SOCIEDADES INCLUSIVAS y LGBTG+ B
Jorge E. Zavaleta Alegre. Corresponsal en Washington DC.
En medio de los
acelerados cambios sociales que brotan de los más prestigiados centros de
investigación, de universidades centenarias y movimientos sociales, comienzan a
multiplicarse voces de oposición, de rechazo aduciendo que se atropella la
libertad de pensar, de actuar. Y como la tecnología de la comunicación está al
servicio de la humanidad. Resulta difícil contrarrestar aquellos cortos
metrajes, caricaturas, columnas sociales. Siempre, por cierto, con aguda crítica
para quienes alientan organizaciones feministas que defienden los derechos
fundamentales de la MUJER.
Cuanto mas garantizamos
los derechos de las personas con discapacidad, estamos invirtiendo en nuestro
futuro común. Remarcan las diversas áreas de las Naciones Unidas.
Cómo construimos una región inclusiva y justa para las personas LGBTQ+? (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer)
La Comunidad Internacional, empezando por las fuentes financieras viene poniendo mayor énfasis por la integración.
Por ejemplo, el BID invita a conmemorar el Mes del Orgullo! ¿Cómo construimos una región inclusiva y justa para las personas LGBTQ+? "Acompáñanos este 13 de junio a las 10am en La Plaza, o a través de Zoom en el evento en vivo dirigido al personal del BID. Este será retransmitido vía LinkedIn para el público general el día 15 de junio"
Para la UNESCO cada educando es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad.
La educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza.
La crisis suscitada por la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) está afectando a todos los aspectos de nuestras sociedades. La pandemia está afectando a los 1000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo.
Las diversas áreas de las NNUU remarcan que debemos velar por que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás personas a acceder a la atención sanitaria y a los procedimientos vitales durante la pandemia.
Instan a los Gobiernos a
que den protagonismo a las personas con discapacidad en sus actividades de
respuesta a la COVID-19 y de recuperación posterior, y a que las consulten y
colaboren con ellas.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En la salud influyen una gran variedad de factores, la mayoría ajenos al sector sanitario, entre los que destacan factores sociales. Las personas con discapacidad que viven con tasas desproporcionadamente altas de pobreza suelen encontrarse en unas circunstancias que afectan negativamente a su salud, tales como la falta de acceso a la educación, a condiciones de vida higiénicas, a agua limpia y a la seguridad alimentaria.
El número de personas que viven con una discapacidad va en aumento debido a factores como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y los avances médicos, que preservan y alargan la vida, lo que ha incrementado la demanda de servicios de salud. Las personas con discapacidad se encuentran con grandes barreras para acceder a la atención de la salud. A continuación se presentan algunas de ellas, que pueden ser especialmente graves para quienes viven en zonas rurales:
Clínicas médicas y hospitales inaccesibles desde el punto de vista físico; ausencia de medios de transporte apropiados para que accedan a atención médica o servicios de rehabilitación, así como falta de comunicación y adaptación en los entornos sanitarios; personal no capacitado y plantilla insuficiente, actitudes negativas de los proveedores de atención de salud.
Asimismo, hay que hacer todo lo posible por satisfacer las necesidades sanitarias de quienes tienen discapacidades invisibles, en particular de las personas con discapacidad psicosocial y otros problemas de salud mental.
Puede que el mito de mayor envergadura y más generalizado sobre los derechos humanos y la discapacidad es que esta última es un mero problema de salud que debe solucionarse o una enfermedad que hay que “curar”. Esta noción implica que una persona con discapacidad está, en cierto modo, “rota” o “enferma”, por lo que hay que arreglarla o sanarla.
El Derecho a la Salud
está sólidamente establecido en el derecho internacional de los
derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales que reconoce el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12).
