Papel de Arbol

viernes, 26 de agosto de 2016

Hay que cambiar algo para que el Perú siga siendo igual. Jorge Zavaleta Alegre/Cambio16 de Madrid




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La oportunidad de construir en el Perú un nuevo orden democrático, después de casi dos siglos de vida republicana, debería empezar esta semana, si el gobierno del presidente Pedro Pablo Kucynsky cumple fielmente su programa anunciado durante su campaña y ratificado en el Congreso, después de su juramentación constitucional. Hijo de un médico que laboró en las zonas más alejadas de Lima, como Iquitos, la capital de la Amazonía, anunció puntos esenciales: agua para todos, educación de alta calidad, salud pública para todos, la formalización de un 60% de la actividad laboral y la invitación al inversionista extranjero previo cumplimiento de las normas ambientales.
Enfatizó que este sueño será posible si cuenta con el apoyo de las instituciones y de la ciudadanía en general. Y su objetivo es alcanzar las metas el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional. Una de ellas es el ingreso a la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–, organismo de cooperación internacional compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, con sede en París. Cuando el PPK, el partido de Kucynsky, pide respaldo de la ciudadanía se dirige al poder legislativo, dominado por el partido del expresidente Alberto Fujimori, preso por violación de derechos humanos y corrupción, pero con 67 de un total de 120 parlamentarios.

