Por Jan Lust
El
efecto de la Revolución Cubana en los políticos y militares de los Estados
Unidos fue, como en el caso de la izquierda revolucionaria latinoamericana, muy
impactante y, posiblemente, el efecto fue más fuerte. La Revolución Cubana,
como otras grandes revoluciones del siglo pasado, ayudó a que las fuerzas
contrarrevolucionarias pudieran mejorar sus políticas e instrumentos de represión.
En su ‘Discurso en la
conmemoración del 30 de noviembre’ Che Guevara afirma: “Nuestra lucha
victoriosa trajo dos consecuencias: el despertar de los pueblos de América que
vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución,
cómo no estaban cerrados todos los caminos y cómo no era indispensable el
mantenerse constantemente recibiendo los golpes de los explotadores, y cómo
aquel camino podía ser no tan largo como pensaron algunos dirigentes de los
partidos que están llevando la lucha tesoneramente contra las oligarquías y
contra el imperialismo en cada país; y, al mismo tiempo abrimos los ojos del
imperialismo.
El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre
las nuevas Cuba que pudieran existir. Y antes de morir ya Kennedy había dicho
que no admitiría nuevas Cuba en el continente, y lo han reiterado sus sucesores
que, además son lobos de la misma camada, así que no habría por qué pensar que
fueran a tener una filosofía diferente. Pero, además de reiterarlo, han
demostrado sus intenciones de llevar a cabo esa acción, llevarla a cabo no
solamente en América sino en todos los países del mundo en que se creara la
lucha, desarrollara la lucha revolucionaria”.
El
factor sorpresa de un golpe en un lugar inesperado, bajo condiciones políticas
imprevistas y con un método inesperado que fue elemental en la victoria de la Revolución
Cubana, se había ido. Regis Debray, filósofo francés y en los años sesenta un
declarado partidario de la lucha guerrillera, señaló en su ‘América Latina: problemas de estrategia
revolucionaria’: “Cuba ha elevado el nivel de preparación material e
ideológica de la reacción imperialista en menos tiempo que el de las
vanguardias revolucionarias. Si hoy, y en menor plazo, el imperialismo ha
extraído más ventajas de la Revolución Cubana que las fuerzas revolucionarias,
esto no debe -mucho lo
dudamos- a que
posea una superior inteligencia. El imperialismo está en mejores condiciones de
llevar a la práctica más rápidamente las enseñanzas que ha extraído de la
Revolución Cubana, porque dispone de todos los medios materiales de la
violencia organizada, más el influjo nervioso que le presta su instinto de
conservación”.
En este artículo narramos algunos de los principales efectos que han tenido
la Revolución Cubana sobre la política exterior de los Estados Unidos en
relación con América Latina. La sección 1 está dedicada a la Alianza para el
Progreso. En la sección 2 analizamos la
política contraguerrillera norteamericana y en la sección 3 discutimos las
diferentes doctrinas norteamericanas que fueron elaborados en relación con la
amenaza de “una segunda Cuba”. El artículo cierra con una reflexión sobre las
intervenciones norteamericanas y la aceptación de eso por parte de los
gobiernos latinoamericanos.
1. La Alianza para el Progreso
La política de
los Estados Unidos dirigida a evitar “una segunda Cuba” tenía un lado
socioeconómico y un lado militar. La política socioeconómica hacia América
Latina se plasmó en el tratado Alianza para el Progreso. El componente militar
se reflejó en la extensión de la ayuda militar, la creación de unidades de
contraguerrilla e intervenir en los asuntos internos de los países
latinoamericanos. Ambas partes de la política latinoamericana de los Estados
Unidos eran las dos caras de una misma moneda. En los años 1958-1961 la ayuda
militar a América Latina aumentó de 48 a 91 millones de dólares.
