cambio
debiera hacerse en nuestra Constitución, es aquella que disponga que la tenencia y uso de armas
letales sólo sea monopolio de las
Fuerzas Armadas y Policiales, con la única excepción de su uso deportivo.
He sido estudiante y profesor en la UNI y rector en los momentos más
terribles de la violencia terrorista; puedo dar fe que, en contra todo lo que
se pueda pensar, que nunca vimos un arma entre los miembros de la comunidad
universitaria y, recuerdo en mis años de estudiante, que cuando descubrimos
alarmados que un compañero portaba una escondida, lo llamamos al orden; después,
supimos que pertenecía a la PIP y lo
entendimos. Pido a la ANR que
coordine un acuerdo que prohíba el
ingreso de gente armada a la universidad
sean estos miembros del claustro o visitantes. Estudiantes y padres de familia lo
agradecerán.
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