Llegamos a Castrovirreyna, una ciudad
en la frontera con Ayacucho, en los
andes centrales del Perú, para conocer
los avances de algunos proyectos de planificación urbana para
construir ciudades asequibles a la
inversión y turismo, donde las heridas de la guerra entre Sendero Luminoso y la
Fuerza Armada dejan recuerdos de la barbarie, y
que podrían cicatrizar si el
estado nacional tuviera la
capacidad democrática para administrar con honradez los escasos recursos que figuran en los presupuestos, incluyendo
la simbólica cooperación internacional.
El asalto a los fondos públicos es la práctica
cotidiana de muchos gobiernos locales,
siguiendo la lección de cuatro gobernantes de la república, de los cuales
dos están en prisión: Fujimori y Humala. Sobre García y Toledo pesan gravísimas
acusaciones de asalto a la caja fiscal y
sobornos a suma alzada.
Esta referencia viene a propósito de
la libertad que la justicia ha otorgado, después de 25 años de prisión, a una bailarina de ballet,
cuya decisión se ha convertido en un
espectáculo por acción de una prensa que destaca el origen social
de la reclusa, como una forma de bajar la acción de los tribunales con
respecto a los millonarios sobrecostos de varios proyectos gasíferos y
petroleros en los cuales las administraciones nacionales son sindicados como
responsables.
Esta semana también saldrá en
libertad la abogada senderista Bertha Huapaya
y el juicio a Abimael Guzmán por
el atentado terrorista en el distrito limeño de Miraflores.
La bailarina de ballet Maritza
Garrido Lecca, de 52 años, arrestada el
12 de setiembre de 1992 en su casa del distrito limeño de Surquillo, donde
escondía al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, un líder mesiánico
fundador de una organización maoista creada
en 1980 y que recurrió al terrorismo para tratar de tomar el poder.
Ella, junto a
su entonces novio, quien también ha cumplido cárcel, elaboró una cuidadosa
coreografía para su propósito. Alquiló una vivienda en Lima en la que instaló
una escuela de danza a la que acudían madres con sus hijas.
Mientras las
niñas danzaban en el primer piso del inmueble, en el segundo, la cúpula de esta
organización maoísta, con Guzmán a la cabeza, tramaba estrategias que han sido
comparadas con la de los quémeres rojos de Camboya: tierra arrasada y
exterminio de enemigos.
La Agencia
France Press señala que la prensa peruana dedica a la bailarina por estos días una amplia
cobertura, en medio de la controversia. La revista Somos, del diario El
Comercio, cuenta su historia en 19 páginas, y varios programas de televisión
han copado con programas alusivos a ella:
“…. una
compañera del partido que ha cumplido muy bien su función, sabe lo que ha
hecho", dijo Guzmán tras su captura, según un policía que interrogó al
líder senderista en septiembre de 1992.
La Comisión
de la Verdad y Reconciliación,
desde el Lugar de la Memoria-LUM, recuerda que las
investigaciones sobre el proceso de
violencia de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y
2000, han permitido a la CVR llegar a constar que el conflicto armado
interno constituyó el episodio de
violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la
República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros
profundos y dolorosos en la sociedad peruana.
Resulta
extraño que el actual ministro de
cultura del presidente PP Kuzynski haya
despedido al director del Lugar de la Memoria, antropólogo Guillermo Nüguet,
por haber autorizado un nuevo
informe sobre la represión ejercida durante el régimen presidente Fujimori, quien está
condenado a 25 años
de prisión.
La cifra más
probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Se ha
constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y
exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia.
En el
departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y
desaparecidos. Al sumar a ello las víctimas en los departamentos de Junín, Huánuco,
Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas. Conjuntamente
con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la
gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en
el país.
La gran
mayoría de las víctimas fatales del
conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma
materno.
El Partido
Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) inició la lucha armada contra el
Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y
peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de
elecciones libres.
Los peruanos tampoco olvidan que en 1984, el
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez una lucha armada
contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las víctimas fatales
que fueron reportadas a la CVR. El MRTA asesinó a disidentes de sus propias
filas.
En ciertos
lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas
armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal
de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones
de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como
transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.
Es necesario
señalar el reconocimiento especial de la
CVR a todas las víctimas pertenecientes a los partidos que conformaron la
alianza Izquierda Unida.violencia. Resalta, también, que IU fue un canal de
representación política de amplios sectores populares y movimientos sociales
hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta forma, en muchas
zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance del
PCP-SL.
A través de
numerosos testimonios recogidos, audiencias y estudios realizados, se ha
constatado que, durante el proceso de la violencia, las iglesias Católica y
evangélicas contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones
de los derechos humanos. Y se deplora que algunas autoridades eclesiásticas de
Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral.
El asalto a los fondos públicos es la práctica cotidiana de muchos gobiernos locales, siguiendo la lección de cuatro gobernantes de la república, de los cuales dos están en prisión: Fujimori y Humala. Sobre García y Toledo pesan gravísimas acusaciones de asalto a la caja fiscal y sobornos a suma alzada.
