Fabiana Arencibia (RED ECO)
Mucho se ha dicho y escrito en estos días acerca del proyecto de ley –ya con media sanción del Senado- para expropiar las acciones a Repsol y declarar de interés público el autoabastecimiento y la producción de hidrocarburos. Con esta nota intentaré aportar algunos elementos relacionados no solo con el contenido del proyecto en sí sino también sobre la articulación de los relatos para construir consenso sin mucha reflexión.
Sobre decisiones a las que nadie puede reprochar u oponerse, las medidas parciales que el actual gobierno fue tomando - basadas en la idea de la recuperación del rol del Estado en aspectos fundamentales de la economía y la política - convierten a “lo posible” o “es el primer paso” en el argumento fundamental de aceptación.
En muchas de nuestras notas durante estos años de gestión kirchnerista hemos dicho que había que ir a fondo aprovechando la bonanza económica de crecimiento del sector del capital y de consenso social hacia el actual gobierno.
El ciclo de recuperación del capitalismo, donde el empresariado fundamentalmente transnacional obtuvo altas rentabilidades, era el momento preciso para cambiar la estructura económica, y avanzar en profundidad en la tan nombrada distribución de la riqueza. Sin embargo esa estructura, pensada por la dictadura y desarrollada en los 90, sigue intacta: concentrada y extranjerizada.
Nuestra economía se asienta sobre la producción de soja, minería contaminante, industria automotriz, negocio financiero, todo ello desarrollado por empresas extranjeras o por empresarios con DNI de argentinos, pero sus intereses están vinculados y/o entrelazados a capitales foráneos. Los hidrocarburos también entran en esta lógica. (1)
La construcción del mensaje
Sin perder tiempo se trabaja desde la publicidad oficial el logo de YPF ARGENTINA como forma de instalar en el sentido común la idea de la “recuperación nacional” de la empresa petrolera (a pesar de que la presidenta dijo claramente que se trata de una expropiación y no de una nacionalización).
La parcialidad de este mensaje es parte de la misma estrategia comunicacional que acompaña a cada una de las medidas tomadas por el kirchnerismo desde hace nueve años.
Solo como ejemplos: Se habla de Ley de “Movilidad” Jubilatoria, cuando en realidad se ajustan los haberes de los jubilados dos veces al año y con la inflación dibujada del Indec (mucho menor a la real) provocando que hoy el 75 % cobre 1.681 pesos, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 2.300 pesos.
Se habla de la Asignación “Universal” por Hijo, cuando un informe basado en cifras oficiales, realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), detalla que un 30% de los chicos (mas de 5 millones) queda fuera del derecho a la asignación del Gobierno nacional y un 25% (mas de 3 millones) queda fuera de toda cobertura.
La estatización de las AFJP, medida que suponía el recupero de los fondos que son de los jubilados, son utilizados por la Anses para pagar deuda, financiar obra pública, subsidiar a las multinacionales y cubrir gastos presupuestarios como si fueran parte de la recaudación de impuestos.
Se habla de la “democratización” de las comunicaciones a través de la sanción de la nueva ley de medios por que vino a terminar con las “corpos” mediáticas (en especial el grupo Clarín). Sin embargo, paso a paso, se está constituyendo un nuevo “mapa de medios” con grupos empresarios alineados al gobierno que cierran filas tras el discurso que sostiene su política. Pero además, luego de dos años de su sanción, se habilita el uso de frecuencias de radio y televisión en forma discrecional. Lo mismo sucede con la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Se obligan a mineras y petroleras a liquidar los dólares de las exportaciones en nuestro país, pero según lo que ellas declaran que exportan, sin que el Estado controle que así realmente sea. (2)
La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, además de dejar anclado el debate de fondo sobre una nueva Ley de Entidades Financieras, libera reservas que, tal como dice la norma, “podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral”. (3)
Sobre la expropiación a Repsol
Es necesario decir que esta medida se ha tomado en el preciso momento en que la rentabilidad de Repsol comenzaba a disminuir. Así sucedió también con la estatización de las AFJP que habían invertido el dinero de los jubilados en el mercado bursátil y las alcanzó la crisis financiera internacional con el derrumbe en las Bolsas. La estatización les sacó un peso de encima. Hubiese sido difícil hacer frente a las jubilaciones.
Pero además hay que agregar que Respsol no solo alcanzó desde 1999 a la fecha a recuperar su inversión inicial sino que distribuyó el 80 % de sus ganancias en formas de dividendos. No los invirtió. No era este su negocio ni el de sus accionistas.
