El combustible y la economía
popular. Por Jorge Zavaleta Alegre.
Crónicas sobre la administración
de justicia han dejado de tener interés
en la comunidad nacional, más aún cuando
los delitos se globalizan. Las siguientes líneas tienen algunos elementos
nuevos a tomarlos en cuenta, porque se conoce públicamente la voluntad política del actual gobierno de emprender acciones contra la endémica corrupción;
y el caso que nos ocupa puede servir de pequeño
sendero para alcanzar objetivos de mayor dimensión.
La estatal
Petroperú , en un reciente comunicado a la opinión pública, da cuenta que tres funcionarios fueron comprendidos en un proceso judicial,
acusados de haberse coludido con una corporación
privada para venderle combustible Turbo A-1 sin pagar
el Impuesto Selectivo al Consumo .
Los hechos, materia del proceso, ocurrieron durante los años 2002 a 2004. La
empresa pública se apersonó como agraviado constituyéndose en
parte civil en el 2007, siendo patrocinado, desde noviembre del 2009, por un
reconocido estudio de abogados y el caso,
en el 2012, continúa judicializado, a la
espera de la decisión definitiva del Poder Judicial.
El mismo comunicado, precisa que la sentencia de primera instancia
de la Cuarta Sala Penal Especial Liquidadora ha sido favorable a la empresa
estatal y los
funcionarios comprometidos han sido separados. Los procesados han interpuesto recursos de
nulidad, motivo por el cual el fallo será definido en última instancia por la
Corte Suprema.
Como se puede observar, van transcurriendo
doce años y no hay fecha definitiva de zanjar el caso. La lentitud judicial queda corroborada. Sin embargo, la denuncia pública constituye una oportuna advertencia, interna y
externa, en este momento en que
Petroperú busca estimular el libre mercado del gas, mediante la reducción de
los costos en la comercialización, tema que entre los híper liberales, cualquier
señal, por pequeña que sea, es relacionada como inconveniente “intervención del negocio”
Qué duda cabe, hay muchos
magistrados de conducta intachable, que
por lo general actúan, según la presión,
mayor o menor, de los implicados y/o de los afectados. La carga judicial es enorme y generalmente las
instancias administrativas tampoco
estiman como tarea prioritaria, urgente, inmediata, decidir sobre una información concreta de la Contraloría.
La historia no se repite. En la década del ochenta, por ejemplo, un presidente
del directorio de una empresa pública, fue descubierto
por especulación de gasolina a través de un grifo de su propiedad, mediante la
mezcla con kerosene. La denuncia se
quedó en una pastilla de mar de fondo. Y luego vino el silencio.
El espíritu de cada momento está
marcado por dos cualidades, justicia
y eficacia, dice Basadre, al hablar de la gran Promesa. Para consolidar la democracia se requiere de organización
contra todas las inmoralidades, “desde
los grandes y pequeños peculados, hasta los gritos radicales o reaccionarios,
los desbordes primitivos y la mentira de nuestros convencionalismos”. Querer un Perú
en buena salud, no solo es acción, que
debe ser fundamental y primordial sobre
sus flagelos biológicos y sociales, sino
también por la honestidad cívica.
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/el-petroleo-de-los-peruanos/
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