Como respuesta a su programa, un centenar de organizaciones que estudia permanentemente la realidad latinoamericana, como Oxfam y Bien Común, en su décimo Informe 2010-2016 propone la necesidad de atención prioritaria a la gestión de las tierras comunales por sus comunidades, incidiendo sobre la pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú”. Las tierras comunales tienen vigencia en todas las regiones del mundo. Pero en Perú todos los líderes de opinión cuestionan que el Estado moderno deba incidir en las políticas de parcelación e individualización de los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas.
No hay verdadero desarrollo sin inclusión social, una adecuada política de redistribución y una política de Estado con el norte apuntando claramente en dirección del bien común”. El informe incluye el pensamiento de distinguidos investigadores sobre la codicia por la Amazonía, el “boom” agroexportador, el abandono de la pequeña agricultura y el lado oscuro de un “milagro” económico.
La aritmética del poder en las regiones
Al hablar de un nuevo equilibrio, se le plantea al Gran Kambio del flamante jefe de Estado que más allá de lo económico se espera cambios que logren un balance entre el Estado y el mercado. “No existe hoy ninguna posibilidad de que un ciudadano pueda encontrar solución o respuesta clara en torno a un reclamo frente a una empresa internacional y peor aún si está alimentada por la cotidiana informalidad”.
Otro análisis relacionado con el futuro económico de la selva, que ha pasado de ser insignificante a esencial en el país, lo ofrece el científico Marc J. Dourojeanni. Varios proyectos en marcha escarapelan cualquier vaticinio positivo sobre los efectos futuros si no se toman en cuenta la consulta a las poblaciones “para conceder tres cuartas partes de la selva a empresas petroleras”.
La explotación del gas de Camisea, del petróleo, oro y otros minerales y el potencial hidro energéticoconstituyen un gran atractivo para inversionistas poderosos, proyectos que se complican con los cultivos ilícitos, la “narcoguerrilla” instalada en los valles de ceja de selva, donde su población sufre el quebranto de Salud Mental y la inexistencia de servicios, en tanto el ”narcoterrorismo” y el andamiaje de un narcoestado acerca al Perú a lo que sucedió en México y otras rutas de la violencia.
La asimetría del “modelo”, según el economista Francisco Durand, muestra a la frágil pequeña agricultura que abastece a la mayor parte de la población. Pero que en los últimos 15 años no ha tenido el mínimo apoyo del presupuesto público en tanto han resurgido los latifundios que a través de oligopolios imponen precios a los pequeños productores, que son el grueso de la pobreza rural y cuya propiedad comunitaria está en riesgo de desaparecer o quedar debilitada como nunca antes.
En el otro extremo están diez grupos económicos que concentran más de 198.000 hectáreas productivas, entre los cuales destacan los Rodríguez, los Wong, los Perales Huancaruna y los Oviedo. El capital extranjero está conducido por Camposol, integrado por el grupo Dayer y capitales noruegos, el grupo colombiano Manuelita y el norteamericano Maple. El promedio es de casi 19,682 hectáreas por grupo económico.
Tampoco se debe ignorar la deuda social pendiente de aquellos latifundistas que trataron a los campesinos con atroces métodos de explotación. Basta revisar la historia de las haciendas de La Libertad, Sunchubamba, por ejemplo, donde arrancar los lóbulos de las orejas a los campesinos fue una práctica permanente.
La agropexportación presenta cifras para el asombro, empezando por el régimen laboral que vuelve vulnerables a sus trabajadores, sin posibilidades de sindicalización. El régimen tributario fue ventajoso para los exportadores, al ser reducido a la mitad del sistema general, en tanto el pequeño agricultor es presa del abandono.
La repartición de la bonanza. En 2010, la carga tributaria impuesta a las mineras osciló entre 42% y 44%, por debajo de otros países. Ese porcentaje ha subido, no obstante que existe un margen para ampliar los impuestos.
La bomba étnica en los Andes
El antropólogo Rodrigo Montoya revela que después de la rebelión de Bagua (2009), los pueblos indígenas de la Amazonía recién se hicieron visibles como parte del país. Hubo que esperar 190 años para que este reconocimiento se produjera.
Montoya advierte de que el Banco Mundial y otras multilaterales regionales que viven endeudando más a los pobres pretenden que los pueblos indígenas se mantengan dentro de la esfera estrictamente étnica, como sujetos de ayuda a través de proyectos incluyentes y no den el salto político para afirmar su autonomía. “Sus funcionarios más influyentes están convencidos de la necesidad de desactivar la bomba étnica en los Andes”.
Rocío Valdivieso, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, sostiene que el Perú ha prometido que el 2021 no existirá ni un bosque deforestado, pero desde otro frente continúa otorgando concesiones para la explotación de recursos naturales en ecosistemas frágiles.
Uno de los últimos temas planteado por las organizaciones sociales es el racismo y el comportamiento de los medios. En este campo, el nuevo presidente PPK, dada su amplia formación musical, anuncia que la cultura recibirá atención esencial del Estado, empezando por impulsar el rescate de las manifestaciones de la historia peruana, insertando su desarrollo como parte de Sudamérica.
Las nuevas cifras en 2016
Cifras oficiales indican que el régimen comunal titulado o en posesión representaría el 49% de la superficie del Perú. Esto lleva a afirmar “que la invisibilidad oficial de las comunidades y sus tierras comunales no deriva de su bajo número, ni de sus dimensiones insignificantes, ni de su lejanía. Tampoco obedece a la falta de fondos, en parte de tecnologías o de fuentes de información. Son consecuencia, porque en parte los gobiernos no dan suficiente importancia a este tema por considerarlo un asunto del pasado. La invisibilidad de las comunidades permite la invisibilidad de estas organizaciones para encubrir el tráfico de tierras comunales en el Perú.
En la actualidad, señalan Oxfam, Bien Común y otras ONG, una de las metas es hacer comprender que la justicia económica y social son alimentos esenciales para un verdadero desarrollo sostenible. En esa línea, se suman esfuerzos con unas tres mil organizaciones locales en más de 100 países con intención de influir en quienes tienen capacidad de decisión y así se generen políticas y prácticas que pongan fin a la pobreza.
La ciudadanía peruana ve con escepticismo el anuncio de la Reforma Judicial del Perú, teniendo en cuenta la burla a la Ley de los presidentes García y Humala, ambos comprometidos, respectivamente, en negociados con el indulto a centenares de narcotraficantes, la pareja presidencial Humala-Heredia, comprometidos en negociados millonarios con la empresa Odebrechet para la construcción del Gasoducto Sur Peruano en una suma alzada de más de 7.000 millones de dólares, en tanto que en diciembre ese mismo proyecto por menos del 50% de ese monto fue denegado por la administración que deja el poder.
El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú. La declaración y proclamación de la independencia del Perú constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de América. Por ello fue que el Ejército Unido Libertador del Perú, al mando del general José de San Martín, arribó al Perú procedente de Chile. Ya en territorio peruano recibieron el apoyo de la población, especialmente en el norte, donde una inmensa jurisdicción, la Intendencia de Trujillo, se sumó a la causa independentista sin violencia, bajo el mando del marqués de Torre Tagle. Tras Trujillo, sucesivamente juraron la independencia Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas. El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el apoyo masivo del norte peruano, se habría truncado la Independencia.
Cuenta García Márquez, al escribir sobre Bolívar, que su lugarteniente José Sucre le comentó que mientras él alienta y lucha por la Unidad de América, cada día ocurre lo contrario. La respuesta de Bolívar fue: “aun cuando sea cierta esa realidad, carajo no la digas”.





EL NEGOCIO UNIVERSITARIO EN CHILE

¿Quiénes son los dueños de Laureate y de la Universidad Andrés Bello de Chile?
Laureate International Universities utiliza a personajes como Bill Clinton y Ernesto Zedillo, ex presidentes de EEUU y de México, como cebos propagandísticos de una cacería transnacional de jóvenes que sueñan con la educación superior para alcanzar una vida mejor. Su afán de lucro primero seduce y luego hace pagar caro a los soñadores.

Por Ernesto Carmona / MapochoPress / 22-08-2016

El cuestionado grupo Laureate Education Inc. (LEI) maneja 84 universidades alrededor del mundo y en Chile controla las universidades Andrés Bello, Las Américas (UDLA) y Viña del Mar, más dos institutos profesionales (AIEP y EMM) y un centro de post grados (IEDE), que estuvo a cargo del ex candidato presidencial Franco Parisi.

