Papel de Arbol

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Mucho floro, poca acción.Sector privado también debe reformarse


Manuel Romero  Caro
12y13/12/2017

     
El sector privado también debe reformarse
La reciente aceleración del Caso Lava Jato Peruano (LJP) nos permite reflexionar, una vez más, sobre evolución de la corrupción en nuestro país. Y sobre la responsabilidad del sector privado en este proceso.

Como es obvio, a pesar de lo traumático que fue el episodio de corrupción del fujimontesinismo, en el que diversos líderes empresariales acudieron a la famosa salita del SIN a pedir favores a Vladimiro Montesinos, no aprendimos la lección. Y si algo nos enseñó esto, es que la lucha anticorrupción debe de ser permanente. Ya que después de concluido ese episodio , la corrupción continuó y se profundizó en los siguientes gobiernos.

Frecuentemente leemos o escuchamos diversas demandas (especialmente en el campo institucional) para que el sector público apruebe reformas para salir de los problemas que actualmente confrontamos, para ganar competitividad. Sin embargo no se escuchan demandas para que el sector privado también se reforme, cuando es evidente que necesita hacerlo, especialmente en lo que a institucionalidad se refiere y para afrontar decididamente el principal problema del país, como lo evidencia más de una encuestadora, la corrupción. 

Es imposible que hayamos atravesado una crisis de las características del LJP y que la culpa y las necesidades de reforma sean solo para el sector público. Como se sabe, Odebrecht (Odb) tenía un abanico muy amplio de proveedores (compañías de ingeniería, consultores, supervisores, estudios de abogados, compañías de seguros, universidades, gremios, empresas financieras, compañías de metal mecánica, etc); entre los que se encontraban compañías y profesionales honestos que actuaron de buena fe y aquellos con intereses subalternos, como lo están comprobando las investigaciones efectuadas.

Tampoco hay que olvidar lo que algunos denominan las puertas giratorias: profesionales que transitan indistintamente, y en varias oportunidades , entre el sector público y privado, como ya se ha comprobado claramente en el LJP . Difuminándose a veces la frontera entre lo público y lo privado. Obviamente en este caso también hay que distinguir entre aquellos que participan de buena fe y aquellos con intereses subalternos.

Lamentablemente, y a pesar de los muy importantes daños que han causado, las penas establecidas para aquellos que no se inhibieron de participar en decisiones del sector público sobre empresas con las que mantuvieron vínculos comerciales en el sector privado, son irrelevantes.

Un primer factor que creo que ha contribuido a posibilitar este nuevo episodio de corrupción, es la bien arraigada cultura del ocultamiento, de la falta de transparencia, de esconder debajo de la alfombra todas las suciedades, de capear las crisis sin voluntad de solucionar el problema. Un claro ejemplo de esto último es la reacción de PPK (representante por excelencia del sector privado, transitoriamente en Palacio de Gobierno) frente a su primera crisis. Apenas instalado en Palacio estalla un escándalo que compromete directamente a su asesor palaciego Carlos Moreno , quien ya tenía antecedentes . Luego de una serie de errores iniciales , y a fin de minimizar los daños, PPK nombra una Comisión de Integridad , que le presentó 100 recomendaciones para luchar contra la corrupción. 

Pero, como ya había pasado el escándalo, solo se ha aprobado una ínfima parte de las 100 medidas , pasando el tema al olvido. Este episodio debió de habernos alertado de la poca importancia que este gobierno le otorgaría a la lucha contra la corrupción. Además no hay que engañarse, el desempeño de PPK y su “equipo de lujo” afectará la imagen del empresariado. 

II
13/12/2017
El sector privado también debe reformarse
En lo que al sector privado propiamente dicho se refiere, sus reacciones frente a las crisis de corrupción, no han sido más felices que las de PPK. Un claro ejemplo de ello se apreció cuando el 17.04.15 se conoció que Lelio Balarezo, segundo vicepresidente de Confiep , y Presidente de Capeco había sido condenado por la Corte Suprema a 5 años de prisión efectiva por defraudación tributaria . 

La reacción inicial de Confiep frente a la noticia fue desalentadora. Su presidente manifestó “es importante entender que uno es el comportamiento de las instituciones y otro el de los individuos”; a pesar que el escándalo estaba afectando claramente la reputación del empresariado. En lo que a Capeco se refiere, a pesar que se trataba de su presidente en ejercicio, su reacción fue aún peor. Se limitó a difundir el viernes 17 (cuando ya se había hecho pública la noticia) un comunicado en el que simplemente anunciaron que Balarezo les había comunicado su impedimento a seguir ejerciendo la presidencia; por lo que fue reemplazado por el vicepresidente. Ni una autocrítica ni muestra de rechazo ante el delito cometido. Posteriormente se tiene conocimiento que Capeco y otros gremios están adoptando una serie de programas de Compliance. 

