Romero Caro, con la prudencia y el lenguaje técnico que
caracteriza su trabajo, fue quien venía
poniendo énfasis en la necesidad de avanzar la investigación y las sanciones
para los casos de Odebrecht y Lava Jato, que no deben perderse de vista en
este clima de inestabilidad emocional de la ciudadanía.
Con su agudeza de analista se pregunta: ¿Porqué no pensar que en estos casos
también habría una maquinaria encargada de
su operación dentro de la justicia…?
El Congreso, forzado por la presión pública, ha declarado en
emergencia el CNM y la fiscalía se ve obligada a emprender cambios, como la
necesaria unificación de la investigación de los procesos anticorrupción y lavado de activados,
derivados del proceso judicial a Lavajato y Odebrechet.
Sigue pendiente la determinación de los principales
responsables del Poder Judicial, como ha
ocurrido con el desafuero del
expresidente de la Corte Superior del
Callao. Por esta misma presión
social, se tiene ahora un Poder Judicial
en emergencia, con la previa renuncia de
su presidente.
Conviene remarcar que las voces de la ciudadanía exigen nuevos
instrumentos jurídicos para construir un País moderno, con justicia en
el más amplio sentido social. La nueva Constitución debe ser el objetivo global
de este esfuerzo que reclama la
refundación de la democracia.
Romero Caro, en su
columna semanal de Atalaya Económica nos entrega algunas propuestas para no
perder el horizonte, olvidando los casos cuyos efectos perversos pasan las
fronteras nacionales.
Han transcurrido los
primeros tres meses del gobierno
peruano de Martín Vizcarra. Con instituciones desprestigiadas e individuos que
actuando organizadamente privilegian los intereses particulares, en el que las
voluntades se compran, las lealtades cambian y las palabras son papel mojado,
es muy difícil conocer cuál será el resultado final de esta crisis.
Durante este período se puso en evidencia un gobierno alérgico a las confrontaciones y parecía
querer complacer a todo el mundo.
Este esquema empezó a
cambiar de estrategia, al reclamar acertadamente al Congreso, a Fuerza Popular,
aprobar la supervisión de la Superintendencia de Banca a las cooperativas
(muchas de las cuales exhibían claros indicios de irregularidades), lo que
finalmente se logró.
Se suma un elemento más, expresando su oposición a la Ley Mordaza (prohibiendo
la publicidad estatal en los medios de comunicación).
Posteriormente, se pone en evidencia el liderazgo de la lucha contra la corrupción
con rápidas reacciones y propuestas ante
la crisis actual del Sistema de Justicia. Y como el fujimorismo no supo
reaccionar adecuadamente ante la sorpresiva crisis, inicialmente, en lugar de
investigar el fondo del asunto, se dedicó a hostigar a los periodistas que
difundieron los audios.
Posteriormente queda en evidencia la intención de interferir en el nombramiento del
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura-CNM, aunque no le quedó otra que alternativa que
aceptar la iniciativa del presidente
Vizcarra,
Todo indica que continuará la persistente difusión de los
audios, cuyo contenido vuelve a enfrentar a una realidad que muchos se negaban
a reconocer. Y en la opinión pública
vuelve a su memoria la difusión de los
famosos vladivideos, y tratar de sacar
el máximo provecho a la coyuntura y al estado de ánimo de la ciudadanía.
Vivimos más lluvia sobre mojado, ya que esta crisis llega en
un momento en el que el caso Lava Jato Peruano se encuentra paralizado por la
ineficiencia (¿?) de nuestras autoridades.
En ambos casos comprobamos que nos enfrentamos a verdaderos
equipos orientados a favorecer intereses privados a través de sentencias a la
medida.
Para tal efecto se reunían magistrados de diversas
instituciones del Sistema Judicial, funcionarios, políticos y empresarios. ¿Y
porque no pensar que un equipo similar pudiera estar actuando para impedir el
avance de otros casos, como el de Odebrecht y de las demás constructoras
brasileras?.
En este sentido hay que tener en cuenta que las
investigaciones sobre los audios recién están iniciándose. Por lo que resulta
imposible conocer la extensión y alcance de estas redes corruptas.
Asimismo el caso de los audios de ninguna manera debe de ser
excusa para olvidar el Caso Odebrecht, que recién está empezando. Como es
evidente, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, sobre todo si de lo que se trata es de lograr
una reforma del muy desacreditado Sistema Judicial.
En lo que al CNM se refiere, ya el Congreso, por unanimidad,
acordó remover a sus miembros. Lo que falta sería determinar cómo reemplazar
las funciones del CNM, lo que requiere de un cambio constitucional. Quizás lo
mejor sea establecer un sistema que haga imposible el compadrazgo y que
privilegie la meritocracia a toda costa.
Y elegir a los nuevos magistrados a través de un Concurso
Público organizado por un grupo de instituciones (o profesionales) intachables.
Asimismo, como la coyuntura no puede ser más propicia para impulsar reformas
que bajo otro contexto sería inviables, se debería aprovechar para reformar el
Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Como lo ha demostrado la importante
movilización ciudadana del jueves 20 de julio, la ciudadanía estará pendiente
de los avances a efectuarse.