La red mundial Laureate incluye 31 centros de estudio en América Latina, 5 en Norte América, 23 en Europa, 11 en Oriente Medio, 12 en Asia Pacífico y 2 en África. Su mayor presencia en América del Sur está en Brasil, con 12 universidades, pero también se extiende a Perú (2), Ecuador (2, incluida una filial de UDLA-Chile), Costa Rica (2), Honduras (2), México (2) y Panamá (2).

Laureate no sólo es la transnacional más grande de la educación superior en el campo de la cacería de "los sueños" de los jóvenes de Chile, sino la mayor del mundo. Fundada en 1998 con su matriz en Baltimore, Maryland, y conocida antes comoSylvan Learning Systems, Inc., en mayo 2004 cambió su nombre a Laureate Education, Inc., operando como subsidiaria deWengen Alberta, Limited Partnership, controlada por Douglas L. Becker, director ejecutivo –CEO– del grupo.

Laureate fue la 9ª empresa más grande de Baltimore, con más de 1.000 millones de dólares en ingresos en 2006. También adquirió fama como el mayor especialista en educación online, a través de Educar Inc., que alguna vez formó parte de los antiguos Sylvan Learning Systems.

En enero 2007 se anunció la adquisición de Laureate Education Inc. por un grupo de inversión encabezado por el CEO Douglas L. Becker, actual presidente del consejo de la compañía y responsable de las decisiones financieras. La oferta de compra terminó fijada en 62 dólares por acción, en una transacción finiquitada en 2008 por 3.820 millones de dólares, pagados de contado y calificada entre las mayores operaciones de Baltimore de la última década.

El consorcio formado para la operación incluyó entidades y fondos como Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Citigroup Private Equity, SAC Capital Management, SPG Partners, Bregal Investments, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Sterling Capital, Makena Capital, Torreal S.A., y Southern Cross Capital. Estas firmas están basadas en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España, aunque se trata de capital financiero sin fronteras.

Hubo accionistas que cuestionaron esta transacción. Mientras se estudiaba la oferta de venta, algunos accionistas, como el gerente T. Rowe de Price Group Inc., de Baltimore, se quedaron preguntándose qué habría sido de su empresa y argumentaron que el acuerdo de venta beneficiaba a la gestión mientras estafaba a los accionistas. Una demanda colectiva, llamada "juicio de acción de clases", presentado por accionistas insatisfechos por la transacción ante la Corte del Circuito de Baltimore City terminó en un arreglo en octubre de 2011, que significó el reparto de una reparación por 35 millones de dólares entre los tenedores de acciones que participaron del acuerdo, recibidos en proporción al número de acciones que poseían, explicó Brian Moffet, abogado de Gordon Feinblatt en Baltimore, que no estuvo asociado al caso Laureate. Se adquirieron más de 60 millones de acciones en esta compra.

“Tales demandas son comunes cuando las empresas participan en grandes fusiones y adquisiciones, pero es menos frecuente que los accionistas terminen recibiendo algún dinero”, explicaron Scott Dance y el staff del Baltimore Business Journal(15/07/2011). Los funcionarios de Laureate consultados se negaron a comentar sobre el acuerdo, mientras los abogados eludían el requerimiento periodístico. (Ver http://www.bizjournals.com/baltimore/print-edition/2011/07/15/laureate-shareholders-reap-35m.html?page=all).

Expansión transnacional
La expansión de Laureate da vértigo. Hacia 2007, Laureate atendía una matrícula global de aproximadamente 250 mil estudiantes, 30 mil de ellos en programas a distancia, según el académico mexicano Roberto Rodríguez Gómez (UNAM) (http://firgoa.usc.es/drupal/node/34340). En 2008, el mismo autor estimaba la matrícula en 400.000. (http://www.observatorio.org/opinion/Transnacional.html). En 2010, el CEO Douglas L. Becker, a través de la Universidad Viña del Mar aseguraba que Laureate entregaba “formación a cerca de 600 mil estudiantes” (http://www.uvm.cl/noticias.shtml?cmd%5B366%5D=i-366-15b0e0d5b51f37e7dea057a70ab3a8c3)

Sólo en Chile, su matrícula 2012 ascendía a 123.739 estudiantes, el 12,5% de un “mercado” que en 2011 exhibía 989.034 estudiantes matriculados en centros de formación ténica, institutos profesionales y universidades (http://www.cned.cl/boletin/201112N05.pdf). En 2016 declara 177.000 alumnos.

“Laureate Education Inc. se perfila como el proveedor transnacional de servicios educativos de tipo superior más significativo a nivel global”, escribió Rodríguez Gómez en 2007. “La política corporativa Laureate consiste en adquirir o aliarse con institutos de educación superior establecidos, preferentemente acreditados en su país de origen y con un nicho de mercado resuelto”.

El aporte de Laureate consiste principalmente en capital más el valor agregado de la afiliación a la red de universidades LIU, con posibilidades de intercambio y movilidad internacional. La transnacional incrementa el valor de sus activos y, por consiguiente, su posición en el segmento en que opera en el mercado internacional. En educación a distancia tipo on line, el grupo ofrece programas de licenciatura y postgrado a través de dos instituciones especializadas, la Universidad Walden, de Estados Unidos, y el sistema Laureate Online Education B.V., en alianza con la Universidad de Liverpool.

