Papel de Arbol

sábado, 30 de julio de 2016

SOCIEDAD MINERIA DEL PERU INSISTE EN DESCONOCER LA CONSULTA PREVIA


Jorge Zavaleta  Alegre, Washington DC
Instituciones reconocidas en el mundo por su contribución al cuidado ambiental y naturalmente a las  poblaciones nativas expresan  su profunda preocupación  en torno al peligroso discurso de  miembros de la Sociedad Nacional de Minería  contra la consulta previa que establece la Ley para llevar adelante el  uso de los recursos naturales.

Sin duda,  esta clase empresarial  se  ve descubierta  a la luz de los  hechos.  Siglos de  dominación  y explotación de  obreros  en socavones, se  ven descubiertos por un  aluvión de denuncias que ahora facilita el  desarrollo  de la tecnología  de la información.

Los viejos mineros camuflados en patronatos de universidades, con donaciones miserables a los jóvenes de origen popular,  perciben que  no podrían tener respaldo del nuevo presidente de la  República,  como si lo tuvieron desde  1985 a la fecha.

 La esperanza de  seguir manejando las minas como enclaves se va acabando porque no habrá indulto para Alberto  Fujimori, preso por una  serie de delitos de lesa humanidad  y por haber desactivado  el embrionario movimiento de obreros y campesinos. 

Y creo  que ningún ciudadano  podría  aceptar  opiniones como la de un acaudalado empresario, dueño de auríferas en  Puno, que cuestiona  la  desaparición de la informalidad  minera en Puerto  Maldonado, porque en esa zona  algunos  empresarios  han invertido  cerca de  10 mil millones de dólares  en maquinaria para extraer a sangre y fuego  el oro, sin importar la total destrucción de miles de hectáreas  de bosques  y especies de  animales y peces.

El presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhorta al SNMPE que responda a las organizaciones de la sociedad civil peruana y tome una posición oficial sobre la consulta previa. El SNMPE es miembro asociado del ICMM.

 Aidan Davy, vicepresidente de este organismo, participó en Lima en un panel sobre consulta previa y calificó las declaraciones realizadas por el gremio minero nacional como “sorprendentes”. según  señala  el  siguiente  documento de prensa que  emite Oxfam,  institución que alienta  la  ecología  y  el bienestar,   siguiendo  las lecciones de la  Inglaterra moderna.

(Lima, 4 de abril de 2016). El presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, respondió a la misiva enviada por 16 organizaciones de la sociedad civil peruana expresando preocupación por las polémicas declaraciones vertidas por representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que critican y desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el rol fundamental que deben cumplir las instituciones ambientales y sociales para garantizar los derechos de los peruanos. 

En su respuesta, Butler afirma “tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones  de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente”. Asimismo, el presidente del ICMM insta al SNMPE a responder y tomar una posición oficial al respecto.

Como parte de una campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones peruanas de la sociedad civil, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

La carta incluye que expresiones como “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), no son solo opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

El Consejo Internacional de Minería y Metales –ICMM-, conformada por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo, en su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomó una posición muy clara en el respeto del consentimiento previo, libre e informado (CPLI).

 El ICMM contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio. Reconociendo la “posible vulnerabilidad de los pueblos indígenas”, los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas; adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe, y trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija esta declaración de posición”.

Así mismo lo reitera la carta de Butler: “Nuestras compañías miembro se han comprometido a este objetivo [minería responsable] a través de nuestros principios fundacionales que incluyen la implementación de un compromiso eficaz y  transparente con nuestras contrapartes”.

 Añade que “a su vez, las asociaciones nacionales que son miembros del ICMM miembro juegan un papel importante al llegar a más de 1700 compañías mineras a nivel mundial, y de esta manera brinda una plataforma para compartir las buenas prácticas Aidan Davy, Vicepresidente del ICMM, remarcó durante un evento sobre consulta previa, el pasado 24 de febrero en Lima, que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas", y comentó que "el consentimiento  construye compromisos y genera entendimiento". Preguntado sobre los comentarios expresados por miembros de la SNMPE, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Oxfam y aliados esperan que la SNMPE, sus compañías miembros y otras instituciones y compañías relacionadas se animen a seguir las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

Así mismo, la campaña impulsada desde Oxfam: Defendamos nuestro medioambiente,  insta a los candidatos presidenciales a asumir una posición similar y trabajar juntos hacia este objetivo.  Las organizaciones siguen impulsando una acción que será entregada a los candidatos presidenciales para comprometerles en dicho esfuerzo. Para saber más, aquí: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente.
Publicado por papeldearbol.





















Instituciones reconocidas en el mundo por su contribución al cuidado ambiental y naturalmente a las  poblaciones nativas expresan  su profunda preocupación  en torno al peligroso discurso de  miembros de la Sociedad Nacional de Minería  contra la consulta previa que establece la Ley para llevar adelante el  uso de los recursos naturales.

