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| MRC, fundador de GESTION |
25.01.18
Faltan pocos días para que finalice el plazo de vigencia del publicitado Decreto de Urgencia N°003 (vence el 11.02.18) sin que se conozca qué es lo que va a hacer el Ejecutivo al respecto.
El Decreto tenía por objeto “ aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios”; lo que evidentemente no se ha logrado.
Luego de las discrepancias existentes entre el Ejecutivo y el Legislativo por las modificaciones introducidas por el Congreso al DU, el Ejecutivo se negó a promulgarlas. Por lo que la congresista Ursula Letona (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, manifestó que “el Ejecutivo debe ser el que corrija esta norma. Puede hacerlo vía decreto de urgencia”. Por lo que la responsabilidad recae íntegramente en la administración Kucksynski.
El DU 003 requiere una reingeniería total ( o un nuevo dispositivo que lo reemplace). Uno de los primeros cambios que se debería de efectuar es quitarle la responsabilidad de determinar los montos de la reparación civil a la Procuraduría, al Ministerio de Justicia, y transferirla esas responsabilidades a otro organismo.
Es evidente que por la naturaleza del encargo , el Sector Justicia no es el más adecuado. Determinar el monto de la reparación civil que Odebrecht y otras empresas corruptas deben de pagar al Estado por los daños causados o las ganancias ilícitas incurridas en los megaproyectos es una tarea compleja y completamente ajena a las funciones normales recurrentes del sector justicia.
¿ A quién transferir esas responsabilidades?. Mi primer impulso fue que debería ser el MEF; pero ¿acaso no es cierto que la aprobación de los elefantes blancos que estamos sufriendo no se hicieron con la complicidad, benevolencia (o exoneración) de los responsables de dicho sector?.
Lo ideal sería que el gobierno conforme un equipo de expertos independientes que se encargue de esta tarea, o que la encargue a terceros debidamente calificados. Es por ello que debería de facultarse para que se puedan contratar servicios de organismos internacionales para dicha tarea, siempre y cuando estos tengan experiencia en el campo y una trayectoria de imparcialidad. También habría que permitir que se pueda intervenir directamente (sin esperar la autorización judicial) y nombrar interventores.
Hay que tener en cuenta las numerosas irregularidades que han experimentado los megaproyectos para efectos de la reparación . Por ejemplo , en el caso del Gasoducto Sur Peruano se otorgó la buena pro sin que exista un estudio de la demanda. Estableciéndose una meta de 500,000 mmpcd , obviamente sobredimensionada para el sur porque esa es aproximadamente la demanda de Lima ; y los tubos del ducto ya adquiridos son para 1,500mmpcd ¡!!. Sin embargo los consumidores eléctricos ( o el Tesoro Público, que a larga es lo mismo) vamos a estar pagando por un ducto con una capacidad a la que no llegará el sur en muchísimo tiempo. Además hay otros temas conceptualmente que no están muy claros, como por ejemplo , ya sabemos que los sobornos no solo se otorgan contra la buena pro; o a la firma del contrato de concesión, sino que a veces se adelantan y se entregan "contribuciones" durante una o más campañas electorales ; y eso obviamente influye en la etapa de selección de los proyecto de interés . Además no hay que olvidar los famosos sobrecostos a través de las ya conocidas adendas.
En relación al tema de si incluir o no a las ex socias de Odebrecht; creo que lo que se debe hacer es aprobar los contratos de Leniencia en el Perú (cooperación eficaz para empresas). Hay que tener en cuenta que los que cometen los delitos son las personas naturales, no las empresas. Obviamente se gana puntos con el populorum si se aprueban duras medidas contra la empresas corruptas; pero por ese camino se puede terminar destruyendo empresas con muchas décadas de valiosa experiencia , perjudicando a los miles de trabajadores de las mismas.
Y, como ya está sucediendo, abriendo la puerta para otras empresas , generalmente extranjeras, sin ninguna seguridad que en el futuro se pueda volver a repetir el “modelo Odebrecht”. Hay que ser inflexibles con los corruptos (con los conocidos y por los muchos que faltan por conocer) , pero no hay que destruir la valiosa capacidad instalada.
Ojalá me equivoque, pero tengo la impresión que lo único que haría el gobierno sería simplemente renovar la vigencia del DU 003, sin mayores cambios.
