Papel de Arbol

martes, 9 de agosto de 2016

CASO ODEBRECHET, UNA GRAVE ALIANZA PUBLICO- PRIVADA


Jorge  Zavaleta  Alegre
Los consumidores de electricidad de un remoto País de los Andes Centrales de América Latina sufren la carga de más de 11,000 millones de dólares a través de los recibos de luz.

Para el  brasileño Odebrechet, creador de un gran imperio económico, ahora preso,  en su “en su “ filosofía” empresarial la corrupción para ellos era una nueva forma de hacer negocios “.

En el caso de la pareja presidencial Ollanta Humala-Nadine Heredia (2011-Julio 2016),  la Justicia en Perú tiene la oportunidad de demostrar que se debe castigar  en un país  donde la corrupción está  profundamente arraigada.

Para el flamante  jefe de  Estado Pedro Pablo Kuczynski Godard  constituye un reto  tocar las venas teñidas  con dinero del  público, dejando más pobreza  y miseria. Vergüenza, dolor, ira, impotencia  siente  el ciudadano cuando  cada mes  ve que la luz eléctrica es una fuente negada para  amplios sectores populares.

En el  caso Odebrechet  existe una tácita alianza de  un conjunto de medios de comunicación que buscan posibles salidas de este enrarecido ambiente. Medios como  Gestión, primer diario  de economía  y negocios del Perú, fundado  en 1992, por el economista Manuel Romero  Caro, se enfrentó con el corrupto régimen del fujimorismo, cuyo líder cumple una pena carcelaria de 25 años.

Se suma el  semanario Cambio16 y Diario16, de España,  que en su segunda etapa de transición, desde 2016 sigue el ideario fundacional de Juan Carlos de Salas,  después de la  muerte física, en 1975, del militar y dictador Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol, 1892 - Madrid, 1975),  tras participar en el fallido golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en una época clave de la Historia de España: la Segunda República. 

También emprenden esta  cruzada por la democracia económica y social,  El Mercurio Digital de España y Chile; Panorámica Latinoamericana de Milán, con la dirección de la jurista Isabel  Recavarren, Perú Semanal XXI, de Gerardo Torres  y Papel de Árbol o Amate (ámatl en náhuatl) con crónicas que buscan la cohesión  latinoamericana.

En esta crónica  buscamos desentrañar las irregularidades en el Gasoducto Sur Peruano (en el que Odebrecht es el accionista mayoritario).

Manuel Romero Caro  amplía  sus investigaciones, en un esfuerzo de explicar a los consumidores de electricidad del Perú que sufren la carga de más de 11,000 millones de dólares a través de los recibos de luz.
Manuel Romero Caro, fundador del periodismo económico en el Perú, con el  Diario Gestión


BAJO LA LUPA
“Bajo la Lupa”,  la columna de Manuel Romero Caro señala: “Los consumidores pagaremos subsidios por un millonaria suma exorbitante en  el proyecto gasífero del sur peruano debido a que no se exigió a Odebrecht el cumplimiento de obligaciones en Kuntur, empresa del  mismo  conglomerado”.

El análisis  precisa que cuando recién se empezó a trabajar el tema de las Asociaciones Público-Privadas-APP, en la época que el actual  presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala,  se desempeñaba como ministro de Economía,  propuso, en entrevista a Gestión, fomentar la participación  del sector privado en diversos proyectos de infraestructura para lograr los mayores ahorros posibles al Estado y con un subsidio estatal mínimo” (Editorial Gestión 14.07.16)

Lamentablemente esta propuesta no ha sido la realidad, y el caso más representativo es el  Gasoducto Sur Peruano (GSP), que detallamos a continuación.