Por otra parte el gobierno nacional era plenamente consiente de lo que sucedía en la empresa. Su participación accionaria, su representación en el Directorio a través de Roberto Barrata (y la posesión de la “acción de oro”, que le da derecho al Estado para controlar algunas decisiones estratégicas), lo habilitaban para suscribir y avalar todas las decisiones que ahora critica (desinversión, política de reparto de dividendos, vaciamiento).
“No es lo mismo recuperar soberanía que restituir un paquete accionario al estado. La soberanía es una concepción de la totalidad. No hay soberanía por pedazos, cachitos, fetas, trozos. La soberanía no es una picadita con ingredientes varios, incluyendo salamines menemistas convertidos”, escribió el psicoanalista Alfredo Grande.
Y en este tema de “recuperar soberanía” lo cito porque su idea me parece una síntesis que resume con claridad el alcance de la medida tomada por el gobierno y explicamos por qué.
1- Repsol YPF tiene apenas un tercio de la producción petrolera. Debemos considerar que la expropiada Repsol, en conjunto con el Grupo Petersen (familia Eskenazi) y los accionistas particulares, producen solamente un 30 por ciento del petróleo y un 23 por ciento del gas. El resto está en manos de otras empresas extranjeras. Por caso, el Golfo San Jorge, que es el área productora de petróleo más importante del país, está en manos de Pan American Energy. Sus dueños son: la British Petroleum, de capitales ingleses (60%) y el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni (40%).
2- Se mantienen las mismas normas legales que favorecen la desregulación y la libre disponibilidad. El gobierno no ha dicho aun nada acerca de la modificar el marco regulatorio que rige la actividad hidrocarburífera.
Siguen vigentes los decretos menemistas (1055/89, 1212/89, 1225/89) que permiten la libre importación y exportación, la libre capacidad de refinación, de instalación y de titularidad de las bocas de expendio, la libre fijación de los precios, en síntesis, la libre disponibilidad del hidrocarburo extraído y la anulación de los art. 25 y 34 de la ley de Hidrocarburos (L.17319) que prohibían que un mismo operador pudiese tener mas de 5 concesiones de explotación o 5 permisos de exploración.
Medidas que fueron profundizadas con la sanción de las llamadas Ley Larga y Ley Corta (durante la presidencia de Néstor Kirchner). La primera otorgó exención de impuestos a las ganancias, a la importación de capitales y otros, para la actividad de exploración y explotación en el Mar Argentino y en las zonas no exploradas -y aun en las exploradas- del territorio continental. La segunda, convirtió el dominio originario que la Constitución de 1994 entregó a las provincias hidrocarburíferas (propiedad del recurso pero no del uso), en dominio jurisdiccional o útil. Con esto, el Estado Nacional le cedió a las provincias la potestad de otorgar todas las concesiones, traspasándoles su poder para efectuarlas y controlarlas. Así, las provincias son las que cobran los cánones, fiscalizan los trabajos y de la renegociación de las concesiones.
3- Se legaliza la permanencia del negocio privado nacional y extranjero como política en materia de producción de hidrocarburos. El texto del proyecto con media sanción dice claramente en su artículo 2, que para garantizar el autoabastecimiento y la obtención de saldos exportables que mejoren la balanza de pagos, se recurrirán a la integración de capital público y privado, tanto nacional como internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación. Además refiere, en el artículo 13, al incremento del flujo inversor para el adecuado abastecimiento de combustibles. Se mantiene así el criterio de los acuerdos con capitales privados nacionales y extranjeros que, obviamente, intentarán sacar la mayor tajada posible de los mismos. El rol que juegan los empresarios locales, en muchos casos en alianza con o como representantes de la transnacionales, es el de mantener e incrementar las ganancias de sus empresas (Eskenazi es la muestra palpable de esto)
4- El Estado nacional se queda con casi lo mismo que los Eskenazi y con la deuda de Repsol. El cambio del paquete accionario a favor del Estado Nacional que es del 26,03 % (ya que el 24,97 % restante es de las provincias petroleras), se equipara prácticamente con el que quedará en manos del Grupo Petersen (25,46%), conglomerado de empresas dirigidas por la familia Eskenazi. Si tal como dice el proyecto de ley en su primer artículo, son de “interés público nacional” el logro del autoabastecimiento, la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, no se comprende la razón de expropiar solo a Repsol.
