Papel de Arbol

lunes, 6 de marzo de 2017

La desigualdad, el mayor desafío de América Latina


Jorge  Zavaleta Alegre
La desigualdad plantea un desafío crítico para los gobiernos,  más aún cuando las cúpulas administrativas en lugar de fiscalizar los escasos recursos, son parte de una tenebrosa maquinaria que eleva costos para beneficiar  a grupos de poder.

En este enmarañado universo, sobrevive un conjunto de instituciones que sigue conservando  su prestigio por la seriedad de sus investigaciones. Por ejemplo, la Encuesta OCDE-BID del 2017  revela “Datos de Gobierno Abierto  de  América Latina”   que representan de forma ordinal y cualitativa la información sobre los aspectos clave de las administraciones públicas, respecto a las investigaciones de años anteriores.

Un resumen de la  encuesta,   con datos que están abiertos  al público, revela que  las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. “No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos”.

Los gobiernos desempeñan un papel importante, no sólo a través de impuestos y transferencias, sino también mediante el diseño y prácticas  de políticas públicas que consideren las desigualdades en la distribución del ingreso y otras implicaciones que afectan el bienestar de las personas.

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años como consecuencia de reformas estructurales que redujeron de manera transitoria el  tamaño  del  Estado.

Para sostener estos logros en un entorno global desafiante, los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.

Esto requerirá de evidencia de alta calidad, oportuna y comparable a nivel internacional que informe la formulación de políticas e intervenciones y permite establecer puntos de referencia, coinciden sus principales técnicos.

La encuesta que comentamos trae algunas conclusiones principales. El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de ALC que en los países de la  OCDE. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5% en los países de la OCDE.

Sin embargo, la diferencia está disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4.7 puntos porcentuales en la región de ALC, en comparación con un aumento del 2.5 p.p. en la OCDE.

En 2014, los gobiernos de ALC gastaron alrededor del 8.7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que esta cifra fue del 16.9% en el área de la OCDE.

A su vez, para el mismo año los países de ALC emplearon menos personas como porcentaje del empleo total (12.4% en ALC y el 21.6% en los países de la OCDE). En 2014 la inversión del gobierno  como porcentaje del PIB alcanzó el 2.6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3.2% en la OCDE.

La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución del ingreso en ALC que en  países OCDE en promedio. El sistema de impuestos y beneficios resulta en una brecha entre el  ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2.8 puntos porcentuales en promedio en ALC, a diferencia de 17.8 puntos porcentuales en los países de la OCDE.

Esto sucede debido a la combinación de un esquema de impuestos directos menos progresivos. Mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos. Una proliferación de beneficios  fiscales. Y subsidios en varios sectores (por ejemplo, energía) que están mal focalizados y con frecuencia benefician a los más ricos. El potencial distributivo de la intervención gubernamental es, sin embargo, mucho más fuerte cuando se considera el gasto social en especie.

Los sistemas de salud en la región de ALC están altamente fragmentados en términos de prestación de servicios y financiación. La mayoría de los países tienen varios esquemas coexistentes.

Estos índices pueden ser mal interpretados debido a la falta de transparencia en relación a la forma en que estos indicadores son generados y la consecuente dificultad para reflejar lo que están midiendo en realidad.

La segunda edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017, proporciona datos internacionales comparables sobre las actividades del gobierno y sus resultados en la región de ALC.  Los 45 indicadores abarcan aspectos clave de la gestión pública, incluyendo las finanzas públicas y la economía, el empleo público, el papel y la influencia del centro de gobierno, la política y la gobernanza regulatoria, el gobierno abierto y digital y la contratación pública.

Esta investigación ha sido coordinada por Zsuzsanna Lonti (OCDE) y Carlos Pimenta (BID), con la dirección de  Rolf Alter (OCDE), Luiz de Mello (OCDE), Edwin Lau (OCDE), Vicente Fretes (BID) y Gustavo García (BID). Fue redactada por María Verónica Cetrola (BID), Santiago González (OCDE) y Alessandro Lupi (OCDE). Se recibieron importantes contribuciones de  técnicos de cada país y del equipo de producción.