Un primer ítem: El mayor nivel de subsidios que los consumidores eléctricos ya hemos empezado a pagar es la entrega a la empresa controlada por Odebrecht de US$ 7,500 millones a través de los recibos de luz que pagamos mensualmente.
Marcelo Odebrecht (MO) condenado a 19 años de prisión, ingresa a programa  de  “Delación Premiada” (DP)



Dicho monto es equivalente a toda la inversión y costos operativos en que incurriría el Consorcio GSP durante los 34 años de concesión. Los subsidios se vienen entregando de acuerdo al siguiente cronograma: el 5% de los 7,500 millones ya fue cobrado en el 2015. Este año se está cobrando el 15%, el 2017 se cobrará el 35% (US$ 1,875 millones) y el 2018 se cobrará el 55%, que equivale nada menos que a ¡¡US$ 4,125 millones!!

A fin de tener unas cifras comparativas, mencionaremos que el ducto de Camisea, que también tuvo una serie de problemas, aun  no de la magnitud del GSP, el subsidio fue de US$ 450 millones, la inversión fue de US$ 1,000 millones y no se cubrió nada de los costos operativos. Es decir, se entregó un monto equivalente al 45% de la inversión y no se cubrieron los gastos operativos.

Además mientras “El Consorcio GSP no tendría riesgo alguno porque le reembolsan la inversión, gastos operativos y le garantizan los ingresos del gasoducto”.

Los  Consumidores pagaremos subsidios por más de US$ 11,000 millones al gasoducto al sur. El ducto de TGP cobrara una tarifa menor que la que cobraría el GSP, existiría el peligro que los potenciales usuarios finales (sobre todo los grandes consumidores) se instalen en las zonas que les ofrezcan tarifas más baratas, afectando el desarrollo de concesiones en aquellas zonas

El Gobierno también otorgaría subsidios a través de Electroperú, al haberle asegurado el riesgo comercial al GSP. Mientras que en el caso de Camisea (en el Cusco, con ramales a Lima), las tarifas eléctricas descendieron, en el GSP las tarifas se incrementarán  significativamente.

También hay que considerar los subsidios a otorgarse por los consumidores al Nodo Energético I y II (Ilo y Mollendo) y a la Central Térmica de Quillabamba (CTQ), creados para viabilizar la demanda del sur (GSP). Proyectos que en conjunto generan subsidios por US$ 1,400 millones.

Es importante precisar que la térmica de Quillabamba (CTQ) es un proyecto innecesario, especialmente en esta etapa de acentuada sobreoferta energética, que  debería de postergarse hasta cuando sea  justifique  la inversión.

TARIFA  UNIFICADA
Una tercera fuente de subsidios  es la que se genera por la Tarifa Unificada. Sucede  que si “El Consorcio GSP no tendría riesgo alguno porque le reembolsan la inversión, gastos operativos y le garantizan los ingresos del gasoducto”.

El ducto de TGP cobrara una tarifa  menor que la que cobraría el GSP, existiría el peligro que los potenciales usuarios finales (sobre todo los grandes consumidores) se instalen en las zonas que les ofrezcan tarifas más baratas, afectando el desarrollo de concesiones en aquellas zonas con mayor tarifa. Por lo que se aprobó la Tarifa Única de Transporte de Gas Natural (GN), aplicable en todo el Perú.

Y como la tarifa de transporte en el GSP estaría en US$ 3.5, mientras que el ducto de TGP cobra un dólar, el subsidio de los consumidores sería más de US$ 3,000 millones en 15 de los 34 años.
PPK y su primer gabinete. La comunidad internacional le exige indicadores de cómo  atacar la corrupción

El Gobierno también otorgaría subsidios a través de Electro Perú, al haberle asegurado el riesgo comercial al GSP, pues se le ha garantizado el transporte de 500 mmpcd, exista o no el gas para ser transportado.

De lo anterior se desprende que el Consorcio GSP (controlado por Odebrecht) prácticamente no tendría riesgo alguno porque le reembolsarían los montos invertidos, los gastos operativos de 34 años, le colocarán 3 nuevos proyectos para canalizar la demanda y les garantizan los ingresos del ducto hasta que se alcance la meta de 500mmpcd.