Por otra parte el Estado asume así la proporción de la deuda que tiene la empresa y que según el viceministro de Economía, se acerca a los 9.000 millones de dólares. Este importe es casi el mismo que debía cuando se privatizó en 1992 (deuda que también entonces recayó sobre el Estado Nacional porque se entregó YPF al capital privado libre de pasivos). El Estado asume esta carga financiera y se desliga a Respol de este peso que, por otra parte, le era difícil de cumplir.
El pasado que regresa converso
¿Quiénes estaban durante el discurso presidencial donde se dio a conocer el proyecto?
La ministra de Industria Debora Giorgi quien, siendo secretaria de Energía durante la presidencia de De la Rúa en el año 2000, le otorgó a Repsol una prórroga anticipada (el contrato vencía en el 2017) por 30 años de la concesión del yacimiento de Loma de la Lata.
También estaba el actual secretario de la presidencia Oscar Parrilli quien, siendo diputado por Neuquén, presentó ante la Cámara Baja el proyecto de ley de privatización de Gas del Estado e YPF. Durante el debate, sostuvo: “No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (…) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]”.
No estaba presente, pero vale nombrarlo por su función actual, Roberto Dromi, que de ser el mentor de la ley de privatizaciones como funcionario menemista, parece haber devenido en estatista. Dromi es actualmente asesor del actual Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido, en el área de petróleo y de energía.
Respeto al ministro, dice Alfredo Grande: “La sola presencia de De Vido, responsable impune de la masacre de Once, me pone en alerta naranja”. Y recuerda un reportaje publicado en diciembre 2010 por el diario Página 12. Allí se le preguntó a De Vido sobre la entrada del Grupo Petersen a la empresa: “Creo que es muy importante; hay un conocimiento mucho más acabado de la economía del país y se articuló la sinergia entre capital argentino y capital español; así se logró la excelencia de la empresa, como dijo la Presidenta. (Nota: “Tendremos gas para 90 años” )
El Estado en la empresa
“Esto se hace porque la realidad mató al relato”, afirmó con agudeza Félix Herrero, abogado, economista y uno de los fundadores del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MO.RE.NO).
Es que la realidad ha sido la caída permanente de las reservas, la falta de inversión, el giro permanente de ganancias al exterior y la necesidad de importar provocando una balanza energética altamente deficitaria. Más allá de loas a la “argentinización” que vinieron desde el propio gobierno ante la entrada de Eskenazi como accionista. Más allá de que el origen de la debacle haya comenzado durante el menemismo (con apoyo de los que hoy se convierten en estatistas nac & pop) pero que se profundizó durante la gestión actual.
El proyecto mantiene la forma societaria para la empresa. La decisión de que permanezca como Sociedad Anónima y no como, al menos, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (posible por el 51 % que se le expropia a Repsol) evita que intervengan en el control de la misma los organismos públicos como la Auditoria General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación para auditar el papel del Estado en las decisiones que se tomen.
Las provincias que se llevan el 49% del 51 que se expropia, son las que integran la OPEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos). Allí están Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A gran parte de sus gobernadores actuales, es difícil encontrarles un pasado en la gestión pública de defensa de la soberanía económica.
Solo como ejemplos: el gobernador de Neuquén sigue con la política privatista, el gobernador de Chubut le quitó este año concesiones a Repsol pero dio a conocer su decisión de volver a licitarlas a capitales privados. En el caso del gobernador de Jujuy, durante su pasada gestión al frente de la provincia en 1998 se llevaron a cabo las privatizaciones de empresas públicas como Altos Hornos Zapla.
Que el gobierno realce como “modelo de gestión” para YPF el de petroleras “mixtas” como Petrobras, significa adoptar la decisión de que el Estado siga por el camino de aceptar que el petróleo se venda a las refinerías a “precio internacional”. Nuestro propio crudo nos cuesta a los argentinos como si fuera importado.
Algo sobre los Eskenazi
La familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen, compró sus acciones en dos tandas para hacer posible la “argentinización” que necesitaba el gobierno. Una en 2008 y otra en 2011, que le otorgaron el 24,4 por ciento de l capital.
No pagó nada por ellas, sino que fueron financiadas con préstamos que le otorgaron la propia Repsol y los bancos Credit Suisse, Goldman Sachas, BNP Paribas, Itáu, Santander, Standard Bank, Credit Suisse y City Banck. Hoy los Eslenazi deben por estos préstamos cerca de 3.000 millones de dólares.
El acuerdo fue que serían pagados con los dividendos futuros a recibir por sus acciones.
