Papel de Arbol

viernes, 14 de septiembre de 2018

Como mejorar la educación en América Latina



Para mejorar la educación, América Latina necesita gastar de manera más eficiente.
Por Gregory Elacqua 
Matías Martínez 

Si América Latina y el Caribe quiere mejorar la educación, tiene que ser más eficiente en el gasto. 

A lo largo de las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe ha realizado enormes esfuerzos para mejorar la educación. La inversión en el sector ha crecido de 3,6% a 5,3% del PIB; el porcentaje de adolescentes que terminan la escuela primaria ha superado ampliamente el 90% y los resultados de PISA, la prueba internacional que mide las competencias básicas en matemáticas, lenguaje y ciencias, han mejorado considerablemente.

Al mismo tiempo, estos éxitos han sido insuficientes en comparación con las aspiraciones de una región que espera alcanzar los niveles de productividad y estándar de vida de los países de la OCDE. Los países de América Latina y el Caribe todavía invierten en promedio sólo una cuarta parte del monto por alumno que invierten los países de la OCDE. También tienen resultados educativos mucho más bajos. De hecho, mientras que cerca del 15% de los alumnos de 15 años de los países de la OCDE obtuvo puntuaciones que reflejaban un aprendizaje avanzado en la prueba PISA de 2015, en América Latina y el Caribe menos del 1,5% de los alumnos lograban ese nivel.

Los niveles de gasto son inadecuados
Como señalamos en una nota anterior sobre la publicación del próximo informe insignia del BID, Gastar mejor para mejorar las vidas, el gasto es claramente parte del problema. Un país con altos desempeños en la prueba PISA, con la excepción de Vietnam, no gasta menos de USD 8000 por alumno al año. El promedio en América Latina y el Caribe se cercano a USD 2000.

Sin embargo, el problema va mucho más allá del nivel de gasto. Los países de América Latina y el Caribe tienen que gastar más pero también tienen que gastar mucho más eficientemente y, en varios casos, más equitativamente, de modo que el aumento de los insumos en el sistema escolar se refleje en mejores resultados o en un mejor aprendizaje. Esto significa poner más énfasis -incluyendo salarios más altos- en la contratación de buenos maestros, por lejos el insumo más importante para el aprendizaje, así como más énfasis para asegurar que las inversiones se enfoquen principalmente en los alumnos desfavorecidos, que debido a su punto de partida más precario, se benefician más de buenos maestros e instalaciones.

También significa mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando hay algunos profesores que son contratados en un sistema escolar más por pagar favores políticos que por una auténtica necesidad, el dinero se malgasta y, desafortunadamente, en América Latina y el Caribe la ciudadanía percibe altos niveles de corrupción que sugieren que prácticas como el clientelismo pueden ser más habituales que en otras regiones.

En términos relativos, la eficiencia en la región es baja
La evidencia muestra que muchos de estos problemas están afectando el nivel de aprendizaje en América Latina y el Caribe y que varias ineficiencias en los sistemas escolares continúan siendo relevantes. Si bien es difícil conseguir estadísticas fiables y comparables sobre el gasto escolar en cada escuela, consideramos tres indicadores ampliamente utilizados para medir el nivel de eficiencia escolar, a saber, el ratio maestro/alumno (un indicador de la cantidad de recursos humanos); el número de computadores por alumno (una medida indirecta de las instalaciones de la escuela), y el estatus socioeconómico del alumno (una manera de controlar por los antecedentes de los alumnos). 

En una comparación de 66 países que participaron en la prueba PISA de 2015, observamos que México y Colombia eran los más eficientes de la región, y República Dominicana la menos eficiente. Sin embargo, todos los países de la región son significativamente menos eficientes que aquellos en la parte alta de la clasificación, en su mayoría de Asia Oriental.

Si América Latina y el Caribe quiere mejorar la educación, tiene que ser más eficiente en el gasto. 

Parte de esta debilidad tiene que ver con inequidades de la región, dado que los sistemas más eficientes también tienden a asignar sus recursos escolares de manera más equitativa. América Latina y el Caribe normalmente tiene mecanismos compensatorios para ayudar a los niños de familias empobrecidas y privadas de educación. Se puede decir que tiene niveles relativamente buenos de equidad vertical -la ayuda a aquellos situados más abajo- similar a la de la OCDE. Perú, por ejemplo, paga a los maestros hasta el 36% por encima de su salario base para que enseñen en escuelas desfavorecidas. Chile paga considerablemente más a los maestros en escuelas con niños más pobres.

