Marco
Castillo Torres
Para Papel de Árbol
Nuestro país se encuentra en pleno proceso
de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas poseemos una normativa
bastante precisa para los Gobiernos Subnacionales que debieran permitir buenas
prácticas de gestión. Pero no solo son necesarias
más normas sino volcar esfuerzos para acabar con esta disfunción ciudadana tan
encarnada en nuestra vida republicana.
La formulación del Plan de Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo, lastimosamente en la mayoría de los
casos son ejercicios en los cuales la participación ciudadana es absolutamente
marginal. Esta es una de las causas que genera un enorme desinterés de la sociedad para involucrarse en auténticos procesos de
Vigilancia Ciudadana.
Esta observación se puede detectar, por
ejemplo, en el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo que
posibilitan la vigilancia ciudadana y la priorización de obras necesarias para
el desarrollo local.
Pero entre la norma y la realidad
se registra una inmensa brecha, que no
se resuelve con discursos sino involucrándose directamente en el respectivo proceso,
para conocer y luego corregir.
En teoría el Plan Regional o Distrital
debería de contener iniciativas de gasto e inversión de las distintas
Provincias, en el primer caso; y en el
segundo, debería de contener “inputs” de los distintos centros poblados y comunidades
(miles), que conforman un distrito.
La primera pregunta es si el Gobierno
Distrital tiene la capacidad en recursos y capital humano para realizar
seriamente una tarea de tal envergadura. La respuesta es obvia, No la tiene, entonces los planes distritales obedecen a la visión y
capacidades de los formuladores que no necesariamente tienen la capacidad
suficiente, ni la intuición para
conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial.
La segunda pregunta surge de suponer
(supuesto negado) que se elaboraran planes distritales incorporando las
iniciativas de las comunidades y centros poblados de un determinado distrito.
Considerando las brechas existentes no se
podrán disponer de recursos presupuestales suficientes, menos aún cuando el 75 por ciento de
los recursos presupuestales financian actividades del Gobierno Central, Y el 25
por ciento restante se distribuye entre 24 Gobiernos Regionales, 198 Gobiernos
provinciales y 1,835 Gobiernos distritales.
Como mínimo, más del sesenta por
ciento de los recursos públicos financian fundamentalmente gasto corriente de
la enorme burocracia, que sigue actuando con procesos y velocidades de hace más
de un cuarto de siglo. Solo basta entrar a un ministerio, organismo público o
municipalidad para constatar esta frustrante realidad.
¿Que si hay excepciones?. Seguro, y se encuentran documentadas. Pero son solo
eso, excepciones.
Lo peor es que los recursos
presupuestales que financien saneamiento, salud, conectividad e infraestructura
de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes con lo
cual se condena a millones de peruanos a seguir viviendo en el atraso y con
severas restricciones.
Reconociendo que el camino por
recorrer para vencer al subdesarrollo es bastante largo, también es cierto que
urge cambiar las prioridades para acercar a amplios sectores de la población a
oportunidades y mecanismos de mercado.
Volvamos al tema de la formulación del
Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo. Es una lástima que en la mayoría de los casos
son ejercicios en los cuales la participación ciudadana es absolutamente
marginal, consecuencia del enorme
desinterés de nuestra parte de involucrarnos en auténticos procesos de
Vigilancia Ciudadana.
Se aprueban los planes y presupuestos
en reuniones en las cuales además de los funcionarios públicos se encuentran
algunos asistentes que han sido “convocados”, “llevados” “trasladados” solo
para que firmen y validen un instrumento. Y los diferentes estudios y monografías
sobre dinero del fisco nos revelan que
cuando se trata de obras, éstas ya habrían sido las “conversadas” de manera
previa entre constructores y autoridades locales. Se cumple con la ley, pero en
la realidad se convalidan los arreglos previos.
Lo peor vendría después. Luego de
aprobados los presupuestos anuales para los gobiernos subnacionales para la
ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo
dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor
los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al
perfil y experiencia de a quien se pretendería favorecer.
Esta observación que se comenta en diferentes ámbitos sociales y económicos se
encuentra como constante en los informes de la Contraloría tanto en sus
exámenes especiales a las diversas
entidades públicas no solo de los Gobiernos Subnacionales sino también de las
numerosas dependencias del Gobierno Central.
¿Cómo se eliminan prácticas tan
perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con
normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por
resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer? Este es el
enorme Reto que tiene la nueva
administración de Gobierno: combatir y erradicar la corrupción como práctica permanente
desde la cual una administración se se
sirve desde la función pública.
A pesar de esta dramática realidad, aún
tenemos esperanza de que si es posible construir un país más justo para el cien
por ciento de sus ciudadanos. El nuevo Gobierno tiene esta oportunidad, debe actuar
de inmediato, con señales claras y ejemplares.
22 de octubre
2016
Marco Castillo Torres, Economista, Consultor Internacional.Ex- Gerente General de la Corporación Financiera de Desarrollo y promotor de instituciones de apoyo para la pequeña y mediana empresa.
