Un Escritor y un Economista, ambos
peruanos, piensan como Luis Borges: ”Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo”
Jorge
Zavaleta Alegre Madrid - Especial para C16 Madrid-Sto Domingo.
Mario Vargas Llosa en su novela
El héroe discreto, retorna a su país para entregarnos las historias paralelas de
dos empresarios que tratan de relacionarse entre si: Felícito Yanaqué, en Piura, construye su empresa de Trasportes Narihualá y al ser amenazado por extorsionadores, prefiere enfrentarse con valentía, publica un aviso en un diario local, y
encarga el problema a la policía y la justicia.
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| MVLL, foto Limagris, cortesia La Mula |
En la
segunda historia, el protagoniza Ismael Carrera, es dueño de una aseguradora en
Lima, culto y viudo, contrae segundas nupcias con su cocinera
Armida, libra batalla contra 'hienas', sus dos hijos holgazanes (Miki y
Escobita), que solo esperan su muerte y
pretenden arrancarle sus bienes.
El trasfondo
de El
héroe discreto, la primera
novela que publica MVLL después de recibir el Nobel de Literatura, es dedicada a su amigo Javier Silva Ruete,
Ministro de Economía, fallecido el 2012
a los 77 anos, cuya trayectoria
destaca por la integración andina. El escritor MVLL nos ofrece argumentos para asumir que la
causa de los males de la humanidad, y sus soluciones, no están en el sistema
político o económico que en definitiva se escoja, sino en el alma y en el
comportamiento de cada uno de nosotros.
Economista Manuel Romero Caro, fundador del Diario
Gestión en 1990
|
Su lectura
sirve para comprender mejor lo que está
ocurriendo en el Perú con respecto a la
función del Estado y su debilidad
institucional, en este caso en la crucial área de priorización de los
proyectos de inversión. Pero esta debilidad no solo se presenta en el aparato
estatal, sino también en el sector privado, y en esta oportunidad presentamos
solo uno, que refleja la situación
crítica en los gremios empresariales.
LA DEBILIDAD
INSTITUCIONAL
Para
explicar la lucha contra la corrupción y
el fortalecimiento institucional, conversamos con el economista Manuel Romero Caro, quien ha sido ministro de
Estado, Decano del Colegio de Economistas del Perú y fundador en 1990 de Gestión, primer
diario de economía y negocios del
país. Con su capacidad analítica y amplitud conceptual, vierte opiniones que deberían ser escuchadas por la comunidad.
Romero Caro
aborda ahora los problemas de representatividad de la Confiep, institución instalada en 1984, que congrega
ahora 25 gremios y representa a la actividad empresarial privada peruana,
siendo su principal objetivo contribuir
con el proceso de crecimiento económico sostenido, basado en inversión y
fomento del empleo.
MRC toma
la frase popular ‘Otorongo no come
otorongo’ para criticar la conducta de
algunos funcionarios públicos, sobre todo de congresistas, que no son
sancionados por su colegas integrantes de la correspondiente
Comisión Investigadora. Considera que este misma conducta
podría extenderse al sector privado.
Para
precisar tiempos y escenarios, nos recuerda
que el 17 de abril del 2015 los medios de comunicación dieron a conocer que el segundo
vicepresidente de la Confiep - y en ese entonces presidente de la Cámara
Peruana de la Construcción (Capeco) -, había sido condenado por la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema a cinco años de prisión efectiva por el delito
de defraudación tributaria.
Sin embargo,
la conducta del silencio o la evasión ante tan grave hecho, por parte de
la Confiep como de Capeco, deja mucho
que desear. Esta Confederación, inicialmente, a través de su presidente,
manifestó que “es importante entender
que uno es el comportamiento de las instituciones y otro el de los individuos”
Pero omite que no se trata de un asunto legal,
sino de un tema que compromete y afecta
la reputación corporativa. El Código de Conducta de ese gremio es aplicable a
todos sus gremios e integrantes, y precisa, en su quinta política institucional, que se debe
“rechazar cualquier acto de corrupción”
En el caso
que comentamos no se trata de un empresario desconocido, sino de un alto
dirigente empresarial, cuyo impacto
negativo ante la opinión pública es significativamente mayor. Por ello, no se entiende la razón por la que no se condena ese
delito.
¿O es que el
robo al Fisco, sancionado en la última instancia por la justicia, no se
considera un acto de corrupción?. Se
pregunta y responde MRC.
Producida la
fuga del cuestionado representante de la
Cámara de Construcción, Lelio Balarezo,
hay una reacción del presidente de
Confiep que se resume: “Haría un llamado a todos quienes están fuera de la ley,
que asuman la responsabilidad de cumplirla”.
