Papel de Arbol

martes, 25 de octubre de 2016

¿Presupuestos Participativos para Gobiernos Subnacionales? por Marco Castillo Torres


Marco Castillo Torres
Para Papel de Árbol

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas poseemos una normativa bastante precisa para los Gobiernos Subnacionales que debieran permitir buenas prácticas de gestión. Pero  no solo son necesarias más normas sino volcar esfuerzos para acabar con esta disfunción ciudadana tan encarnada en nuestra  vida republicana.


La formulación del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, lastimosamente en la mayoría de los casos son ejercicios en los cuales la participación ciudadana es absolutamente marginal.  Esta es una de las causas  que genera un  enorme desinterés de la sociedad para  involucrarse en auténticos procesos de Vigilancia Ciudadana.

Esta observación se puede detectar, por ejemplo, en el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo que posibilitan la vigilancia ciudadana y la priorización de obras necesarias para el desarrollo local.  

Pero entre la norma y la realidad se  registra una inmensa brecha, que no se resuelve con discursos sino involucrándose directamente en el respectivo proceso, para conocer y luego corregir.

En teoría el Plan Regional o Distrital debería de contener iniciativas de gasto e inversión de las distintas Provincias,  en el primer caso; y en el segundo, debería de contener “inputs” de los distintos centros poblados y comunidades (miles), que conforman un distrito.

La primera pregunta es si el Gobierno Distrital tiene la capacidad en recursos y capital humano para realizar seriamente una tarea de tal envergadura.  La respuesta es obvia, No la tiene, entonces los planes distritales obedecen a la visión y capacidades de los formuladores que no necesariamente tienen la capacidad suficiente, ni la intuición  para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial.

La segunda pregunta surge de suponer (supuesto negado) que se elaboraran planes distritales incorporando las iniciativas de las comunidades y centros poblados de un determinado distrito. Considerando las brechas existentes no se podrán disponer de recursos presupuestales suficientes, menos aún cuando el 75 por ciento de los recursos presupuestales financian actividades del Gobierno Central, Y el 25 por ciento restante se distribuye entre 24 Gobiernos Regionales, 198 Gobiernos provinciales y 1,835 Gobiernos distritales.

Como mínimo, más del sesenta por ciento de los recursos públicos financian fundamentalmente gasto corriente de la enorme burocracia, que sigue actuando con procesos y velocidades de hace más de un cuarto de siglo. Solo basta entrar a un ministerio, organismo público o municipalidad para constatar esta frustrante realidad.

¿Que si hay excepciones?.  Seguro,  y se encuentran documentadas. Pero son solo eso, excepciones.

Lo peor es que los recursos presupuestales que financien saneamiento, salud, conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes con lo cual se condena a millones de peruanos a seguir viviendo en el atraso y con severas restricciones.

Reconociendo que el camino por recorrer para vencer al subdesarrollo es bastante largo, también es cierto que urge cambiar las prioridades para acercar a amplios sectores de la población a oportunidades y mecanismos de mercado.

Volvamos al tema de la formulación del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.  Es una lástima que en la mayoría de los casos son ejercicios en los cuales la participación ciudadana es absolutamente marginal, consecuencia  del enorme desinterés de nuestra parte de involucrarnos en auténticos procesos de Vigilancia Ciudadana.

Se aprueban los planes y presupuestos en reuniones en las cuales además de los funcionarios públicos se encuentran algunos asistentes que han sido “convocados”, “llevados” “trasladados” solo para que firmen y validen un instrumento. Y los diferentes estudios y monografías sobre dinero del  fisco nos revelan   que cuando se trata de obras, éstas ya habrían sido las “conversadas” de manera previa entre constructores y autoridades locales. Se cumple con la ley, pero en la realidad se convalidan los arreglos previos.

Lo peor vendría después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para los gobiernos subnacionales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretendería favorecer.

Esta observación que se comenta en  diferentes ámbitos sociales y económicos se encuentra como constante en los informes de la Contraloría tanto en sus exámenes especiales  a las diversas entidades públicas no solo de los Gobiernos Subnacionales sino también de las numerosas dependencias del Gobierno Central.


¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer? Este es el enorme Reto que tiene la nueva administración de Gobierno: combatir y erradicar la corrupción como práctica permanente desde la cual  una administración se se sirve desde la función pública.

A pesar de esta dramática realidad, aún tenemos esperanza de que si es posible construir un país más justo para el cien por ciento de sus ciudadanos. El nuevo Gobierno tiene esta oportunidad, debe actuar de inmediato, con señales claras y ejemplares.


22 de octubre 2016
Marco Castillo Torres, Economista, Consultor Internacional.Ex- Gerente General de la Corporación Financiera de Desarrollo y promotor de instituciones  de  apoyo para la pequeña y mediana empresa.