Rebaja crediticia a la vista.
Aquellos que pensaron que el Congreso, que se vio obligado a retroceder en el nombramiento de Merino en la Presidencia, tendría un período de tranquilidad en la aprobación de iniciativas de leyes populistas, se deben de haber quedado sorprendidos de la velocidad e intensidad con que volvieron a las malas prácticas. Rápidamente insistieron en las leyes de la devolución de fondos de la ONP, la que formaliza el tránsito de los colectiveros informales interprovinciales y la que elimina el régimen CAS.
Estas iniciativas populistas fundamentalmente apuntan a dos temas sensibles: 1) dinamitar el equilibrio fiscal, espina dorsal del modelo económico, profundizando el abultado déficit ocasionado por las medidas durante la pandemia y por los errores del gobierno de Vizcarra. 2) Impulsar al país hacia una cada vez mayor informalidad de consecuencias imprevisibles. Si a esto le sumamos el efecto de la pandemia en el nivel de formalización, el cuadro se torna más nítido.
Asimismo, los congresistas parecen haber perdido todo tipo de vergüenza. Como es el caso del congresista Simeón Hurtado, de Acción Popular y Presidente de la Comisión de Transportes, líder y alentador de los colectiveros que bloquearon las carreteras a nivel nacional.
“El nivel del déficit fiscal, las desbocadas iniciativas populistas del Congreso y la incertidumbre por las elecciones de abril son los factores que afectan nuestra calificación crediticia”.
Por si fuera poco, el Frente Amplio (FA) ha amenazado con más movilizaciones y paros para que se apruebe en esta legislatura un referéndum para crear una Asamblea Constituyente (AC) en abril 2021, la cual elaboraría una nueva Constitución. Mientras, tanto el Gobierno y los gremios empresariales no reaccionan.
Pero son precisamente el nivel del déficit fiscal, las desbocadas iniciativas populistas del Congreso y la incertidumbre generada por las elecciones de abril, las principales razones que habrían impulsado a la conocida calificadora de créditos Fitch Ratings a cursar una comunicación al MEF para informarle que efectuaría una rebaja en nuestra calificación crediticia en moneda extranjera.
Se espera que el MEF pueda convencer a Fitch, pero de concretarse la rebaja, sería un duro golpe a la economía. Ya que el Gobierno necesariamente tendrá que salir a los mercados internacionales para colocar bonos y financiar el elevado déficit fiscal, los que tendrían una menor demanda y un mayor costo si se concreta el “downgrade” de Fitch. Mayores costos que se trasladarían al sector privado y a todos los consumidores, cortesía del más irresponsable Congreso que hayamos tenido.
De otro lado, si algo ha quedado claro en este primer mes de la administración Sagasti es que su talón de Aquiles es que no saben cómo lidiar con las movilizaciones sociales. Como el caso de los trabajadores agroindustriales claramente lo ha demostrado. En el que la PNP no podía desbloquear la Panamericana Sur y evitar la destrucción de la propiedad pública y privada, si ya le habían atado las manos al recibir, por escrito, la siguiente orden: “No efectuar el desbloqueo de las vías y evitar cualquier tipo de enfrentamiento y/o conflicto con los manifestantes”. ¡Les impidieron que eviten los delitos! Inclusive, se les advierte de las medidas disciplinarias a aplicarse si no obedecieran.
Lo peor del caso es que no han solucionado los “problemas laborales” de los trabajadores agroindustriales, ya que al tener que regirse estos por el régimen general, no podrán recibir el pago diario adelantando las gratificaciones y las CTS, por lo que ganarían menos que antes. Y como era obvio, al ver los trabajadores de otros sectores la debilidad del Ejecutivo y el deseo de la mayoría de los congresistas de aprobar las iniciativas legales que fueran necesarias para ganar votos para sus agrupaciones políticas o para satisfacer sus agendas personales, no se hicieron de esperar otras movilizaciones.
Si el Gobierno no encuentra la estrategia para solucionar las movilizaciones sociales y las iniciativas claramente populistas del Congreso, la inestabilidad que generan terminará afectando aún más nuestra economía y la confianza de la ciudadanía en la democracia (equilibrio de poderes). Por lo que resulta indispensable que Sagasti empiece a ejercer la presidencia.
MANUEL ROMMERO CARO:
Sirva la Atalaya para poder darle una mirada global y una perspectiva crítica a la economía y entender los temas sectoriales, microeconómicos , y la implicancia que ellos tienen para el país.
Manuel Romero Caro. Economista por la Universidad del Pacífico. Master en economía (Virginia Polytechnic Institute and State University) y Bachiller en Administración de Empresas, además de diversos cursos de post grado en BID, ESAN, University of Notre Dame, etc.
Ha sido gerente general y Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decano del Colegio de Economistas del Perú y ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración . Luego fundó y dirigió la consultora Servicios para la Gestión Empresarial y en 1989 creó la revista Gestión que luego se convertiría en el Diario Gestión.
Se ha desempeñado también como Director Ejecutivo de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. e integrante del Directorio en diversas compañías y gremios como la Cámara de Comercio de Lima ; la American Chamber of Commerce of Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, se desempeña como director independiente en diversas empresas.