Manuel Romero Caro
12y13/12/2017
La reciente aceleración del Caso Lava Jato Peruano (LJP) nos permite reflexionar, una vez más, sobre evolución de la corrupción en nuestro país. Y sobre la responsabilidad del sector privado en este proceso.
Como es obvio, a pesar de lo traumático que fue el episodio de corrupción del fujimontesinismo, en el que diversos líderes empresariales acudieron a la famosa salita del SIN a pedir favores a Vladimiro Montesinos, no aprendimos la lección. Y si algo nos enseñó esto, es que la lucha anticorrupción debe de ser permanente. Ya que después de concluido ese episodio , la corrupción continuó y se profundizó en los siguientes gobiernos.
Frecuentemente leemos o escuchamos diversas demandas (especialmente en el campo institucional) para que el sector público apruebe reformas para salir de los problemas que actualmente confrontamos, para ganar competitividad. Sin embargo no se escuchan demandas para que el sector privado también se reforme, cuando es evidente que necesita hacerlo, especialmente en lo que a institucionalidad se refiere y para afrontar decididamente el principal problema del país, como lo evidencia más de una encuestadora, la corrupción.
Es imposible que hayamos atravesado una crisis de las características del LJP y que la culpa y las necesidades de reforma sean solo para el sector público. Como se sabe, Odebrecht (Odb) tenía un abanico muy amplio de proveedores (compañías de ingeniería, consultores, supervisores, estudios de abogados, compañías de seguros, universidades, gremios, empresas financieras, compañías de metal mecánica, etc); entre los que se encontraban compañías y profesionales honestos que actuaron de buena fe y aquellos con intereses subalternos, como lo están comprobando las investigaciones efectuadas.
Tampoco hay que olvidar lo que algunos denominan las puertas giratorias: profesionales que transitan indistintamente, y en varias oportunidades , entre el sector público y privado, como ya se ha comprobado claramente en el LJP . Difuminándose a veces la frontera entre lo público y lo privado. Obviamente en este caso también hay que distinguir entre aquellos que participan de buena fe y aquellos con intereses subalternos.
Lamentablemente, y a pesar de los muy importantes daños que han causado, las penas establecidas para aquellos que no se inhibieron de participar en decisiones del sector público sobre empresas con las que mantuvieron vínculos comerciales en el sector privado, son irrelevantes.
Un primer factor que creo que ha contribuido a posibilitar este nuevo episodio de corrupción, es la bien arraigada cultura del ocultamiento, de la falta de transparencia, de esconder debajo de la alfombra todas las suciedades, de capear las crisis sin voluntad de solucionar el problema. Un claro ejemplo de esto último es la reacción de PPK (representante por excelencia del sector privado, transitoriamente en Palacio de Gobierno) frente a su primera crisis. Apenas instalado en Palacio estalla un escándalo que compromete directamente a su asesor palaciego Carlos Moreno , quien ya tenía antecedentes . Luego de una serie de errores iniciales , y a fin de minimizar los daños, PPK nombra una Comisión de Integridad , que le presentó 100 recomendaciones para luchar contra la corrupción.
Pero, como ya había pasado el escándalo, solo se ha aprobado una ínfima parte de las 100 medidas , pasando el tema al olvido. Este episodio debió de habernos alertado de la poca importancia que este gobierno le otorgaría a la lucha contra la corrupción. Además no hay que engañarse, el desempeño de PPK y su “equipo de lujo” afectará la imagen del empresariado.
II
13/12/2017
El sector privado también debe reformarse
En lo que al sector privado propiamente dicho se refiere, sus reacciones frente a las crisis de corrupción, no han sido más felices que las de PPK. Un claro ejemplo de ello se apreció cuando el 17.04.15 se conoció que Lelio Balarezo, segundo vicepresidente de Confiep , y Presidente de Capeco había sido condenado por la Corte Suprema a 5 años de prisión efectiva por defraudación tributaria .
La reacción inicial de Confiep frente a la noticia fue desalentadora. Su presidente manifestó “es importante entender que uno es el comportamiento de las instituciones y otro el de los individuos”; a pesar que el escándalo estaba afectando claramente la reputación del empresariado. En lo que a Capeco se refiere, a pesar que se trataba de su presidente en ejercicio, su reacción fue aún peor. Se limitó a difundir el viernes 17 (cuando ya se había hecho pública la noticia) un comunicado en el que simplemente anunciaron que Balarezo les había comunicado su impedimento a seguir ejerciendo la presidencia; por lo que fue reemplazado por el vicepresidente. Ni una autocrítica ni muestra de rechazo ante el delito cometido. Posteriormente se tiene conocimiento que Capeco y otros gremios están adoptando una serie de programas de Compliance.