Mientras tanto los consumidores eléctricos de todo el país tendremos que bancar, a través de los recibos de luz, los errores cometidos en el gobierno anterior que prometió un proyecto nacionalista con profundas reformas  sociales.

El economista Gonzalo Tamayo, flamante ministro de Energía y Minas del  gabinete de Pedro Pablo Kuczynski,  se desempeñaba  como gerente general de Macroconsult e integró los directorios de Osiptel y Electro-Perú (Gestión 08.08.16).

El mercado eléctrico “está muy desordenado”, y el tema de los ingresos garantizados del GSP es uno de los elementos que están generando el desorden, pero el ministro mencionado no explica cómo va a solucionar dicho problema.

QUIEN MAL EMPIEZA…EN LA CARCEL
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, considera que en el GSP se han logrado “los mayores ahorros posibles al Estado y con un subsidio estatal mínimo”, según sus argumentos postulados.

¿Parece ser que no hay interés político  de mover una pieza?. Manuel  Romero, anuncia que continuará con su compromiso con el país. La opinión pública espera con el desbroce de este  caso  que conmueve a grandes sectores populares y grupos económicos comprometidos…


El Diario16 de Madrid, publica textualmente,  en una crónica suscrita por Jorge Zavaleta, Corresponsal en Lima/Washington y Manuel Domingo Moreno, Presidente del Directorio del Grupo Periodístico, en la cual se planteó en su edición del sábado 12 de marzo del 2016 una serie de interrogantes sobre la presencia de Odebrecht en el Perú.

El D16, demanda una profunda investigación, por la serie de indicios de corrupción que la prensa, empezando por Gestión, a través de su fundador el economista y ex ministro Manuel Romero Caro, fundamenta sendas denuncias no aclaradas por el gobierno del militar Ollanta Humala.
El ministro “nacionalista” de Energía y Minas Eleodoro Mayorga Alba, desde el 24 de febrero de 2014 hasta el 17 de febrero de 2015 fue el  período en el cual se licita el Gasoducto Sur Peruano (GSP) y se otorga la buena pro a Odebrecht, único postor.
 Romero Caro, el viernes 11 de marzo del 2016 explicó a sus lectores sobre las “Repercusiones en Perú de la condena a Marcelo Odebrecht”:

“El Perú no solo fue el primer país extranjero en que Odebrecht inició operaciones, sino que ocuparía el tercer lugar en lo que a volumen de operaciones se refiere”.

La condena de Marcelo Odebrecht (MO) por más de 19 años y su ingreso al programa de “Delación Premiada” (DP) va a tener una serie de consecuencias de naturaleza política, económica, legal, internacional e institucional en nuestro país y en la región, agrega el autor de Bajo la Lupa y analiza las consecuencias políticas y económicas de este proyecto.

En el área política éstas dependerán de lo que confiese Marcelo Odebrecht-OD. En este sentido hay que precisar que, a diferencia de lo que sucede en Perú, en Brasil se permite que se entre a la “Delación Premiada”-DP- después de haber sido condenado.

Asimismo, los “colaboradores eficaces” tienen que delatar a peces gordos que todavía no hayan sido denunciados. El propio MO fue objeto de delación de los que se acogieron a dicho programa antes que él. Y la verdad es que luego de la DP de Delcidio Amaral, cercano amigo de Lula y Dilma Rouseff en la que comprometió a los dos, no quedan muchos peces gordos que pueda delatar Mauricio Odebrecht. La puntería podría dirigirse a los países en los cuales ha estado operando Odebrecht (Odb).

Y en este ranking el Perú no solo fue el primer país extranjero en que Odb inició operaciones, sino que ocuparía el tercer lugar en lo que a volumen de operaciones se refiere, cortesía del Gasoducto Sur Peruano. Si se confirmaran los indicios referidos a Ollanta Humala (o si se incluyera a algún ex presidente), la situación se complicaría.

