Escribe: Jorge Zavaleta Alegre | Regional - 13:15h
Sus luchas contra las actividades ilícitas que ponen en riesgo nuestros ecosistemas y la vida de los indígenas, terminan en la anomia de un Estado que pretende hacer inclusión social desde la capital del país y no de la descentralización y el desarrollo local.
Los dirigentes asháninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo han sido asesinados recientemente por bandas criminales asociadas a la tala ilegal que aún siguen fugitivas.
Diversas voces comparten los mensajes de la Defensoría del Pueblo: que el Estado emprenda los operativos que permitan ubicar los restos mortales de los fallecidos y la captura de los criminales responsables de los hechos ocurridos contra la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto (Ucayali), en el distrito de Masisea, frontera con Brasil, y con el Pueblo Indígena Asháninka.
Los dirigentes indígenas que han perdido la vida, denunciaron públicamente, desde hace varios años, la extrema debilidad estatal en la zona y la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban. Pidieron a sus autoridades, en diversas ocasiones, protección de sus derechos fundamentales.
En junio último, los dirigentes asháninkas se trasladaron a Lima para reiterar sus demandas. La Defensoría del Pueblo convocó a dichos dirigentes y a los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Ambiente, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
En dicha cita, Edwin Chota denunció las amenazas contra él y otros dirigentes de su comunidad por personas que se dedicaban a las actividades de tala ilegal dentro de sus territorios comunales. En ese espacio se asumieron compromisos orientados a atender sus preocupaciones por la titulación de sus tierras, la superposición con el Bosque de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios públicos básicos y la tala ilegal de madera dentro de sus territorios comunales, entre otros conflictos.
Los sectores del Estado convocados se comprometieron a evaluar una visita a esa localidad, pero sólo OSINFOR ha sido la única entidad que ha tomado contacto con la zona para investigar las denuncias de tala ilegal.
La Defensoría del Pueblo exige que se realicen los operativos que permitan la inmediata ubicación de los restos mortales de estos dirigentes y la captura de los criminales responsables de estos hechos.
De igual modo, considera necesaria la presencia de altas autoridades gubernamentales en la comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto para brindar a sus familiares todo el apoyo que requieren, así como adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger la vida, integridad y garantizar los derechos colectivos de los miembros del pueblo asháninka.
Se encargó a Lisbeth Castro Rodríguez las funciones de Jefa de la Oficina de Defensoría del Pueblo en Loreto, por el periodo del 8 al 19 de septiembre de 2014.
La AIDESEP da cuenta que cuatro líderes asháninkas fueron asesinados a balazos en manos de madereros ilegales y en las propias tierras de su comunidad. Según referencias extraoficiales los cuatros hermanos indígenas fueron asesinados delante de todos los vecinos de la comunidad. “Los delincuentes agarraron a las víctimas, las amarraron y las balearon en el campo deportivo”, contó Robert Guimaraes.
El difunto Edwin Chota Valera habría presentado repetidas denuncias ante las autoridades forestales de Pucallpa, en contra de los madereros que actúan ilegalmente en la zona, explotando indiscriminadamente los recursos naturales de la comunidad. Estas denuncias no han tenido éxito y los madereros ilegales aún actúan impunemente en el Alto Tamaya.
“Por el respeto a la vida, la integridad física y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, exige al Estado Peruano y al Poder Judicial, hallar a los responsables y sancionarlos.
AIDESEP exige al Estado Peruano, dar cumplimiento con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás tratados internacionales firmados por el Perú, en defensa y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Finalmente, reitera el compromiso por la defensa de los derechos colectivos, sus territorios ancestrales y mantenerse firmes en el objetivo de proteger y conservar nuestros bosques “NUESTRA CASA GRANDE”. La comunidad de Alto Tamaya exige la titulación de sus tierras, como punto de partida para que sus derechos no sean conculcados y para evitar cualquier incursión de empresas que perjudican el cuidado ambiental.
Las comunidades campesinas y nativas del Perú controlan al menos el 55 por ciento de las tierras agrícolas, pero muchas comunidades deben hacer frente a problemas de titulación de tierras, debido a que el Estado no ha cumplido su compromiso de destinar los recursos necesarios para el saneamiento legal de los actos de titularización. Un nuevo marco normativo ha liberalizado el tratamiento de las tierras, pero ha generado en el seno de las comunidades una desigual expectativa respecto a la titulación de tipo individual; esta situación ha creado no pocas tensiones.
Las dificultades con que tropieza el saneamiento legal, revela la FAO, se ven agudizadas por el desconocimiento de los comuneros de sus derechos en materia de tierras comunales. Es necesario reforzar la información sobre la importancia y utilidad de la titulación tanto de las tierras de comunidades como de las tierras de propiedad familiar. Es fundamental conocer los intereses de los propios comuneros y sus expectativas respecto al proceso de titularización, y revisar y modificar la legislación comunal.
Estas tareas son tanto más urgentes cuanto que el Estado, desconociendo los derechos de las organizaciones campesinas, ha vuelto a manifestar su interés por las vastas tierras eriazas de propiedad de las comunidades y ha declarado su intención de entregarlas a inversionistas privados, denuncia AIDESP y la prensa brasileña.
GRUPO PUNORED S.A.C. Diario Los Andes