La Alianza para el Progreso fue firmado por todos los
países de América Latina, excepto por Cuba, el 17 de agosto de 1961 en Punta
del Este (Uruguay). Los siguientes objetivos de este tratado fueron
identificados: el ingreso nacional per cápita tendría que aumentarse anualmente
con 2.5%, la base económica debería ampliarse, los precios deberían
estabilizarse, la economía tenía que industrializarse, la productividad en el
sector agrícola debería incrementarse, la esperanza promedio de vida debería
aumentar, viviendas de bajo costo tendrían que ser construidas, un mercado
común latinoamericano debería crearse y las transferencias financieras deberían
ser controladas. Con el fin de alcanzar estos objetivos, los Estados Unidos se
obligaban a proveer en diez años un monto de 20 mil millones de dólares.Igualmente, los países de Europa Occidental
y Japón se comprometieron de dar apoyo financiero. La “ayuda” fue por un 90% de
préstamos.
La Alianza para el Progreso fue, por supuesto, criticada
por Cuba. En la ‘Segunda Declaración de La Habana’ se lee: “Los pueblos saben
que en Punta del Este, los cancilleres que expulsaron a Cuba se reunieron para
renunciar a la soberanía nacional; que allí el Gobierno de Estados Unidos fue a
sentar las bases no solo para la agresión a Cuba, sino para intervenir en
cualquier país de América contra el movimiento liberador de los pueblos; que
Estados Unidos prepara a la América Latina un drama sangriento; que las
oligarquías explotadoras, lo mismo que ahora renuncian al principio de la
soberanía, no vacilarán en solicitar la intervención de las tropas yanquis
contra sus propios pueblos, y que con ese fin la delegación norteamericana
propuso un comité de vigilancia contra la subversión en la Junta Interamericana
de Defensa, con facultades ejecutivas, y la adopción de medidas colectivas”.
La Alianza para el Progreso fue un tratado que encajaba
perfectamente en la estrategia global de los Estados Unidos porque no solamente
trataba de eliminar las condiciones objetivas para la revolución y suprimir
movimientos revolucionarios, sino también intentó mantener y profundizar la
hegemonía norteamericana en América Latina ampliando su base política y
extendiendo los mercados para sus productos. La Alianza para el Progreso se
centró en el mantenimiento y la profundización del sistema capitalista a través
de la modernización de la producción y la desaparición gradual de las relaciones
de producción precapitalistas en el campo.
2. La política contraguerrillera
norteamericano
La injerencia
norteamericana en los asuntos internos de América Latina se amplió y fue más
abierta después de la reunión en Punta del Este. En septiembre de 1961, se
crearon los Boinas Verdes, unidades especiales de contraguerrilla del Ejército.
Y en octubre de 1961 se inició en la Argentina, en la Escuela Superior de
Guerra, las primeras capacitaciones en la guerra contrarrevolucionaria
interamericana.
El 18 de enero de 1962, se creó el Grupo Especial de la Contrainsurgencia
con la participación de, entre otros, el procurador general, el jefe de las
Fuerzas Armadas, la CIA, el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa y
el Asistente Especial del presidente para asuntos de seguridad nacional. El
grupo tenía que asegurar que, frente a la guerra de guerrillas, el Ejército y
las agencias norteamericanas que trabajaron en el extranjero como la Agencia
para el Desarrollo Internacional, estarían equipados material y doctrinalmente.
Además, debía coordinar entre las agencias gubernamentales y acelerar la
implementación de las decisiones políticas en el campo de la contrainsurgencia,
e iniciar y supervisar la investigación de nuevas ideas, doctrinas y técnicas para
fines de contrainsurgencia. En el mismo año se fundó en Panamá la Academia
Inter-americana de Policía, controlada por la CIA. Este “centro educativo” se
ocupaba, principalmente, de la capacitación en la contrainsurgencia. La policía
fue considerada como la primera línea de defensa contra los movimientos
insurgentes.
Las actividades de contraguerrilla de los Estados Unidos
se resumen en el Plan Latinoamericano Operación Seguridad. Consistía en cinco
puntos:
1. El
entrenamiento de tropas (oficiales, suboficiales y soldados de América Latina)
en la lucha de contraguerrilla. Uno de estos centros de capacitación estuvo en
Panamá y llegó a ser conocido como la Escuela de las Américas (SOA), con sede
en Fort Gulick. En el 1961, se inició allí el primer curso de
contrainsurgencia. Entre el 1961 y 1964, 16.343 militares latinoamericanos
recibían capacitación en la SOA.