Laureate Education Inc. tiene una cara pública más amable, con la apariencia de una red académica transnacional, que es la imagen de Laureate International Universities (LIU), que, según su sitio web, en 2016 incorpora 84 instituciones de educación superior de una treintena de países de América Latina, Norte América, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y Norte de África (http://www.laureate.net/).

Visitando la recién adquirida Universidad Viña del Mar, en mayo 2010 el CEO del conglomerado Laureate Inc., Douglas L. Becker, afirmó que la educación superior debe satisfacer las necesidades de la empresa y facilitar el éxito profesional de los jóvenes. Su argumento principal incidió en la teoría de satisfacer "el sueño" juvenil de una educación que lo arme para el futuro en el mundo en que vivimos: “En la red compartimos la misión de hacer accesible la educación superior, de modo que más jóvenes pueden perseguir sus sueños”, dijo, orgulloso. “Ofrecemos una educación profesionalmente orientada, con una perspectiva internacional que contribuye a preparar a los jóvenes para triunfar en el mercado global”, expresó el ejecutivo (http://www.uvm.cl/noticias.shtml?cmd%5B366%5D=i-366-15b0e0d5b51f37e7dea057a70ab3a8c3).

Bill Clinton aporta su imagen
La figura del ex presidente de EEUU William Clinton, utilizado como “canciller honorario” de LIU, ha sido uno de los mascarones de proa que usa Laureate para navegar en las aguas internacionales del negocio de la educación superior privada. Hasta hace pocas semanas, el ex presidente "ofrecía asesoramiento en temas como responsabilidad social, liderazgo juvenil y aumento del acceso a la educación superior". La pomada que vendía Clinton "también anima a la participación cívica y el liderazgo juvenil en importantes cuestiones sociales durante sus apariciones en los campus universitarios de Laureate", aseguró la propaganda corporativa LIU.

Y como consejera de Educación (Board Advisory Committee on Education), entre otros mascarones Laureate ostenta a la Dra. Condoleezza Rice, la secretaria de Estado (2005-2009) de George W. Bush. El ex presidente de México Ernesto Zedillo aparece hoy como consejero presidencial del grupo, donde aporta "su experiencia en elaboración de políticas y diplomacia”, aparte de su condición de “académico de nivel mundial", según la propaganda corporativa.

El paraguas universal que usa Laureate para obtener el lucro del negocio de la educación superior privada asegura que su misión, más bien noble, es "ampliar el acceso a la educación de mejor calidad para hacer del mundo un lugar mejor. A través de nuestra red mundial de instituciones de educación superior compartimos la misión de hacer la educación superior de calidad accesible y asequible para que más estudiantes puedan perseguir sus sueños" (http://www.laureate.net/).

En 2000, Laureate incorporó en Chile a la Universidad de Las Américas (UDLA) para hacer "accesible y asequible" a los jóvenes chilenos "sus sueños" de futuro. Fundada localmente en 1988, la UDLA se declara "pionera en la ampliación del acceso a la educación superior” a lo largo del país como "la segunda universidad más grande de Chile". Desde 2003, controla la Universidad Andrés Bello (UNAB), una de “las tres mejores instituciones privadas de educación superior en el país”, según la propaganda corporativa del holding; y desde 2009, la Universidad de Viña del Mar (UVM), fundada en 1988.
En 2006 instaló el Institute for Executive Development (IEDE), sucursal de la escuela de negocios para postgrados de la Universidad Europea de Madrid, establecida en 1994, que en Chile funciona adherida a la UNAB. El candidato presidencial Franco Parisi Fernández desempeñó la jefatura del IEDE Chile como decano hasta julio 2012. Los programas IEDE venden sus servicios en Santiago, Madrid y Shanghai, especializados en “programas de gestión, concentraciones generales de negocios, marketing, finanzas y liderazgo, con certificación internacional de calidad ISO 9001:2000”.

Otros negocios locales de Laureate son el Instituto Profesional AIEP (AIEP), instituto técnico y profesional, adquirido en 2003 y fundado en 1960, que ofrece 40 programas en negocios y gestión, tecnologías de la información, diseño y publicidad, ciencias de la educación y desarrollo social, y salud; y también el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música (IP-EMM), adquirida por Laureate en 2008 y fundada en 1940 para educar en música y danza. Según la Fundación Sol, Laureate poseía hace dos años 123.739 alumnos repartidos entre la UNAB, UDLA, AIEP, IP Escuela Moderna de Música y Universidad Viña del Mar. Ahora tiene 177.000.
En junio de 2012, el informe sobre educación superior de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados dio a conocer que la UDLA y otras seis universidades e institutos de educación superior incurrieron en irregularidades diferentes y no cumplieron las exigencias legales que obliga a las corporaciones educacionales “sin fines de lucro”. Tres casas de estudios –Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar– más el instituto Aiep pertenecían a la división Región Andina de Laureate Education Inc. Las otras tres fueron las universidades Santo Tomás, Uniacc y del Desarrollo.