Sin duda,  esta clase empresarial  se  ve descubierta  a la luz de los  hechos.  Siglos de  dominación  y explotación de  obreros  en socavones,se  ven descubiertos por un  aluvión
 de denuncias que  facilita el  desarrollo  de la tecnología  de la información. 

Los viejos mineros camuflados en patronatos de universidades, con donaciones miserables a los jóvenes de origen popular,  perciben que  no podrían tener respaldo del nuevo presidente de la  República,  como si lo tuvieron desde  1985 a las fecha.

 La esperanza de  seguir manejando las minas como enclaves se va acabando porque no habrá indulto para Alberto  Fujimori, preso por una  serie de delitos de lesa humanidad  y por haber desactivado  el embrionario movimiento de obreros y campesinos.  Y creo  que ningún ciudadano  podría  aceptar  opiniones como la de un acaudalado empresario, dueño de auríferas en  Puno,  cuestiona  la  desaparición de la informalidad  minera en Puerto  Maldonado, porque en esa zona  algunos  empresarios  han invertido  cerca de  10 mil millones de dólares  en maquinaria para extraer a sangre y fuego  el oro, sin importar la total destrucción de miles de hectáreas  de bosques  y especies de  animales y peces.

ü  El presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhorta al SNMPE que responda a las organizaciones de la sociedad civil peruana y tome una posición oficial sobre la consulta previa. El SNMPE es miembro asociado del ICMM.

ü  Aidan Davy, vicepresidente de este organismo, participó en Lima en un panel sobre consulta previa y calificó las declaraciones realizadas por el gremio minero nacional como “sorprendentes”. según  señala  el  siguiente  documento de prensa que  emite Oxfam,  institución que alienta  la  ecología  y  el bienestar,   siguiendo  las lecciones de la  Inglaterra moderna.

(Lima, 4 de abril de 2016). El presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, respondió a la misiva enviada por 16 organizaciones de la sociedad civil peruana expresando preocupación por las polémicas declaraciones vertidas por representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que critican y desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el rol fundamental que deben cumplir las instituciones ambientales y sociales para garantizar los derechos de los peruanos.  

En su respuesta, Butler afirma “tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones  de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente”. Asimismo, el presidente del ICMM insta al SNMPE a responder y tomar una posición oficial al respecto.

Como parte de una campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones peruanas de la sociedad civil, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE. 

La carta incluye que expresiones como “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o “Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015)no son solo opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

El Consejo Internacional de Mineria y Metales –ICMM-, conformada por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo, en su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomó na posición muy clara en el respeto del consentimiento previo, libre e informado (CPLI). 

 El ICMM contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio. Reconociendo la “posible vulnerabilidad de los pueblos indígenas”, los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas; adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe, y trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija esta declaración de posición”.

Así mismo lo reitera la carta de Butler: “Nuestras compañías miembro se han comprometido a este objetivo [minería responsable] a través de nuestros principios fundacionales que incluyen la implementación de un compromiso eficaz y  transparente con nuestras contrapartes”. 

 Añade que “a su vez, las asociaciones nacionales que son miembros del ICMM miembro juegan un papel importante al llegar a más de 1700 compañías mineras a nivel mundial, y de esta manera brinda una plataforma para compartir las buenas prácticas Aidan Davy, Vicepresidente del ICMM, remarcó durante un evento sobre consulta previa, el pasado 24 de febrero en Lima, que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas", y comentó que "el consentimiento  construye compromisos y genera entendimiento". Preguntado sobre los comentarios expresados por miembros de la SNMPE, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Oxfam y aliados esperan que la SNMPE, sus compañías miembros y otras instituciones y compañías relacionadas se animen a seguir las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

Así mismo, la campaña impulsada desde Oxfam: Defendamos nuestro medioambiente,  insta a los candidatos presidenciales a asumir una posición similar y trabajar juntos hacia este objetivo.  Las organizaciones siguen impulsando una acción que será entregada a los candidatos presidenciales para comprometerles en dicho esfuerzo. Para saber más, aquí: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente  

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11 millones de libros editados por el Ministerio de Cultura de Venezuela

http://www.elmercuriodigital.net/2016/07/11-millones-de-libros-editados-por-el.html

Carlos Garcia Rawlins Reuters

Ernesto J. Navarro.- Desde el año 2004 y hasta los meses transcurridos de 2016, en Venezuela se han editado más de 11 millones de libros. 20% de esa cantidad (unos 220.000), se han distribuido de manera gratuita en distintas actividades y el resto, se venden a precios irrisorios por medio de una red pública de librerías, informó AVN.


Esta mega impresión de libros, agrega la nota, obedece a una política editorial sustentada en tres premisas ideadas por Hugo Chávez: "democratización, masificación y desconcentración de los bienes culturales".

