Una frase de permanente actualidad: “Mi estado de espíritu hace la síntesis de esos estados llamados optimismo y pesimismo y los supera: soy pesimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad”.
En el siglo XXI vemos que América Latina ha logrado soslayar los impactos de la crisis de mejor manera que en el pasado, debido a la “disciplina” fiscal. Pero ese enfoque, casi dogmático, comienza a cambiar concediendo algunas prioridades y en estilo de gestión de las políticas públicas. No se puede ocultar que la región es más heterogénea y los gobiernos han puesto de manifiesto enfoques diferenciados respecto al rol del Estado.
En varios países - Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Perú - los avances de los pueblos indígenas se han dado casi únicamente en áreas culturales con un poco de educación bilingüe y legitimación simbólica en la participación política. No así en los territorios y bienes materiales. Por ejemplo, la aplicación de la Consulta Previa a los pueblos originarios del Perú, después de más de una década de incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, puede producir resultados positivos inesperados. Inclusive hay discursos que caminan tras el Nobel de Economía, planteando a las comunidades indígenas el “derecho” a ser “accionistas” conjuntamente con los grandes capitales en la medida que acepten el ingreso a sus territorios para la extracción de la riqueza amazónica.
Teniendo en consideración la nueva dinámica política y social de gran parte de Sudamérica, la investigación de la CAF sobre “Políticas sociales para promover ciudadanía y cohesión social”, constituye un aporte más cercano para proseguir en el conocimiento y comprensión de “la situación internacional que se caracteriza por la búsqueda de nuevos equilibrios en la economía mundial” y que “las transformaciones en curso traerán una nueva división internacional del trabajo entre las economías industrializadas y las economías primario-exportadoras y emergentes, así como nuevas articulaciones geopolíticas entre las diversas regiones y un desplazamiento del eje de las relaciones desde el Atlántico hacia el Pacífico”.
Dicho estudio reconoce que ahora prevalecen enfoques mucho más amplios que los de la erradicación de la pobreza y que resulta imprescindible retomar “la discusión sobre la concertación de un pacto fiscal que permita el financiamiento sostenible de las políticas sociales y que traiga consigo una equidad distributiva cada vez mayor”.
También introduce una preocupación por la informalidad, porque todo indica que este fenómeno ha alcanzado dimensiones que ya no se pueden considerar “una circunstancia pasajera” y que la formalización, siendo un objetivo complejo, “requiere estrategias integrales y sostenidas en el tiempo”. Al hablar de informalidad, por cierto, se incluye o se debe incluir el inmenso contrabando de prendas de vestir, licores y artefactos eléctricos, que ingresan al mercado nacional violando fronteras y puertos. También el combate al narcotráfico, a la producción de droga sintética y la piratería de la propiedad intelectual, entre otros males.
Asistimos a la promoción de reformas administrativas destinadas a lograr la neutralidad del aparato estatal y su independencia frente al poder económico, “sometiendo al funcionariado a un riguroso control de incompatibilidades que impida un trasvase generalizado de altos cargos de las grandes empresas privadas y la independencia del partido de poder”.
En cuanto a los servidores públicos, los políticos electos o designados, de cualquier signo y tendencia, son actores sociales interesados en defender sus propios espacios de poder y ventajas. Esto se llama “apropiación burocrática” y que se manifiesta en la existencia de numerosos programas que siguen obteniendo importantes recursos del Estado pese a que no han probado su impacto en la reducción de la pobreza, porque son propuestas diseñadas “desde arriba”.
En América Latina, el ejercicio contemporáneo de la política, se inscribe en la búsqueda de profundización de la ciudadanía y de la inclusión. Las democracias son a medias: ofrecen libertades políticas, pero no reúnen las condiciones que garantizan el usufructo efectivo de esas libertades políticas. Lo importante para los nuevos actores políticos es el establecimiento de otro contrato social que derive en un nuevo pacto de redistribución de poder.
No se trata de un “Estado fuerte” en el sentido de un Estado autoritario sino de un Estado para ir corrigiendo las inequidades en la búsqueda de la justicia social, y con un nivel muy alto de participación social que lo controle. Los cambios sociales y políticos que han ocurrido en la región, serán más trascendentales para la democracia cuanto más justa sea la distribución del poder y la riqueza.
A mayor poder de los pobres, menor vulneración de sus derechos humanos y menor pobreza. Los excluidos son desempleados, pobres, migrantes indocumentados, homeless, desconectados. La exclusión o desigualdad no es solo económica. Prima por factores de la geografía, la corrupción, la intimidación, la violencia, el género, la pobreza y la raza.
Si no cambia el rumbo del Estado convencional las reacciones sociales son y serán cada vez más inmediatas, gracias a la arrolladora tecnología de comunicación que va estimulando redes sociales y la reformulación de la vida gremial en el sector privado y el Estado. Los lectores esperamos que camine la “Serie Reflexiones Sobre Políticas Sociales y Ambientales” que anuncia la CAF, porque es una de las multilaterales que está más cerca de la realidad regional, y cuyas operaciones crediticias, en muchos casos, tienen menores costos de las que operan desde Washington.
Es verdad que en América Latina se ha reducido la pobreza, pero no se ha llegado a romper el círculo perverso de la desigualdad. La exclusión social ya no es la que era antes. Vemos “Democracias en busca de Estado”, un Estado que garantice la universalidad de derechos a toda la población, en concordancia con la pluralidad, heterogeneidad y complejidad de las actuales sociedades.
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