Lima. En América Latina las grandes mayorías y los estudios
científicos más rigurosos coinciden en la necesaria revisión del rol del Estado
en el campo del desarrollo agropecuario bajo las nuevas circunstancias económicas. Asimismo, superar los mitos negativos sobre la reforma agraria, el significado del fin de las oligarquías y como edificar la democracia inconclusa.
Se trata de un desafío de encontrar el equilibrio entre la producción de
alimentos, la conservación del medio ambiente, reduciendo al mismo tiempo la pobreza rural, tarea que involucra a los
poderes públicos y a la sociedad civil y superar errores sobre un presunto fracaso de
las reformas agrarias, entre otras, realizadas en América Latina y
esencialmente en el Perú de los finales del sesenta.
La Reforma Agraria y otras reformas del 68 movilizaron
conciencias, desde entusiasmo popular
hasta odios fatales. Cuatro décadas después las nuevas empresas agroexportadoras
replantean los límites de la propiedad hasta un máximo de cuarenta mil
hectáreas, en tanto las pequeñas cooperativas y campesinos parceleros no encuentran respaldo técnico ni
financiero para desarrollar sus contados surcos de los estrechos valles y empinadas laderas de los
andes.
El año pasado, el electorado del Perú votó por una hoja de
ruta que prometía el impulso prioritario del país rural. Ese sentir es también
un desafío para la humanidad. La
compatibilización entre el desarrollo agropecuario, la reducción de la pobreza
rural y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente es una
necesidad y un esfuerzo por alertar a los poderes públicos y la sociedad toda.
Para ampliar esta visión conversamos con dos notables
intelectuales. Sinesio López Jiménez, destacado científico social, egresado de
la Escuela de París y profesor de varias universidades Latinoamérica; y Otoniel
Velasco, doctor en medicina veterinaria,
ciencias políticas, egresado de la Universidad de Harvard. Es uno de los
fundadores, hace cincuenta años, de la
Planificación en el Perú, institución
que defiende reactivación y vigencia.
La Reforma del Estado (tanto la burocrática como la neoliberal) en el Perú del siglo XX se ha concentrado básicamente en los cambios en los sistemas legales (constituciones de 1920, 1933, 1979, 1993, Códigos penal y civil), en el poder ejecutivo algunas reformas con la Ley del Estatuto y Escalafon del Servicio Civil, creación del Instituto Nacional de Planificación, y parcialmente en la descentralizaciòn y la administración pública.
Los ejes de la Reforma del Estado contemplados dentro de la prometida gran transformación, implica acabar con el patrimonialismo y la captura del Estado, la defensa del Estado-nación, ensanchar las islas de modernidad, luchar contra un Estado antidemocrático, superar esa falta de dominio de la ley, incidir en la planeación estratégica, superar la falta de seguridad, promover e incidir en el reconocimiento de nuestra compleja pluriculturalidad, superar el centralismo, incidir con una Reforma Tributaria que permita ingresos para financiar las transformaciones, llevar adelante una reforma gerencial y una lucha frontal contra la corrupción.
Este año, en el Perú el titular del
sector Luis Ginocchio trata de concertar un programa de emergencia para
eventuales semi sequías en el norte y
nevadas o sequía en los andes del centro y sur, según da cuenta la revista
especializada Agronoticias, al mismo tiempo que
recomienda aprovechar las tierras y el potencial de los ríos bajos de la selva, pero sin esperanzas de que la
Banca Agraria sea reactivada ni a corto ni a mediano plazo. Y los programas sociales aún no pueden avanzar con la debida celeridad, debido, precisamente, a la ausencia de un Estado que urge reformarlo profundamente.
SINESIO LOPEZ Y LAS FRACTURAS DEL PAIS
Sociólogo latinoamericano, ex asesor del primer premier de Gana Perú, es uno de los intelectuales más activos en emergente movimiento de los indignados. Plantea la continuidad de la hoja de ruta sin alejarse de las grandes transformaciones prometidas por el gobierno para superar las grandes fracturas históricas heredadas y vigentes desde la colonia.
