Papel de Arbol

domingo, 5 de junio de 2016

Los riesgos de militarizar la respuesta a la inseguridad en América Latina

Jorge Zavaleta Alegre, comenta la insegeridad en latinomericanam en el Diario16  de Madrid/corresponsal en Lima y Washington


marching boots
Hace pocos días, un artículo destacó los avances en la lucha contra la violencia y la inseguridad en Honduras, país donde la tasa de homicidios ha bajado de 68 a 59,5 por cada 100.000 habitantes entre 2014 y 2015, según información del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Parte del éxito en la reducción de los homicidios es atribuido al involucramiento de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad pública.

En México durante la administración de Felipe Calderon, también se autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y crimen organizado que azotan el país. Los resultados no fueron los esperados. Es que el despliegue de militares en tareas policiales puede ser una demostración de voluntad política de ganarle al crimen y la violencia, pero ojo que el remedio está lejos de asegurar una cura para la enfermedad. 
Para muchos ciudadanos de América Latina hartos de la inseguridad el reclamo por una “mano dura” es entendible. Hay poca confianza en las instituciones encargadas de proveer seguridad y hacer cumplir la ley.En muchos países los ciudadanos confían más en las FF. AA que en las policías, incluso en lugares que sufrieron de los regímenes autoritarios de los 70 y 80. A la pregunta sobre si las fuerzas armadas deberían participar en la lucha contra el crimen y la violencia, un 71,5% de la población de América Latina respondió de manera positiva en 2014. Y algunos gobiernos han hecho eco de este llamado y han sacado los militares a las calles.
Lo que hasta hace un par de años era una excepciónhoy se está convirtiendo en una peligrosa tendencia. Un estudio realizado por la Junta Interamericana de Defensa encontró que en todos los países de la región que tienen fuerzas armadas (con la excepción de Costa Rica, Panamá y algunos países del Caribe), los militares tienen algún tipo de participación en tareas de seguridad ciudadana, ya sea de forma permanente o en tiempos de excepción. En México y Centroamérica,  además, los presupuestos de defensa han aumentado a la par de los presupuestos de seguridad (Solmirano, 2013).  En un próximo blog examinaremos este tema  en mayor detalle.
¿Por qué ha ocurrido esto?
Parte de la respuesta está en el contexto mismo que vive América Latina estos días. La violencia, el crimen, y la inseguridad figuran desde hace varios años como una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos. En un blog anterior, ya hemos discutido las razones por las que el crimen y la inseguridad en América Latina son una anomalía.
militares a la calle
También es cierto que las mismas instituciones responsables de proveer seguridad –las fuerzas policiales- se han visto desbordadas en sus funciones ya sea por falta de entrenamiento, de equipamiento, de  recursos, o una combinación. Como sediscutió en otro blog, otra razón es que estas mismas instituciones –policía y justicia- no han sido capaces de adaptarse a la realidad que experimenta la región. No podemos obviar que a esto se le suma el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, lo que en algunos países ha socavado la legitimidad de la policía y del sistema de justicia. Entonces la opción cortoplacista ha sido la militarización de la seguridad.

Pero esta militarización conlleva al menos 3 riesgos.
El primero está relacionado con el abuso de derechos humanos. El involucramiento de las FF.AA en la seguridad de América Latina ha aumentado las acusaciones por abusos y violaciones de derechos humanos. En México, por ejemplo, la organización Human Rights Watchreportó casos de tortura, violación, y asesinatos cometidos por parte de las fuerzas militares, citando que en la primera mitad del 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recibido más de 1.100 quejas sobre violaciones de derechos humanos. La ONU también ha advertido que la militarización en Guatemala no ha llevado a mejoras visibles en la seguridad.
El segundo está relacionado con la gobernabilidad democrática. Si bien los países en la región han avanzado considerablemente en la consolidación de sus regímenes democráticos, una mayor intervención militar en asuntos de seguridad abre la puerta a mayores intentos de politización y autonomía de las FF.AA. Por otro lado, hay Ministerios de Seguridad dirigidos por militares o ex militares, en vez de civiles. Como señala la experta Rut Diamint (2015), el desafío de “pedirle” apoyo a las fuerzas armadas para combatir el crimen es que los favores se pagan.

