Jorge Zavaleta Alegre
Chile ocupa estos días la atención internacional porque su
población de nativos, los mapuches, recientemente se movilizaron con el propósito de denunciar la
militarización en su territorio. Pese al reclamo de desmilitarización de La
Araucanía, el Gobierno de Sebastián Piñera refuerza su postura al invocar la
Ley de Seguridad de Estado en el territorio habitado por comunidades mapuche.
La ONU proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las
Lenguas Indígenas. Pues este reclamo de los mapuches, en un país que viene
dando pasos importantes en el desarrollo interno, nos lleva a reconocer que en
las últimas décadas América Latina ha experimentado progresos, pero la CEPAL, recogiendo la cruda realidad, reconoce que estos avances están encontrando
límites para sostenerse o expandirse.
El crecimiento económico
en la región es altamente dependiente de los recursos naturales y de sus
precios internacionales, en tanto persiste una débil, frágil y hasta corrupta gobernanza de estos recursos.
La vulnerabilidad externa azota precisamente a los colectivos más
desfavorecidos, por procesos desde más
de 500 años, incluyendo hasta el despojo sistemático de sus territorios. La tenaz resistencia de los pueblos indígenas se
expresa en la lenta instauración de nuevos modos de relación institucional de
los Estados.
América Latina tiene más de 800 pueblos indígenas, con 45 millones de habitantes, amplia diversidad
demográfica, desde pueblos en aislamiento voluntario hasta grandes asentamientos urbanos.
Cada día se constata que la reprimarización de la economía ha
ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas y
desencadenando numerosos conflictos socioambientales todavía no resueltos.
Las diferentes organizaciones de pueblos nativos vienen planteando un desarrollo centrado en el valor de la
igualdad: “Nuevos tratos” hacia los
“nuevos pactos”, porque la riqueza de los pueblos indígenas significa más de
5000 grupos distintos en unos 90 países. En el mundo se hablan aproximadamente 7000 lenguas.
Muchos pueblos indígenas migran a las zonas urbanas en busca
de una vida mejor, educación y empleo. También migran entre países para escapar
de los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático. En
América Latina, alrededor del 40% de todos los pueblos indígenas viven en zonas
urbanas, incluso el 80% en algunos países de la región.
Chile y Ley de Seguridad de Estado en La Araucanía
“En los últimos días
se han producido una serie de acciones e instigaciones a la violencia, que han
alterado el orden público en La Araucanía”, argumenta el ministro del Interior
Andrés Chadwick, para reforzar las operaciones en la zona donde protestan por
el asesinato en manos de carabineros del joven mapuche Camilo Catrillanca.
El comunero mapuche recibió un disparo en la nuca durante una
operación del comando Jungla en La Araucanía, y a más de un mes de su crimen
aún no hay justicia.
Sobre la disposición del Gobierno de Sebastián Piñera, el
ministro chileno del Interior indicó que "aquellas personas que cometan
acciones de violencia grave o que inciten a este tipo de acciones" tendrán
que someterse a "acciones judiciales" que sean "más eficiente y
más severas".
Con la Ley de Seguridad de Estado la comunidad mapuche podría
ver recrudecer la persecución y el hostigamiento, que ha dejado varias víctimas
como Matías Catrileo, asesinado por la espalda a manos del excarabinero Walter
Ramírez durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet.
La activación reciente de la Ley de Seguridad de Estado se da
luego de que el 27 y 28 de diciembre de 2018, líderes de la comunidad
Temucuicui, de Ercilla, convocaran una movilización general, con el propósito
de denunciar la militarización que existe en su territorio.
El presidente Piñera visitó La Araucanía para promover la paz
y el desarrollo - “el diálogo es el camino para encontrar los acuerdos”- donde
enfatizó el compromiso del Gobierno con las víctimas de actos de violencia y con
la promoción de la paz, el diálogo y el desarrollo de la región. Reiteró la
necesidad de avanzar en el Plan Araucanía, que busca impulsar el desarrollo
regional, valorar la riqueza de la cultura de los pueblos originarios, combatir
la violencia en la zona y promover la paz y el diálogo.
Superemos el chauvinismo
En Bolivia se escucha de sus gobernantes que “superemos el chauvinismo
trasnochado”. En marzo de este año y en el marco de la celebración del Día del
Mar en Bolivia y los alegatos finales en la Corte Internacional de Justicia de
La Haya, respecto a la demanda presentada por Bolivia contra Chile, el
presidente Morales declaró que lo
importante es caminar hacia un futuro de entendimiento, cualquiera sea el
resultado de esa demanda
En general, en Bolivia se argumenta que la clase política chilena, con muy ilustres
excepciones, se suele alinear con la determinación respecto a que en materia de
Tratados Internacionales, estos se deben respetar a rajatabla.
Así, aún si el mundo ha cambiado como lo ha hecho en casi
siglo y medio y que las necesidades energéticas, hídricas y económicas chilenas
en la zona norte del país, requieran el concurso colaborativo con nuestros
vecinos del sur peruano, el occidente boliviano y el norte argentino.
Esta condición de enclaustramiento marítimo, ha significado
para Bolivia una realidad difícil de aceptar, con un impacto económico comprobable,
en que el economista Jeffrey Sachs señaló, en un estudio efectuado hace un par
de décadas “que un país sin litoral pierde aproximadamente 0.7 puntos
porcentuales de crecimiento anual debido a su condición de enclaustramiento”. En general los Estados Costeros registran un
Per Cápita promedio mayor en un 66% a los Estados Sin Litoral.
El gobierno de Evo Morales busca reducir la dependencia de
los puertos chilenos y por ello Bolivia acuerda con empresarios potenciar
salida al Atlántico, buscando fortalecer su presencia en la hidrovía
Paraguay-Paraná.
A su vez, el Estado boliviano busca orientar la carga boliviana
al puerto peruano de Ilo y busca apostar por la hidrovía Paraguay-Paraná, por
los tres puertos privados en el municipio de Puerto Suárez.
Cabe insistir que Bolivia cuenta con su población mayoritaria
quechua y aymara, y en las últimas décadas
ha logrado construir un economía enlazada
con el mundo, con normas nacionales que impulsan el desarrollo interno, mediante acuerdos que benefician más a su población nativa,
que a los inversionistas extranjeros. Bolivia ha logrado que el inversionista extranjero solo logre ganancias no más del 20% por ciento y el 80% se queda para el Estado altiplánico. Diez años atrás las condiciones eran 80% para el capital extranjero y el saldo para la población nativa.
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