Señala a Cambio16 de Madrid, que “la ideología es un elemento
central de la política porque 'predispone a la acción' y reitera que el viraje ideológico del actual mandatario
Ollanta Humala, se ha producido ante el poder de la derecha y ha tomado
decisiones muy alejadas al proyecto de la "Gran Transformación" que
enarboló en la campaña presidencial.
"Cuando la
izquierda hizo una coalición con él, el presidente, elegido democráticamente en
junio del 2011, expresaba un nacionalismo de izquierda, pues también hay un
nacionalismo de derecha. Por más que él diga que él es de abajo, el programa
que llevaba era un programa de izquierda. En los últimos meses hubo un
viraje".
Estima que “Ollanta se negó a tener un poder propio al
destruir su partido 'Gana Perú', al romper su relación con los electores de
abajo, con la izquierda, con las regiones y con el centro liberal democrático
que lo ayudó a ganar la segunda vuelta".
Interpreta que el contexto político obligaba a modificar o al
menos maquillar el plan de gobierno inicial y convertirlo en una hoja de ruta
moderada: "Entendemos el sentido de la hoja de ruta, que es la
actualización del programa de la gran transformación en una coyuntura
electoral, relativamente moderada hasta conservadora. Reivindicamos la hoja de
ruta primigenia y es la que nos unió a los nacionalistas e
izquierdistas.
“El viraje comienza cuando el presidente invita a subir a
bordo a Castilla y Velarde, en el ministerio
de Economía y a la presidencia del Banco
Central, cuando en las filas de Gana Perú existen o existían profesionales de
alta formación y bien ganado prestigio internacional. Eso significaba la
continuidad de la captura del Estado, que vienen haciendo los grandes grupos económicos".
Al ser cuestionado
sobre la fortaleza y/o existencia de las ideologías políticas en nuestro país,
López Jiménez remarcó que es un hecho que estas existen, pues son un elemento
central de la política que predispone a la acción: "La sociedad no está
llena de ángeles o de científicos. La
ideología es natural, como un elemento central de la política porque predispone
a la acción", manifestó.
Respecto al proyecto
político de izquierda que viene apoyando,
reafirmó que éste tiene como ideal poder resolver los grandes problemas
del país, y además de poder amenguar o curar las fracturas que sufre la nación,
incluso que desde el colonialismo siguen vigentes:
"Ni la izquierda
ni la derecha han podido articular un sistema de pensamiento que masomenos nos
permita desarrollar propuestas culturales o políticas que contribuyan a
resolver esas grandes fracturas históricas que el país tiene. Esa es la apuesta
que hacemos hoy. Intentar nuclear a la izquierda en una propuesta que enfrente
los grandes problemas del país".
Recordó a los oyentes
de Radio Programas del Perú, Canal N, Canal 4 y a Cambio16 de Madrid, que la Historia tiene
en el levantamiento de Túpac Amaru, en la acción del Apra y el Mariateguismo de
los años treinta y en la revolución militar del 68 producto del golpe militar
de Velasco, antecedentes y propuestas de cambios en la estructura del país; y la victoria electoral de Humala planteaba esa
posibilidad en democracia. Sin embargo, el viraje del gobierno no podrá superar
el viejo patrimonialismo como rezago del siglo XIX ni llevar adelante una
reforma y un Estado moderno.
LA PLANIFICACION
Según Otoniel Velasco,
en el Perú, la Ley de Reforma Agraria de
1969 se trabajó en el Comité Asesores de la Presidencia con la directa participación de funcionarios
del INP y funcionarios del Ministerio de Agricultura con un procedimiento muy
del estilo militar: el trabajo en compartimentos estancos de suerte que cada
integrante del grupo sabe una parte del asunto que se está tratando pero
ninguno, con excepción del líder, que conoce el conjunto.
