por Jorge Zavaleta Alegre
Si el objetivo de UNASUR es promover la ciudadanía regional, la Ley Universitaria que debe aprobar el Congreso Peruano, es un aporte a este propósito de integración.
Lima, la segunda semana de marzo del 2014, se convierte en sede de la reunión de altos delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Durante esta cita se concretarán acciones que forman parte del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Comunes.
La Educación Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la presidencia pro témpore 2013-2014, pero bien vale comentar la trascendencia del Proyecto de Ley que cambiará el rumbo de las Universidades Nacionales y su correlación con el lucrativo negocio de la educación.
La cantidad no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de América Latina, indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil, México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta con 140 universidades, el 70% privadas.
Algunos mensajes ratifican el carácter crítico de la Universidad Peruana: - Más de cuatro mil científicos, egresados de universidades prestigiosas de Europa y EEUU, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades que impone la Asamblea Nacional de Rectores, entidad que sería reemplazada por una Superintendencia de la Educación Superior, que es parte del Proyecto de Ley que deberá ser aprobado por el Congreso de la República este mes de Marzo.
Es irónico que existan universidades privadas que pagan salarios mínimos a los profesores y rectores con ingresos mensuales cercanos al millón de soles (350 mil dólares americanos) e impongan el nepotismo.
Diversos círculos cercanos a los negocios universitarios como el FIPES, especula sobre la posible vejación de la libertad de pensamiento con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), adscrita al Ministerio de Educación, que, según el proyecto, supervisará y fiscalizará a las universidades.
El congresista Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso - cuya vida ha sido dedicada a la docencia y capacitación de las Fuerzas Armadas -, confía en que el Proyecto sea convertido en Ley, al mismo tiempo que invoca la abstención de su voto en el Pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.
El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Enseñanza ha brindado diversos aportes para fortalecer el sistema educativo universitario. Se suma la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, que identifica la participación negativa del sector privado en la calidad de la formación del profesional en la mayoría de las instituciones creadas en la última década. Hay universidades que pertenecen a holdings que succionan los ingresos nacionales hacia otras latitudes, pero ninguna de ellas reconoce que es una institución de lucro.
La Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en apariencia y siguiendo la Reforma de Córdova, rechaza el proyecto porque es una norma que violenta la autonomía.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería votan por una reforma que mejore la calidad de la enseñanza, por encima de los privilegios que mantienen las actuales autoridades.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresa su preocupación por la aprobación de la nueva Ley, que incluye el desarrollo de las diez principales universidades públicas, a las cuales se les otorga una década de plazo para rescatar los principios esenciales de una educación al servicio a la comunidad. El gremio empresarial, señala que la norma “no toma en cuenta ninguna opinión de los propios involucrados, que desnaturaliza la autonomía y que más bien la somete a una entidad bajo el control político de turno”.
La Confiep, pretende confundir o que significa autonomía académica y administrativa en concordancia con calidad y no el negocio especulativo que gobierna el mercado. En el proyecto de Ley figura una representación de los sectores empresariales, que le faculta su participación en las decisiones en el sistema universitario, pero no defender el lucro.
La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), considera que una norma que “viola la autonomía política, administrativa y académica; burocratiza la innovación del conocimiento”. Sin embargo, ignora que durante cerca de tres décadas de libre mercado, las universidades no se han quejado de nada, por el contrario sólo han crecido en número.
Los ataques a la nueva legislación se centran básicamente contra el presidente de la Comisión de Educación del Congresista, por su cercanía a las Fuerzas Armadas, como la Escuela Militar, el Centro de Altos Estudios Militares, que durante el régimen del presidente Velasco Alvarado (1968-1975), se alentó reformas estructurales en el campo laboral, agrario e intercambio académico con escuelas de los países vecinos como Venezuela.
Para prolongar privilegios, la dirigencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) pide la postergación del debate parlamentario hasta la próxima legislatura. Aunque la ANR no oculta su “victoria” cuando considera que la reglamentación de la Ley tardará y también porque no se fija presupuestos de inversión.
Las críticas se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria. Los centros de estudios que no logren la certificación no tendrán autorización para expedir títulos.
En el Perú funcionan 140 universidades, entre públicas y privadas, número que refleja que la educación es vista como un negocio. Según diagnóstico de la Comisión del Congreso, la rentabilidad de la educación universitaria en promedio es de 30% anual, con lo que una inversión de US$100 millones puede ser recuperada en tres o cuatro años.
Solo entre 2006 y 2011 se crearon en el Perú 49 universidades: 16 públicas y 33 privadas. De las públicas, 12 deben estar cerradas por inconstitucionales. Y de las privadas, ninguna goza de prestigio académico.
El 9 de diciembre del 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la nueva Norma. De ser ratificada por el Pleno, las universidades tendrán siete años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en nueve universidades nacionales, que cubren el desarrollo descentralizado del país: Mayor de San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cuzco, Trujillo, San Agustín de Arequipa, de Ingeniería, Agraria La Molina, Altiplano de Puno y la de la Amazonía Peruana.