El tercero es que se puedan revertir los progresos que se han logrado en seguridad ciudadana.  Pese a los altos niveles de violencia en América Latina, muchos gobiernos han tratado de responder a este enorme desafío con una mezcla de recetas que han incluido reformas policiales, reformas penitenciarias, promoción de programas de prevención para jóvenes en riesgo, y programas de rehabilitación y reinserción, entre otros. Sacar a los militares a las calles se condice con un enfoque preventivo y orientado a brindarle oportunidades a las poblaciones más vulnerables que sufren la violencia.
El BID ha sido un actor clave en apoyar a los gobiernos en estas reformas tanto a través de sus operaciones como en la generación de evidencia empírica sobre las políticas que tienen mayor posibilidad de beneficiar a la población en la prevención y reducción de la violencia. Brindarles una mayor profesionalización a los cuadros policiales, proveerles con mejor tecnología para detectar y analizar la información del crimen, y mejor equipamiento e infraestructura, son algunas de las maneras de fortalecer la función policial y mejorar la confianza ciudadana en la policía.  El BID esta trabajando con los países de la región en esta dirección, apoyando el trabajo policial en EcuadorHonduras y Uruguay, entre otros. Es a través del apoyo a políticas efectivas que se podrá traer mayor estabilidad y seguridad a la región. No a través de más tanques.
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PERU: GANO EL KAMBIO


Aborrece la dictadura, su candidata de  Fuerza popular  debe ser enjuiciada por vínculos con narcos.
Jorge Zavaleta Alegre
Diario16 Madrid/Lima/Washington DC

El candidato Pedro Pablo Kuczynski, del partido  “Peruanos por el Kambio” -PPK, ganó las elecciones del domingo 5 de junio para gobernar el Perú por cinco años,  según coinciden los resultados de boca de urna y  conteo rápido de las encuestadoras  de mayor prestigio,  que incluyen los  votos del exterior.

Sin embargo PPK  pidió esperar el pronunciamiento del Jurado Nacional de  Elecciones que será  este lunes por la noche. Anunció  un gobierno sin enfrentamientos y remarcó que “aborrece la dictadura”. Parecida actitud conciliatoria expresó la candidata del  fujimorismo, pero cuya vinculación con  el narcotráfico debe ser investigada y sancionada, y la  estrecha diferencia de votos, la limita  inclusive ser aceptada  su autoridad e insinuar fraude.

El triunfo de PPK, se explica, por el respaldo de la  izquierda a través del Frente Amplio, la evidencia del vínculo del fujimorismo con  narcotráfico en la candidatura de Fuerza Popular,  la gran movilización  popular en favor de la  democracia y la manipulación de audios del candidato a la  vicepresidencia del fujimorismo, entre otros elementos negativos y concurrentes.

El resultado electoral,  es  registrado por el recuento de boca de urna de la encuestadoras GFK e Ipsos Apoyo, que indican que el candidato por Peruanos por el Kambio, obtuvo el 50.5% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori, por Fuerza Popular  el 49.5%. La  diferencia es de 300  mil votos, según  técnicos  en estadística.

El Jurado Nacional de Elecciones, cuando  ratifique estos  resultados, precisará que a partir  del 28 de julio, el ganador asumirá funciones  desde el Palacio de Pizarro, en Lima, previa juramentación en el Palacio Legislativo, que tiene  mayoría opositora de 73 fujimoristas de 130 parlamentarios.

Peruanos para el  Kambio –PPK,  presentó en su campaña un plan de gobierno, que se puede resumir en 10 puntos: "paquetazo tributario" para impulsar formalización. Una Ley que le permita refundar la Policía Nacional. Modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que a su juicio se ha convertido en “un mercado de influencias”.

En el sector económico, aumentará el sueldo mínimo a S/.850 ($270). Eliminará  trámites que dificultan la inversión y el desarrollo.

Otorgará incentivos tributarios a la pequeña y mediana empresa y reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 15%.

“El primer año caerá el ingreso del IGV S/.2.000 millones. Pero al segundo año los 600 mil que pagan IGV regularmente serán 800 mil y al tercer año 900 mil”, considera  la iniciativa de reducción de impuestos.

Pedro Pablo Kuscynski, además, plantea la modificación de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, a fin de “incrementar el presupuesto destinado para las obras de infraestructura”.

Otras medidas que impulsará PPK incluyen la creación de un seguro de desempleo y el lanzamiento del ministerio de apoyo a las regionales. Y la ley de igualdad de salarios para el hombre y la mujer, que tengan la misma función, proyecto defendido por  su candidata a la  vicepresidencia, la economista Mercedes Aráoz.