Vínculos UDLA/Laureate
La junta directiva de la UDLA muestra el entretejido de los dos bloques políticos dominantes, Alianza/Chile Vamos y Concertación/Nueva Mayoría, en el negocio de la educación superior chilena. Y ese contubernio legitima dudas sobre la sinceridad de los propósitos enunciados de terminar con el “lucro ilegal” en la enseñanza superior que hizo colapsar a la Universidad del Mar, otra de las casas cuestionadas por el informe parlamentario 2012, donde las víctimas fueron 18.000 estudiantes que pagaron caro por sus sueños, además frustrados.

Por ejemplo, el miembro actual del directorio Jorge Constantino Demetrio Selume Zaror, del grupo de becarios de la escuela de economía de la Universidad de Chicago que tomó el control de la economía chilena con la dictadura Pinochet, presidió la Región Andina de Laureate Education Inc., el holding que en 2000 compró en 26 millones de dólares Desarrollo del Conocimiento S.A., la empresa controladora de la UDLA, para convertirla en subsidiaria.

Selume salió a la luz pública en diciembre 2012, durante la investigación de los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo de los correos electrónicos que le envió el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz —quien estuvo en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos— sobre planteles del holding que solicitaban acreditación.

Selume comenzó a colaborar con Pinochet cuando cumplía 28 años, para servir como director de Presupuesto, por recomendación del entonces ministro de Hacienda Hernán Büchi, a quien apoyó en su fallido intento de reemplazar al dictador vía las urnas en las primeras elecciones post-dictadura de 1989. Pertenece al grupo de empresarios de origen árabe (Carlos Abumohor Touma, Álvaro Saieh y otros) que hizo fortuna tras adquirir en 1986 el Banco Osorno por menos de 10 millones de dólares para vendérselo una década después (1996) en 496 millones de dólares al Banco Santander-Central Hispano de España.

Jorge Selume Zaror además, es el vicepresidente de la Universidad Andrés Bello desde el 24 de agosto de 2007,  cuyo presidente desde 2011 es Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación de Pinochet en 1987-1989, entre otros datos de su pedigree.

Selume también participa en actividades lucrativas con Álvaro Saieh, el dueño de Copesa (diario La Tercera, Qué Pasa y otros grandes medios) y de CorpBanca (fusionado con el brasileño Itaú en 2015), entre numerosos mega-negocios también es dueño del Hotel Hyatt, Unimarc, etc. Además, Selum ha sido directivo de la cúpula de CorpBanca, que posee 7 filiales (CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.. CorpBanca Agencia de Valores S.A., CorpBanca Asesorías Financieras S.A., CorpBanca Corredores de Bolsa S.A., CorpBanca Corredora de Seguros S.A., CorpLegal S.A.y SMU Corp S.A.) y declaraba en 2014 un capital de 720,5 millones de dólares (340.358.194.234 de pesos chilenos de la época).

Este polifacético hombre de negocios tiene, además, un primo que –cuando es necesario– vota a favor de sus intereses en el parlamento, el diputado UDI Gustavo Hasbún Selume, graduado en tiempo récord como periodista en la Universidad de Santiago (Usach), quien votó en 2012 contra el informe que vinculaba a la UDLA (30.000 estudiantes) con el lucro en la educación.

Hasbún dijo que la comisión "perdió todo tipo de objetividad al mencionar solamente a algunas universidades y no a todas" y "eso demuestra claramente que el lobby pesó más que la realidad". El informe fue sepultado por la mayoría parlamentaria controlada por el lobby de la educación privada. (En abril de 2006, siendo alcalde de la comuna Estación Central de Santiago, Hasbún se tituló de periodista con la nota mínima en la Usach, luego de rendir un examen de grado defendido en "power point" ante una comisión integrada por el jefe de la carrera, Eduardo Román; la coordinadora de prácticas de la escuela, Sonia Aravena; y el académico Cristián Antoine. Los estudiantes estimaron que su exposición fue incoherente con la propuesta de su tesis y protestaron, mientras el académico Román señalaba que la defensa de tesis del alcalde fue "mediocre", porque el alumno "lograba hablar del tema, pero no necesariamente contestar las preguntas". Tampoco hubo audio ni video, como se estila en la escuela, dijo la versión electrónica del desaparecido diario gubernamental La Nación http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20060428/pags/20060428234538.html).

