Jorge Zavaleta Alegre,
Asunción/Washington, DC
“Mi abuela tuvo una hija que nació muerta, y contrajo una infección. Mi abuelo fue a pedirle al dueño de la azucarera de la zona un camión para llevarla al médico, a la ciudad de Villarrica. Y el dueño de la azucarera dijo que los pobres no tenían derecho a enfermarse, y que el camión le saldría muy caro”, relató Roa Bastos, el escritor paraguayo que este 2017 cumple 100 años de nacimiento.
El Banco Interamericano de
Desarrollo – BID, acaba de concluir su asamblea anual 2017 en Asunción. No
obstante la profunda crisis social y ética que
atraviesa América Latina y el
Caribe, el informe de esta institución,
fundada en 1959, como propiedad de los países de la Región, nos ofrece algunos indicadores para emitir alguna opinión. Dinero para los fines sociales existe. El cómo
se usa, constituye el centro del de debate. El camino por la igualdad es una romántica tesis. La región sigue
siendo la más desigual del mundo.
Aquí algunas referencias:
En 2016, el Grupo BID financió casi US$2.700
millones en actividades relacionadas con el cambio climático y movilizó un
monto adicional de más de US$1.000 millones. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile
y Colombia fueron los cinco principales inversores en acciones relacionadas con
el clima, utilizando dichos recursos.
Respecto a sustentabilidad social, el BID continúa
alentando la igualdad de género y la diversidad en todas sus operaciones, en
línea con su propia estrategia institucional y con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
Las actas fundacionales de esta
institución señalan: Trabajar para mejorar la calidad de vida en América Latina
y el Caribe. A través del apoyo financiero y técnico a países que trabajan para
reducir la pobreza y desigualdad, mejora la salud, educación e infraestructura. Hoy es
la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de la Región. Ofrece préstamos, donaciones y asistencia
técnica, y realiza amplias investigaciones.
Actualmente, sus principales
áreas de enfoque incluyen tres desafíos de desarrollo: inclusión social y
desigualdad, productividad e innovación, e integración económica. Otros tres temas transversales: igualdad de género y
diversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional
y estado de derecho.
Las mujeres, los pueblos indígenas
y los afro descendientes a menudo sufren la falta de oportunidades para el
desarrollo. Sin embargo, los aspectos
étnicos y de género dificultan salir de la pobreza. Asimismo, es sabido que cuando las mujeres son capaces
de desarrollar por completo su potencial laboral, pueden generar significativos
beneficios macroeconómicos para la sociedad.
Pero las poblaciones indígenas y
afro descendientes han quedado al margen de las importantes reducciones en la
pobreza de la población general, y continúan siendo más propensas a la marginalidad.
Los investigadores de esta
financiera y de otras también que gozan
de credibilidad, consideran que la
equidad de género y la inclusión de personas indígenas y sus cosmovisiones podrían
convertirse en partes integrales de la
Agenda de Desarrollo Sostenible en el año 2030, siempre y cuando exista decisión de los gobiernos “democráticos”.
El BID sigue promoviendo la
igualdad de género a través del acceso mejorado a cuidados de salud de calidad y
prevención de la violencia contra la mujer, junto a servicios de inclusión integral
como Ciudad Mujer, modelo que comenzó el
2011 en El Salvador se ha extendido en Honduras, México y Paraguay.
En América Latina y el Caribe, se
constata algunos avances en la incorporación de mujeres en la fuerza de
trabajo, la brecha de participación hombremujer/mujer-hombre sigue siendo de
las mayores del mundo, con un 26,7 por ciento. Las mujeres perciben un 84 por ciento del ingreso que reciben los
hombres por el mismo trabajo, y alrededor del 80 por ciento de las mujeres son
empleadas en sectores de baja productividad.
La desigualdad en América Latina
y el Caribe no es fortuita, sino el fruto de decisiones políticas deliberadas
que sirven a un grupo reducido de la sociedad en vez de garantizar el bienestar
común.
Oxfam, una organización fundada
en Londres, en su informa “Crónica de una desigualdad anunciada”, recogiendo el
título de una novela de García Márquez, señala que en la última década los
países de Latinoamérica y el Caribe lograron grandes progresos en la reducción
de la pobreza. Sin embargo, la región sigue siendo la más desigual del mundo y
donde más creció (38%) en el último año el número de ricos que acumulan más de
mil millones de dólares. En ninguna otra región del mundo subió tanto este
grupo. La desigualdad constituye un obstáculo para la sostenibilidad y el
avance en la erradicación de la pobreza.
El informe de Oxfam “IGUALES.
Acabemos con la desigualdad extrema” resalta que la extrema concentración de la
riqueza en manos de pocos no es un hecho accidental ni inevitable, sino
resultado de políticas que lo propician y que pueden y deben ser revertidas.
La gran acumulación de riqueza en
manos de unos pocos hace invisible la línea de separación entre el poder
político y el económico, propiciando una forma de secuestro democrático por las
élites económicas y políticas que diseñan las reglas en beneficio de unos pocos
y en detrimento de la mayoría de la sociedad.
La ganancia de una minoría se
produce a costa de los sectores más vulnerables, que son víctimas de entornos
políticos excluyentes, sistemas fiscales regresivos e injustos, servicios de
educación y salud deficitarios, políticas de protección social de cobertura
limitada y un sistema laboral basado sobre informalidad y explotación. Las
mujeres siguen siendo las que más sufren la exclusión.
En definitiva los países de
América Latina y el Caribe se enfrentan todavía a las altas tasas de pobreza y
vulnerabilidad, y los gobiernos tienen la responsabilidad última de garantizar
los derechos de toda la ciudadanía. Como parte de esta obligación deben
enfrentar los intereses particulares y desarrollar políticas que representen el
interés colectivo y reduzcan la desigualdad.
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