Si se percibe que hay avances, es positivo. Lo que realmente importa es el cumplimiento de dichos programas. Hay que recordar que muchas de las constructoras brasileras no solo tenían ese tipo de programas, sino que algunas como Odebrecht frecuentemente recibía premios al respecto. E inclusive una prestigiada institución académica suiza, la nombró la empresa familiar mejor administrada a nivel mundial. Alguna vez leí que una de las diferencias entre los países desarrollados y los que están en vías de serlo; es que mientras en los primeros las leyes son muy flexibles, el enforcement (exigibilidad) es inflexible. Mientras que en los segundos la situación era al revés (leyes inflexibles pero enforcement flexible).

Posteriormente, frente al escándalo desatado por el LJP, la respuesta del empresariado llegó en julio del 2016, cuando el Presidente de Confiep , con gran despliegue publicitario, anunció que 17 gremios habían decidido crear el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los graves efectos de la corrupción , promover prácticas públicas y privadas basadas en la transparencia y liderar esfuerzos empresariales para que cada vez más empresas se rijan por altos estándares de gobierno corporativo. Y lo más importante, “dejaremos de ser espectadores para convertirnos en actores” EC 24.07.16. Por lo que cabe preguntar . ¿qué ha hecho el CPA en su año y medio de vida?;¿Cuáles son sus logros concretos?; ¿en que ha consistido el anuncio de dejar de ser espectadores para ser actores? .

Lo que sí hemos escuchado y leído en relación al LJP, es que lo que piden algunos dirigentes gremiales en relación a los episodios de corrupción, es que hay que voltear rápidamente esta página. Lamentablemente la experiencia nos enseña que cuando se voltea la página se olvidan o minimizan el tema. Asimismo, año a año vemos como perdemos competitividad y retrocedemos en los rankings del Foro Económico Mundial, precisamente por la corrupción y el deterioro de muestra institucionalidad.

Es que en esta crisis del LJP, el sector privado no está mucho mejor que el público . Porque donde hay un funcionario público corrupto, por lo menos hay un corruptor privado. Y esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces ¿con qué cara los representantes privados le piden mejor institucionalidad al sector público si ellos mismos no dan el ejemplo?. En lo que se refiere a quien iniciaba la cadena de la corrupción (el funcionario público o el privado), según Barata, en el caso de la Interoceanica fue Alejandro Toledo, via intermediario, el que le solicitó un soborno. Sin negar que eso pueda o no ser cierto; lo que sí está comprobado es que Odb tenía una metodología para obtener proyectos mediante sobornos. Y ese proceso corrupto empezaba cuando “invertía” en potenciales candidatos presidenciales, lo que redituaba si el candidato se convertía en Presidente. Posteriormente se infiltraba en diferentes niveles de aquellos sectores de la administración pública en los que tuviera interés. Inclusive sus funcionarios conversaban con los de Proinversión cuando se estaban elaborando los términos del concurso o licitación, a fin de que fueran “ternos a la medida” de Odb.

De otro lado, hay que señalar que el viejo mercantilismo privado está de vuelta con ropaje nuevo. Luego que los empresarios se adaptaran a la apertura de nuestra economía, algunos de ellos (los viejos mercas) volvieron a recorrer los pasillos de aquellos que tenían poder. Obviamente ya no se pedían aranceles más altos, sino modificaciones de ciertas reglas del juego sectoriales; obtención de “ingresos garantizados” sacándole una ventaja ilícita a sus competidores ya que se eliminaba el riesgo comercial; contratos take or pay en condiciones extraordinarias; exoneraciones de requisitos claves como el SNIP; asociaciones mafiosas con constructoras brasileras; APPs, etc.

¿Y qué puede hacer el sector privado frente a estos problemas?, aunque no es el propósito de este artículo, mencionaremos algunas: más Transparencia. Aquellos que no tengan programas de compliance, que los adopten. Y aquellos que los tienen que los cumplan. De nada sirve tener los mejores programas y herramientas, si estos no se cumplen cuando las circunstancias lo ameritan. En otras palabras, menos floro y más ejecución. Asimismo, seguir el ejemplo de otras instituciones cuando tienen que lidiar con un tema como el LJP, como fue el caso del Club Regatas y su presidente Gustavo Salazar. A las pocas horas de conocerse la participación de Salazar en el LJP, el Directorio aplicó el artículo 62 de sus estatutos, que le permite suspender indefinidamente a un asociado por hechos ilícitos y de pública notoriedad. ¿Por qué los gremios no pueden actuar de esa manera?¿muchos intereses entrelazados y en conflicto?.