Quien aparecía como presidente de la junta directiva UDLA hasta 2013 era Herman Chadwick Piñera, entonces también presidente del Consejo Nacional de Televisión, hermano del ex ministro del Interior y ex senador Andrés Chadwick, primo del ex presidente Sebastián Piñera. Curiosamente, en 2014 la UDLA aparece sin presidente: encabeza la junta directiva el vicepresidente José Pedro Undurraga I., ingeniero comercial de la Universidad Católica con un MBA en la Universidad de Chicago, la cuna ideológica del neoliberalismo, cuando los "Chicago's Boys" hicieron "su práctica" en un país totalmente sometido por la dictadura de Pinochet. Fue director ejecutivo de la Corporación Inacap, rector de la Universidad Tecnológica de Chile-Inacap., del Instituto Profesional Inacap y del Centro de Formación Técnica Inacap. En Gener SA fue subgerente general y gerente de la división eléctrica, además ha sido director de Puerto Ventanas, Energía Verde y Colbún, entre otras compañías. Ha sido asesor en los ministerios de Planificación, del Trabajo y de Hacienda, además de integrante del consejo de la Universidad de Atacama. Chadwick fue presidente (2006-2010) de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), agrupación de las empresas concesionarias del Estado que explotan obras de infraestructura o servicios públicos, léase autopistas privadas.

En la junta directiva UDLA también estuvo Genaro Arriagada Herrera, DC, ministro secretario General de la Presidencia 1994-1996, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y continúa el periodista de extrema derecha Manfredo Mayol, asesor de Pinochet, de las campañas electorales UDI y de importantes empresas.

Otro directivo UDLA ha sido el abogado Cristián Inzulza Brajovic, ex jefe del departamento jurídico de la división de Educación Superior del ministerio de Educación, y participante en la tramitación de la ley 20.129, sobre "aseguramiento de la calidad de la educación superior", y la ley 20.027, que "modernizó" el sistema de financiamiento de la educación superior. Fue secretario técnico de la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior, constituida en 2007 por Michelle Bachelet para elaborar la propuesta “Los desafíos de la Educación Superior Chilena”, entregada sin pena ni gloria en marzo de 2008. En abril de 2010 fue nombrado secretario general de la Universidad de Viña del Mar, también de LEI y afiliada al grupo global de Laureate.

La rectora de UDLA, Pilar Armanet (PPD), ex embajadora ante la Unesco y Francia, fue jefa de la División de Educación Superior (2000-2006) del ministerio de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y ministra vocera (2009-2010) del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), mientras la ingeniera comercial PS –o filo PS– Pilar Romaguera, su ex subsecretaria (2006-2008) e ideóloga de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), se desempeña hoy (2013) como decana de Educación de la UDLA.

Hasta junio de 2011, Paulina Dittborn Cordua, hermana del subsecretario de Hacienda de Piñera y ex diputado UDI Julio Dittborn, fue pro-rectora de UDLA, aunque originalmente sería nombrada rectora, pero la designación a ese cargo se frustró por el escándalo que generó el anuncio de su nombramiento dos meses después que el Consejo Superior de Educación (CSE), mientras ella ejercía como vicepresidenta, el 3 de abril 2008, cuando aceptó por unanimidad una apelación que revirtió el fallo negativo de la CNA a la acreditación de UDLA. La ministra de Educación, y por tanto presidenta del CSE, era entonces Yasna Provoste Campillay, DC, quien le entregó el cargo a Mónica Jiménez de la Jara el 17/04/2008. Paulina Dittborn aterrizó en la UDLA después de la acreditación del CSE, hacia fines de 2008.

Paulina Dittborn  sirvió también a la dictadura como jefa de gabinete del ministerio de Educación (1981-1987), subsecretaria de Educación (1987-1988) y subsecretaria de Previsión Social (1988-1990). Fue directora del Colegio Mariano de Schöenstatt y actualmente es directora nacional de la red Colegios Santo Tomás y decano de la facultad de educación de la universidad homónima, que posee 14 sedes y 27.000 alumnos. Formada en arqueología y prehistoria cuando la Universidad de Chile era gratuita, magíster en psicología, presidió el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura; dirigió la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, y fue consejera, vicepresidenta y miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, del Consejo Superior de Educación (CSE).

Julio Castro Sepúlveda, nombrado en 2006 jefe de la División de Educación Superior del Mineduc –quien también aprobó la acreditación UDLA desde su sillón del CSE–, también terminó ligado a esa casa de estudios como asesor educacional de la Región Andina de Laureate International Inc., el holding propietario. Hoy Castro Sepúlveda es rector de la Universidad de Viña del Mar.

Los vínculos de Paulina Dittborn con la cúpula UDLA se remontan a los  años 1990, cuando fue vicerrectora académica del Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) y su rector, en 1999-2007, era José Pedro Undurraga Izquierdo, rector de UDLA hasta 2013. Undurraga fue también vicepresidente del grupo Región Andina de Laureate y, por tanto, colaborador estrecho de Jorge Selume Zaror, presidente de esa división. Undurraga, también director de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en representación del presidente Piñera hasta enero 2013, quien secundó a Selume en levantar la Universidad Andrés Bello junto a Álvaro Saieh, Juan Antonio Guzmán (cónyuge de Paulina Dittborn), y Andrés Navarro, dueño de Sonda.