En comparación con la edición anterior de Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe, la cual pone un énfasis especial en la gestión financiera pública, este segundo informe abarca países adicionales, así como una gama más amplia de áreas de gestión pública, entre ellas: el impacto redistributivo de la política fiscal; el papel y la influencia del centro de gobierno; políticas de gobierno abierto y datos abiertos; gobierno digital; gobernanza regulatoria; análisis costo beneficio en la evaluación de proyectos de inversión pública; y presupuestos en sistemas de salud.

Sin embargo, estas transferencias no son suficientes y, para seguir mejorando la redistribución de los ingresos, es necesario monitorear mejor la calidad general del gasto público, reforzar el diseño de los sistemas de protección social y mejorar la incidencia de los gastos específicos en algunos sectores.

La deuda del gobierno representa las obligaciones financieras pendientes de los gobiernos que nacen de la necesidad de financiar los déficits mediante préstamos.


Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las tasas de interés pueden tener un fuerte efecto en la deuda pública cuando tiene un componente importante de moneda extranjera, lo cual crea vulnerabilidad externa. En los últimos años algunos países como Chile, Colombia y México introdujeron reglas fiscales y fondos de estabilización que, junto con una recomposición de deuda externa a deuda interna y una política fiscal prudente han dado como resultado mejores condiciones para acceder a los mercados de deuda.

OCDE Y ALC
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.


La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio  es una organización supranacional del ámbito latinoamericano creada en virtud del Tratado de Montevideo, firmado en 1960 y que entró en vigor el 2 de junio de 1961. Los estados firmantes del mismo, y primeros integrantes de la ALALC, fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

MILAN, BOLIVAR Y SU PROPUESTA CONTRA LA CORRUPCIÓN Por Jorge Zavaleta Alegre





El médico peruano José Kanshepolsky nos ofrece una copia del Decreto de Bolivar sobre la Pena Capital contra la corrupción. Sin duda indignado por lo que sucede en su país de origen. En lo que va del presente siglo Tres Presidentes de la República – Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala– son acusados, con múltiples pruebas, de corrupción en el uso delictivo de los recursos públicos.

Además JK, como científico y promotor de la criogenia (ciencia que va demostrando que la vida está aún en otra parte), plantea un nuevo y necesario debate. El Papa Francisco y múltiples constituciones de países democráticos consideran la pena de muerte como extemporánea y de consecuencias fallidas.

La Historia se repite, pero no olvida. Por ejemplo la traición de Prado, que en plena guerra del Pacífico, fugó de Lima con fondos públicos destinados a la compra de embarcaciones para defender sus fronteras en el Pacífico. Sin embargo, un gran sector de la sociedad sigue considerando que el latrocinio es condenado, según el color de la piel.

El 2 de enero de 1824, el Señor General Simón Bolívar, Dictador plenipotenciario del Perú y Presidente de Colombia decreta la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan “malversado o tomado para sí” parte de los fondos de la nación, medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción en la entonces Gran Colombia.


A continuación el Decreto emitido por el Libertador desde el Palacio Dictatorial de Lima.

Teniendo Presente:
1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y
Decreto:
Artículo 1°–Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.

Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.

Artículo 3°–Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1°.

Artículo 4°–Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos.

Imprímase, publíquese y circúlese.

Palacio Dictatorial de Lima, a 12 de enero de 1824– 4° de la República.
Por orden de S. E.,
SIMON BOLIVAR
Decretos del Libertador. Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Tomo I (1813-1825) pag. 283. Imprenta Nacional, Caracas, 1961.

La pena de muerte para los actos de corrupción se mantuvo durante 39 años. Su abolición legal sucedió en 1863, bajo la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón, con el decreto de Garantías, que será recogido en la nueva Constitución de 1864. Desde esta fecha, la prohibición de la pena de muerte ha estado inscrita en todas las constituciones de la República, siendo Venezuela el primer Estado abolicionista de la pena capital en el mundo.

LA POSICION DE LA IGLESIA. El 23 de octubre del2014, el Papa Francisco pide abolir la pena de muerte.

Voces humanistas consideran que la pena capital no ha producido los efectos que la sociedad ha imaginado. Pero si gran parte del mundo participa de la prisión perpetua.

ACERCA DEL AUTOR

Jorge Zavaleta Alegre, es Periodista, Licenciado en Ciencias Sociales y Filosofía. Co-fundador de Gestión, primer diario de economía y negocios del Perú. Oficial de prensa del BID, autor de cinco libros sobre América Latina y ahora, Corresponsal de El Mercurio, desde Washington DC.