A nivel empresarial, la primera víctima podría ser el financiamiento del Gasoducto Sur Peruano. Como se recordará, el proyecto se ha estado financiando con recursos propios y un financiamiento puente de US$ 600 millones que vencería en abril. El que debe de ser cancelado con el préstamo a mediano plazo que otorgarían un grupo de bancos por US$ 4,300 millones, aproximadamente.

Sin embargo, este ha experimentado una serie de retrasos derivados principalmente de las dificultades de Odb en el caso Petrobras.

Es así que los bancos postergaron por cuatro meses el crédito luego que MO fuera arrestado. Posteriormente Odebrecht perdió su grado de inversión por rebajas crediticias de las calificadoras de riesgo. Mientras tanto los bancos solicitaron la firma de una Adenda de Bancabilidad, cuya firma el Gobierno la ha venido postergando en diversas oportunidades.

El caso Odebrecht compromete mucho más a Humala, porque su nueva ministra de Energía y Minas que reemplazó a Mayorga, Rosa María Ortiz Ríos, manifestó claramente: “Esperábamos aprobar la adenda en marzo, pero no hay fecha exacta en este momento”.
Información oficial consignó que el Ministerio de Energía y Minas estaba en vías de contratar un asesor financiero para evaluar las propuestas sobre la adenda y porque el consorcio a cargo del GSP ha planteado dos temas adicionales.
Con posterioridad a estas declaraciones, se conoció la condena a MO. Este hecho,  sumando la anterior denuncia de la Petrolera Fiscal sobre el primer mandatario y los códigos de ética de los bancos que están negociando el financiamiento definitivo del GSP, dificultarían severamente el lograr  financiamiento, al menos para la fecha de vencimiento del financiamiento interino por US$ 600 millones; el que, de no ser renovado generaría dificultades adicionales.

Y aunque Jorge Barata, de Odebrecht, aseguró que “todo está funcionando bien” en cuanto a la estructuración financiera del proyecto, existen grandes dudas.

La política de comunicaciones de Odebrecht ha sido inmediatamente desmentir cualquier acusación que se le efectuara. Sin embargo, luego de la noticia que habían condenado a MO a más de 19 años por los delitos de asociación ilícita, corrupción y lavado de dinero, no se ha visto reacción alguna de la constructora.

Y la verdad es que la credibilidad de la empresa está bastante afectada, enfatiza el economista Manuel Romero, quien más de una vez polemizó con el ministro Mayorga, quien respondía con evasivas cuando se conoció la sobrevaloración del Gasoducto Sur Peruano, que ahora las familias peruanas pagan el proyecto con una elevada tarifa mensual por consumo domiciliario de luz eléctrica.

“Los bancos solicitaron la firma de una Adenda de Bancabilidad, cuya firma el Gobierno la ha venido postergando en diversas oportunidades”

“Si se confirmaran los indicios referidos a Ollanta Humala (o si se incluyera a algún expresidente), la situación se complicaría”, destaca Gestión.
En tanto da a conocer que Odebrecht-Latinvest, a través de la Junta General Accionistas del GSP, conformada por representantes de Odebrecht, Enagás y Graña Montero, acordó  modificar la gestión de la concesionaria, designando como Gerente General de la concesionaria a David San Frutos, representante de la empresa Enagás, socio mayoritario del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), y “lo hace para evitar que el impacto del caso “Lava Jato”, ya en el poder judicial, afecte el desarrollo de este megaproyecto”.

REFERENCIAS

----http://www.elmercuriodigital.net/2016/03/un-libro-de-arena-para-latinoamerica.html#.V6qe9vl95Og

--------http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/brasil-rousseff-habria-pedido-a-odebrecht-usd-34-millones-para-campana-prensa-noticia-968439







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