Papel de Arbol, asociado a Diario16, El Mediterráneo y El Mercurio de Madrid. Panorámica  de Milán/Bruselas.
Jorge Zavaleta Alegre, Corresponsal en Washington DC.

EL DERECHO A LA ALEGRIA






La globalización   muestra ahora la cara más compleja y  sin soluciones a la vista. Dentro de este proceso la  Salud Mental, la  Educación, la  Cultura  son aspectos que no se tienen muy en cuenta. Por el contrario,  los bancos, las financieras, los tratados  comerciales, las relaciones diplomáticas no ponen la atención directa. No perciben o no quieren percibir  que el mundo, la economía social, no podrá prosperar sin alentar el  derecho a la alegría, a  la  saludable vida mental.

Por estas razones,  algunas   instituciones modernas tratan de  volcar  su interés en torno a la Salud Mental, como núcleo de la Salud Integral.  El periodismo de innovación  comienza a   impulsar esta área, porque comprende que sin Salud Mental,  el amor a los libros, a la ciencia, al arte en sus más variadas manifestaciones se cubrirán de tristeza. El  Derecho a la Alegría se esfuma, como una vela en un funeral tradicional.

Antes de que finalice este año 2017,  queremos ofrecer a nuestros amigos lectores, un conjunto de crónicas sobre las diferentes razones ineludibles que debemos considerar  para  que los suicidios, las depresiones, las obsesiones compulsivas  no solo sean  analizadas por la psiquiatría a la que tienen acceso sectores privilegiados,  sin rescatar e incorporar la  prácticas de las culturas aborígenes  y que las instituciones públicas y privadas, vuelquen su indispensable mirada y su irrenunciable exigencia con el respeto a la Humanidad.

Jorge Zavaleta Alegre

NO HAY SALUD SIN SALUD MENTAL

Jorge Zavaleta Alegre
«No hay salud sin salud mental», proclamó hace solo cinco años la Asamblea Mundial de la Salud, al adoptar la resolución WHA65.4 sobre “”la carga mundial de trastornos mentales y la necesidad de una respuesta integral y coordinada de los sectores sanitario y social de los países”. El drama es gigante: Cada año se suicida casi un millón de personas, entre otros  sufrimientos desatendidos o ignorados. La migración global, dentro y fuera de cada país, induce la violencia, cuya atención no puede ser enfrentada con represión policial y ausencia orgánica de la sociedad y los estados.

En esa decisión, la OMS pidió  que, en consulta con los Estados Miembros, se prepare un plan de acción integral sobre salud mental, que abarque los servicios, políticas, leyes, planes, estrategias y programas, dando énfasis a la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación.

En esa petición, no se pone énfasis en la salud mental, empezando con las poblaciones aborígenes. Viajemos por América Latina y podremos constatar una larga historia de olvidos y abusos,  desde la llegada de los conquistadores y que continúa sin mayores cambios. Son escasos los  vestigios sobre la cultura médica de los pobladores nativos  y  de las dinastías de caciques o incas precolombinos.

En 1511, el sermón de Antonio Montesinos,  escribe Bartolomé de las Casas, en Historia  de las Indias: “¡¡Todos están en pecado mortal!!!. Y en el vivís  y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decía ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a que estos indios? (…) ¿Cómo los tenéis tan ojerosos y fatigados, sin darles de comer ni  curarlos en sus enfermedades, que los excesivos trabajos que les dais incurren y se  os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día?”

En el siglo XIX, las sociedades inmigrantes  trataron de construir relaciones de respeto justiciero hacía los pueblos algunos escenarios de la Pacificación. Pero en el siglo XX y XXI los megaproyectos siguen siendo tan terribles para agudizar la salud mental y la contaminación ambiental desde la  destrucción de las comunidades aborígenes.

El  oro de la conquista, hace cinco  siglos, en la actualidad tiene múltiples formas, como lo son las hidroeléctricas, las forestales, la pesca o minería a gran escala. Las sociedades contemporáneas siguen mostrándose inoperantes en la construcción de relaciones de respeto y justicia hacia los pueblos originarios. Desde la Patagonia hasta Alaska, la praxis en salud con pueblos indígenas, no es una realidad trivial, por el contrario tiene un sentido e importancia que requiere trabajo de interpretación y reflexión crítica.

La tierra indígena libremente compartida, aunque no exclusivamente controlada, fue arrebatada. La forma de vida del conquistado fue impuesta. La autonomía política fue drásticamente restringida. Los indígenas han sido frecuentemente relegados al estatus de la extrema pobreza, la enfermedad y la desesperanza.

