Jorge Zavaleta Alegre. Cambio 16 Madrid.-
Si el
objetivo de UNASUR es promover la ciudadanía regional, la Ley Universitaria que
debe aprobar el Congreso Peruano, es un
aporte a este propósito de integración.
Lima, la
segunda semana de marzo del 2014, se convierte en sede de la reunión de altos
delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Durante esta
cita se concretarán acciones que forman parte
del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco
años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de
Iniciativas Comunes.
La Educación
Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la
presidencia pro témpore 2013-2014, pero
bien vale comentar la trascendencia del
Proyecto de Ley que cambiará
el rumbo de las
Universidades Nacionales y su
correlación con el lucrativo negocio de la educación.
La cantidad
no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de
América Latina, indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil,
México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta
con 140 universidades, el 70% privadas.
Algunos
mensajes ratifican el carácter crítico de la
Universidad Peruana: - Más de cuatro mil científicos, egresados de universidades prestigiosas de Europa
y EEUU, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades
que impone la Asamblea Nacional de
Rectores, entidad que sería reemplazada por una
Superintendencia de la Educación
Superior, que es parte del Proyecto de Ley que deberá ser aprobado
por el Congreso de la República este mes de Marzo.
Es irónico
que existan universidades privadas que pagan salarios mínimos a los profesores y rectores con
ingresos mensuales cercanos al
millón de soles (350 mil dólares americanos) e impongan el nepotismo.
Diversos
círculos cercanos a los negocios universitarios como el FIPES, especula
sobre la posible vejación de la libertad
de pensamiento con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (Suneu), adscrita al Ministerio de Educación, que, según el
proyecto, supervisará y fiscalizará a las universidades.
El congresista
Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de
Educación del Congreso - cuya vida ha sido dedicada a la docencia y capacitación
de las Fuerzas Armadas -, confía en que
el Proyecto sea convertido en Ley, al mismo tiempo que invoca la abstención de su voto en
el Pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.
El Sistema
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Enseñanza ha brindado
diversos aportes para fortalecer el sistema educativo universitario. Se suma la
Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, que
identifica la participación negativa del sector privado en la calidad de
la formación del profesional en la mayoría de las instituciones creadas en la
última década. Hay universidades que pertenecen a holdings que succionan los
ingresos nacionales hacia otras latitudes, pero ninguna de ellas reconoce que
es una institución de lucro.
La
Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en apariencia y siguiendo la Reforma de Córdova, rechaza el proyecto porque es una norma
que violenta la autonomía.
Los
estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería votan por una reforma que mejore la calidad de la
enseñanza, por encima de los privilegios que mantienen las actuales
autoridades.
La
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
expresa su preocupación por la aprobación de la nueva Ley, que incluye el desarrollo de las diez
principales universidades públicas, a las cuales se les otorga una década de plazo para rescatar los principios esenciales de una educación al servicio a la comunidad. El gremio empresarial,
señala que la norma “no toma en cuenta ninguna opinión de los propios
involucrados, que desnaturaliza la autonomía
y que más bien la somete a una entidad bajo el control político de
turno”.
La Confiep,
pretende confundir o que significa autonomía académica y administrativa en
concordancia con calidad y no el negocio especulativo que gobierna el mercado. En el proyecto de Ley figura una
representación de los sectores empresariales, que le faculta su participación
en las decisiones en el sistema universitario, pero no defender el lucro.
La
Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), considera
que una norma que “viola la autonomía política, administrativa y académica;
burocratiza la innovación del conocimiento”. Sin embargo, ignora que durante
cerca de tres décadas de libre mercado, las universidades no se han quejado de
nada, por el contrario sólo han crecido
en número.
Los ataques
a la nueva legislación se centran
básicamente contra el presidente de la Comisión de Educación del Congresista, por
su cercanía a las Fuerzas Armadas, como la Escuela Militar, el Centro
de Altos Estudios Militares, que durante el régimen del presidente Velasco
Alvarado (1968-1975), se alentó reformas
estructurales en el campo laboral,
agrario e intercambio académico con escuelas de los países vecinos
como Venezuela.
Para
prolongar privilegios, la dirigencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) pide la postergación del debate parlamentario
hasta la próxima legislatura. Aunque la
ANR no oculta su “victoria” cuando
considera que la reglamentación de la Ley tardará y también porque no se fija
presupuestos de inversión.
Las críticas
se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de
la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria. Los centros de estudios
que no logren la certificación no tendrán autorización para expedir títulos.
En el
Perú funcionan 140 universidades, entre
públicas y privadas, número que refleja que la educación es vista como un
negocio. Según diagnóstico de la
Comisión del Congreso, la rentabilidad de la educación universitaria en
promedio es de 30% anual, con lo que una inversión de US$100 millones puede ser
recuperada en tres o cuatro años.
Solo entre
2006 y 2011 se crearon en el Perú 49 universidades: 16 públicas y 33 privadas.
De las públicas, 12 deben estar cerradas por inconstitucionales. Y de las
privadas, ninguna goza de prestigio académico.
El 9 de
diciembre del 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de
la nueva Norma. De ser ratificada por el Pleno, las universidades tendrán siete
años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en
nueve universidades nacionales, que
cubren el desarrollo descentralizado del país: Mayor de San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad
del Cuzco, Trujillo, San Agustín de
Arequipa, de Ingeniería, Agraria La Molina, Altiplano de Puno y la de
la Amazonía Peruana.
Se buscará
acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las
que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos a nombre de la
Nación. Se cerrarán las facultades que no logren la acreditación en tres
evaluaciones consecutivas.
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