Jorge Zavaleta Alegre.- El Papa Francisco al visitar el Perú en enero del 2018 expresó su solidaridad contra el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori, durante un encuentro con familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, causales por las que el exmandatario fue sentenciado a 25 años de prisión.
Los parientes de las víctimas de la violencia criminal expresaron ante el representante del Vaticano que no puede haber reconciliación sin justicia y recordaron que Fujimori tuvo muchos años para pedir perdón durante el juicio y el tiempo que estuvo en prisión.
En este clima de enfrentamiento nacional con los sectores populares y políticos de centro izquierda, el partido fujimorista Fuerza Popular, robustecido con una militancia enquistada en diversas instituciones públicas y privadas con poderosos grupos económicos, no esperaba que el Poder Judicial deje sin efecto el indulto a Fujimori y ordena su captura.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, ha declarado fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del expresidente Alberto Fujimori, concedido por el presidente Kuzcynki, quien también se vio obligado a renunciar acusado de corrupción.
El Poder Judicial dictó también las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente, a fin de que sea reingresado al establecimiento que designe la autoridad penitenciaria. Y ahora se ha recluido en una lujosa clínica limeña esperando que su poder se haga sentir para recuperar el indulto.
Los familiares de las víctimas del caso La Cantuta y Barrios Altos no cesan de plantear el control de convencionalidad en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este organismo supranacional estableció que el indulto a Alberto Fujmori se revisara constitucionalmente en el fuero interno del país.
El expresidente peruano (1990-2000) recibió un indulto humanitario el 24 de diciembre del 2017, el cual le permitió recuperar su libertad después de poco más de 12 años en prisión. Estaba sentenciado a 25 años de cárcel.
Pues la historia sin duda seguirá siendo escrita por el desborde popular que se moviliza por calles y plazas exigiendo reformas sustanciales para evitar el deterioro acelerado de la economía en perjuicio de la mayoría de los 33 millones de habitantes, de los cuales más del 80 por ciento ha dejado ya la Amazonía y los Andes para concentrarse en las principales ciudades costera, en busca de escasas condiciones de vida.