Papel de Arbol

lunes, 7 de noviembre de 2016

ANCASH. Cumplen con la Ley, pero delinquen

Marco Castillo Torres, economista, consultor internaciona, ex gerente de la Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE, analiza en la revista Ancash Noticias la  corrupción institucionalizada.
http://www.ancashnoticias.com/2016/11/cumplen-con-la-ley-pero-delinquen/



Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas, poseemos una normativa bastante precisa que debería permitir a nuestro Gobierno Regional y a nuestros Gobiernos Municipales buenas prácticas de gestión.
Nos vamos a referir ahora al Plan de Desarrollo Concertado y al Presupuesto Participativo, los que supuestamente posibilitan una mejor priorización de obras e intervenciones apoyados por mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Pero entre la norma y la realidad existe una enorme brecha. Lastimosamente los planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y de la mayoría de  Municipalidades formulados para este año y también para los  anteriores;  han sido aprobados de manera curiosa  en reuniones en las que además de los funcionarios públicos han asistido ciudadanos “convocados”, “trasladados”, o “convencidos”; sólo para que firmen y validen un instrumento que cuando se trata de obras se comenta abiertamente habrían sido “coordinadas” previamente entre constructores y autoridades locales.
Solo eso explica la ejecución de “mejoras” urbanas sin criterio arquitectónico o de servicio solo para sembrar cemento. Al validarse el presupuesto participativo en esas reuniones se cumple con la ley, ¡claro!  pero se convalidan arreglos previos para favorecer a unos cuantos, burlándose y traicionando a los ciudadanos que aspiran a vivir en mejores condiciones.  
Si nos basamos en la experiencia de años anteriores, lo peor viene después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor, los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretende favorecer. Esto que se comenta se encuentra como constante en los informes que realiza la Contraloría en sus exámenes especiales que realiza a las diversas entidades públicas tanto del Gobierno Central como de los Regionales y Municipales, pero persiste la impunidad. ¿O no es así estimado lector?
¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer?
Todos conocemos la respuesta: con funcionarios públicos realmente comprometidos en atender y solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestros pueblos, con autoridades honestas que asuman su función entendiendo que son los que con sus decisiones tienen la oportunidad de transformar penosas realidades para ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones en ciudades más saludables.
Ganar las elecciones para ocupar el Gobierno Regional o un Municipio no significa haber conseguido un botín. Esto también debe ser entendido por las nuevas autoridades de nuestro Gobierno Regional. Nosotros los ancashinos NO deseamos más de lo mismo.
Recientemente el Fiscal de la Nación ha propuesto 22 medidas en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el actual Gobierno y los titulares judiciales del país. Entre las medidas propuestas por el fiscal Pablo Sánchez se encuentra la de evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos. Ojalá esto ayude en la lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al interior de cada dependencia pública existe el conocimiento suficiente respecto de los antecedentes, pero también de las potencialidades de cada servidor.
Le corresponde al nuevo Gobernador y a nuestros alcaldes, tener la capacidad y sensatez suficiente de rodearse de personal calificado, transparente, con buenas prácticas de gestión; pero sobre todo comprometido con la función pública. Función por la cual percibe un salario con los recursos que aportamos nosotros los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos.
Desde la sociedad civil lo que nos corresponde es tener un mayor y genuino interés en participar en la formulación de los planes y presupuestos anuales del Gobierno Regional y de nuestras comunas municipales. La razón es simple:  los recursos presupuestales que se asigna a las Regiones y Municipalidades para financiar: saneamiento, salud, educación conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes y por lo mismo su orientación tiene que ser priorizada en función del interés de los ciudadanos y no de unos cuantos que cumplen con la ley, pero delinquen y traicionan a sus pueblos.
Por ello, la participación y vigilancia ciudadana es imprescindible para que se prioricen y utilicen correctamente los recursos presupuestales. En la Sociedad Civil hay conocimiento suficiente para ayudar a las autoridades de turno a tener gestiones aceptables.
Para ello los colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, organismos no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil deben sentirse corresponsables con el desarrollo de sus territorios; y, no dejar que los presupuestos anuales obedezcan solamente a la visión y capacidad de los formuladores que no necesariamente tienen ni la visión ni los atributos suficientes para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial en nuestro Departamento.










