Papel de Arbol

lunes, 25 de junio de 2018

LA SALUD EN AMERICA LATINA, D16-Jorge Zavaleta Alegre




El gasto público de los países latinoamericanos


Por Jorge Zavaleta Alegre (Lima) -  25/06/2018 0
Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

La cobertura sanitaria universal es uno de los mayores desafíos de las políticas públicas del siglo XXI, remarcan recientes estudios relacionados con la  priorización del gasto en la protección  de la salud.

“La mayor esperanza de vida y el envejecimiento de las poblaciones han coincidido en buena parte del mundo con el desarrollo significativo de una clase media que demanda más servicios y de mejor calidad en todos los ámbitos sociales, principalmente, en el terreno de la salud”, señala el libro “La priorización en salud. Cómo articulan sus procesos México, Brasil y Colombia”, editado por el  Banco Interamericano  de Desarrollo-BID.

Esta banca multilateral, cuya primera operación se inició en Arequipa, Perú, en 1960 creando la Administración del Agua, no ha tenido la oportunidad  de ser acompañado en el presente siglo por gobiernos  sensibles a la explosión migratoria interna, informalidad empresarial, corrupción e indiferencia a la ventaja del bono  demográfico.

El estudio  que comentamos  plantea que al desafío de la salud, deben sumarse los cambios epidemiológicos, los avances en la investigación y el surgimiento de nuevas tecnologías y costosos tratamientos con restricción fiscal que limitan los recursos para cubrir las expectativas de la población.

El verbo «priorizar»  y el adjetivo «explícito» se refiere a la existencia de criterios y reglas claras que determinan este ordenamiento de la salud, que día a día se complica con  la diversidad  de administraciones que hacen en democracia un libreto  hostil al  desarrollo integral, con poderes judiciales que desconocen la complejidad para castigar y  garantizar  transparencia en los servicios  de Salud.

Este libro incide en el planteamiento y desarrolla un enfoque sistémico,  una suerte de “casa” con distintas “habitaciones” que representan los distintos procesos asociados a la priorización y que tiene un “techo” o principio rector para alcanzar la salud de la población.

Tres capítulos de esta publicación  tratan sobre la práctica de tres países de la región: México, Brasil y Colombia. Se evalúan los sistemas a la luz de una serie de principios que son considerados primordiales para garantizar el enfoque sistémico: la coherencia, la eficacia y la eficiencia, la solidez técnica, la transparencia y la legitimidad.

Esta publicación de la Red CRITERIA, un proyecto regional financiado por el BID, desde el año 2011, busca la transferencia de conocimientos sobre la priorización del gasto en salud a partir de experiencias de política pública de los diferentes países de América Latina y el Caribe, para acercarse más a la cobertura sanitaria universal, parte del desarrollo sostenible de la Organización Panamericana de la Salud para el año 2030, explica Ferdinando Regalia, Jefe de la División de Protección Social y Salud del BID, con sede en Washington DC.



Los avances experimentados en las últimas décadas por la tecnología en salud han permitido alargar y mejorar la esperanza y calidad de vida de la población.  Algunos de ellos han contribuido a incrementos de hasta 5 y 6 años.

Es el caso de las tecnologías utilizadas en el cuidado de los neonatos} prematuros y en procedimientos cardiacos, así como de algunos medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión,  los tratamientos para algunas enfermedades metabólicas que pocos años atrás eran incurables pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte de quienes las padecen

Finalmente, el sistema de priorización debe ser legítimo. Esto significa que sus resultados deben ser aceptados por todos los actores —incluso si algunos disienten de las decisiones— tal como ocurre en los regímenes democráticos: así, se puede desaprobar la elección de un determinado jefe de gobierno, pero dado que este fue electo democráticamente, bajo unas reglas aceptadas por todos, se acepta el resultado.

Los procesos de priorización de los tres países que incluye el libro se encuentran en distintos estados de evolución, siendo Brasil el país donde están más desarrollados y son más maduros.

En México hay procesos de priorización que se consolidan en el ámbito nacional y en el subsistema de seguridad social.

En Colombia se han consolidado los procesos técnicos, pero se están llevando a cabo modificaciones al plan de beneficios, que podrán implicar grandes retos para la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

En los tres países el primer paso ha consistido en la puesta en marcha, el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de registro sanitario y, en efecto, en los tres casos las agencias sanitarias tienen una larga historia, puesto que surgieron entre finales de los años 1990 y principios del siglo XXI.