Aun así, Brasil y República Dominicana tienen niveles relativamente bajos de equidad vertical, y gran parte de la región tiene niveles bajos de equidad horizontal, lo que significa que los alumnos de estatus socioeconómico similar -niveles de ingreso y nivel de educación de los padres- reciben un tratamiento diferente.

Inequidades están frenando a la región
Se trata de un problema importante porque significa que niñas y niños con contextos socioeconómicos similares, pobres o ricos, a menudo tienen experiencias educativas diferentes. 

Mientras algunos gobiernos locales pueden usar sus poderes discrecionales para destinar más dinero a los colegios que sirven a las familias pobres, otros gobiernos locales podrían decidir no hacerlo, generando inequidades en el financiamiento escolar de estudiantes con necesidades educativas similares. O, en un peor escenario, políticos locales podrían pagar favores políticos con empleos temporales en escuelas, generando un exceso de profesores para las escuelas en sus distritos, mientras que los distritos vecinos de estatus socioeconómico similar carecen de medios. Estas inequidades pueden ser menos probables en países donde existen sistemas de financiamiento centralizados y los gobiernos locales tienen menos poder discrecional. Sin embargo, en muchos sistemas, genera bajos niveles de equidad horizontal e ineficiencias importantes. Es evidente que se requiere una mayor rendición de cuentas. Y los ciudadanos deberían ser llamados a jugar un rol para ayudar a controlar la corrupción donde se produzca.

En definitiva, lo más importante para la región es asegurar que los mejores maestros se distribuyan equitativamente, pues representan la partida de gasto más grande y el insumo educativo más importante. En este sentido es aconsejable implementar incentivos para atraer buenos maestros a escuelas con mayor concentración de estudiantes menos favorecidos. Esto se puede dar más fácilmente en sistemas más transparentes. Y puede ocurrir en países que entienden que la manera más eficiente de gastar los fondos educativos es focalizando la inversión en los más pobres. América Latina y el Caribe tiene que gastar considerablemente más en educación. Hacerlo eficiente y equitativamente es una manera segura de garantizar que el gasto rinda y sea efectivo mejorando vidas.

Para saber más, haz clic aquí para descargar el avance del capítulo de la nueva publicación bandera del BID.


URGENTE: FISCALIZACION DE BANCA REQUIERE REFORMA URGENTE


La falta de eficiencia  en la atención al país,  no solo en casos de lavado de dinero sino en los muy simples del ciudadano de a pie, lo podría liderar la Banca de Crédito que se arroga la representación de un país.  No son pocos los que plantean que esta demanda también sea incluida en la agenda gubernamental del Perú. El  Referéndum nacional propuesto al renuente Congreso por el Presidente de la  República, registra un masivo respaldo de la población, instituciones, esclarecidos intelectuales y diplomáticos,   prensa nacional y corresponsales internacionales.

El aval  a esa peligrosa conducta de desprecio con el usuario de la banca está presente también en  el  contagioso  marasmo  de la  Superintendencia de Banca y Seguros que en la práctica ha  anulado el rol de Indecopi, institución que vela por los derechos del consumidor.

No son pocos los ciudadanos que atraviesan esta vía crucis,  por clonaciones a las cuentas de  pequeños ahorristas o de sus tarjetas de crédito. Es creciente el número de quienes  se ven obligadas a   retornan a su país para tratar de resolver problemas de sus tarjetas. La  manifiesta indiferencia  de la banca telefónica,  que opera  como “robot”,   responde “espere en línea….” . Y punto.

Si esa indiferencia es la misma conducta frente al delito y la violencia  el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, la  región corre un gran riesgo. 

Unos 350 latinoamericanos mueren cada día victimas del crimen y más del 25% de los ciudadanos de la región consideran que la inseguridad es el principal problema que afecta su calidad de vida. 

Esta realidad ha llevado  a la seguridad ciudadana como un tema prioritario en las agendas de los gobiernos, destaca una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual recoge la necesidad de que la banca privada  asuma con mayor eficacia al público.  

Los migrantes  al dejar su país de origen sufren clonaciones  de sus tarjetas de crédito, con graves consecuencias familiares, solo por la ausencia de profesionalismo y vocación de servicio de la banca privada que no opera con la  obligada alarma, ni por fono,  ni correo electrónico. 

