Publicado el Lunes, 19 de
Septiembre de 2016
Por: Jorge Zavaleta Alegre
Hoy es el
gas. Ayer fue el guano de las islas y antes de ayer fueron las líneas de
frontera marítima. El anterior gobierno del Perú, presidido por Ollanta Humala
-incluida su primera dama, Nadine Heredia– dejó la triste herencia de la firma
de un contrato leonino con Odebrecht para llevar gas al sur andino. Y ahora, el
nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pretende exportar gas y energía
eléctrica al norte de Chile.
El periodista Manuel Romero Caro,
fundador del diario económico Gestión, califica de despropósito la
interconexión del gasoducto sur peruano con Chile, una iniciativa que cobró
fuerza desde el mismo momento de la toma de posesión de Kuczynski. La propia
presidenta chilena, Michelle Bachelet, lo invitó para participar en la cumbre
de la Alianza del Pacífico. Según el diario El Mercurio, Bachelet y Kuczynski
trataron expresamente el tema de la interconexión.
Según explica Romero Caro, el
ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco Matte, manifestó que Gonzalo Tamayo,
después de asumir su cargo como ministro (de Energía) peruano, se comunicó
telefónicamente con él para expresarle que este era un tema prioritario, que se
relaciona directamente con la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), una
infraestructura que proveería el gas para generar electricidad destinada al
mercado chileno. El ministro peruano también ha manifestado que la
interconexión eléctrica con Chile tiene muy buenas posibilidades de concretarse
y ha sido invitado nuevamente por la presidenta Bachelet para visitar Chile a
finales del próximo mes de noviembre.
El objetivo a corto plazo de la
interconexión, como lo explica el chileno Hugh Rudnick, profesor emérito de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, es aprovechar que existen importantes
excedentes de energía en el país vecino –dado su desarrollo hidroeléctrico y
gracias gas natural– con precios más económicos que podrían favorecer a Chile.
El beneficio del lado chileno
está claro. Por parte peruana, Kuczynski ha explicado que existe un superávit
de electricidad que se podría exportar y que ya están avanzadas las discusiones
de una línea de transmisión entre el sur del Perú y el norte de Chile.
Para Romero Caro, el elevado
costo de la interconexión eléctrica sería cargado a los recibos de la luz de
los consumidores peruanos, ya que al exportar se estarían transfiriendo los
subsidios pagados por éstos. Tal como está el contrato del GSP con la empresa
brasileña Odebrecht, “los consumidores tendremos que pagar al Consorcio GSP
912,3 millones anuales de dólares durante 30 años. Cifra de la cual se
deducirían los ingresos que el ducto pueda generar en dicho periodo”. De otro
lado, precisa que el transporte de gas al sur tendría un precio demasiado alto
por los elevados costos involucrados.
“Estimándose que estaría a 6,5
dólares por millón de BTU (unidad de energía llamada British Thermal Unit),
precio que sería mayor a los precios que Chile importa el gas, por lo que sería
inviable exportarlo como electricidad a ese precio. Sin embargo, todos los
negocios que se están intentando desarrollar sobre la base del gas del GSP (y
la exportación a Chile es uno de ellos), parten de la premisa de que el costo del
GSP es un costo hundido, que el costo del transporte es cero, que el inmenso
subsidio involucrado en él mismo ya fue aceptado por los consumidores peruanos.
Por lo que en ese escenario se podría fijar casi cualquier precio para la
exportación a Chile y eso disminuiría el nivel de subsidios que pagaríamos
anualmente”.
Pese a las evidentes desventajas
que presente la exportación a Chile, para aliviar el monto de los subsidios a
pagar por los consumidores existe un camino más favorable a los intereses
peruanos, que pasa por la renegociación del abusivo contrato del GSP. No
obstante, el Gobierno se niega inexplicablemente a iniciar ese proceso, a pesar
de que debería actuar en defensa de los intereses de los consumidores. Y
todavía puede hacerlo. Ya que el consorcio GSP requiere que el Gobierno
suscriba una adenda al contrato original y le otorgue un documento en el que
afirme que el otorgamiento de la concesión no tuvo nada que ver con el caso
Lava Jato, el priocedimiento judicial por el cual se ha condenado a Marcelo
Odebrecht a más de 19 años de prisión.
Y agrega que la metodología de
esos contratos permitió a Odebrecht y otras constructoras otorgar sobornos a
cambio de introducir sobreprecios en las obras que pudieran haberse exportado a
otros países en los que operan dichas empresas. Por lo que el Gobierno está en
la obligación de renegociar el contrato del GSP, plagado de evidentes
irregularidades.