En estos países se han abierto espacios de deliberación y decisión colegiadas. En algunos casos se han constituido entidades semiautónomas para llevar a cabo el proceso de evaluación, en otros se han conformado unidades al interior de los Ministerios.

En México, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) empieza gradualmente a cobrar relevancia en la evaluación de tecnologías, particularmente de medicamentos.

También se abordan algunas incoherencias administrativas que deben corregirse. Se explica con amplitud, tomando  como referencia el caso de medicamento Rimonabant, que la COFEPRIS aprobó aun cuando ya lo habían retirado del mercado europeo y no lo habían admitido en el de Estados Unidos.

La falta de confianza en la agencia sanitaria disminuye la coherencia y la legitimidad de las decisiones de priorización, puesto que el público recibe señales contradictorias.

En cambio, en Brasil la agencia sanitaria ANVISA se ha convertido en un modelo para la región debido a la capacidad técnica y al rigor que la caracterizan. Sin duda esta reputación explica que el Consejo Nacional de Justicia haya recomendado a los jueces y magistrados no otorgar tecnologías que no cuenten con el registro de la ANVISA. Esto difícilmente hubiese ocurrido si el poder judicial desconfiara de las decisiones de esta agencia.

Rigor técnico en la etapa de evaluación. Contar con una evaluación de tecnologías rigurosa es la base de sustentación de los procesos de deliberación y decisión. Cuando hay evidencia sólida es más fácil orientar las decisiones atinentes a la eficiencia y la eficacia y, más aún, es menos probable que con ellas se favorezcan intereses particulares —sean estos legítimos o no— cuando estos contravienen la evidencia sólida.

En México, por ejemplo, se describe cómo en la Comisión Interinstitucional del CBCI cada representante evalúa la evidencia de la industria y, en algunos casos, hace su propia evaluación. Esto ocurre porque no hay un brazo fuerte, creíble y legítimo.

En Brasil, la  naturaleza descentralizada del sistema le da autonomía a las municipalidades y a los estados para financiar tecnologías adicionales a las indicadas en las listas nacionales.  Nuevamente, esta situación produce diferencias de criterios, duplicación de tareas e inequidad.

El reto de Colombia es la segmentación de los actores que toman decisiones dentro del sistema. Los jueces, el Ministerio y el Congreso todos pueden incluir tecnologías en el POS, y lo han hecho.

¿Cómo transitar hacia un esquema de priorización eficaz, eficiente, coherente y legítimo?. Actualmente, en la mayoría de los países de la región hay procesos de uno u otro tipo para escoger qué se financia con recursos públicos.


Las experiencias presentadas en este libro entregan insumos útiles para continuar consolidando estos procesos, y revelan cómo se puede construir sistemas de priorización eficientes y efectivos, articulados y con una visión sistémica. La priorización en salud paso a paso.


¿Quieres recibir las novedades de Diario16?
Nombre
Email *





PANORAMICAL Y LA PRIORIDAD DE LA SALUD EN AMERICA


Jorge Zavaleta Alegre
La cobertura sanitaria universal es uno de los mayores desafíos de las políticas públicas del siglo XXI, remarcan recientes estudios relacionados con la  priorización del gasto en la protección  de la salud.

“La mayor esperanza de vida y el envejecimiento de las poblaciones han coincidido en buena parte del mundo con el desarrollo significativo de una clase media que demanda más servicios y de mejor calidad en todos los ámbitos sociales, principalmente, en el terreno de la salud”, señala el libro “La priorización en salud. Cómo articulan sus procesos México, Brasil y Colombia”, editado por el
Banco Interamericano  de Desarrollo-BID.

Esta banca multilateral, cuya primera operación se inició en Arequipa, Perú, en 1960 creando la Administración del Agua, no ha tenido la oportunidad  de ser acompañado en el presente siglo por gobiernos  sensibles a la explosión migratoria interna, informalidad empresarial, corrupción e indiferencia a la ventaja del bono  demográfico.

El estudio  que comentamos  plantea que al desafío de la salud, deben sumarse los cambios epidemiológicos, los avances en la investigación y el surgimiento de nuevas tecnologías y costosos tratamientos con restricción fiscal que limitan los recursos para cubrir las expectativas de la población.

El verbo «priorizar»  y el adjetivo «explícito» se refiere a la existencia de criterios y reglas claras que determinan este ordenamiento de la salud, que día a día se complica con  la diversidad  de administraciones que hacen en democracia un libreto  hostil al  desarrollo integral, con poderes judiciales que desconocen la complejidad para castigar y  garantizar  transparencia en los servicios  de Salud.