Tanta Imagen: Ilustración

VIGILANCIA CIUDADANA

Cumplen con la Ley, pero delinquen

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas, poseemos una normativa bastante precisa que debería permitir a nuestro Gobierno Regional y a nuestros Gobiernos Municipales buenas prácticas de gestión.
Nos vamos a referir ahora al Plan de Desarrollo Concertado y al Presupuesto Participativo, los que supuestamente posibilitan una mejor priorización de obras e intervenciones apoyados por mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Pero entre la norma y la realidad existe una enorme brecha. Lastimosamente los planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y de la mayoría de  Municipalidades formulados para este año y también para los  anteriores;  han sido aprobados de manera curiosa  en reuniones en las que además de los funcionarios públicos han asistido ciudadanos “convocados”, “trasladados”, o “convencidos”; sólo para que firmen y validen un instrumento que cuando se trata de obras se comenta abiertamente habrían sido “coordinadas” previamente entre constructores y autoridades locales.
Solo eso explica la ejecución de “mejoras” urbanas sin criterio arquitectónico o de servicio solo para sembrar cemento. Al validarse el presupuesto participativo en esas reuniones se cumple con la ley, ¡claro!  pero se convalidan arreglos previos para favorecer a unos cuantos, burlándose y traicionando a los ciudadanos que aspiran a vivir en mejores condiciones.  
Si nos basamos en la experiencia de años anteriores, lo peor viene después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor, los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretende favorecer. Esto que se comenta se encuentra como constante en los informes que realiza la Contraloría en sus exámenes especiales que realiza a las diversas entidades públicas tanto del Gobierno Central como de los Regionales y Municipales, pero persiste la impunidad. ¿O no es así estimado lector?
¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer?
Todos conocemos la respuesta: con funcionarios públicos realmente comprometidos en atender y solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestros pueblos, con autoridades honestas que asuman su función entendiendo que son los que con sus decisiones tienen la oportunidad de transformar penosas realidades para ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones en ciudades más saludables.
Ganar las elecciones para ocupar el Gobierno Regional o un Municipio no significa haber conseguido un botín. Esto también debe ser entendido por las nuevas autoridades de nuestro Gobierno Regional. Nosotros los ancashinos NO deseamos más de lo mismo.
Recientemente el Fiscal de la Nación ha propuesto 22 medidas en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el actual Gobierno y los titulares judiciales del país. Entre las medidas propuestas por el fiscal Pablo Sánchez se encuentra la de evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos. Ojalá esto ayude en la lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al interior de cada dependencia pública existe el conocimiento suficiente respecto de los antecedentes, pero también de las potencialidades de cada servidor.
Le corresponde al nuevo Gobernador y a nuestros alcaldes, tener la capacidad y sensatez suficiente de rodearse de personal calificado, transparente, con buenas prácticas de gestión; pero sobre todo comprometido con la función pública. Función por la cual percibe un salario con los recursos que aportamos nosotros los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos.
Desde la sociedad civil lo que nos corresponde es tener un mayor y genuino interés en participar en la formulación de los planes y presupuestos anuales del Gobierno Regional y de nuestras comunas municipales. La razón es simple:  los recursos presupuestales que se asigna a las Regiones y Municipalidades para financiar: saneamiento, salud, educación conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes y por lo mismo su orientación tiene que ser priorizada en función del interés de los ciudadanos y no de unos cuantos que cumplen con la ley, pero delinquen y traicionan a sus pueblos.
Por ello, la participación y vigilancia ciudadana es imprescindible para que se prioricen y utilicen correctamente los recursos presupuestales. En la Sociedad Civil hay conocimiento suficiente para ayudar a las autoridades de turno a tener gestiones aceptables.
Para ello los colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, organismos no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil deben sentirse corresponsables con el desarrollo de sus territorios; y, no dejar que los presupuestos anuales obedezcan solamente a la visión y capacidad de los formuladores que no necesariamente tienen ni la visión ni los atributos suficientes para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial en nuestro Departamento.indignación causa esta actitud cronica de una corupción instiucionalizada, permanente, por un grupo que sigue impune. Alli están los Otárola, que presidían una mafia desde el Parlamento contra los municipios distritales. Pregunten a los vecinos de Huaylas, por ejemplo, y escucharán los testimonios y las coimas que tuvieron que pagar para que le entreguen una partida destinada a un escuelita de esa pequeña urbe. No cesa el proyecto de cambiar el nombre de Ancash por el de Huaylas para utilizar la Notaría familiar como caja del cambio de titulos de propiedad inmueble que implicaría ese proyecto de Ley que sigue pendiente en la secretaria del Parlamento. Los ratones del humalismo comenzaron a roer, porque el jefe y su pareja ya habían recibido el pase o la aprobación de los botines de Odebrecht.