Según explica Romero Caro, se
luchó para que el gas del lote 88 se reoriente de la exportación al mercado doméstico
para que ahora se pretenda que nuevamente se dirija al mercado externo. En este
sentido, lo primero que se va a exigir son contratos a largo plazo entre los
suministradores de energía peruanos y los clientes chilenos.
La exportación de electricidad a
Chile enfrenta varios inconvenientes:
1) No alcanzaría el nivel de
reservas ni el de procesamiento de Camisea para cumplir a largo plazo con la
demanda del mercado interno, con los compromisos ya pactados con México y con
las eventuales exportaciones a Chile. Naturalmente, esto es válido con la
situación actualmente existente.
Adicionalmente, la exploración de
gas no ha sido exitosa en los últimos años. De otro lado, hay que tener en
cuenta que la capacidad de procesamiento de la planta de Las Malvinas
(básicamente separa los líquidos del gas natural) es de poco más 1.600 mmpcd
(millones de pies cúbicos día) y prácticamente ya ha llegado a su máximo
potencial. El mercado centro-norte (Lima) absorbe 920 mmpcd y la exportación
620 mmpcd; por lo que inclusive el abastecimiento al sur del Perú podría
enfrentar dificultades eventualmente.
Y casi toda la capacidad de
procesamiento está contratada. Se paga pero no se usa en su totalidad por falta
de demanda. Y una nueva expansión de Las Malvinas en el contexto actual estaría
muy lejana. Por lo que ¿de dónde se sacaría el gas para generar la electricidad
que exportaríamos a Chile?
2) Tarifa interrumpible versus
contratos a largo plazo. Luego de la negativa experiencia que experimentara
Chile con los contratos de exportación de gas argentino (se cortaron los envíos
en el 2006 por la crisis macro de Argentina) se tomarán todas las precauciones
en los eventuales contratos de exportación de electricidad.
Los chilenos quieren seguridad de
suministro y Perú no les puede asegurar eso porque, si bien en este momento
existe un exceso de oferta energética, con el crecimiento del PBI previsto por
el Gobierno y la elasticidad de la demanda eléctrica en relación al PBI (crece
bastante por encima del PBI) no es posible comprometerse a exportar
electricidad a largo plazo porque se podría dejar desbastecido el mercado
doméstico. Inclusive a nivel Grupo Andino se privilegia el mercado interno. Es
por ello que la Decisión 757 suspendió el Marco General para la Interconexión
Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intercomunitario. Y el DS N°
011- 2012-EM en su artículo 3 (inciso 3.6) establece que los intercambios de
electricidad tendrán carácter interrumpible.
3) Se expotaría electricidad
subsidiada a Chile. Kuczynski ha manifestado que no se va a exportar una
molécula de gas a Chile. Evidentemente, lo que se exportaría sería ese gas
convertido en electricidad. Y se exportaría un doble subsidio, ya que, por un
lado, se transferiría el gas del lote 88 –que tiene un precio promocional y
solo 1 TCF (trillones de pies cúbicos) asignado al GSP– y, por el otro, los muy
considerables subsidios destinados al ducto al sur.
Por lo que la electricidad
subsidiada doblemente que se exportaría a las empresas chilenas les otorgaría
mayor competitividad para que puedan competir en mejores condiciones que las
empresas peruanas. Es por ello inexplicable que el Gobierno se niegue a
renegociar el contrato del GSP, sobre todo ahora que tiene la oportunidad
porque el consorcio del GSP está solicitando modificar el contrato original,
aprobando una adenda que mejore la posición de cobranza de los bancos
prestamistas ante una eventual “Terminación del Contrato de Concesión”
(Capítulo IV); flexibilice la definición de que lo primero que van a exigir son
contratos a largo plazo entre los suministradores de energía peruanos y los
clientes chilenos.
Si los acreedores y el consorcio
GSP solicitan modificaciones para defender sus intereses, no se entiende por
qué el Gobierno no plantea modificaciones que disminuyan la abusiva carga que
tendrán que soportar los consumidores peruanos. Y eso significa renegociar el
abultado costo del servicio.
4) Razones estratégicas: en
primer lugar, hay que considerar que será muy difícil evitar las protestas y
movilizaciones de la población, una vez que ésta se dé cuenta de lo que
implicaría la exportación a Chile. Durante largos años se luchó para lograr que
el gas del lote 88 se reorientase de la exportación a abastecer el mercado
doméstico, para que ahora se pretenda que nuevamente se dirija a la
exportación. Lo que sí resulta positivo es incentivar más demanda para el GSP,
como lo está haciendo Kuczynski en China al promover un clúster de refinerías
en la zona del GSP.
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