En esa
línea, dicho el directivo tendrá que
pagar las penas que la ley prevé, mas aun porque ese dirigente, en Capeco,
ejercía el cargo por cuarta vez durante
el prolongado proceso judicial. Y cuando
se hiciera pública su condena, solo comunicó que tenía un impedimento para
seguir gozando de la representatividad, por lo que debía ser reemplazado por el
vicepresidente. En esa oportunidad, Capeco no efectuó ninguna autocrítica ni
rechazo ante el delito cometido. Y ahora el sentenciado no es habido, ha huído
de la justicia.
La Superintendencia
de Administración Tributaria – Sunat- informa que durante el 2014 el Poder
Judicial sentenció a 59 personas a prisión efectiva, con penas que van desde
los cuatro hasta 13 años, principalmente por la comisión del delito de
defraudación tributaria y delitos
aduaneros.
Esta
conducta nos lleva al análisis sobre lo que significa o debe entenderse como la
institucionalidad. Algunos empresarios suelen
repetir que no podemos a ser un país del primer mundo teniendo un Estado
del tercer mundo. La interrogante que surge es: ¿En el sector privado tenemos
una institucionalidad del primer o del tercer mundo?.
La ausencia
de controles efectivos al interior de los gremios, obliga a que sus integrantes
deben verificar la hoja de vida, los
antecedentes judiciales y otros elementos de control que impidan transgresiones a la institución y a la
sociedad.
Tampoco es
pertinente que la Confiep sostenga que sus integrantes son los gremios y no las
personas, porque no pueden actuar bajo el supuesto de que los gremios
integrantes efectuaron los controles correspondientes. Los estatutos de esta
Confederación, consideran que ningún
cargo puede ser asumido por las personas
que tengan algún proceso judicial abierto,
remarca el ex presidente del
gremio, Ricardo Briceño.
MRC analiza
que estos temas no se deben de minimizar
sino debatir pública y extensamente. “No sé cuánto afectará la imagen de los
gremios un caso como el que atraviesa la Confiep. Ciertamente, el efecto
negativo será mayor si es que los gremios involucrados no condenan y marcan
distancia con este tipo de conductas”
Un
comunicado no basta. En lo que a Capeco se refiere, a pesar de que se trataba
de su presidente en ejercicio y que estaba desempeñando dicho cargo por cuarta
vez durante el prolongado proceso judicial, su reacción ha sido aún peor que la
de Confiep.
Hay una
circunstancia censurable adicional, dada por el hecho que la sentencia de
la sala Penal de la Corte Suprema se efectuó el 22 de octubre de 2014 y recién
se hizo pública el 17 de Abril, por lo que Balarezo Young, sabiendo que no
podía seguir ejerciendo la presidencia del gremio de los constructores,
continuó en el cargo ilegalmente durante casi seis meses, y solo comunicó a su
gremio cuando la noticia había sido difundida por los medios de
comunicación.
Diez días
después de la difusión de la sentencia a su presidente, Capeco publica un comunicado, en el que además de
pedir que Balarezo se ponga a derecho, afirma que no tenía conocimiento del
proceso judicial a su ex presidente y agrega que siempre ha propuesto y defendido que sus asociados actúen dentro
de las más estrictas normas éticas y morales.
Lamentablemente
con dicho comunicado Capeco ha desnudado aún más sus problemas: ¿Cómo es
posible que ignorara un proceso judicial a su presidente reelecto en tres oportunidades y que duró más de 10 años
para llegar a la instancia del Tribunal Constitucional. Inclusive, en 1997,
Balarezo ya había sido acusado de
falsificación de documentos, peculado y colusión; pero en esa oportunidad se
salvó al ser absuelto por mayoría.
¿Es que
Capeco se limita a recomendar a sus asociados que actúen “dentro de las más
estrictas normas éticas y morales, sin que exista ninguna fiscalización
efectiva de que sus asociados están actuando correctamente?. ¿Acaso Capeco no
exige que sus dirigentes presenten una hoja de vida con carácter de declaración
jurada (que incluya antecedentes judiciales así hayan sido absueltos), y
fiscaliza posteriormente la veracidad
de la información presentada?. ¿Existe un Comité de ética? Si así fuera ¿a
cuántos asociados ha sancionado desde su creación?
Luego de las
críticas, Confiep da un giro de 180
grados en relación a su posición inicial. Su Presidente anunció que
su gremio hará un esfuerzo por tener mejores filtros; enfatizando que tratará
que la institución esté mejor representada, y que si percibe que su mensaje no
tenga el eco esperado, renunciaría a su cargo.
Sin duda, se trata de un cambio saludable, pero hay que esperar para
comprobar cuanto de estas intenciones se concretan. El efecto negativo será
mayor si es que los gremios involucrados no condenan y marcan distancia con las
censurables prácticas.