El panorama crítico es idéntico en cada país, con múltiples procesos de  etnocidio. Los males  del alma son atendidos con ritos mágico-religiosos y pócimas de la flora infinita de los bosques amazónicos  y la enmarañada red de ríos, riachuelos, lagos, lagunas y  manantiales.

Fuera  de las pocas  capitales de América, donde la psiquiatría y la psicología son ciencias visiblemente desconocidas,  la psicosis y los trastornos bipolares, la depresión, entre manifestaciones de la salud mental, carecen de materiales  y recomendaciones con fundamento científico en los escasos, muy escasos centros asistenciales especializados y no especializados. La psiquiatría se mantiene distante de la  cultura nativa.

La literatura científica señala por ejemplo  que la depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el la atención primaria.

Los suicidios se cobran un costo alto. Debería ser un imperativo global. Un millón o más de personas mueren cada año por suicidio, y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención.

El nuevo protocolo  de la OMS señala que el personal de atención primaria puede ofrecer apoyo psicosocial básico a los sobrevivientes de desastres, a las personas expuestas a la guerra, al terrorismo, al genocidio o a la pérdida de seres queridos.

La atención de salud mental sostenible después de una emergencia, a pesar de su carácter trágico, y no obstante el sufrimiento humano que generan, las situaciones de emergencia son también oportunidades para implementar una mejor atención de salud mental, pero por lo general esta responsabilidad social se altera  con la corrupción  de los fondos de ayuda o rehabilitación.

La salud mental es un componente fundamental e inseparable de la salud y  muchas veces sea subestimada frente a la salud física. 

Los trastornos mentales y neurológicos representan el 22% de la carga total de enfermedades en América Latina y el Caribe, y resulta evidente que los mismos tienen un impacto importante en términos de mortalidad, morbilidad y discapacidad en todas las etapas de la vida.

En el discurso oficial, se empieza a hablar de  la salud mental, pero no es un componente fundamental e inseparable de la salud, ni está directamente relacionada con el bienestar personal, familiar y comunitario. Muchas veces es subestimada frente a la salud física.  Sigue primando el estigma y la discriminación que siempre ha rodeado a la enfermedad mental y que aún constituye un poderoso obstáculo.

Desde el  2008 la existe el  Programa Global de Acción en Salud Mental, pero no ha avanzado porque la carga de los trastornos mentales aumenta y en la agenda de los gobiernos  sigue siendo incipiente  y tierra fértil  para el negocio de centros hospitales y profesionales que vuelcan su acción solo en los sectores de medianos y altos ingresos.

La investigación en el campo de la salud mental sigue teniendo muchas limitaciones en los países de América Latina y el Caribe, especialmente si se la compara con la producción científica alcanzada en los Estados Unidos de América, el Canadá y Cuba. 

En la actualidad, en América Latina y el Caribe ya se dispone de estudios epidemiológicos de los trastornos mentales, que unidos a otros trabajos publicados en todo el mundo, arrojan información suficiente para demostrar el alcance de la carga de los trastornos mentales en nuestro medio. Confirma esta aseveración la Organización Panamericana de la Salud, cuya directora Mirta Roses Periago,  al  señalar que en muchos países de otras regiones del mundo, el progreso económico, las transformaciones sociales y el incremento de la longevidad han estado acompañados de un aumento en la problemática psicosocial. En América las brechas son inmensas en la proporción de personas que requerían tratamiento y no lo recibieron.

En conclusión, solo una minoría de quienes requieren atención relacionada con la salud mental la reciben, a pesar del sufrimiento que los trastornos causan, la discapacidad, y el impacto emocional y económico que tienen en la familia y en la comunidad.

A esta situación debe agregarse que generalmente los trastornos mentales afectan en mayor grado a las personas de los estratos socioeconómicos más bajos, para quienes los servicios son más escasos. Las necesidades psicosociales  son más altas en los grupos con mayor vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas y las víctimas de conflictos armados, violencia política o desplazamiento.  La migración global en lo que va del presente siglo provoca una cultura de  violencia, irreversible si la respuesta es la violencia estatal con su policía represiva.

Bibliografía
-Organización Mundial de la Salud-OMS
Publicación ISBN: 978 92 4 156457 1. WHO/MSD/MER/13.1
-Organización Panamericana de Salud-OPS, Informe 2016
.Memoria anual del Ministerio de Salud, Perú  2014.

-Informe Hospital de Iquitos,  Manaos, 2012-2014
-Foto,  La Mula, Niños de Itaya Loreto.