Los cursos cubrían todos los aspectos de
contrainsurgencia, desde temas militares, paramilitares y políticos hasta
tópicos sociológicos y psicológicos. También se enseñaba cómo llevar a cabo
operaciones en la selva. Había cursos de dos a cuarenta semanas.
2. La guerra
psicológica. 3. La derrota
militar de la guerrilla. 4. La derrota
política de la guerrilla.
Eso tenía que ver, por ejemplo, con la detección y el
uso de las diferencias políticas e ideológicas dentro del movimiento
guerrillero o sugerir en la propaganda que las derrotas sufridas por los
guerrilleros fueron errores políticos de la organización combatiente.
5. Dar
instrucciones para la llamada reintegración de las zonas subversivas. Un
elemento esencial para eso era el despliegue de tropas para la Acción Cívica.
Su objetivo era: (a) separar la población de las fuerzas armadas
revolucionarias y (b) dar al ejército la dirección de una determinada área para
la eliminación de cualquier desarrollo revolucionario.
En enero de 1962, Cuba fue expulsada
de la Organización de Estados Americano (OEA). El Gobierno se había declarado
marxista-leninista y eso era incompatible con los “propósitos y principios del
Sistema Interamericano” decía una de las resoluciones adoptadas durante una
reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los estados
miembros de la OEA en Uruguay. También se decidió encargar al consejo de la OEA
establecer un comité compuesto por expertos de diferentes países que a petición
de cada estado miembro individual, tendría que dar consejos de cómo lidiar con
las actividades subversivas y su preparación, por causa de la intervención de
China y la antigua Unión Soviética que amenazan la paz y la seguridad nacional.
Aunque desde marzo de 1960 los Estados Unidos estaban realizando diferentes
intentos para derrocar el gobierno revolucionario de Cuba y con los cuales,
entonces, rompieron con los “principios” de la OEA, no era, por supuesto, un
punto de discusión o de crítica.
En marzo de 1963, los Estados Unidos tomaron una serie de medidas que
deberían reducir la libertad de movimiento de los revolucionarios. En el
Caribe, por ejemplo, se introducía un sistema de vigilancia y los países de
América Central y el Caribe recibían recursos financieros para proteger su
costa. En el caso de América Latina en conjunto, las operaciones de
inteligencia fueron mejoradas con el objetivo de evitar salidas ilegales y
dificultar la entrada al país por grupos u organizaciones con intenciones
revolucionarias, etcétera.
En una reunión de los primeros ministros de los
países centroamericanos en abril de 1963 y en la cual también participó una
delegación norteamericana, se decidió entre otros: “2. Recomendar a sus gobiernos, tomar medidas para impedir el movimiento clandestino de armas a los países del Istmo -países de América Central-, entre
ellos instrucciones específicas
aduaneras para intensificar la inspección de la mercancía
entrante y saliente en los puertos, aeropuertos y
fronteras para evitar el contrabando de armas, establecer medidas
estrictas de seguridad y de responsabilidad con respecto
a las armas y municiones que han sido
proporcionadas a sus fuerzas armadas y las fuerzas del orden.
3. Recomendar a sus gobiernos la adopción y la implementación, lo antes
posible, de medidas efectivas para prevenir actividades de carácter subversivo que pueden ser promovidas por la propaganda de
Castro o agentes en cada uno de
los países de América Central.
4.
Recomendar a los gobiernos de Centroamérica y Panamá para establecer,
tan pronto como sea posible, una organización en cada estado con el único propósito de contrarrestar
la subversión comunista en el
área de América Central y Panamá.
Estas organizaciones serán los
principales responsables de: a. Detectar,
controlar y contrarrestar las
acciones y los objetivos de los
miembros, organizaciones, simpatizantes
y colaboradores del partido comunista. b. Ayuda mutua y
el intercambio de información sobre los
movimientos de personas o grupos, propaganda, fondos y armas para fines subversivos comunistas”. En julio de 1964, los estados
miembros de la OEA fueron ordenados a romper sus relaciones diplomáticas,
comerciales y consulares con Cuba.