LA
PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
El ministro
de Transportes del Peru ha manifestado
que el país no está en condiciones de dar el visto bueno a la construcción del
proyecto del Tren de la Costa por la magnitud de la inversión, pero sí prioriza
la Línea 2 del Metro y la concesión de toda la Panamericana que une Tumbes con
Tacna.
¿El MEF
puede garantizar que la modernización de la Refinería de Talara cumplió con
dicho requisito? ¿Con qué criterios se
priorizó la modernización de la esa refinería, posponiendo una infinidad de demandas sociales?
¿Actualmente hay alguna entidad encargada de estas delicadas tareas? ¿Existe
una metodología común a nivel del sector público?
El ministro
de Economia y Finanzas Alonso Segura
denuncia que durante el segundo
Gobierno aprista se exoneró del SNIP - Sistema Nacional de Inversión Pública a
1,300 proyectos de inversión, por lo “que no tenemos idea de si tenían
rentabilidad social y si eran buenos para todos los peruanos”. En cambio, Segura afirma que en el actual Gobierno “se
han exonerado cero proyectos de ser evaluados porque las cosas que se hacen
ahora, se hacen bien” (Gestión 14.01.2015).
Al margen
del nivel de veracidad de dicha afirmación, resulta evidente que aun cuando un
proyecto haya pasado por el SNIP, no puede garantizar que sea “bueno para todos
los peruanos”. Manuel Romero argumenta que la selección de los proyectos de inversión no solo implica acelerar las inversiones,
sino también que la asignación de
recursos sea eficiente.
Si bien
existen algunos meritorios esfuerzos aislados, en algunos sectores no se
conoce un plan a nivel nacional al respecto. Cuando no existen reglas claras
impera la discrecionalidad y se corre el peligro de que se impongan los que
tienen mayor capacidad de presión o mejores contactos.
Obviamente, nadie pretende que se retorne a la época en
que el Instituto Nacional de Planificación establecía las prioridades a nivel
nacional; pero tampoco podemos continuar con la situación actual, con la excusa
de que los planes del Estado generalmente no coinciden con las necesidades del
sector privado u otra por el estilo.
Sucede que
hemos tenido una falta de planeamiento durante un periodo muy prolongado y
fuertes presiones para mantener el statu quo. Ceplan - Centro Nacional de
Planificación Estratégica estaría en las etapas finales de la elaboración de un
Plan Nacional, pero todavía tendría que ser aprobado en las instancias
correspondientes. El Plan no sería impositivo sino persuasivo, e incluiría una
metodología que permitiría una interacción con el sector privado.
Para el
Ceplan, el 2021 no solo marcará el segundo centenario de la independencia del Perú, y puede ser también el año del ascenso del
Perú al grupo de países de alto desarrollo humano, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE. Para entonces, el país debería tener
una estructura productiva más diversificada y una economía más
competitiva. Diversos estudios también
consideran que hacia el 2021, el Perú no habrá eliminado la pobreza. Se espera
un país más inclusivo, habiendo disminuido
las diferencias entre lo urbano y lo rural.
De lo que se
trata, agrega MRC no solo es de acelerar las inversiones, sino también de que
la asignación de recursos sea eficiente. Si bien pueden existir algunos
meritorios esfuerzos aislados en algunos sectores, no existe un plan a nivel
nacional al respecto.
Lo que
sucede es que hemos tenido una falta de planeamiento durante un periodo muy
prolongado y fuertes presiones para mantener el statu quo. Ceplan-Centro
Nacional de Planificación Estratégica estaría en las etapas finales de la
elaboración de un Plan Nacional que no sería impositivo sino persuasivo, e
incluiría una metodología que permitiría una interacción con el sector privado.
En nuestro
país existe una muy antigua tendencia de priorizar lo urgente antes que lo
importante (la quincena antes que la historia), lo que, por ejemplo, se
constata en el pobre avance en materia
de reformas estructurales. El Gobierno, por dedicarse a lo que no le corresponde, descuida lo que sí
le corresponde. A pesar de que ya está
por concluir su periodo (Julio 2016),
aún no tiene idea de cuál debe de ser su rol. Los frecuentes
cambios ministeriales son otro factor en
contra. ¿Es así como se puede recuperar la confianza empresarial?
“De lo que se trata no solo es de acelerar las inversiones, sino también de que
la asignación de recursos sea eficiente”, concluye Manuel Romero.
”Nuestro
hermoso deber es imaginar que hay un
laberinto y un hilo”, escribió Luis
Borges en El Hilo de la fábula.
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Manuel Romero Caro, economista y fundadador de Gestion, en 1990, nos ofrece un analisis
de la Etica en el mas importante gremio emresarial del Peru.
13 de mayo de 2015, 19:16
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