Los dueños de la Andrés Bello
Para vender la lucrativa mercancía llamada educación superior, un pequeño grupo cerrado fundó en 2003 la Universidad Andrés Bello. Víctor Saleh fue el accionista mayoritario (72% de la propiedad) de este negocio, secundado por Francisco Luna (25%), y por Luis Cordero, Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz Pérez, que en conjunto aportaron el 3 % que faltaba. La “casa de estudios superiores incorporó después nuevos socios y pasó por varias manos ligadas a la extrema derecha y a negocios lucrativos hasta que el grupo Laureate compró su “cartera de alumnos” en 2003.

Entre sus accionistas figuraron los ex senadores y exs ministros de Interior y Economía de Piñera Andrés Chadwick y Pablo Longueira, a través de una sociedad anónima denominada Copra, que fundaron en 1986 junto a otros próceres de la UDI, Luis Cordero, Ignacio Fernández y Andrés Serrano Gutiérrez, del tribunal supremo de la tienda. En 1991, Copra ingresó a la propiedad de la Sociedad Inmobiliaria Andrés Bello y la Universidad que lleva el mismo nombre del ilustre venezolano.

Nadie recuerda cuando Copra vendió sus acciones de la Inmobiliaria Andrés. En el caso del ex ministro Andrés Chadwick, en su oportunidad informaron desde su cartera que cuando se convirtió en diputado “se retiró de la sociedad porque fue electo”, aunque no recordaban la fecha exacta, “pero fue entre 1990 y 1991, y no recibió nada de dinero al momento de desvincularse. Su señora, Victoria Costa, estuvo unos pocos meses más pero luego también se retiró”. En el caso de Pablo Longueira no hubo respuesta (http://www.elmostrador.cl/pais/2012/12/20/las-poderosas-redes-que-cierran-la-puerta-a-una-reforma-profunda-de-la-educacion/).

En 1996 Saleh vendió su parte en las sociedades vinculadas a la Universidad. Fue comprada por Álvaro Saieh, Andrés Navarro, Jorge Selume y los ex ministros de Pinochet Miguel Ángel Poduje y Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación en los ’80.

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Sobre el Gasoducto del Sur, Odebrecht y el Gobierno

La comunidad internacional  y peruana condena la forma tan grosera que el gobierno  humalista pretendió administrar los recursos nacionales en  favor del capital transnacional  y su interés personal. Es una obligación del Gobierno del presidente PPK, compartir con el sentimiento colectivo que representan diarios como Gestión, El Mercurio, D16,C16 y Panoramical de Milán y recordar siempre lo que afirman Thomas Piketty, de la Escuela de Economía de París y Manuel  Romero, fundador del Diario Gestión.Ambos coinciden al sostener que la Etica es un principio  fundamental para administrar políticas liberales....




Estimados lectores:
En esta entrega me permito compartir un magnífico artículo de Manuel Romero Caro sobre el gasoducto del sur. Manuel, economista de polendas y que fundó Gestión, es conocedor del sector energético y, por ello, me parece fundamental conocer su punto de vista sobre un proyecto tan importante para el país. De acuerdo al artículo de Manuel, ha habido un conjunto de “sospechosas coincidencias” entre el Gobierno y Odebrecht que deberían ser materia de investigación “sobre todo a la luz de los antecedentes de Odebrecht”.
Después de leer el artículo de Manuel surgen enormes dudas sobre que tan conveniente ha sido para el país la concesión del proyecto en las condiciones pactadas. Me preocupa, en particular, la garantía pública de la que disfruta la empresa que constituye un subsidio que financia el consumidor eléctrico peruano. ¿Era necesaria esta garantía pública? ¿Cuál será el valor total de la garantía? ¿Hasta cuándo se le garantizarán ingresos a la empresa?
El  contexto internacional es harto complicado: precios de nuestras exportaciones rezagados, tasas de interés al alza, dólar fuerte y sol débil, menores ingresos tributarios, inversión a la baja. Por ello, hay que ser doblemente cuidadoso con las finanzas públicas pues cada sol que no se gasta con eficiencia es un sol menos para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura de calidad y cuidado de las fronteras.
Por supuesto comparto el artículo con el permiso del autor.
Juan Mendoza.

Seis “coincidencias sospechosas” entre el Gobierno y Odebrecht
Autor: Manuel Romero Caro.
Publicado en Gestión, página 16, 03-Feb-2016.