EL  FRENTE AMPLIO

El ganador PPK  cuenta con el  respaldo crítico  del  Frente  Amplio, que lidera Verónica  Mendoza, quien en la primera  vuelta electoral ocupó  el  tercer lugar, obteniendo  20 curules en el  Legislativo.

En octubre del 2015, Verónika Mendoza, congresista del Cusco, psicóloga de profesión,  candidata a la Presidencia de la República dio a conocer sus principales propuestas de Gobierno. Quiere  reglas claras y que el Estado funcione en beneficio de los ciudadanos. Condenó las traiciones por las que, por ejemplo, el Presidente de la República Ollanta Humala, se va quedando cada vez más solo en el Gobierno.

 La actual pareja presidencial estaría preparando  su huida del país acusado de compromisos ilegales en proyectos de inversión, como  el  gasoducto del sur con Odebrechet, un contrato por 7 mil millones  de dólares, el doble del que  fue propuesto  tres años atrás  al propio Humala.

El Frente Amplio  suma un apoyo vigilante y sigue proponiendo: 1.-Una nueva Constitución,  fruto del debate, del consenso, que represente a la gente. No se puede limitar al Estado a un rol subsidiario y que no pueda participar en sectores de la economía. 2.- Un Estado fuerte y moderno. 3.- Garantizar el respeto a los derechos ciudadanos. 4.- Un transporte con reglas claras. 5.- Una minería que respete el medio ambiente. El 70% de los trabajadores mineros están tercerizados.  6.- Ordenamiento territorial. 7.- Un Estado laico,  es decir, libertad religiosa. El Estado tiene que garantizar neutralidad.

NUNCA MAS FUJIMORI
El Frente  Amplio, remarca que una elección  para cogobernar  con el pueblo no es para robar sino para  cumplir lo que defendieron en campaña.
Documentos del FA explican que las grandes mentiras  del  fujimorismo se  pueden identificar desde la falsa promesa “Honradez, tecnología y trabajo”.  Pero en la década  del noventa despidió más de 600 mil trabajadores de las Empresas  del Estado. Vendió 228 empresas del Estado a precios chatarra.

El total de esa  venta llegó a US$9, 200,000.00. Cuando Fujimorí  se  fugó del Perú en el año 2000 y había desaparecido toda esa  suma  de  dinero, que fue repartida  entre empresarios, congresistas,  militares, la prensa. 

Fujimori  huye,  como todo ladrón a escondidas. En silencio y sin informar al Congreso, se escapa en avión presidencial con destino a los emiratos árabes a la Cumbre de la APEC y las  valijas de dólares  terminan  en Japón el  17 de noviembre de ese año , donde anuncia  su renuncia por  fax dos días después.

Dio concesiones  mineras previo pago y contratos  favorables. Fujimori y Montesinos hicieron terrorismo en la  ciudad.  Mandó esterilizar a más de  800 mil mujeres para “controlar” la natalidad.

Junto con su ministro  Carlos Boloña (1990-93) promovió las  AFPs, obligando a pasar de la Oficina Nacional de Pensiones -ONP a todos los  trabajadores. Dio amplias facilidades para incorporar técnicos de  Chile para manejar la  Sunat,  Indecopi, Registros Públicos,  Jueces, Notarios, Abogados, funcionarios, etc.

Los  hijos de  Fujimori estudiaron en los  EEUU  con dinero del  Estado peruano, canalizado subrepticiamente  por  el  asesor  Montesinos, también condenado  a 25 años de prisión.

Fujimori regresó de Japón al Perú,  vía Chile,  considerando que lo peruanos habían olvidado  los delitos  cometidos. Después, juzgado en Lima, cumple condena carcelaria.

Y su hija  Keiko, revive el  “programa”  de  su padre, financiando  su millonaria  campaña  con  dinero de  carteles del narcotráfico, incluyendo  su candidato de su fórmula presidencial, investigado por la  DEA y por haber financiado la campaña de Fuerza Popular con US$ 15 millones de origen ilícito, delito que implicará o  debe implicar  un juicio público contra esta esta candidata  y su hermano Keny, también investigado por vínculos  con narcos, al haber  encontrado en los depósitos  de su empresa  decenas de kilos de cocaína.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Natural de Lima, tiene 77 años de edad, nació el 3 de octubre de 1938. Es economista y político. Se ha desempeñado como ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno no consecutivo de Fernando Belaúnde Terry, así como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique.