Este libro incide en el planteamiento y desarrolla un enfoque sistémico,  una suerte de “casa” con distintas “habitaciones” que representan los distintos procesos asociados a la priorización y que tiene un “techo” o principio rector para alcanzar la salud de la población.

Tres capítulos de esta publicación  tratan sobre la práctica de tres países de la región: México, Brasil y Colombia. Se evalúan los sistemas a la luz de una serie de principios que son considerados primordiales para garantizar el enfoque sistémico: la coherencia, la eficacia y la eficiencia, la solidez técnica, la transparencia y la legitimidad.

Esta publicación de la Red CRITERIA, un proyecto regional financiado por el BID, desde el año 2011, busca la transferencia de conocimientos sobre la priorización del gasto en salud a partir de experiencias de política pública de los diferentes países de América Latina y el Caribe, para acercarse más a la cobertura sanitaria universal, parte del desarrollo sostenible de la Organización Panamericana de la Salud para el año 2030, explica Ferdinando Regalia, Jefe de la División de Protección Social y Salud del BID, con sede en Washington DC.

Los avances experimentados en las últimas décadas por la tecnología en salud han permitido alargar y mejorar la esperanza y calidad de vida de la población.  Algunos de ellos han contribuido a incrementos de hasta 5 y 6 años.

Es el caso de las tecnologías utilizadas en el cuidado de los neonatos} prematuros y en procedimientos cardiacos, así como de algunos medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión,  los tratamientos para algunas enfermedades metabólicas que pocos años atrás eran incurables pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte de quienes las padecen

Finalmente, el sistema de priorización debe ser legítimo. Esto significa que sus resultados deben ser aceptados por todos los actores —incluso si algunos disienten de las decisiones— tal como ocurre en los regímenes democráticos: así, se puede desaprobar la elección de un determinado jefe de gobierno, pero dado que este fue electo democráticamente, bajo unas reglas aceptadas por todos, se acepta el resultado.

Los procesos de priorización de los tres países que incluye el libro se encuentran en distintos estados de evolución, siendo Brasil el país donde están más desarrollados y son más maduros.

En México hay procesos de priorización que se consolidan en el ámbito nacional y en el subsistema de seguridad social.

En Colombia se han consolidado los procesos técnicos, pero se están llevando a cabo modificaciones al plan de beneficios, que podrán implicar grandes retos para la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

En los tres países el primer paso ha consistido en la puesta en marcha, el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de registro sanitario y, en efecto, en los tres casos las agencias sanitarias tienen una larga historia, puesto que surgieron entre finales de los años 1990 y principios del siglo XXI.

En estos países se han abierto espacios de deliberación y decisión colegiadas. En algunos casos se han constituido entidades semiautónomas para llevar a cabo el proceso de evaluación, en otros se han conformado unidades al interior de los Ministerios.

En México, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) empieza gradualmente a cobrar relevancia en la evaluación de tecnologías, particularmente de medicamentos.
También se abordan algunas incoherencias administrativas que deben corregirse. Se explica con amplitud, tomando  como referencia el caso de medicamento Rimonabant, que la COFEPRIS aprobó aun cuando ya lo habían retirado del mercado europeo y no lo habían admitido en el de Estados Unidos.

La falta de confianza en la agencia sanitaria disminuye la coherencia y la legitimidad de las decisiones de priorización, puesto que el público recibe señales contradictorias.
En cambio, en Brasil la agencia sanitaria ANVISA se ha convertido en un modelo para la región debido a la capacidad técnica y al rigor que la caracterizan. Sin duda esta reputación explica que el Consejo Nacional de Justicia haya recomendado a los jueces y magistrados no otorgar tecnologías que no cuenten con el registro de la ANVISA. Esto difícilmente hubiese ocurrido si el poder judicial desconfiara de las decisiones de esta agencia.

Rigor técnico en la etapa de evaluación. Contar con una evaluación de tecnologías rigurosa es la base de sustentación de los procesos de deliberación y decisión. Cuando hay evidencia sólida es más fácil orientar las decisiones atinentes a la eficiencia y la eficacia y, más aún, es menos probable que con ellas se favorezcan intereses particulares —sean estos legítimos o no— cuando estos contravienen la evidencia sólida.