Se buscará acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos a nombre de la Nación. Se cerrarán las facultades que no logren la acreditación en tres evaluaciones consecutivas.
Lima, la segunda semana de marzo del 2014, se convierte en sede de la reunión de altos delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Durante esta cita se concretarán acciones que forman parte del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Comunes.
La Educación Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la presidencia pro témpore 2013-2014, pero bien vale comentar la trascendencia del Proyecto de Ley que cambiará el rumbo de las Universidades Nacionales y su correlación con el lucrativo negocio de la educación.
La cantidad no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de América Latina, indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil, México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta con 140 universidades, el 70% privadas.
Algunos mensajes ratifican el carácter crítico de la Universidad Peruana: - Más de cuatro mil científicos, egresados de universidades prestigiosas de Europa y EEUU, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades que impone la Asamblea Nacional de Rectores, entidad que sería reemplazada por una Superintendencia de la Educación Superior, que es parte del Proyecto de Ley que deberá ser aprobado por el Congreso de la República este mes de Marzo.
Es irónico que existan universidades privadas que pagan salarios mínimos a los profesores y rectores con ingresos mensuales cercanos al millón de soles (350 mil dólares americanos) e impongan el nepotismo.
Diversos círculos cercanos a los negocios universitarios como el FIPES, especula sobre la posible vejación de la libertad de pensamiento con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), adscrita al Ministerio de Educación, que, según el proyecto, supervisará y fiscalizará a las universidades.
El congresista Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso - cuya vida ha sido dedicada a la docencia y capacitación de las Fuerzas Armadas -, confía en que el Proyecto sea convertido en Ley, al mismo tiempo que invoca la abstención de su voto en el Pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.
El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Enseñanza ha brindado diversos aportes para fortalecer el sistema educativo universitario. Se suma la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, que identifica la participación negativa del sector privado en la calidad de la formación del profesional en la mayoría de las instituciones creadas en la última década. Hay universidades que pertenecen a holdings que succionan los ingresos nacionales hacia otras latitudes, pero ninguna de ellas reconoce que es una institución de lucro.
La Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en apariencia y siguiendo la Reforma de Córdova, rechaza el proyecto porque es una norma que violenta la autonomía.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería votan por una reforma que mejore la calidad de la enseñanza, por encima de los privilegios que mantienen las actuales autoridades.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresa su preocupación por la aprobación de la nueva Ley, que incluye el desarrollo de las diez principales universidades públicas, a las cuales se les otorga una década de plazo para rescatar los principios esenciales de una educación al servicio a la comunidad. El gremio empresarial, señala que la norma “no toma en cuenta ninguna opinión de los propios involucrados, que desnaturaliza la autonomía y que más bien la somete a una entidad bajo el control político de turno”.
La Confiep, pretende confundir o que significa autonomía académica y administrativa en concordancia con calidad y no el negocio especulativo que gobierna el mercado. En el proyecto de Ley figura una representación de los sectores empresariales, que le faculta su participación en las decisiones en el sistema universitario, pero no defender el lucro.
La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), considera que una norma que “viola la autonomía política, administrativa y académica; burocratiza la innovación del conocimiento”. Sin embargo, ignora que durante cerca de tres décadas de libre mercado, las universidades no se han quejado de nada, por el contrario sólo han crecido en número.
Los ataques a la nueva legislación se centran básicamente contra el presidente de la Comisión de Educación del Congresista, por su cercanía a las Fuerzas Armadas, como la Escuela Militar, el Centro de Altos Estudios Militares, que durante el régimen del presidente Velasco Alvarado (1968-1975), se alentó reformas estructurales en el campo laboral, agrario e intercambio académico con escuelas de los países vecinos como Venezuela.
Para prolongar privilegios, la dirigencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) pide la postergación del debate parlamentario hasta la próxima legislatura. Aunque la ANR no oculta su “victoria” cuando considera que la reglamentación de la Ley tardará y también porque no se fija presupuestos de inversión.
Las críticas se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria. Los centros de estudios que no logren la certificación no tendrán autorización para expedir títulos.
En el Perú funcionan 140 universidades, entre públicas y privadas, número que refleja que la educación es vista como un negocio. Según diagnóstico de la Comisión del Congreso, la rentabilidad de la educación universitaria en promedio es de 30% anual, con lo que una inversión de US$100 millones puede ser recuperada en tres o cuatro años.
Solo entre 2006 y 2011 se crearon en el Perú 49 universidades: 16 públicas y 33 privadas. De las públicas, 12 deben estar cerradas por inconstitucionales. Y de las privadas, ninguna goza de prestigio académico.
El 9 de diciembre del 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la nueva Norma. De ser ratificada por el Pleno, las universidades tendrán siete años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en nueve universidades nacionales, que cubren el desarrollo descentralizado del país: Mayor de San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cuzco, Trujillo, San Agustín de Arequipa, de Ingeniería, Agraria La Molina, Altiplano de Puno y la de la Amazonía Peruana.
Se buscará acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos a nombre de la Nación. Se cerrarán las facultades que no logren la acreditación en tres evaluaciones consecutivas.
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