Así, se expide la Ley el 24 de junio de 1969 lo que ocasiona
la renuncia del entonces Ministro de Agricultura el Gral. Benavides quien se
enteró de la Ley el día que el proyecto se presentó al Consejo de Ministros
para su aprobación, no obstante que en su redacción habían participado sus más
directos colaboradores.
Tampoco conocía el contenido de la ley el Gral. Francisco
Morales Bermúdez en ese entonces Ministro de Economía y Finanzas, quien se
encontraba en Frankfurt renegociando la deuda externa con los alemanes cuando
en Perú los militares intervenían los latifundios de Casagrande el complejo
azucarero de Gildemeister ligado a los capitales germanos.
En el debate del proyecto de Ley de Reforma Agraria en el seno del Consejo de Ministros
prevaleció la concepción radical (inspirada por asesores del social-progresismo,
un movimiento político de claras simpatías con el fidelismo cubano) en la
distribución y organización de las tierras afectadas, prefiriéndose estructuras
de propiedad grupal como las cooperativas agrarias de producción (CAPs) y
sociedades agrícolas de interés social
(SAIS) que integraban a las antiguas comunidades campesinas con pequeños
parceleros, y sólo en segundo lugar a la propiedad individual con limitaciones
a la extensión de la tierra bajo este último
régimen.
Los límites de inafectabilidad fueron fijados en 50 hectáreas
para tierras con riego y 150 si eran de secano, con lo que se afectaba no sólo
la gran propiedad, sino incluso la mediana.
La reforma era una antigua demanda de diversos grupos ante el
hecho de la desigual distribución de la
propiedad de la tierra en el país y la situación de aguda miseria en el campo.
Una pequeña minoría poseía la mayor parte de tierras cultivables: el 76% de
éstas correspondía a sólo el 0.5% de las unidades agrícolas. Existía, sin
embargo menos consenso en torno a cómo realizar la reforma agraria y el gobierno apeló a una versión renovada del
indigenismo, que el General Velasco en su alocución a la Nación dejó
elocuentemente sentado: “Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”, término
acuñado por Efraín Ruiz Caro conocido periodista y dirigente del
socialprogresismo.
De este modo, el agro nacional bastión de la oligarquía
tradicional y del gamonalismo serrano es objeto de una profunda reforma
centrada en la transferencia de la propiedad al campesinado. El “indio” en
adelante pasa a ser “campesino”. Con esta reforma realmente se quiebra el
“espinazo de la oligarquía” en conocida frase del sociólogo Henry Pease, hoy Director de la Escuela de
Gestión de la Universidad Católica del Perú.
Los días 24 de junio de cada año se celebraba en el Perú
desde la época de Leguía el “Día del Indio”. El año 1969 ésta fue la fecha
escogida por el gobierno para la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la
expropiación de las modernas haciendas azucareras de la costa norte y central.
Tropas armadas sacaron a propietarios y administradores, dando inicio a una de
las más radicales reformas agrarias del continente. El 24 de junio pasó a ser
llamado el “Día del Campesino”.
Para impedir la descapitalización y retroceso técnico de las
grandes plantaciones, el gobierno las transformó en cooperativas de
trabajadores, cuyos gerentes se encargó de designar.
Los latifundios más tradicionales y las tierras que
recibieron las comunidades campesinas también adoptaron formas asociativas
tuteladas por funcionarios estatales quienes debían procurar su modernización
productiva. Se trató de impedir la parcelación de las tierras y su eventual
compraventa.
Si bien se contempló una indemnización a los propietarios,
éstos debieron aceptar un pago mínimo en efectivo y el resto en bonos de la
deuda agraria redimibles a 20 años que los gobiernos siguientes no los honraron
pese a los continuos reclamos de los tenedores de bonos, reclamos que continúan
hasta hoy.