http://www.ancashnoticias.com/2016/11/cumplen-con-la-ley-pero-delinquen/


Imagen: Ilustración

VIGILANCIA CIUDADANA

Cumplen con la Ley, pero delinquen

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas, poseemos una normativa bastante precisa que debería permitir a nuestro Gobierno Regional y a nuestros Gobiernos Municipales buenas prácticas de gestión.
Nos vamos a referir ahora al Plan de Desarrollo Concertado y al Presupuesto Participativo, los que supuestamente posibilitan una mejor priorización de obras e intervenciones apoyados por mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Pero entre la norma y la realidad existe una enorme brecha. Lastimosamente los planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y de la mayoría de  Municipalidades formulados para este año y también para los  anteriores;  han sido aprobados de manera curiosa  en reuniones en las que además de los funcionarios públicos han asistido ciudadanos “convocados”, “trasladados”, o “convencidos”; sólo para que firmen y validen un instrumento que cuando se trata de obras se comenta abiertamente habrían sido “coordinadas” previamente entre constructores y autoridades locales.
Solo eso explica la ejecución de “mejoras” urbanas sin criterio arquitectónico o de servicio solo para sembrar cemento. Al validarse el presupuesto participativo en esas reuniones se cumple con la ley, ¡claro!  pero se convalidan arreglos previos para favorecer a unos cuantos, burlándose y traicionando a los ciudadanos que aspiran a vivir en mejores condiciones.  
Si nos basamos en la experiencia de años anteriores, lo peor viene después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor, los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretende favorecer. Esto que se comenta se encuentra como constante en los informes que realiza la Contraloría en sus exámenes especiales que realiza a las diversas entidades públicas tanto del Gobierno Central como de los Regionales y Municipales, pero persiste la impunidad. ¿O no es así estimado lector?
¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer?
Todos conocemos la respuesta: con funcionarios públicos realmente comprometidos en atender y solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestros pueblos, con autoridades honestas que asuman su función entendiendo que son los que con sus decisiones tienen la oportunidad de transformar penosas realidades para ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones en ciudades más saludables.
Ganar las elecciones para ocupar el Gobierno Regional o un Municipio no significa haber conseguido un botín. Esto también debe ser entendido por las nuevas autoridades de nuestro Gobierno Regional. Nosotros los ancashinos NO deseamos más de lo mismo.
Recientemente el Fiscal de la Nación ha propuesto 22 medidas en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el actual Gobierno y los titulares judiciales del país. Entre las medidas propuestas por el fiscal Pablo Sánchez se encuentra la de evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos. Ojalá esto ayude en la lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al interior de cada dependencia pública existe el conocimiento suficiente respecto de los antecedentes, pero también de las potencialidades de cada servidor.
Le corresponde al nuevo Gobernador y a nuestros alcaldes, tener la capacidad y sensatez suficiente de rodearse de personal calificado, transparente, con buenas prácticas de gestión; pero sobre todo comprometido con la función pública. Función por la cual percibe un salario con los recursos que aportamos nosotros los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos.
Desde la sociedad civil lo que nos corresponde es tener un mayor y genuino interés en participar en la formulación de los planes y presupuestos anuales del Gobierno Regional y de nuestras comunas municipales. La razón es simple:  los recursos presupuestales que se asigna a las Regiones y Municipalidades para financiar: saneamiento, salud, educación conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes y por lo mismo su orientación tiene que ser priorizada en función del interés de los ciudadanos y no de unos cuantos que cumplen con la ley, pero delinquen y traicionan a sus pueblos.
Por ello, la participación y vigilancia ciudadana es imprescindible para que se prioricen y utilicen correctamente los recursos presupuestales. En la Sociedad Civil hay conocimiento suficiente para ayudar a las autoridades de turno a tener gestiones aceptables.
Para ello los colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, organismos no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil deben sentirse corresponsables con el desarrollo de sus territorios; y, no dejar que los presupuestos anuales obedezcan solamente a la visión y capacidad de los formuladores que no necesariamente tienen ni la visión ni los atributos suficientes para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial en nuestro Departamento.