En México, por ejemplo, se describe cómo en la Comisión Interinstitucional del CBCI cada
representante evalúa la evidencia de la industria y, en algunos casos, hace su propia evaluación. Esto ocurre porque no hay un brazo fuerte, creíble y legítimo.

En Brasil, la  naturaleza descentralizada del sistema le da autonomía a las municipalidades y a los estados para financiar tecnologías adicionales a las indicadas en las listas nacionales.  Nuevamente, esta situación produce diferencias de criterios, duplicación de tareas e inequidad.

El reto de Colombia es la segmentación de los actores que toman decisiones dentro del sistema. Los jueces, el Ministerio y el Congreso todos pueden incluir tecnologías en el POS, y lo han hecho.
¿Cómo transitar hacia un esquema de priorización eficaz, eficiente, coherente y legítimo?.

Actualmente, en la mayoría de los países de la región hay procesos de uno u otro tipo para escoger qué se financia con recursos públicos.

Las experiencias presentadas en este libro entregan insumos útiles para continuar consolidando estos procesos, y revelan cómo se puede construir sistemas de priorización eficientes y efectivos, articulados y con una visión sistémica. La priorización en salud paso a paso.
Corresponsalias
Papeldearbol@gmail.com
Washington DC-Perú

LA SALUD ENFERMA EN LOS OJOS DE AMERICA





Jorge Zavaleta Alegre
La salud exige prioridad en el gasto público. La cobertura sanitaria universal es uno de los mayores desafíos de las políticas públicas del siglo XXI, remarcan recientes estudios relacionados con la  priorización del gasto en la protección  de la salud.

“La mayor esperanza de vida y el envejecimiento de las poblaciones han coincidido en buena parte del mundo con el desarrollo significativo de una clase media que demanda más servicios y de mejor calidad en todos los ámbitos sociales, principalmente, en el terreno de la salud”, señala el libro “La priorización en salud. Cómo articulan sus procesos México, Brasil y Colombia”, editado por el  Banco Interamericano  de Desarrollo-BID.

Esta banca multilateral, cuya primera operación se inició en Arequipa, Perú, en 1960 creando la Administración del Agua, no ha tenido la oportunidad  de ser acompañado en el presente siglo por gobiernos  sensibles a la explosión migratoria interna, informalidad empresarial, corrupción e indiferencia a la ventaja del bono  demográfico. 

El estudio  que comentamos  plantea que al desafío de la salud, deben sumarse los cambios epidemiológicos, los avances en la investigación y el surgimiento de nuevas tecnologías y costosos tratamientos con restricción fiscal que limitan los recursos para cubrir las expectativas de la población.  

El verbo «priorizar»  y el adjetivo «explícito» se refiere a la existencia de criterios y reglas claras que determinan este ordenamiento de la salud, que día a día se complica con  la diversidad  de administraciones que hacen en democracia un libreto  hostil al  desarrollo integral, con poderes judiciales que desconocen la complejidad para castigar y  garantizar  transparencia en los servicios  de Salud.

Este libro incide en el planteamiento y desarrolla un enfoque sistémico,  una suerte de “casa” con distintas “habitaciones” que representan los distintos procesos asociados a la priorización y que tiene un “techo” o principio rector para alcanzar la salud de la población.

Tres capítulos de esta publicación  tratan sobre la práctica de tres países de la región: México, Brasil y Colombia. Se evalúan los sistemas a la luz de una serie de principios que son considerados primordiales para garantizar el enfoque sistémico: la coherencia, la eficacia y la eficiencia, la solidez técnica, la transparencia y la legitimidad. 

Esta publicación de la Red CRITERIA, un proyecto regional financiado por el BID, desde el año 2011, busca la transferencia de conocimientos sobre la priorización del gasto en salud a partir de experiencias de política pública de los diferentes países de América Latina y el Caribe, para acercarse más a la cobertura sanitaria universal, parte del desarrollo sostenible de la Organización Panamericana de la Salud para el año 2030, explica Ferdinando Regalia, Jefe de la División de Protección Social y Salud del BID, con sede en Washington DC.

Los avances experimentados en las últimas décadas por la tecnología en salud han permitido alargar y mejorar la esperanza y calidad de vida de la población.  Algunos de ellos han contribuido a incrementos de hasta 5 y 6 años. 

