Un Escritor y un
Economista, ambos peruanos, piensan como
Luis Borges: ”Nuestro hermoso deber es
imaginar que hay un laberinto y un hilo”
Jorge Zavaleta Alegre
Madrid - Especial para C16 Madrid-Sto Domingo.
Mario Vargas Llosa en su
novela El héroe discreto, retorna a su país para entregarnos las historias paralelas de
dos empresarios que tratan de relacionarse entre si: Felícito Yanaqué, en Piura, construye su empresa de Trasportes Narihualá y al ser amenazado por extorsionadores, prefiere enfrentarse con valentía, publica un aviso en un diario local, y
encarga el problema a la policía y la justicia.
En la segunda historia, el protagoniza Ismael Carrera, es dueño
de una aseguradora en Lima, culto y viudo,
contrae segundas nupcias con su cocinera Armida, libra
batalla contra 'hienas', sus dos hijos
holgazanes (Miki y Escobita), que solo esperan su muerte y pretenden arrancarle sus bienes.
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| MVLL, foto Limagris, cortesia La Mula |
El trasfondo de El héroe discreto, la primera novela que publica MVLL después de
recibir el Nobel de Literatura, es
dedicada a su amigo Javier Silva Ruete, Ministro de Economía, fallecido el 2012 a los 77 anos, cuya trayectoria destaca por la integración andina. El
escritor MVLL nos ofrece argumentos para
asumir que la causa de los males de la humanidad, y sus soluciones, no están en
el sistema político o económico que en definitiva se escoja, sino en el alma y
en el comportamiento de cada uno de nosotros.
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| Economista Manuel Romero Caro, fundador del Diario Gestión en 1990 |
Su lectura sirve para comprender mejor lo que está ocurriendo en el Perú con
respecto a la función del Estado y su debilidad institucional, en este caso en la crucial
área de priorización de los proyectos de inversión. Pero esta debilidad no solo
se presenta en el aparato estatal, sino también en el sector privado, y en esta oportunidad presentamos solo uno, que refleja
la situación crítica en los gremios
empresariales.
LA DEBILIDAD
INSTITUCIONAL
Para
explicar la lucha contra la corrupción y
el fortalecimiento institucional, conversamos con el economista Manuel Romero Caro, quien ha sido ministro de
Estado, Decano del Colegio de Economistas del Perú y fundador en 1990 de Gestión, primer
diario de economía y negocios del país. Con su capacidad analítica y amplitud conceptual, vierte opiniones que deberían ser escuchadas por la comunidad.
Romero Caro aborda ahora los problemas de representatividad de la
Confiep, institución instalada en 1984,
que congrega ahora 25 gremios y representa a la actividad empresarial
privada peruana, siendo su principal objetivo
contribuir con el proceso de crecimiento económico sostenido, basado en
inversión y fomento del empleo.
MRC toma la frase
popular ‘Otorongo no come otorongo’ para criticar la conducta de algunos funcionarios públicos, sobre todo de
congresistas, que no son sancionados por su colegas integrantes de la correspondiente Comisión Investigadora. Considera que este misma conducta podría extenderse al sector privado.
Para precisar tiempos y escenarios, nos recuerda que el 17 de abril del 2015 los medios de comunicación dieron a conocer que el segundo
vicepresidente de la Confiep - y en ese entonces presidente de la Cámara
Peruana de la Construcción (Capeco) -, había sido condenado por la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema a cinco años de prisión efectiva por el delito
de defraudación tributaria.
Sin embargo, la conducta del silencio o la evasión ante tan
grave hecho, por parte de la Confiep como de Capeco, deja mucho que desear. Esta Confederación,
inicialmente, a través de su presidente, manifestó que “es importante entender que uno es el
comportamiento de las instituciones y otro el de los individuos”
Pero omite que no se
trata de un asunto legal, sino de un tema que compromete y afecta la reputación corporativa. El Código
de Conducta de ese gremio es aplicable a todos sus gremios e integrantes, y
precisa, en su quinta política institucional, que se debe
“rechazar cualquier acto de corrupción”
En el caso que comentamos no se trata de un empresario
desconocido, sino de un alto dirigente empresarial, cuyo impacto negativo ante la opinión pública es
significativamente mayor. Por ello, no
se entiende la razón por la que no
se condena ese delito.
¿O es que el robo al Fisco, sancionado en la última instancia
por la justicia, no se considera un acto de corrupción?. Se pregunta y responde MRC.
Producida la fuga del cuestionado representante de la Cámara de Construcción, Lelio Balarezo, hay una reacción del presidente de Confiep que se resume: “Haría un
llamado a todos quienes están fuera de la ley, que asuman la responsabilidad de
cumplirla”.