Revisando las medidas adoptadas en el tiempo en relación al gasoducto al sur, encontramos una serie de “coincidencias sospechosas” entre las decisiones (o ausencia de ellas) que ha ido adoptando el Gobierno y lo que le convenía a Odebrecht (Odb).
1) Luego que Odb adquiriera Kuntur (K) a Conduit Capital, intentó obtener una serie de “mejoras” en relación al contrato suscrito por K, beneficios que por ley no le correspondían, entre los que destacaba el obtener el subsidio de los consumidores eléctricos, que no podía recibir por no haber obtenido la concesión en una licitación o concurso. Luego de varios años, cuando resultó evidente que Odb no iba a obtener lo que solicitaba, por lo que necesitaba un concurso para ello, coincidentemente el presidente Humala anunció en el Mensaje a la Nación del 28.07.12 que se convocaría a un concurso internacional para el Gasoducto Sur Peruano (GSP), que tenía la misma ruta que el de K, pero que contaba con el subsidio de los consumidores. Hay que recordar que en marzo del 2012 Humala había colocado el primer tubo del gasoducto de K, destacando su importancia. ¿Que lo hizo cambiar de opinión radicalmente en solo 4 meses al Gobierno? ¿Por qué no protestó Odb ante una evidente liquidación de K, que no podía competir ante un proyecto subsidiado?
2) En los inicios del concurso del GSP, habiendo ya transcurrido casi 4 años desde que se otorgara la concesión a K para construir y operar el gasoducto al sur, y habiendo claramente Odb incumplido sus obligaciones en el contrato de concesión, el Gobierno debió ejecutarle la carta fianza irrevocable que por 69 millones de dólares había otorgado; pero este no solo no la ejecutó, sino que le permitió participar con ventajas. Es que si se hubiera ejecutado la fianza, Odb hubiera impugnado la ejecución y habría ido a arbitraje, en cuyo caso no hubiera podido participar en el concurso del GSP por tener un contencioso con el Estado.
3) Durante el concurso para el GSP, en el que participaba Odb con la ventaja de tener el estudio de impacto ambiental (EIA) ya aprobado, los demás postores pidieron que para que todos los competidores tuvieran las mismas oportunidades, se liquidara K y se dispusiera que cualquiera que ganara la buena pro pudiera comprar el EIA de K a precios de mercado. Pero el comité presidido por Edgard Ramírez (ER), exasesor de Odb que debió abstenerse en toda decisión vinculada a dicha empresa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 27444, no aceptó los cambios solicitados. Incluso, ProInversión (PI) y el MEM plantearon un adelanto de los plazos para el GSP. Y la única manera de lograr eso era contando previamente con el EIA aprobado, que solo lo tenía Odb.
4) En este contexto PI descalifica al único competidor de Odb que quedaba de los 23 anotados originalmente. Porque GDF Suez disminuyó su participación en el consorcio, pasando del 25% al 2% y no se le permitió un tiempo adicional para compensar el cambio. Resulta increíble que luego de esperar casi 6 años, el Gobierno no esperara una o dos semanas más para que un proyecto de más de US$ 7,500 millones no se otorgara con un postor único, Odebrecht. Además no hay que olvidar que la oferta del consorcio descalificado era menor en 136 millones de dólares que la de Odb, con lo que hubiera resultado ganador.
5) Pero de ninguna manera las “oportunas coincidencias” terminan con el otorgamiento de la buena pro. Es así que para adelantar el avance de la obra en 14 meses, Odb requería que K le transfiriera el EIA aprobado, para lo cual era indispensable terminar con el contrato de concesión todavía vigente. Por lo que recién el 23.10.14 K solicita dicha terminación, y el Gobierno la aprueba (RS N° 079-2014-EM del 04.11.14). En otras palabras, se negó la terminación de la concesión de K y el traspaso del EIA cuando lo solicitaron los demás postores, pero cuando lo hizo Odb, inmediatamente se aprobó dicho trámite.
6) Pero esta comedia de equivocaciones tenía dos actos, el primero era el GSP, pero el segundo era el Complejo Petroquímico, cuya espina dorsal era la petroquímica del etano, que requiere un precio subsidiado. Es así que en una entrevista en Gestión el 28.08.14, el ministro Mayorga (otro que debió abstenerse de participar en temas de Odb por haber sido asesor de la misma menos de 2 años antes de ser ministro), anuncia que en su ministerio se ha formado una comisión que fijaría el precio del etano en caso de que los productores y consumidores no se pusieran de acuerdo en el precio de dicha materia prima básica. Coincidiendo nuevamente el Gobierno con los intereses de Odb (Brasken, que era controlada por Odb). Afortunadamente, ante las críticas recibidas en diversos artículos del suscrito, el Gobierno retrocede. Existen otras coincidencias sospechosas, pero por falta de espacio no las incluiremos.
Además hay que considerar las grandes dudas sobre la muy deficiente manera como se aprobó y se está ejecutando el proyecto: ¿Por qué se otorgó la concesión del GSP sin contar con un estudio de mercado? ¿Por qué se fijó una meta de 500 mmpcd de ingresos garantizados a Odb sin tener un estudio de mercado y sabiendo que no existía seguridad que el mayor demandante (la PQ) fuera adelante? El proyecto no tiene asegurado el abastecimiento de gas; tiene severos problemas en obtener el financiamiento, y ni tiene demanda suficiente, por lo que nadie sabe con cuántos miles de millones de dólares tendrán que subsidiar los consumidores eléctricos al GSP, lo cual representa una pesada herencia.
Probabilísticamente la ocurrencia espontánea del referido conjunto de decisiones gubernamentales que coincidían con los intereses de Odb es muy pequeña. Por lo que resulta indispensable que tanto el Ministerio Público, como el Congreso y la Contraloría investiguen este tipo de coincidencias, sobre todo a la luz de los antecedentes de Odebrecht.