Papel de Arbol

domingo, 21 de agosto de 2016

Odebrecht y ex Gobiernos buscan evadir la Justicia, por Jorge Zavaleta Alegre, El Mercurio

                                                                                                                                                    http://www.elmercuriodigital.net/2016/08/odebrecht-y-ex-gobierno-buscan-evadir.html#.V7nwJfl95Og

21/8/16

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Asalto a laIncursionan a  caja fiscal del Perú

Jorge Zavaleta Alegre. Lima/Washington.-  Guamán Poma  de  Ayala, en su Crónica del Buen Gobierno, escribió al  rey de la Península Ibérica sobre los grandes excesos en América, como los “abusos de los españoles, la pereza e idolatría de los indios, la codicia de los caciques y la lujuria de los curas”.



El cronista indígena  Poma (Ayacucho, 1534 - Lima, 1615), era un convencido racista y aristocrático y creía que el gobierno debía volver a manos de los caciques de linaje, pues los problemas habían nacido de la confusión de las castas, de la proliferación de mestizos y mulatos, de la destrucción de los ayllus y de la usurpación de cacicazgos por indios del común.



Frente a esta visión de la realidad  remarcó  “no hay remedio”; aunque no dejaba de alabar al rey y a algunas autoridades coloniales.



Este clima, reaparece como un velado fondo  en el Perú del Siglo XXI, con  la expansión del narcotráfico y la corrupción institucionalizada. Las alianzas del Estado  con empresas transnacionales conducen a  delinquir en la impunidad.



Una compilación de Erandi Mejía, Arely Reyes, Ricardo Becerril, Ana Luisa Olivares e Itzel Rosas abordan los casos de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala  y México, en los que presidentes, funcionarios de alto nivel y empresas están involucrados, respaldado por fuentes internacionales de reconocida trayectoria.


La crisis actual de Petrobras es,  por ejemplo, consecuencia de una serie de factores que se vinculan con la vulnerabilidad del sistema político brasileño a los actos de corrupción y de impunidad. La llamada operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014, reveló la existencia de licitaciones fraudulentas de los contratos de Petrobras.


Chile es considerado internacionalmente como uno de los países menos corruptos del continente, no obstante, casos como los de Penta, Soquimich y Caval han mermado considerablemente esta positiva imagen.

Varias y diversas son las acciones que se han tomado en diferentes países para tratar de enfrentar la corrupción, con magros resultados. Tras décadas de impunidad absoluta, cobijadas por cruentas dictaduras militares que azotaron a la región durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, hoy en día la prevalencia de medios masivos de comunicación, grupos de la sociedad civil organizada e instancias de rendición de cuentas en prácticamente todos los países de la región permiten, al menos, que la población esté enterada de los actos de corrupción que cometen las élites o   neo-caciques de sus respectivos países.

Las organizaciones sindicales por  efecto de la escasez de trabajo o normas laborales  frágiles  han llevado a una virtual desaparición de los movimientos populares, aspecto que comienza a renacer con frecuentes movilizaciones en calles  y plazas.

LA TECNOLOGIA  Y EL  BUEN USO

La «política de la simulación» es cada vez menos sostenible en la actual era de la información. Por lo tanto, quedará en manos no sólo de la clase política, sino también de la opinión pública, presionar a sus gobiernos por fomentar un cambio, en tanto la  TV y la prensa en general sean vehículos de comunicación social y no voceros oficiales de mensajes manipulados por el gran capital.

“Contrariamente a la frase final del cronista  Guamán Poma de que el  “Perú ya no tiene remedio”,  en el presente  siglo XXI la  ciudadanía ha incubado una incontenible ira por el permanente asalto a la caja fiscal por sucesivos regímenes de la etapa republicana. El uso indebido del erario nacional nunca ha sido castigado sino burlado con la anuencia de la Justicia.

DE PRADO A HUMALA


Lo que ocurre ahora, en cuanto a cifras y distorsiones siempre se ha referido al militar Mariano Ignacio Prado, que en plena Guerra del Pacífico (Chile-Perú,1879), tras las derrotas navales y terrestres en el sur, decidió viajar a Europa para comprar armamento, y no más volvió. La clase dominante nunca ha condenado semejante deserción.

En el 2016, un soldado de origen andino asalta un cuartel de su institución  (Locumba en Tacna), audacia barata que le facilita llegar a la primera magistratura, cambiando  una hoja de ruta contraria a la que propuso  como  candidato. Pues la pareja presidencial  Humala-Heredia deja el Palacio  de Pizarro, firmando seis meses antes de  finalizar  su mandato, suscribiendo uno de los contratos  más lesivos para toda la población, en contubernio con un firma brasileña,  y cuyo  directivo cumple condena de 19 años, con derecho a “delación”.