Es el caso de las tecnologías utilizadas en el cuidado de los neonatos} prematuros y en procedimientos cardiacos, así como de algunos medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión,  los tratamientos para algunas enfermedades metabólicas que pocos años atrás eran incurables pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte de quienes las padecen

Finalmente, el sistema de priorización debe ser legítimo. Esto significa que sus resultados deben ser aceptados por todos los actores —incluso si algunos disienten de las decisiones— tal como ocurre en los regímenes democráticos: así, se puede desaprobar la elección de un determinado jefe de gobierno, pero dado que este fue electo democráticamente, bajo unas reglas aceptadas por todos, se acepta el resultado.

Los procesos de priorización de los tres países que incluye el libro se encuentran en distintos estados de evolución, siendo Brasil el país donde están más desarrollados y son más maduros. 

En México hay procesos de priorización que se consolidan en el ámbito nacional y en el subsistema de seguridad social. 

En Colombia se han consolidado los procesos técnicos, pero se están llevando a cabo modificaciones al plan de beneficios, que podrán implicar grandes retos para la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

En los tres países el primer paso ha consistido en la puesta en marcha, el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de registro sanitario y, en efecto, en los tres casos las agencias sanitarias tienen una larga historia, puesto que surgieron entre finales de los años 1990 y principios del siglo XXI.

En estos países se han abierto espacios de deliberación y decisión colegiadas. En algunos casos se han constituido entidades semiautónomas para llevar a cabo el proceso de evaluación, en otros se han conformado unidades al interior de los Ministerios. 

 En México, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) empieza gradualmente a cobrar relevancia en la evaluación de tecnologías, particularmente de medicamentos. 
También se abordan algunas incoherencias administrativas que deben corregirse. Se explica con amplitud, tomando  como referencia el caso de medicamento Rimonabant, que la COFEPRIS aprobó aun cuando ya lo habían retirado del mercado europeo y no lo habían admitido en el de Estados Unidos. 

La falta de confianza en la agencia sanitaria disminuye la coherencia y la legitimidad de las decisiones de priorización, puesto que el público recibe señales contradictorias.

En cambio, en Brasil la agencia sanitaria ANVISA se ha convertido en un modelo para la región debido a la capacidad técnica y al rigor que la caracterizan. Sin duda esta reputación explica que el 

Consejo Nacional de Justicia haya recomendado a los jueces y magistrados no otorgar tecnologías que no cuenten con el registro de la ANVISA. Esto difícilmente hubiese ocurrido si el poder judicial desconfiara de las decisiones de esta agencia.

Rigor técnico en la etapa de evaluación. Contar con una evaluación de tecnologías rigurosa es la base de sustentación de los procesos de deliberación y decisión. Cuando hay evidencia sólida es más fácil orientar las decisiones atinentes a la eficiencia y la eficacia y, más aún, es menos probable que con ellas se favorezcan intereses particulares —sean estos legítimos o no— cuando estos contravienen la evidencia sólida.

En México, por ejemplo, se describe cómo en la Comisión Interinstitucional del CBCI cada representante evalúa la evidencia de la industria y, en algunos casos, hace su propia evaluación. Esto ocurre porque no hay un brazo fuerte, creíble y legítimo.

En Brasil, la  naturaleza descentralizada del sistema le da autonomía a las municipalidades y a los estados para financiar tecnologías adicionales a las indicadas en las listas nacionales.  Nuevamente, esta situación produce diferencias de criterios, duplicación de tareas e inequidad.

El reto de Colombia es la segmentación de los actores que toman decisiones dentro del sistema. Los jueces, el Ministerio y el Congreso todos pueden incluir tecnologías en el POS, y lo han hecho.

¿Cómo transitar hacia un esquema de priorización eficaz, eficiente, coherente y legítimo?. Actualmente, en la mayoría de los países de la región hay procesos de uno u otro tipo para escoger qué se financia con recursos públicos.

Las experiencias presentadas en este libro entregan insumos útiles para continuar consolidando estos procesos, y revelan cómo se puede construir sistemas de priorización eficientes y efectivos, articulados y con una visión sistémica. La priorización en salud paso a paso.

El MERCURIODIGITAL.NET
Otro periodismo es posible
papeldearbol@gmail.com
Corresponsalia en EEUU - Perú

ATALAYA ECONÓMICA, Por Manuel Romer Caro



Manuel Romero Caro, fundador de  Gestión, el primer diario del Perú de economía y negocios, fundado en 1990, en plena crisis con una inflación de 7000 por ciento, es una tribuna plural para vertientes especializadas y de interés  colectivo.

