Europol reconoce en el informe,’From Suspicion to Action-Converting financial intelligence into greater operational impact’, que la red internacional para luchar contra el blanqueo de capitales no funciona, ya que, entre otros problemas, su principal función, que es la de compartir y denunciar sospechosos flujos de capitales por parte del sistema financiero, industria del juego y otros, además de los llamados sujetos obligados, abogados, notarios, etcétera, a las Unidades de Inteligencia Financiera, no se maneja eficazmente debido a la ingente cantidad de avisos que se producen.
Por parte española es el Sepblac la unidad de inteligencia financiera correspondiente. Dice Europol que en la Unión Europea el conjunto de estas unidades de inteligencia recibe anualmente más de un millón de transacciones sospechosas, pero su experiencia le dice que sólo en alrededor de un 10% de todas ellas se dan pasos de indagación o investigación más profunda por parte de las autoridades competentes. Más grave aún, Europol estima que apenas se confisca un 1% del dinero delictivo.
El 65% de las sospechas provienen de dos países, Reino Unido, donde la City es la mayor lavadora de dinero negro, y Holanda. El liderazgo en criminalidad de Londres es un patrón que se repite también en España. El Sepblac recibió el mayor número de solicitudes de información por parte de Reino Unido, concretamente 147, seguido de Países Bajos, con 59 y Luxemburgo (44). En sentido contrario, también España requirió el mayor número de peticiones de información por sospechas a Londres, en 16 ocasiones, seguido de Suiza y Andorra. Estos dos últimos países, legendarios para el lavado de capitales españoles.
El Sepblac se encarga de la elaboración de información de inteligencia para que pueda ser explotada por las autoridades. España no se muestra muy activa en este campo, ya que el número de asuntos originados por comunicaciones de operaciones indiciarias de criminalidad, que se analizaron y culminaron en 2015, última memoria disponible, fue de 4.607. En este número se tienen en cuenta también asuntos cerrados ese año pero iniciados un año antes. Desde el año 2006, las informaciones de sospecha provenientes de España no representan siquiera el 1% del total.