Resulta inexplicable cómo  el poder político puede,  sin argumento técnico alguno, triplicar el valor de un contrato por un  proyecto de transporte de gas en los andes. Si hace dos años, la firma brasileña Odebrecht presentó a Proinversión  una propuesta valorizada en 3,500 millones de dólares, en diciembre del 2015, a siete meses de  que termina el mandato el aventurero comandante y su pareja (Humala-Heredia), ese mismo proyecto se convierte en una sólida alianza público-privada, por una suma que supera los 14,500 millones de dólares, según una profusa investigación, que a continuación damos  cuenta, elaborada por un equipo de profesionales liderado por   Manuel  Romero  Caro, fundador de  Gestión, el primer diario de economía y negocios  del Perú, en  marzo de 1992.

Hoy en día el Gasoducto Sur Peruano, se encuentra “Bajo la Lupa” de millones de ciudadanos, que en forma orgánica y con voces cada vez más altas y sólidos argumentos exigen a la nueva administración del Perú, liderada por el  presidente Pedro Pablo Kuzcynsky,  la necesaria revisión  del  GSP.

Romero Caro,  en tácita alianza con los conglomerados de prensa de El Mercurio, Panorama  Latinoamericano, Cambio16,   PerúSemanal, PapeldeArbol  y una cadena de organizaciones de investigación social y económica,  advierten que dada la magnitud de los problemas que va gestando el indicado megaproyecto gasífero debe ser paralizado o renegociado porque de seguir en los términos suscritos causa grave perjuicio a la economía de millones de consumidores de energía eléctrica.

El nuevo Gobierno debería modificar el DS 410 para posibilitar una renegociación bilateral y una disminución de los irracionales niveles de subsidio pactados, propone  Romero  Caro.



Tanto Odebrecht como los prestamistas tienen quien defienda sus intereses; pero ¿quién defiende los intereses de los consumidores?. Debe ser el Estado, el flamante gobierno, no solo porque es una obligación garantizada por normas nacionales sino para  velar la salud, la moral ciudadana y castigar con severidad la gravísima inconducta de un  gobernante involucrado en uno de los casos  más  grandes de mal uso de la caja fiscal de este país  sudamericano  de  33 millones de habitantes, donde el 99% del PBI, la  riqueza nacional, se concentra en el uno (1%) por ciento de sus habitantes.


Los peruanos  exigen la inmediata  intervención del nuevo Gobierno. ¿PPK y/o el Gabinete Zavala defenderán los intereses de los consumidores o nuevamente quedarán desamparados?



Existe un aspecto que podría complicar la aprobación de la adenda. Se trata de una manifestación de David San Frutos,  directivo del GSP en reemplazo de Odb, quien informó que para ejecutar  la inversión cuenta dos estudios de abogados extranjeros “de primer nivel” para que certifiquen que el proyecto  GSP es legal y correcto para obtener la concesión del Estado, enunciado que se habría obtenido.



Si de equidad se trata, le correspondía haber hecho algo similar al Estado peruano, pero hasta el cambio de Gobierno, el MEF se habría negado a gestionar dicho requerimiento.



Aparentemente, el problema sería la preocupación de que en una eventual delación premiada del expresidente de Odb, Marcelo Odebrecht, este pueda revelar alguna ilegalidad en el otorgamiento de la concesión.



¿Qué pasaría si el Gobierno emitiera ese certificado de buena conducta, aprobara la adenda de bancabilidad, la suscribiera y luego, fruto de las investigaciones de la Policía Federal de Brasil, de la Fiscalía o de una delación premiada se descubriera que hubo dolo?



Es que la solución de la problemática del GSP es una verdadera “papa caliente” que le ha dejado el Gobierno de Humala a PPK. Es por ello que tanto él como Alfredo Thorne, jefe del plan de gobierno, intentaron infructuosamente que el ex MEF Alonso Segura aprobara la adenda pendiente.



Lo que sucedió es que el ministro Segura del régimen humalista, consciente de los riegos involucrados en dicha firma, fue postergando y postergando la firma de la adenda del proyecto favorito de la pareja presidencial por varios meses hasta el cambio de Gobierno. Por lo que se recomienda que el Gobierno renegocie el contrato del GSP.



El destrabe de los megaproyectos no puede hacerse a cualquier costo para los consumidores. En una edición de Gestión, Romero  Caro explica que “los consumidores de energía eléctrica tendremos que entregar más de 11,000 millones de dólares en subsidios por el Gasoducto Sur Peruano (GSP)”. Esa  suma, según estudios complementarios  estaría subiendo y  se estima que podría llegar a 14 mil millones de dólares, según revelaciones de economistas que siguen investigando  el caso.



Asimismo, el ingreso del GSP no solo originará una considerable alza en las tarifas eléctricas (lo que haría inviable la promesa electoral de PPK en el sentido que en su Gobierno no se iba a elevar dicha tarifa) sino que unido a otras intervenciones del Estado en el sector, están generando una serie de distorsiones y deficiencias en la asignación de recursos.



Al extremo que en su primera manifestación a los medios, el nuevo ministro de Energía (MEM) enfatizó que “el mercado eléctrico está muy desordenado”.



