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| Una denuncia documentada. Ciudadanos buscan Jueces. |
Jorge Zavaleta Alegre
TIME. "La Crisis de la Desigualdad de America Latina y el Caribe en la Encrucijada" es el titulo de un voluminoso documento del banco de propiedad de todos los paises de la Region al cumplir sesenta anos de su fundacion. Sus editores, Matias Busso y Julian Messina, y numerosos profesionales convocados, resumen el aporte con la siguiente frase:
"La desigualdad es obstinadamente alta en América Latina y el Caribe"
Al cierre de setiembre del 2020, a proposito de la renovacion de su V Directorio, el BID, la financiera mas grande que formaron los paises de este continente, con la colaboracion de los EEUU, hace un balance, con la base de datos de la Biblioteca insitucional Felipe Herrera, nombre del ciudadano chileno, primer presidente, en 1959/1970.
Como despedida despues de diez anos. el presidente. el colombiano Luis Alberto Uribe, en extenso prologo explica que las sociedades de América Latina y el Caribe empezaron a practicar el distanciamiento social mucho antes de que la pandemia del coronavirus llegara a poner a prueba su resistencia y a exponer sus vulnerabilidades.
Se trata de un distanciamiento social causado por la extrema desigualdad en la región, que socava la fe de los ciudadanos en el bien común y amplía la brecha entre ricos y pobres.
América Latina y el Caribe es: una de las regiones más desiguales del mundo en materia de ingresos. El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre. El 1% de los más ricos se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado.
Además, las marcadas diferencias en materia de ingresos representan apenas una de las diversas formas de desigualdad que socavan la cohesión social y el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo.
El género, la raza y la etnicidad, al igual que los ingresos, son poderosos determinantes del acceso a la atención de la salud, la educación, el empleo y el sistema legal. Las desigualdades comienzan temprano en la vida y se hacen más grandes durante la infancia y la adolescencia, dando a los niños de distintos orígenes oportunidades diferentes para crecer y desarrollarse.
Los pobres y las clases medias bajas viven en vecindarios diferentes, asisten a escuelas diferentes y visitan clínicas diferentes. Es mucho más probable que quienes pertenecen a estos grupos sean víctimas de delitos violentos que aquellos que pertenecen a la clase alta y que estén mucho más expuestos a los efectos destructivos del cambio climático, a la vez que tienen menos herramientas para hacer frente a las consecuencias de estos dos fenómenos.
En materia de educación, los niños de las familias más ricas tienden a estar mejor preparados para ingresar a la escuela que los de las familias pobres. Al comenzar la escuela, los niños de niveles socioeconómicos altos tienen un desempeño sustancialmente mejor que sus pares más pobres en el desarrollo socioemocional, cognitivo y lingüístico.
Estas disparidades se amplían con el tiempo, y cuando los jóvenes llegan al mercado laboral, sus efectos se hacen muy evidentes. Las personas mejor preparadas tienen la primera opción para elegir los empleos de alta calidad en el relativamente pequeño sector formal de la región, mientras que las menos preparadas, que proceden, en forma desproporcionada, de las clases más pobres, probablemente pasarán el resto de su vida trabajando en el sector informal.
El empleo formal da acceso a redes de seguridad, como las pensiones contributivas y, en algunos países, el seguro de desempleo. Por el contrario, la mayoría de los trabajadores del 40% de la parte inferior de la distribución de ingresos tienen trabajos informales que carecen de redes de seguridad.
Las desigualdades horizontales también son muy grandes. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la región se han reducido en las últimas décadas, no obstante, las mujeres siguen ganando en promedio un 13% menos que los hombres.
Además, es menos probable encontrarlas en trabajos mejor remunerados y en ocupaciones de prestigio social. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes también siguen estando en desventaja. Pocas regiones del mundo son más multiétnicas y multiculturales que América Latina y el Caribe, donde los afrodescendientes constituyen cerca del 25% de la población y los indígenas, el 8%.
Pero estos dos grupos, en toda la región, tienen muchas más probabilidades de ser pobres. En el ámbito de la atención de la salud, la región ha logrado notables avances en la ampliación del acceso, especialmente mediante la expansión de los servicios de atención primaria en las zonas periurbanas y rurales.
Sin embargo, las diferencias socioeconómicas en el acceso a la atención de la salud siguen siendo grandes: entre 2010 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años de madres con mayor nivel de educación fue la mitad de aquella de los niños de madres con menor nivel de educación.
En este contexto de desigualdades estructurales, la crisis de la COVID-19 se ha desarrollado a un ritmo sin precedentes y con repercusiones distributivas. Inmediatamente después de que la pandemia golpeara la región, la mayoría de los gobiernos impusieron estrictas medidas de XXV confinamiento que impidieron a las personas trabajar fuera de casa.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe son ocho veces menos eficaces que los países más desarrollados en la reducción de la desigualdad a través de los impuestos y el gasto público.
Las políticas redistributivas de los países de la región reducen la desigualdad en menos de un 5%, mientras que el mundo industrializado lo hace en un 38%. La incapacidad de redistribuir se puede resumir en pocas palabras: pensiones, gasto social y política fiscal fallida. Debido a la prevalencia del empleo informal en América Latina y el Caribe, millones de personas no reciben pensiones.
La reducción de la desigualdad puede aumentar la cohesión social. La desigualdad despierta emociones negativas y suele deteriorar el tejido social. Cabe destacar que las percepciones de la desigualdad parecen ser incluso más generalizadas que las desigualdades reales. Y los cambios en las percepciones, a veces alimentados por la mala información, parecen, al menos en parte, subyacer a la gran disminución de la confianza que están experimentando la mayoría de los países.
Tanto la capacidad gubernamental como la confianza son útiles no solo para luchar contra las pandemias que imponen diferentes iveles de riesgo a la población, sino también en muchos otros ámbitos de las políticas en los que la conducta individual implica fuertes externalidades negativas como las vacunas, el reciclaje, el procesamiento de basuras y las emisiones de carbono.
En todos los casos, un nivel más alto de confianza interpersonal aumentaría la efectividad de cualquier política patrocinada por el gobierno y reduciría los costos de vigilancia. En los países de la región, donde la capacidad gubernamental es escasa, aumentar la confianza interpersonal debería ser una prioridad.
Después de varias crisis económicas en los años noventa, sobre todo en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay, en el siglo XXI se dieron unas condiciones externas favorables que, junto a unas reformas estructurales impulsadas en numerosos países, trajeron la estabilidad macroeconómica.
La desigualdad disminuyó en toda la región, pero a ritmos diferentes en diferentes lugares. Después de 2012 el coeficiente de Gini disminuyó en algunos países (por ejemplo, Bolivia, El Salvador, Panamá), mientras que en otros se produjo un estancamiento (por ejemplo, Argentina, Chile, Ecuador, Perú) y en otros la desigualdad aumentó (por ejemplo, Brasil y Paraguay).
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