3. Los golpes contra gobiernos
democráticos
En marzo de 1964, el presidente de Brasil João Goulart fue una de las primeras
víctimas de la “nueva” política latinoamericana de los Estados Unidos. Igual
como en 1954 con el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, las propuestas del
presidente brasilero para llevar a cabo una reforma agraria no fueron toleradas
por Washington. El 31 de marzo, el general Humberto de Alencar Castello,
apoyado por la CIA, perpetró un golpe de estado. El 4 de noviembre de 1964, el
presidente reformista boliviano Víctor Paz Estensoro fue depuesto por el
general René Barrientos.
El ataque
abierto del imperialismo a gobiernos que querían mejorar las condiciones de
vida de sus pueblos que, para tales efectos, afectaban los intereses de los
capitalistas estadounidenses, y el intento de Washington para aplastar el
movimiento popular antiimperialista, se reflejaron en distintas doctrinas. En
1963, se formuló la llamada doctrina Kennedy. De acuerdo con el presidente de
los Estados Unidos, “los estados americanos deben estar
preparados para acudir en ayuda de
cualquier gobierno que la pida para evitar una toma de poder más vinculada a la política
del comunismo extranjero que a un
deseo interno de cambio. Mi país
está dispuesto a hacer esto.
Nosotros en este hemisferio, también debemos utilizar cada recurso a nuestro alcance para impedir el
establecimiento de otra Cuba en
este hemisferio”.
La doctrina Mann de 1964, que lleva el
nombre del jefe del departamento de asuntos interamericanos en el Departamento
del Estado, Thomas Mann, proporcionaba a los responsables políticos de la Casa
Blanca una orientación política en cuanto a las condiciones reales y los
acontecimientos concretos. Los regímenes dictatoriales deberían ser reconocidos
cuando estos sustituyeron gobiernos “pro-comunistas” y, por lo tanto,
defenderían los intereses norteamericanos. La doctrina continuó la política de
reconocimiento y el aprecio de dictadores en tal medida, que la formalizó como
parte de la política exterior oficial de los Estados Unidos.
En 1953, el
dictador peruano Manuel Odría recibió una alta condecoración militar
norteamericana, la Legion of Merit, y
en 1954 fue el turno del dictador venezolano Marcos Pérez. La doctrina Johnson
de 1965 era un paso más allá de la doctrina que desarrolló Thomas Mann porque
decía que los Estados Unidos tenían que prevenir efectivamente que se estableciera
un régimen “comunista” en el Hemisferio Occidental.
La política
externa de Washington llegó en 1965 a un nuevo clímax, después Guatemala de
1954. Finales de abril de 1965, los Estados Unidos decidieron invadir a la
República Dominicana. Las propuestas económicas del presidente Juan Bosch
perjudicaron los intereses estadounidenses.
El ataque a la República Dominicana puede ser visto como el sello de la
obra imperialista de los Estados Unidos en esos años. Su intervención militar
fue enmascarada por el apoyo que recibieron de casi todos los países de América
Latina. Las decisiones adoptadas en enero de 1962 en la reunión de ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA, parecieron haber sido solamente propaganda. En
una de estas resoluciones se leía que los estados miembros de la OEA “reiteran
su adhesión a los principios de autodeterminación y de no intervención, como
los estándares guía de las relaciones entre
las naciones americanas”.
4. Palabras finales
El apoyo de la
OEA a la intervención en la República Dominicana, mostró, como se lee en la ‘Segunda Declaración de La Habana’, que
este organismo se había convertido realmente en “un ministerio de colonias
yanquis, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de
liberación de los pueblos latinoamericanos”. También dejó en claro que los
gobiernos latinoamericanos predicaban la no intervención cuando los problemas
en un país eran controversias entre facciones de la clase dominante. Sin
embargo, si las estructuras de poder estaban en juego y la lucha de clases se
intensificaba, nadie tenía problemas con una intervención.
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