En esa línea, dicho el directivo tendrá que pagar las penas que la ley prevé,
mas aun porque ese dirigente, en Capeco, ejercía el cargo por
cuarta vez durante el prolongado proceso judicial. Y cuando se hiciera pública
su condena, solo comunicó que tenía un impedimento para seguir gozando de la representatividad,
por lo que debía ser reemplazado por el vicepresidente. En esa oportunidad,
Capeco no efectuó ninguna autocrítica ni rechazo ante el delito cometido. Y ahora el
sentenciado no es habido, ha huído de la justicia.
La Superintendencia de Administración Tributaria – Sunat-
informa que durante el 2014 el Poder Judicial sentenció a 59 personas a prisión
efectiva, con penas que van desde los cuatro hasta 13 años, principalmente por
la comisión del delito de defraudación tributaria y delitos aduaneros.
Esta conducta nos lleva al análisis sobre lo que significa o debe entenderse como la institucionalidad. Algunos
empresarios suelen repetir que no
podemos a ser un país del primer mundo teniendo un Estado del tercer mundo. La
interrogante que surge es: ¿En el sector privado tenemos una institucionalidad del
primer o del tercer mundo?.
La ausencia de controles efectivos al interior de los
gremios, obliga a que sus integrantes deben verificar la hoja
de vida, los antecedentes judiciales y otros elementos de control que impidan transgresiones a la institución y a la
sociedad.
Tampoco es pertinente que la Confiep sostenga que sus integrantes son los gremios y no las
personas, porque no pueden actuar bajo el supuesto de que los gremios
integrantes efectuaron los controles correspondientes. Los estatutos de esta Confederación,
consideran que ningún cargo puede ser
asumido por las personas que tengan
algún proceso judicial abierto, remarca el ex presidente del gremio, Ricardo Briceño.
MRC analiza que estos temas no se deben de minimizar sino
debatir pública y extensamente. “No sé cuánto afectará la imagen de los gremios
un caso como el que atraviesa la Confiep. Ciertamente, el efecto
negativo será mayor si es que los gremios involucrados no condenan y marcan
distancia con este tipo de conductas”
Un comunicado no basta. En lo que a Capeco se refiere, a
pesar de que se trataba de su presidente en ejercicio y que estaba desempeñando
dicho cargo por cuarta vez durante el prolongado proceso judicial, su reacción
ha sido aún peor que la de Confiep.
Hay una circunstancia censurable adicional, dada por el hecho que la sentencia de la sala Penal de la Corte
Suprema se efectuó el 22 de octubre de 2014 y recién se hizo pública el 17 de
Abril, por lo que Balarezo Young, sabiendo que no podía seguir ejerciendo la
presidencia del gremio de los constructores, continuó en el cargo ilegalmente
durante casi seis meses, y solo comunicó a su gremio cuando la noticia había
sido difundida por los medios de comunicación.
Diez días después de la
difusión de la sentencia a su presidente, Capeco publica un comunicado, en el que además de
pedir que Balarezo se ponga a derecho, afirma que no tenía conocimiento del
proceso judicial a su ex presidente y agrega que siempre ha propuesto y defendido que sus asociados actúen dentro
de las más estrictas normas éticas y morales.
Lamentablemente con dicho comunicado Capeco ha desnudado aún más sus
problemas: ¿Cómo es posible que ignorara un proceso judicial a su presidente
reelecto en tres oportunidades y que
duró más de 10 años para llegar a la instancia del Tribunal Constitucional. Inclusive, en 1997, Balarezo ya había sido acusado de falsificación de
documentos, peculado y colusión; pero en esa oportunidad se salvó al ser absuelto por mayoría.
¿Es que Capeco se limita a recomendar a sus asociados que
actúen “dentro de las más estrictas normas éticas y morales, sin que exista ninguna
fiscalización efectiva de que sus asociados están actuando correctamente?. ¿Acaso Capeco no exige que sus dirigentes presenten una hoja de vida con carácter
de declaración jurada (que incluya antecedentes judiciales así hayan sido
absueltos), y fiscaliza posteriormente la
veracidad de la información presentada?. ¿Existe un Comité de ética? Si así
fuera ¿a cuántos asociados ha sancionado desde su creación?
Luego de las críticas, Confiep da un giro de 180 grados en relación
a su posición inicial. Su Presidente anunció que su gremio hará
un esfuerzo por tener mejores filtros; enfatizando que tratará que la
institución esté mejor representada, y que si percibe que su mensaje no tenga el eco esperado, renunciaría a su
cargo. Sin duda, se trata de un cambio
saludable, pero hay que esperar para comprobar cuanto de estas intenciones se
concretan. El efecto
negativo será mayor si es que los gremios involucrados no condenan y marcan
distancia con las censurables prácticas.
