JORGE ZAVALETA ALEGRE Lima/Washington
El golpe de Estado de las 
Fuerzas Armadas, liderada por el general del Ejército Juan Velasco
Alvarado, en 1968, fue la oportunidad que perdió el Perú para iniciar la
transformación de  un país feudal  en una progresiva economía social.
Esta es una de las conclusiones a la que nos conduce la
lectura de La Revolución  que sacudió al
Perú, Editorial Mitin, publicado por  María Delfina Alvarez Calderón A (Lima, 2 de
octubre de 1930) con una licenciatura en Historia por la PUCP (Universidad
Católica de Lima) y Enrique Alvarez Calderón G (abril 1920), especialista  en Relaciones Públicas y funcionario  de la International Petroleum Company, y  en  la
Compañía Petróleos del Perú creada en 1968, y autor de Memorias 2013.
Ambos autores reconstruyen 
en base  de tres testimonios  y  catorce
entrevistas a protagonistas en la 
gestión pública de ese gobierno militar, poniendo énfasis en la etapa
previa del retorno a la “democracia en 1980, luego de doce años   de una revolución”
Los autores examinan e inciden  en las ideologías que prevalecieron  durante 
el gobierno revolucionario y que convivieron enfoques  radicales. Fue una administración asumida institucionalmente  por las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos
pusieron especial interés en el  Centro
de Altos Estudios Militares (CAEM), la notable presencia del Instituto Nacional
de Planificación, de los sectores de la producción, la cultura,  el 
Sistema Nacional de Movilización 
Social – Sinamos, una cancillería vinculada al  Tercer Mundo y a  los No 
Alineados.
Después de casi  medio
siglo, sin duda esta publicación  es
oportuna, y sus autores perciben al gobierno militar, en su primera y  segunda fase como un todo coherente. Se
considera que en la segunda fase siempre estuvo vigente el pensamiento y la
acción del presidente  Juan Velasco (Piura,
1910 - Lima, 1977), quien fue agregado militar en Francia y cuya muerte concitó
una de las manifestaciones más  grandes y
masivas de la historia republicana. 
En la investigación, los autores afirman que la presidencia
de Francisco Morales Bermúdez  Cerruti
(Lima, 4 de octubre de 1921), comenzó a romper el andamiaje de la primera  fase.
Esa quiebra del proyecto inicial, conviene precisar, provocó
un creciente descontento popular y un clima para la emergencia  de movimientos anarquistas  y violentos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Velasco dio un golpe de Estado, que derrocó al arquitecto
Fernando Belaúnde, quien inició una tibia reforma agraria,  la cual  fue radicalizada por el gobierno
revolucionario. 
Apoyándose en los estamentos nacionalistas del Ejército se
fue desarrollando el proceso, pero las 
agrupaciones y pequeños partidos de izquierda, incluyendo el gremio
magisterial, no comprendieron los alcances de las  reformas.
Inclusive la llamada derecha económica, dueña de las minas y
de las tierras, tampoco percibió el proceso. Su falta de visión se opuso al
cambio  estructural.
En el siglo XXI se ha reconstruido la propiedad de la tierra para
aumentar la exportación primaria de alimentos   y una minería trasnacional, incluyendo
inversiones con “bonos buitre”. 
La política
reformista,  antiimperialista para los
simpatizantes de la primera fase, significó la nacionalización de las empresas
petrolíferas norteamericanas y británicas. También la reforma del poder
judicial, de la banca, la minería y la industria, en búsqueda  de una mayor participación popular en la vida
económica y política del país.
Este proyecto  tuvo
alguna cercanía con el Ecuador y Panamá. Mientras  las fuerzas armadas  de 
Chile, Argentina, Brasil impulsaban economías de libre mercado con
intensa represión contra los opositores,   como ocurrió con Pinochet y Videla,
condenados por Tribunales Internacionales por  
violación  de  DDHH.
En 1972, el gobierno de Velasco reanudó relaciones con el
Gobierno de Cuba, y la  izquierda consideraba
de insuficientes esas.  El 29 de agosto
de 1975, Velasco fue relevado de la presidencia por un movimiento institucional
encabezado por el general Morales, quien auspició el retorno a la democracia
tradicional.
Llegamos a octubre del 
2016, la pobreza y sobre todo la inequidad en Perú continúan siendo
problemas centrales,  no obstante los
progresos obtenidos  con el aumento de
las exportaciones mineras  y agrícolas.
La Tasa de crecimiento del empleo entre el 2012 al 2016 fue
1% anual, y continúa decayendo. La concentración del ingreso es tan alta. Se
calcula que en el uno por ciento de la población nacional se concentra el 99
por ciento de los ingresos.
Si comparamos los 
gobiernos desde 1990 al 2016, estos están sembrados de corrupción. Con
un Fujimori, condenado a 25 años de prisión y la  pareja 
Humala-Heredia, es  acusada por su
vinculación con la firma Odebrecht del Brasil y el Gasoducto Sur Peruano,
sobrevaluado en más de 14 mil millones de dólares, cuando en el 2015 fue
denegado  y valorizado solo en  3,500 millones de dólares norteamericanos.
Los sectores más pobres continúan concentrándose en las áreas
rurales, principalmente en la sierra sur. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde 1990 calcula el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que clasifica a los países a partir de un índice compuesto por el PBI por habitante, la esperanza de vida al nacer, la alfabetización y la matrícula escolar.
Durante los últimos cinco años el número de trabajadores
migrantes que habitan en América Latina y el Caribe subió de 3,2 a 4,3
millones, y muchos más transitan por corredores migratorios rumbo a otros
lugares del mundo. Los peruanos ocupan uno de los primeros lugares.  
A manera de conclusión, La Revolución  que sacudió al Perú, remarca que la
Fuerza Armada irrumpió en su conjunto para 
transformar profundamente 
esas  estructuras (obsoletas) a
fin de modificar  el status vigente en
los  campos de la política, la economía y
la agricultura. Pero en 1980 se cerró uno 
de los episodios más importantes de la vida republicana.




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