Jorge Zavaleta Alegre
El 10 de octubre se instaló la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este grupo de trabajó tendrá la función de plantear propuestas para detectar y prevenir casos de corrupción. Además, tendrá la responsabilidad de promover que las empresas privadas implementen un programa anticorrupción dentro de sus organizaciones.
La Comisión está presidida por Manuel Romero Caro y conformada por José Hopkins; Sergio Mottola; Beatriz Boza; Eduardo Vega; Martha Rodríguez; Katia Lung; Juan Cortez; Luis Bracamonte; Alicia Martinez y Mónica Huertas. Asimismo Nelly Gamarra fue designada como Secretaria Técnica de la Comisión.
La iniciativa de la CCL, nos lleva a analizar y saludar los objetivos que persigue. Las siguientes líneas precisamente nos dan alguna información sobre las consecuencias de la corrupción y las ventajas de prevenir:
En América Latina y el Caribe puede que las pérdidas se acerquen al límite superior de las estimaciones de la Unión Europea (entre el 7% y el 25% de los contratos de adquisiciones). Dado que el gasto en adquisiciones equivale al 8,6% del PIB, el malgasto en las adquisiciones, analiza una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo.
El dinero público malgastado en América Latina bastaría para acabar con la pobreza extrema. Las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales de la región superan los 220.000 millones de dólares anuales, según la misma fuente.
Los economistas argentinos Alejandro Izquierdo y Carola Pessino explican los graves daños que causa la corrupción en América Latina y Caribe. Sin embargo, poca atención prestan los diferentes gobiernos, con la admirable diferencia de Uruguay, Bolivia, Chile y Costa Rica que muestra los menores índices.
Izquierdo y Pessino demuestran, con numerosos gráficos y estadísticas, que en 2016 los gobiernos de América Latina y el Caribe gastaron cerca de US$450.000 millones en compras públicas, lo que incluye la adquisición de bienes y servicios y de equipos de capital.
Ejemplos de estas adquisiciones son la compra de computadoras para las escuelas primarias, el suministro de agua potable, gas y electricidad, y la construcción de una carretera o un aeropuerto.
Sin embargo, ¿son eficientes y efectivas las compras públicas? ¿Los precios pagados son competitivos con el sector privado, y son similares en diferentes oficinas públicas y a lo largo del país?. ¿Los bienes y servicios producidos cumplen las normas de alta calidad?
Estas preguntas son pertinentes dado que el gasto en compras públicas no solo es grande sino que también influye en los ámbitos funcionales del gobierno, incluida la educación, la salud y la infraestructura.
En promedio, las compras públicas representaron el 32,5% del gasto del gobierno general en los países de la OCDE (14% del PIB) y el 29,8% en los países de América Latina y el Caribe (8,6% del PIB).
Sin embargo, en la región, el tamaño del gasto en este rubro varía desde el 15% del gasto total en promedio en Argentina y Uruguay hasta el 47% en Bolivia y Perú, debido a la mayor proporción de gasto de capital en el gasto total.
El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, mala gestión y corrupción.
Se estima que entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción.
En América Latina y el Caribe se observan algunos de los ejemplos del gasto público más ineficiente del mundo, este gasto ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, hasta llegar al 29,7% del PIB en 2016.
El malgasto en salarios es otro tema clave. América Latina tiene una de las brechas salariales público-privadas más altas del mundo a favor de los trabajadores del sector público. El 14,2% del gasto salarial para el país promedio es malgasto.
Las filtraciones de los subsidios a la energía, los programas sociales y el gasto tributario equivalen al 65% del gasto focalizado teórico. En total, en las adquisiciones, la nómina salarial y las transferencias focalizadas, el monto promedio total del malgasto asciende a cerca del 4,4% del PIB y del 16% del gasto público promedio.
Esto equivale a US$220.000 millones, un monto entre el PIB de Perú (US$190.000 millones) y el de Chile (US$250.000 millones), dos de las economías más grandes de la región.
LA MEJOR OPCION
Mejorar la calidad y la inversión en capital humano son factores determinantes fundamentales para aumentar el crecimiento a largo plazo.
Los países de América Latina y el Caribe deberían comenzar a mejorar las condiciones para adquirir habilidades en lugar de solo gastar en educación, y deberían proponerse facilitar la capacitación en el lugar de trabajo eliminando las distorsiones del mercado laboral, sobre todo los incentivos a la informalidad.
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