Si se percibe que hay avances, es positivo. Lo que realmente importa es el cumplimiento de dichos programas. Hay que recordar que muchas de las constructoras brasileras no solo tenían ese tipo de programas, sino que algunas como Odebrecht frecuentemente recibía premios al respecto. E inclusive una prestigiada institución académica suiza, la nombró la empresa familiar mejor administrada a nivel mundial. Alguna vez leí que una de las diferencias entre los países desarrollados y los que están en vías de serlo; es que mientras en los primeros las leyes son muy flexibles, el enforcement (exigibilidad) es inflexible. Mientras que en los segundos la situación era al revés (leyes inflexibles pero enforcement flexible).
Posteriormente, frente al escándalo desatado por el LJP, la respuesta del empresariado llegó en julio del 2016, cuando el Presidente de Confiep , con gran despliegue publicitario, anunció que 17 gremios habían decidido crear el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los graves efectos de la corrupción , promover prácticas públicas y privadas basadas en la transparencia y liderar esfuerzos empresariales para que cada vez más empresas se rijan por altos estándares de gobierno corporativo. Y lo más importante, “dejaremos de ser espectadores para convertirnos en actores” EC 24.07.16. Por lo que cabe preguntar . ¿qué ha hecho el CPA en su año y medio de vida?;¿Cuáles son sus logros concretos?; ¿en que ha consistido el anuncio de dejar de ser espectadores para ser actores? .
Lo que sí hemos escuchado y leído en relación al LJP, es que lo que piden algunos dirigentes gremiales en relación a los episodios de corrupción, es que hay que voltear rápidamente esta página. Lamentablemente la experiencia nos enseña que cuando se voltea la página se olvidan o minimizan el tema. Asimismo, año a año vemos como perdemos competitividad y retrocedemos en los rankings del Foro Económico Mundial, precisamente por la corrupción y el deterioro de muestra institucionalidad.
Es que en esta crisis del LJP, el sector privado no está mucho mejor que el público . Porque donde hay un funcionario público corrupto, por lo menos hay un corruptor privado. Y esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces ¿con qué cara los representantes privados le piden mejor institucionalidad al sector público si ellos mismos no dan el ejemplo?. En lo que se refiere a quien iniciaba la cadena de la corrupción (el funcionario público o el privado), según Barata, en el caso de la Interoceanica fue Alejandro Toledo, via intermediario, el que le solicitó un soborno. Sin negar que eso pueda o no ser cierto; lo que sí está comprobado es que Odb tenía una metodología para obtener proyectos mediante sobornos. Y ese proceso corrupto empezaba cuando “invertía” en potenciales candidatos presidenciales, lo que redituaba si el candidato se convertía en Presidente. Posteriormente se infiltraba en diferentes niveles de aquellos sectores de la administración pública en los que tuviera interés. Inclusive sus funcionarios conversaban con los de Proinversión cuando se estaban elaborando los términos del concurso o licitación, a fin de que fueran “ternos a la medida” de Odb.
De otro lado, hay que señalar que el viejo mercantilismo privado está de vuelta con ropaje nuevo. Luego que los empresarios se adaptaran a la apertura de nuestra economía, algunos de ellos (los viejos mercas) volvieron a recorrer los pasillos de aquellos que tenían poder. Obviamente ya no se pedían aranceles más altos, sino modificaciones de ciertas reglas del juego sectoriales; obtención de “ingresos garantizados” sacándole una ventaja ilícita a sus competidores ya que se eliminaba el riesgo comercial; contratos take or pay en condiciones extraordinarias; exoneraciones de requisitos claves como el SNIP; asociaciones mafiosas con constructoras brasileras; APPs, etc.
¿Y qué puede hacer el sector privado frente a estos problemas?, aunque no es el propósito de este artículo, mencionaremos algunas: más Transparencia. Aquellos que no tengan programas de compliance, que los adopten. Y aquellos que los tienen que los cumplan. De nada sirve tener los mejores programas y herramientas, si estos no se cumplen cuando las circunstancias lo ameritan. En otras palabras, menos floro y más ejecución. Asimismo, seguir el ejemplo de otras instituciones cuando tienen que lidiar con un tema como el LJP, como fue el caso del Club Regatas y su presidente Gustavo Salazar. A las pocas horas de conocerse la participación de Salazar en el LJP, el Directorio aplicó el artículo 62 de sus estatutos, que le permite suspender indefinidamente a un asociado por hechos ilícitos y de pública notoriedad. ¿Por qué los gremios no pueden actuar de esa manera?¿muchos intereses entrelazados y en conflicto?.
Papel de Arbol, asociado a Diario16, El Mediterráneo y El Mercurio de Madrid. Panorámica de Milán/Bruselas.
Jorge Zavaleta Alegre, Corresponsal en Washington DC.