Convertir a los terratenientes en industriales fue una de las
expectativas del gobierno por lo que estableció que la mitad de los bonos
agrarios fuera pagada en efectivo, si el ex terrateniente decidía invertir en
la industria un monto similar. Pocos se acogieron a esta norma, el caso más
notable fue el de la familia Romero que formó una poderosa empresa textil
y años más tarde se hizo propietaria del
Banco de Crédito del Perú, en ese entonces en manos de capitales italianos.
LA PRODUCCION CRECIO CON LA REFORMA
Hasta 1979 fueron expropiadas 9.1 millones de hectáreas,
prácticamente el total expropiable. El número de fundos afectados fue de 16
mil. Comprendía no solo la tierra, sino además la maquinaria, el ganado y las
instalaciones industriales y civiles. El total de beneficiarios alcanzó a 400 mil familias,
número importante, pero se trataba de
una cuarta parte de la población rural. El problema era muy simple: no había
más tierra a repartir.
Se critica a la reforma agraria señalando que la producción
agrícola descendió bruscamente después de la expropiación de las tierras. Las
informaciones más recientes del Banco Central de Reserva desmienten esta afirmación tal como se puede
observar en el Cuadro adjunto.
En el período
1969-1975 la producción del agro fue superior a la del período 1963-1968 y si
bien sufre una caída en el quinquenio 1976-1980 esta es más atribuible a
problemas climáticos que se presentan cada cierto tiempo como se comprueba en
el quinquenio 1986-1990 y no al proceso de reforma agraria.
En todo caso cabría afirmar que en el largo plazo el agro se
ha beneficiado significativamente con la reforma agraria al haber tomado un
rumbo más dinámico a partir de 1991.
La experiencia mundial enseña que toda reforma agraria tiene
dos grandes etapas: la primera es la transferencia de la propiedad de la
tierra, políticamente la más difícil, y la segunda es la modernización del
agro, más fácil políticamente pero mucho más complicada de implementar y que
requiere plazos más largos.
La primera etapa se cumplió con creces en el período
1969-1975 sin mayor costo social, a diferencia de otros procesos similares que
costaron miles de vidas y situaciones de virtual guerra civil.
EL AGRO CAMPESINO REFUGIO DE LA POBREZA
La segunda etapa exige cuatro requisitos:
i. Titulación de la
tierra. ii. Infraestrutura vial, de
energía y de riego. iii.
Asistencia técnica, y iv. Crédito.
Los gobiernos que sucedieron al del General Velasco no
cumplieron con estas medidas o lo hicieron muy parcialmente.
Así tenemos que hasta
hoy un elevado porcentaje de los predios agrarios carece de títulos
saneados, la infraestructura básica es precaria, la asistencia técnica
sumamente limitada y el crédito limitado sólo al agro moderno, de este modo
el agro campesino sigue siendo refugio
de la pobreza.
EL CAMPO NO SE MODERNIZA
Aunque la modernización del campo, objetivo central de la
reforma agraria, no llegó a cumplirse,
se minó la tradicional estructura de las clases altas y las bases
agrarias de su poder y sobre todo se liberó de la servidumbre a gran parte de
la población originaria que fue sometida a esta condición desde la llegada de
los españoles en 1535.
Por otra parte, los cientos de miles de beneficiarios de la
reforma agraria y sus descendientes están constituyendo una nueva y vigorosa
clase media cuya presencia en el escenario nacional es cada vez más notoria.
De este modo la reforma agraria constituye en realidad la
reforma social más importante del siglo XX y cierra el desmontaje de la
República de Indios y de la República de Criollos iniciado en la década del
cuarenta con las grandes migraciones del campo a las ciudades y con las
invasiones campesinas de la década del cincuenta.
ALGUNAS CONCLUSIONES:Múltiples estudios sobre la Visión, realizado por centenas de investigaciones latinoamericanas, confirman que en los países en desarrollo más pobres un crecimiento económico de base suficientemente amplio, puede ser liderado por la agricultura, aunque tal crecimiento no debe ser solamente agropecuario.
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