LA PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
El ministro de Transportes
del Peru ha manifestado que el país no está en condiciones de dar el
visto bueno a la construcción del proyecto del Tren de la Costa por la magnitud
de la inversión, pero sí prioriza la Línea 2 del Metro y la concesión de toda
la Panamericana que une Tumbes con Tacna.
¿El MEF puede garantizar que la modernización de
la Refinería de Talara cumplió con dicho requisito? ¿Con qué criterios se priorizó la
modernización de la esa refinería, posponiendo
una infinidad de demandas sociales? ¿Actualmente hay alguna entidad
encargada de estas delicadas tareas? ¿Existe una metodología común a nivel del
sector público?
El ministro de Economia y Finanzas Alonso Segura denuncia que
durante el segundo Gobierno aprista se exoneró del SNIP - Sistema Nacional
de Inversión Pública a 1,300 proyectos de inversión, por lo “que no tenemos
idea de si tenían rentabilidad social y si eran buenos para todos los
peruanos”. En cambio, Segura afirma que en el actual Gobierno “se han exonerado cero proyectos de ser
evaluados porque las cosas que se hacen ahora, se hacen bien” (Gestión
14.01.2015).
Al margen del nivel de veracidad de dicha afirmación,
resulta evidente que aun cuando un proyecto haya pasado por el SNIP, no puede
garantizar que sea “bueno para todos los peruanos”. Manuel Romero argumenta que la selección de los proyectos de
inversión no solo implica acelerar las
inversiones, sino también que la
asignación de recursos sea eficiente.
Si bien existen algunos meritorios
esfuerzos aislados, en algunos sectores no se conoce un plan a nivel nacional al
respecto. Cuando no existen reglas claras impera la
discrecionalidad y se corre el peligro de que se impongan los que tienen mayor
capacidad de presión o mejores contactos.
Obviamente, nadie
pretende que se retorne a la época en que el Instituto Nacional de
Planificación establecía las prioridades a nivel nacional; pero tampoco podemos
continuar con la situación actual, con la excusa de que los planes del Estado
generalmente no coinciden con las necesidades del sector privado u otra por el
estilo.
Sucede que hemos tenido una falta de planeamiento
durante un periodo muy prolongado y fuertes presiones para mantener el statu
quo. Ceplan - Centro Nacional de Planificación Estratégica estaría en las etapas
finales de la elaboración de un Plan Nacional, pero todavía tendría que ser
aprobado en las instancias correspondientes. El Plan no sería impositivo sino
persuasivo, e incluiría una metodología que permitiría una interacción con el
sector privado.
Para el Ceplan, el 2021 no solo marcará el segundo centenario
de la independencia del Perú, y puede
ser también el año del ascenso del Perú al grupo de países de alto desarrollo
humano, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE. Para entonces, el país
debería tener una estructura
productiva más diversificada y una economía más competitiva. Diversos estudios también consideran que hacia el
2021, el Perú no habrá eliminado la pobreza. Se espera un país más inclusivo,
habiendo disminuido las diferencias entre
lo urbano y lo rural.
De lo que se trata, agrega MRC no solo es de acelerar las
inversiones, sino también de que la asignación de recursos sea eficiente. Si
bien pueden existir algunos meritorios esfuerzos aislados en algunos sectores,
no existe un plan a nivel nacional al respecto.
Lo que sucede es que hemos tenido una falta de planeamiento
durante un periodo muy prolongado y fuertes presiones para mantener el statu
quo. Ceplan-Centro Nacional de Planificación Estratégica estaría en las etapas
finales de la elaboración de un Plan Nacional que no sería impositivo sino
persuasivo, e incluiría una metodología que permitiría una interacción con el
sector privado.
En nuestro país existe una muy antigua tendencia de priorizar
lo urgente antes que lo importante (la quincena antes que la historia), lo que,
por ejemplo, se constata en el pobre
avance en materia de reformas estructurales. El Gobierno, por dedicarse a lo que no le corresponde, descuida lo que sí
le corresponde. A pesar de que ya está
por concluir su periodo (Julio 2016),
aún no tiene idea de cuál debe de ser su rol. Los frecuentes cambios ministeriales son otro factor en contra. ¿Es así como
se puede recuperar la confianza empresarial? “De lo que se trata no solo
es de acelerar las inversiones, sino también de que la asignación de recursos
sea eficiente”, concluye Manuel Romero.
”Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo”,
escribió Luis Borges en El Hilo de la fábula.
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