Teniendo en cuenta la considerable magnitud de los futuros incrementos de tarifas eléctricas (por el GSP y otros proyectos) llegará un momento en que la presión ciudadana frente a los aumentos será muy intensa, y se solicitaría que el Tesoro Público asuma dichas obligaciones (ya se viene planteando pero todavía muy tímidamente), y ya sabemos cómo reaccionan los gobiernos antes las movilizaciones sociales.



Por lo que eventualmente se podría ceder; con lo que las metas de déficit fiscal para el 2017 y 2018 anunciadas por Alfredo Thorne, el jefe de plan de gobierno de PPK, no podrían ser alcanzadas, con las negativas consecuencias que acarrearía.



LA RENEGOCIACIÓN

Es muy importante que el Gobierno renegocie el contrato del GSP, sobre todo en estos momentos en que el Grupo Odebrecht está muy necesitado de liquidez para afrontar una serie de problemas derivados de los importantes problemas judiciales que enfrenta.



El GSP, a solicitud de los bancos, requiere que el Gobierno apruebe y firme una adenda de bancabilidad. Sin embargo, el ministro Gonzalo Tamayo, del sector  Energía, ha manifestado que ellos no negociarían mientras Odebrecht (Odb) controle el GSP, argumentando además que los dispositivos legales vigentes establecen que durante los 3 primeros años de concesión solo se permite que se efectúen cambios relativos a la corrección de errores materiales; al cierre financiero y a ciertos aspectos operativos.



En efecto, el DS 410- 2015-EF establece lo dicho en el párrafo anterior.  “Tanto Odebrecht como los prestamistas tienen quien defienda sus intereses; pero ¿quién defiende los intereses de los consumidores?”.



El Gobierno, cuyo gabinete ha recibido el respaldo de un congreso donde prima la mayoría  del Fujimorismo (líder en prisión por quiebra de DDHH y enriquecimiento ilícito), debería renegociar el contrato del gasoducto al sur.

El considerable monto de subsidios, el significativo aumento en tarifas y las distorsiones que está generando aconsejan un obligada renegociación  de esa inexplicable alianza público privada, en la cual el Estado pone el capital, sacrificando los magros bolsillos de la mayoría de consumidores para que un inescrupuloso presidente de la República y la primera dama, burlando la confianza ciudadana,  triplica el  valor de una obra faraónica.



Para llevar el gas del  Cusco al  resto de la región sur de Perú,  la firma Odebrecht se presentó a Proinversión por segunda vez y después de tres años,   en diciembre del 2015, con el mismo proyecto de la firma de Kuntur-Odebechet, pero por más del doble del valor. Si la primera vez el  proyecto implicaba un monto total de 3,500 millones de dólares, en la segunda convocatoria el líder del  llamado ”Partido Nacionalista” opta por avalar ese mismo proyecto  por una  suma que de ser concluida la obra implicaría el  desembolso  de la caja fiscal de 14 mil millones de dólares, suma en la que se incluye el alza de las tarifas por consumo de energía, que mes a mes pagan los consumidores.



Se  trata de una preocupante y aventurera “proeza nacionalista”, una descarada decisión, una ausencia total de ética  en el  ejercicio de la Política. Estamos  ante el  verdadero rostro de un soldado traidor a los intereses de 33 millones  de habitantes,   vergüenza  y amenaza a la economía popular de un país, donde la anemia infantil crece día a día, los salarios mínimos son los más bajos  de la región, la salud y la educación por los  suelos  y el trabajo  cuasi clandestino de  un entorno muy cercano a Montesinos, el asesor de Alberto  Fujimori, que desde   una celda, ambos siguen manejando en fondo y forma el plan que pensaban continuar mediante  su  hija en Palacio  de Gobierno, tras una campaña financiada con dinero del narcotráfico, información revelada por fuentes norteamericanas en víspera  de las elecciones generales  2016.

¿UNA NUEVA ETICA?

Los bancos extranjeros “solicitaron iniciar un proceso que asegurase que el consorcio no tuviera ningún vínculo con el caso de corrupción en Brasil” (Gestión 25.04.2016).

Sobre este tema, fuentes del sector informaron que Odb habría contratado a dos bancos. La solución de la problemática del GSP es una verdadera “papa caliente” que le ha dejado el Gobierno de Humala a PPK, remarca la investigación de Romero  Caro.



Un periodista le comenta  al filósofo Robert Spaemann:  “Quizás la época de la globalización, extendida por todas partes y anunciada a toque de campana, exija una ética económica o política completamente nueva. ¿Necesitamos una ética mundial de carácter global? ¿Son las exigencias morales que hoy tenemos ante nosotros de índole tal que resultan ya insuficientes los intentos de respuesta de toda la ética filosófica que se ha mantenido hasta hoy?

Robert Spaemann: Vd habla de que quizás “necesitemos” una nueva ética. Ahora bien, me deja perplejo el solo planteamiento de que se necesite una nueva ética. Ética es precisamente la reflexión acerca de lo que realmente es necesario. Por ejemplo, se puede leer en Hans Küng…. que nosotros necesitaríamos un Weltethos, una “ética universal”.

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