Jorge Zavaleta Alegre, periodista.
Lima fue reciente sede de un foro relacionado con la
participación política de las mujeres en la Comunidad Andina y la necesidad de
eliminar la violencia, el embarazo en adolescentes y la autonomía económica,
problemas que las ponen en desventaja en la toma de decisiones.
La participación en
la vida política y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es creciente.
En el Perú, por ejemplo, en los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de
Educación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Sector
Mujer, ellas ocupan más del 50% de los cargos directivos.
Fue un debate sustancial del foro la estabilización del
gasto social como un punto esencial para que
la expansión de los programas sociales se realice en un contexto de
sostenibilidad fiscal.
Es un hecho que América Latina ofrece aún limitadas oportunidades de
progreso económico para la mayoría de sus habitantes.
Pero también es verdad que la pobreza se ha reducido en casi
todos los países de la región y se cuenta con un mayor acceso a servicios
básicos como educación y salud.
Sin embargo, nuestra región registra una crítica
distribución de los ingresos, lo cual impide cerrar la brecha de las
desigualdades.
La CAF, en su reporte de Economía y Desarrollo,
advierte la existencia de tasas
persistentes de desempleo y subempleo.
Grandes sectores informales prevalecen en muchos países,
incluso en aquellos que han logrado
importantes recuperaciones en su actividad económica.
Las mujeres han puesto en evidencia una visión integral entre
política social y política económica.
La política social no debe verse de manera aislada ni
separada de la economía, para evitar la superposición de programas y la
dispersión de recursos. La intervención integral del Estado en la sociedad debe
ser más eficiente.
Otra interesante recomendación va por la defensa de las
políticas públicas y el aumento y mejora del capital humano para romper el
ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza, generar empleos de
calidad y garantizar un mayor acceso a los servicios básicos.
En este aspecto, es necesaria la agilización de los registros y habilitaciones
de los títulos profesionales y sus respectivos grados académicos para conseguir
un mejor intercambio de experiencias nacionales.
En América Latina, el gasto social no es sostenido,
especialmente en salud y educación. Existe un escaso margen para proteger sus
gastos sociales cuando se producen los ajustes fiscales.
En esta visión, la incorporación del enfoque de género en
sus presupuestos participativos facilita la organización de las mujeres.
Los países andinos son conscientes de las desventajas que
representa para el desarrollo humano vivir en sociedades inequitativas.
La estabilidad macroeconómica debe verse en conjunto con el desarrollo de
una estrategia de mejoras en las condiciones de vida de los más pobres.
Fecha:30/03/2013