La falta de eficiencia en la atención al país, no solo en casos de lavado de dinero sino en los muy simples del ciudadano de a pie, lo podría liderar la Banca de Crédito que se arroga la representación de un país. No son pocos los que plantean que esta demanda también sea incluida en la agenda gubernamental del Perú. El Referéndum nacional propuesto al renuente Congreso por el Presidente de la República, registra un masivo respaldo de la población, instituciones, esclarecidos intelectuales y diplomáticos, prensa nacional y corresponsales internacionales.
El aval a esa peligrosa conducta de desprecio con el usuario de la banca está presente también en el contagioso marasmo de la Superintendencia de Banca y Seguros que en la práctica ha anulado el rol de Indecopi, institución que vela por los derechos del consumidor.
No son pocos los ciudadanos que atraviesan esta vía crucis, por clonaciones a las cuentas de pequeños ahorristas o de sus tarjetas de crédito. Es creciente el número de quienes se ven obligadas a retornan a su país para tratar de resolver problemas de sus tarjetas. La manifiesta indiferencia de la banca telefónica, que opera como “robot”, responde “espere en línea….” . Y punto.
Si esa indiferencia es la misma conducta frente al delito y la violencia el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, la región corre un gran riesgo.
Unos 350 latinoamericanos mueren cada día victimas del crimen y más del 25% de los ciudadanos de la región consideran que la inseguridad es el principal problema que afecta su calidad de vida.
Esta realidad ha llevado a la seguridad ciudadana como un tema prioritario en las agendas de los gobiernos, destaca una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual recoge la necesidad de que la banca privada asuma con mayor eficacia al público.
Los migrantes al dejar su país de origen sufren clonaciones de sus tarjetas de crédito, con graves consecuencias familiares, solo por la ausencia de profesionalismo y vocación de servicio de la banca privada que no opera con la obligada alarma, ni por fono, ni correo electrónico.
El BID explica que la escasez de información de calidad compromete no solo la efectividad de las políticas enfocadas en reducir y prevenir el crimen y la violencia.
Es imprescindible contar con datos de calidad para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas efectivas.
“Es por eso que en respuesta a las demandas de los gobiernos de la región y con el compromiso de apoyar los esfuerzos de los países”, el BID creó DataSeg: “una plataforma interactiva que recopila información sobre el crimen y la violencia en los países de América Latina y el Caribe”.
DataSeg es una herramienta de acceso público que permite obtener información confiable, estandarizada y desagregada en temas tan importantes como la violencia doméstica, los homicidios, los robos y los delitos sexuales. Con esta herramienta se puede acceder a información por año, por país, comparar estadísticas e incluso correlacionar datos.
Sobre Lavado de dinero, aguacates, transferencias, escribe Guillermo Stábile, es el título de un informe que coincide con el Día Internacional Contra la Corrupción. Stábile, con humor negro, señala que este no es el título de la última película de Guy Ritchie. Pero se refiere a la relación entre el fútbol, los aguacates, las transferencias bancarias y el lavado de dinero.
Lavar dinero es el proceso por el cual actores criminales intentan ocultar el origen y la titularidad de los recursos originados en sus actividades ilícitas y transformarlos en recursos legales.
Los efectos negativos del lavado de activos en las instituciones y la economía han sido documentados por autores como Donato Masciandaro, Marco Arnone y Leonardo Borlini, entre otros.
Ellos argumentan que el lavado de activos amplía los riesgos reputacionales y económicos para el sector público y privado, debilita las instituciones y afecta el funcionamiento de los mercados. Estos riesgos se agravan en un contexto de creciente globalización de la actividad económica y financiera.
Una reciente investigación de las autoridades de Guatemala descubrió que una empresa dedicada a la producción de aguacates era la fachada, aparentemente, de una red de lavado de dinero relacionada con carteles de la droga.
En nuestra región, el impacto de este tipo de maniobras en la economía — y en particular en la economía rural — puede ser devastador. Una empresa vinculada al lavado de dinero resuelve uno de los problemas principales de la actividad económica: el acceso al financiamiento. Y luego vuelca el resultado – la ganancia ilícita – al mercado legal, distorsionando el funcionamiento de la economía.
En la actualidad, según un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el mercado de pases de futbol tiene algunas de las características que vemos en los mercados semi-formales propios de las economías en desarrollo: son mercados fáciles de penetrar, opacos y con multiplicidad de actores socialmente vulnerables y con la capacidad de atraer grandes sumas de dinero, no relacionadas con el valor del producto.
Rasgos parecidos a los que encontramos en el caso de la finca de aguacates que se investigó en Guatemala, y que puede encontrarse en la producción rural de muchos países de la región. Y que a veces se encuentra también en el mercado inmobiliario, de metales preciosos o de obras de arte.
¿Cómo se regula este tema?
Los 48 países miembros del BID son parte del GAFI, que ha fijado los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Los países se evalúan recíprocamente en el cumplimiento de los Estándares, y según la calificación, pueden terminar en una “lista negra” o “lista gris” de jurisdicciones con deficiencias en esta materia.
Las calificaciones del GAFI tienen un impacto reputacional importante y acarrean consecuencias para el sector financiero, principalmente en el incremento en los costos de supervisión de las transacciones o la simple terminación de líneas de financiamiento.
El BID informa que sus aportes para mejorar la capacidad de los países tienen como fin prevenir el lavado de activos, con el aporte del Fondo Fiduciario de Transparencia, financiado por el gobierno de Noruega. La Cooperación Técnica Regional define tres áreas de trabajo, estrechamente relacionadas entre sí.
Si un Banco maltrata a su pequeño ahorrista, se puede afirmar que su política va en desmedro de los fines que proclama en costosa publicidad en medios de comunicación, que no siempre están atentos frente a los abusos colectivos como los migrantes retornan al país, sin derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios del pésimo servicio que se traduce en varios meses de espera…
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*BID y GAFI, estándares de la lucha contra lavado de activos
*OjoPúblico:Revelaciones sobre dinero ilícito.
*BID y GAFI, estándares de la lucha contra lavado de activos
*OjoPúblico:Revelaciones sobre dinero ilícito.
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