Por eso acusar solo a Repsol del vaciamiento es mirar con un solo ojo. Todos los accionistas se beneficiaron con la decisión de distribuir utilidades mientras no se cumplían los planes de inversión. Y los Eskenazi fueron uno de los más favorecidos
Indemnizar: ¿Quién debe a quien?
Como en la época de la dominación española, la sangría de plata y oro al viejo continente hoy vuelve con las ganancias que se fueron junto con el petróleo. El daño ambiental y la violación a los derechos territoriales son denunciados por la Confederación Mapuche de Neuquén. Afirman que “El Estado Provincial y el Federal no consideraron, en estas últimas décadas, estos derechos y no surge desde ninguno de los enunciados del proyecto de ley esta preocupación central en nuestras vidas”.
El proyecto de ley dice que el “precio” se determinará según lo que define el artículo 10 de Ley de Expropiación (21499): “La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos (...)”
Y aunque se decida no pagar ni un peso a Repsol, debe quedar claro que el Estado (nosotros) se queda como socio mayoritario con la carga de resolver no solo la deuda que deja la empresa sino también la del necesario financiamiento del Plan de Inversiones que Repsol no cumplió (se habla de 30.000 millones de dólares en los primeros cinco años)
Vaca muerta, muerte de la tierra
Cuando el proyecto habla de garantizar el autoabastecimiento y aumentar a la vez los saldos exportables, desconoce una realidad: la declinación de las reservas hidrocarburíferas producto no solo del saqueo y vaciamiento de las petroleras transnacionales sino también, tal como lo afirma el Observatorio Petrolero Sur (OPS), porque “las cuencas traiciónales del país han llegado al llamado ‘peak oik’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil acceso)”.
Las alternativas que surgen desde los sectores empresariales y también públicos es la extracción de hidrocarburos no convencionales. Por eso el revuelo por la confirmación a mediados de 2011 de la existencia de un enorme reserva de crudo en la zona Vaca Muerta, una extensa formación geológica de 30.000 km2 que recorre el sur de la provincia de Mendoza, el este de Río Negro pero cuyo 70 por ciento está asentada en la provincia de Neuquén. Dicen que es el tercer reservorio mundial de este tipo (no convencional) y que para su explotación se necesitaría una inversión de 40.000 millones de dólares.
Sin embargo, sobre lo que no se habla es acerca de los impactos ambientales y sociales que este tipo de explotación ha traído en otras partes del mundo. Está prohibida, como técnica de producción, en Francia y Bulgaria. Y países como EEUU, Sudáfrica, Australia y Gran Bretaña han declarado moratorias para este tipo de explotación.
A diferencia del gas y el petróleo convencional, que conforman capas horizontales de fácil acceso, este tipo de reservas están encapsuladas entre las vetas de la roca madre. Para explorar esas cápsulas y luego extraer su contenido se utiliza la técnica del 'fraking' que consiste en perforar la roca en diagonal, con equipamiento de alta tecnología.
Al respecto la Confederación Mapuche de Neuquén dice: “Observamos con preocupación y alerta que ante la necesidad de generar el autoabastecimiento se plantee como camino la explotación del petróleo y gas no convencional, a través de la hidrofractura. Siendo esta una forma de extracción que ha dejado grandes desastres ambientales, en otros países, agotando y contaminando reservas de agua, además de la tierra y el aire. Motivo por el cual ha sido suspendida y hasta prohibida su explotación.
Algunas preguntas
Por qué si el gobierno le imputa a Repsol la responsabilidad del “vaciamiento”, además de la intervención, no llevó la denuncia a la justicia en lugar de expropiar sus acciones, liberándola de sus obligaciones como si fuera una especie de salvataje.
Por qué si el incumplimiento contractual era harto evidente, no se le rescindieron todos los contratos a la totalidad de la empresa (Eskenazi incluído) para transitar un camino de tener una petrolera 100% estatal.
Nos preguntábamos en una nota que publicamos en Red Eco cuando comenzaron las quitas de áreas de concesión a Repsol YPF (4) ¿Quién va a pagar lo que Repsol no invirtió en todos estos años en los que ganó muchísimo dinero y giró la mayor parte a su casa matriz? ¿Y quién se hará cargo de los daños ambientales que ocasionó y de la invasión de tierras a los pueblos originarios? ¿Quiénes se harán cargo de esas áreas que se le quitaron? ¿Será el estado nacional, los estados provinciales u otros capitales privados “nacionales” como Eskenazi?
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