MRM, analista meticuloso  viene abordando la lucha contra corrupción, con el mayor tino y documentación  sobre la empresa Odebrechet, cuando recién aparecía el proyecto  IIRSA, cuyo objetivo era integrar América Latina, uniendo el Pacífico con el Atlántico, más allá  de los buenos resultados  del  Canal de Panamá, administrado ya por los panameños desde finales de los sesenta y comienzos de los  setenta, tiempos en que  esta región soñaba en una economía social de mercado, con estados sólidos  y una empleocracia comprometida con el  futuro.

En la siguiente crónica, Manuel Romero Caro se interroga sobre
¿Cambios en el Lava Jato Peruano? 25.06.18

El nuevo Fiscal de la Nación ha anunciado cambios, por lo que es un buen momento para evaluar el desempeño de la Fiscalía en su desafío más importante, el caso Lava Jato (L J).

El aspecto más importante es la decisión de investigar el caso a través de dos equipos diferentes que no coordinan entre si y que siguen estrategias marcadamente diferentes. De un lado se encuentra el equipo liderado por Hamilton Castro, que investiga los casos de corrupción de funcionarios por las constructoras brasileras. Que es el que cuenta con mayores recursos y atención.

 Y del otro,  el equipo liderado por Rafael Vela, de lavado de activos, en el que se encuentran los casos de los ex presidentes y Keiko Fujimori. En el equipo de lavado de activos “tuvimos que hacer un plan paralelo estratégico: activar la cooperación internacional” manifestó Vela (1). Al aprovechar los avances ya logrados por las autoridades brasileñas, el equipo de lavado de activos avanzó más rápido. O en palabras de Vela “las investigaciones tienen una velocidad diferente”.

Además existen diferencias públicas entre los dos equipos. Es así que cuando los fiscales de Lavado de activos en febrero viajaron a interrogar a Barata solo pudieron hacerlo en los casos de los financiamientos electorales a los Humala y Fuerza Popular. No pudiendo interrogarlo sobre las irregularidades en los megaproyectos de inversión porque eso era responsabilidad del equipo de Castro.

Al preguntarle a Vela porque el otro equipo no activa la cooperación internacional con Brasil, este respondió que “si no lo hacen es porque es incompatible con sus estrategias y sus decisiones autónomas” (2). En otras palabras. Pablo Sánchez no pudo, o no quiso, poner orden y coordinación entre los dos equipos. Lo que obviamente ha perjudicado el trabajo del caso LJ.

Es que el pecado original de Sánchez fue asignar el Caso L J a dos equipos diferentes. A diferencia
del caso brasilero, en el que más de cien fiscales constituyeron un solo equipo, con unidad de mando, coordinando entre ellos y sin las públicas diferencias de opinión existentes en el caso peruano.

Ahora el nuevo Fiscal de la Nación Chavarry ha anunciado que previa evaluación racionalizará y fusionará ambos equipos, y habrá unidad de mando. Sin embargo al referirse a la corrupción en la Fiscalía en el pasado, manifestó que eso era “innegable”, afirmando que “inclusive hoy tenemos corrupción” y que hay un promedio de 8 a 10 fiscales por mes con pedido de destitución (3). Por lo que teniendo en cuenta las características del Caso L J, hay que tener mucho cuidado con el personal a nombrar o ratificar, el que debe de ser no solo eficiente y con experiencia sino comprobadamente honrados.

Sobre todo si se le han otorgado a la Fiscalía nuevas funciones muy importantes, como reducir o inclusive eliminar las reparaciones civiles. Otro elemento negativo en la gestión de Sánchez ha sido la evidente falta de transparencia, sobre todo en el equipo de Castro. Lo que se quiere maquillar a última hora. Al respecto Chavarry ha enfatizado que “aquí no habrá una política de secreto, sino de transparentar todo lo que se va a hacer”(3).

En esta, como en otras promesas de Chavarry habrá que ver para creer. Finalmente la Fiscalía ha avanzado a un ritmo no solo demasiado lento sino priorizando excesivamente el tema de los aportes electorales sobre la profundización de las investigaciones sobre los diversos contratos y proyectos de Odebrecht (Odb). Lo cual le convenía a Odb, porque mientras el primer tema no tiene ningún impacto sobre el monto final de la reparación que tendrá que pagar Odb, el segundo sí la tiene.
(1)          EC 22.04.18 (2)G 22.02.18 (3) Hildebrandt en sus 13 22.06.18
...
papeldearbol@gmail.com
Corresponsalía del Grupo El Mercurio de España:
"Otro periodismo es posible hacer cada día"