El BID explica que la escasez de información de calidad compromete no solo la efectividad de las políticas enfocadas en reducir y prevenir el crimen y la violencia. 

Es imprescindible contar con datos de calidad para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas efectivas. 

“Es por eso que en respuesta a las demandas de los gobiernos de la región y con el compromiso de apoyar los esfuerzos de los países”, el BID  creó DataSeg: “una plataforma interactiva que recopila información sobre el crimen y la violencia en los países de América Latina y el Caribe”.

DataSeg es una herramienta de acceso público que permite obtener información confiable, estandarizada y desagregada en temas tan importantes como la violencia doméstica, los homicidios, los robos y los delitos sexuales. Con esta herramienta se puede acceder a información por año, por país, comparar estadísticas e incluso correlacionar datos.

Sobre Lavado de dinero, aguacates, transferencias,  escribe Guillermo Stábile, es el título de un informe  que coincide con el Día Internacional Contra la Corrupción.  Stábile, con humor negro, señala que este no es el título de la última película de Guy Ritchie. Pero se refiere a la relación entre el fútbol, los aguacates, las transferencias bancarias  y el lavado de dinero.

Lavar dinero es el proceso por el cual actores criminales intentan ocultar el origen y la titularidad de los recursos originados en sus actividades ilícitas y transformarlos en recursos legales.

Los efectos negativos del lavado de activos en las instituciones y la economía han sido documentados por autores como Donato Masciandaro, Marco Arnone y Leonardo Borlini, entre otros. 

Ellos argumentan que el lavado de activos amplía los riesgos reputacionales y económicos para el sector público y privado, debilita las instituciones y afecta el funcionamiento de los mercados. Estos riesgos se agravan en un contexto de creciente globalización de la actividad económica y financiera.

Una reciente investigación de las autoridades de Guatemala descubrió que una empresa dedicada a la producción de aguacates era la fachada, aparentemente, de una red de lavado de dinero relacionada con carteles de la droga.

En nuestra región, el impacto de este tipo de maniobras en la economía — y en particular en la economía rural — puede ser devastador. Una empresa vinculada al lavado de dinero resuelve uno de los problemas principales de la actividad económica: el acceso al financiamiento. Y luego vuelca el resultado – la ganancia ilícita –  al mercado legal, distorsionando el funcionamiento de la economía. 

En la actualidad,  según un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el mercado de pases de futbol tiene algunas de las características que vemos en los mercados semi-formales propios de las economías en desarrollo: son mercados fáciles de penetrar, opacos y con multiplicidad de actores socialmente vulnerables y con la capacidad de atraer grandes sumas de dinero, no relacionadas con el valor del producto. 

Rasgos parecidos a los que encontramos en el caso de la finca de aguacates que se investigó en Guatemala, y que puede encontrarse en la producción rural de muchos países de la región. Y que a veces se encuentra también en el mercado inmobiliario, de metales preciosos o de obras de arte.


¿Cómo se regula este tema?
Los 48 países miembros del BID son parte del GAFI, que ha fijado los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Los países se evalúan recíprocamente en el cumplimiento de los Estándares, y según la calificación, pueden terminar en una “lista negra” o “lista gris” de jurisdicciones con deficiencias en esta materia.

Las calificaciones del GAFI tienen un impacto reputacional importante y acarrean consecuencias para el sector financiero, principalmente en el incremento en los costos de supervisión de las transacciones o la simple terminación de líneas de financiamiento.

El BID  informa que sus aportes  para mejorar la capacidad de los países tienen como fin  prevenir el lavado de activos, con el aporte del Fondo Fiduciario de Transparencia, financiado por el gobierno de Noruega. La Cooperación Técnica Regional define tres áreas de trabajo, estrechamente relacionadas entre sí.

Si un Banco maltrata a su pequeño ahorrista, se puede afirmar que su política va en desmedro de los  fines que proclama en costosa publicidad en medios de comunicación, que no siempre están atentos frente a los abusos colectivos como los migrantes retornan al país, sin derecho a ser indemnizado por daños  y perjuicios  del  pésimo servicio que se traduce en varios meses de espera
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*BID y GAFI, estándares de la lucha contra lavado de activos

*OjoPúblico:Revelaciones sobre dinero ilícito.