Fue candidato a la presidencia de la República del Perú en las elecciones generales del 2011, quedando en tercer lugar en la primera vuelta, por debajo de Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

Como candidato único en las elecciones internas del partido político Peruanos Por el Kambio (PPK), en abril de 2015,  anunció su candidatura oficial para la presidencia del año 2016, logrando pasar a la segunda vuelta, después de los comicios de 10 de abril de 2016.

Es hijo de dos inmigrantes. Su padre, Maxime Kuczynski, fue un médico alemán de ascendencia judío-polaca, pionero en el tratamiento de enfermedades tropicales, que se instaló junto a su familia en la Amazonia peruana desde mediados de la década de 1930.

Recuerda que allí, se desempeñó como director del Leprosario de San Pablo, razón por la cual vivió parte de su infancia en Iquitos. Posteriormente, su padre fue nombrado jefe de Salud Pública del Ministerio de Salud del gobierno peruano.

Su madre, Madeleine Godard, fue una maestra franco-suiza,  que lo introdujo en las artes y la música. Por lado materno, es primo de Jean-Luc Godard, cineasta suizo-francés creador de la Nueva Ola o nouvelle vague.

Al finalizar su educación escolar, ingresó al conservatorio de Suiza y en Inglaterra estudió composición, piano y flauta en el Royal College of Music. Estudió filosofía, economía y política en el Exeter College de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y se licenció en 1959. Después, en 1961, realizó una maestría en economía en la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.

Con Jane Dudley Casey, hija de Joseph Edward Casey, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Massachusetts. Tuvo tres hijos, entre ellos la periodista Alex Kuczynski. Pedro Pablo y su esposa se separaron en 1992 y se divorciaron en 1995. Se casó en segundas nupcias con Nancy Ann Lange, prima de la actriz Jessica Lange, ganadora de dos premios Oscar, con quien tiene una hija.

Ha trabajado para el sector privado en diversas partes del mundo. En el sector minero en África Occidental e incursionó en el sector industrial. Fue miembro del directorio de diversas empresas de Taiwán, Boston, Southern Peru Copper Corporation.

A su retorno al Perú en 1966 apoyó al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, como asesor económico. Fue nombrado gerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).Tras el golpe de Estado del General  Juan Velasco,  al presidente Belaúnde, el 3 de octubre de 1968, los gerentes del BCRP Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, Richard Webb Duarte y Pedro Pablo Kuczynski fueron acusados por los militares de desembolsar 115 millones de dólares actuales en favor de la International Petroleum Company, motivo por el cual se vio obligado a refugiarse en Estados Unidos.

En 1980, Kuczynski volvió al Perú y colaboró en la campaña electoral de Fernando Belaúnde, quien al asumir su segundo mandato no consecutivo, lo nombró Ministro de Energía y Minas.  Como ministro impulsó la ley Nº 23231, que fomentaba la explotación energética y petrolera; sin embargo, la denominada Ley Kuczynski no estuvo exenta de polémica por las exoneraciones tributarias que concedía a las empresas petroleras extranjeras. En diciembre de 1985 fue derogada.

Durante la campaña presidencial de Alejandro Toledo Manrique trabajó como jefe de plan de gobierno; tras el triunfo de este, fue designado ministro de Economía y Finanzas. Como tal, realizó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para ayudar a cumplir las metas en política económica trazadas por el gobierno

En las Elecciones generales del Perú de 2011, Kuczynski postuló a la presidencia al frente de la Alianza por el Gran Cambio, conformada por el Partido Popular Cristiano, el Partido Humanista Peruano, el partido Restauración Nacional y el partido Alianza para el Progreso. Ocupó el tercer lugar en la mayor votación. Sus oponentes Ollanta Humala y Keiko Fujimori pasaron a la segunda vuelta electoral el 5 de junio 2011, en la que Ollanta fue elegido presidente del país.


AGUA LIMPIA
PPK fundó una ONG "Agua Limpia", destinada a apoyar a los gobiernos de zonas rurales para financiar proyectos de agua potable y alcantarillado, como también educar a la población sobre los beneficios, buen uso, el costo y saneamiento del agua potable. El proyecto ha sido implementado en varias comunidades. Este  5 de junio estas regiones le expresaron su mayor respaldo.

En suma, el neoliberalismo continúa en el Perú, a la espera de una mayor presión de la izquierda para  reforzar la Marea Rosada que en América Latina muestra algunas señales  de cambios sociales y búsqueda de mejores oportunidades para este aún joven continente.