Masificación que tiene su origen en el programa de alfabetización ejecutado por el gobierno nacional, a partir de junio del año 2003 y que fue bautizado como Misión Robinson. Dos años más tarde y tras enseñar a leer y escribir a poco más de un millón y medio de ciudadanos, el 28 de octubre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo.
Sin sorpresas

11 millones de libros editados, "es una cifra que puede sorprender en otros países, pero acá es parte de los indicadores de inclusión social a los que nos hemos habituado, ya que hablamos de una verdadera política pública de democratización del libro y la lectura", dijo en entrevista exclusiva para RT, Freddy Ñañez, Ministro de Cultura de Venezuela.

Jorge Silva Reuters

Sin embargo, esa enorme cifra sólo refleja la tarea editorial del ministerio de Cultura.

Habría que incorporar, señala el ministro, los 25 millones de minilibros de la Biblioteca Básica Temática. Una colección de 25 títulos elaborados para el plan alfabetizador.

Y esta copiosa cuenta se incrementaría si se suman las publicaciones del Ministerio de Comunicación e Información, la Fundación para la Cultura y las Artes, Petróleos de Venezuela; así como otras del Consejo Nacional Electoral, del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación; los Fondos editoriales de la Asamblea Nacional y de algunas gobernaciones.

"Existe en Venezuela un paradigma de Estado-Editor: dotado de imprentas, editoriales, una distribuidora pública y un sistema de Librerías por todo el país. En nuestras estadísticas más conservadoras el Estado venezolano, desde las distintas editoriales que lo constituyen, ha publicado 3.2 libros per capita", (sobre una población calculada en 30,41 millones de habitantes para 2013), asegura el ministro Ñañez.
Qué se publica

En la Venezuela actual, las publicaciones financiadas por el Estado van de la literatura al arte, de la filosofía a la historia o política en su más variada expresión y escala (universal, nacional y regional).

Vale decir, subraya Ñañez que "excluimos de las cuentas presentadas: manuales, libros didácticos, técnicos, o libros de texto (de los que también se ocupa el Estado). Esta suma sólo incluye títulos que hacen sentir y hacen pensar, para decirlo con Simón Rodríguez (Maestro de Simón Bolívar)". Como muestra de la ampliación de la lectura, se cuentan libros agotados en 3 y 4 ediciones.

Jorge Silva Reuters

"Quizá eso explica cómo es que el pueblo venezolano ha soportado 17 años de asedio comunicacional y terrorismo mediático. Las palabras nunca caen en la nada".
Cultura para todos

Uno de los mitos que se derrumbó en Venezuela, con la ampliación de los derechos culturales es uno, según el cual, el pueblo tiende a lo banal y no se interesa en el cultivo de la sensibilidad o la inteligencia, "por consiguiente, se justificaba que las políticas culturales se pensaran desde y para una élite de la sociedad", dice Ñañez.

Un hito importante en el salto editorial de ésta nación latinoamericana, lo marcó la entrega gratuita, en todas las plazas Bolívar del país, de un millón de ejemplares de Don Quijote de la Mancha, el 23 de abril del año 2004, coincidiendo con los 400 años de la aparición de ese texto fundamental en la literatura en idioma castellano. Para el ministro, ese año "se inició la develación de un pueblo ávido de lectura y de reconocimiento".

Carlos Garcia RawlinsReuters
Pueblo lector

Desde entonces, Venezuela es escenario permanente de Ferias del Libro (hay cerca de 30 cada año), pero también de festivales internacionales de poesía o encuentros de intelectuales, donde la amplia convocatoria se fusiona con la entusiasta participación comunitaria.

Luego se ampliaron planes de lectura y se hicieron ediciones que acompañaban las metodologías de encuentro para leer. "Resalto la edición de Los Miserables (500 mil ejemplares) y la Biblioteca de los Consejos Comunales, esta última con la direccionalidad de promover además del placer de leer y saber, la organización social en torno a la producción de conocimiento".
En tiempos de crisis

En opinión del ministro de Cultura de Venezuela, lo siguiente que debe encarar el Estado es el levantamiento de "un diagnostico que arroje datos certeros de la calidad de lectura del pueblo venezolano, pero es evidente que todo este tiempo y a propósito de la intervención del Estado en la producción editorial, creció el hábito de la lectura y mejoró sustancialmente el acceso a los bienes culturales de la población".

Para este año 2016, las políticas editoriales se proponen incorporar al sistema social del libro, el formato digital como complemento a las publicaciones tradicionales.

Para Freddy Ñañez "no es ocioso decir que la crisis económica no compromete el modelo cultural que hemos construido en el marco de la revolución. Reorganizando la fuerza editorial del Estado (catálogos articulados entre las diferentes instituciones, regionalización de los tirajes, etc.) tenemos la capacidad de sostener el volumen editorial y la distribución. En este país el libro no es una mercancía sino un derecho".



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