Poder político y gobierno minero. La maldición de los recursos naturales

Por Jorge Zavaleta Alegre

Los pueblos del sur viven la maldición de los recursos naturales, el resource curse de crecimiento sin desarollo, donde los países mineros  aprenden  poco porque les   falta voluntad. De allí que se proponga "repensar las industrias extractivas".

Las corporaciones ejercen el poder tridimensional: económico, político  y discursivo, sostiene Doris Fuschs, PH.D profesora del Institute for Political Science, y deben ser vistas como  centros de poder e influencia locales, nacionales y globales..Este poder corporativo, business power, ha tendido a crecer y desarrollarse en el mundo actual, al punto  que es considerado uno de los principales actores globales.

Las grandes inversiones mineras son objeto de un riguroso análisis  desde las  Ciencias Políticas y Sociales,  reflexiones para un  Buen Gobierno. Doris Fuschs, PH.D profesora del Institute for Political Science, comenta el libro del Dr Francisco Durand, Poder  político y gobierno minero, el cual  considera doce proyectos   de las mineras modernas  y “se explica mejor recurriendo al concepto enclave, que permite conocer las posibilidades  y limitaciones para permitir el desarrollo  de la institucionalidad de la sociedad  civil”

Para Francisco Durand, experimentado académico egresado de las Universidades de California-Berkeley y Oxford,  la autorregulación  corporativa tiene límites  fijados por la  defensa del interés  económico, y por lo  tanto la relación corporación-comunidad-Estado va más allá del lente de la responsabilidad social  corporativa y de  los diálogos.

Explica que el enclave que se usa en las visiones críticas de la Ciencia Política y Sociología, es una  gran empresa extractivo exportadora,  generalmente  privada-extranjera, que domina un extenso territorio.

FUNCION DEL ESTADO

En el  Perú, esos enclaves operan en entornos sociales pobres y de  cultura indígena  y mestiza, realidades que  hacen urgente  a las corporaciones  obtener  la “licencia social para operar”.  La alianza que logran con el  Estado  les  facilita ejercer  el  control  local,  pero   de un modo que afecta o limita la autonomía y la capacidad de gestión  y decisión  colectiva  comunitaria.

“La  realidad cotidiana de cómo actúan en la práctica diaria las corporaciones en el Perú y otros  países  parecidos,  alejan la valoración de que las corporaciones  proponen un manejo  altruista del entorno sobre la base del  conocimiento”, expresa el analista Durand.

Desde otras perspectivas, señala  Durand, en algunos casos las  corporaciones son vistas  como “buenas ciudadanas”,  que adoptan las  buenas prácticas, buscan mantener relaciones horizontales colaborativas  con las comunidades o  enfatizan en el rol  del diálogo y conflicto en las relaciones con las comunidades y  el  Estado,  por “medio de acuerdos”, generalmente frágiles, poco estables y rápidamente  mutables.

Francisco Durand,  consultor del BID y autor de libros y artículos sobre las relaciones empresarios –gobierno, en el Perú y América Latina, actualmente se encuentra  investigando  a doce  grupos de poder  económico peruanos: 6 de Lima y provincianos.

HISTORIAS DE VIOLENCIA Y MUERTE

Uno de sus más  recientes investigaciones  es el  Cuaderno de CooperaciónAcción N° titulado Poder político  y gobierno minero, cuyo enfoque y su aplicabilidad es el Perú, analizan el modelo económico y doble ritmo de políticas públicas, en el gobierno caso Tintaya y otros once grandes empresas  mineras

El  período  de análisis  se centra en la  gestión  gubernamental de Alejandro  Toledo (2001-2006)  y Alan  García (2006-2011), cuyos conflictos socioambientales  originaron la suspensión de 34 proyectos de inversión.

Entre diciembre  del  2011 y julio del 2012, al inicio  del gobierno de  Ollanta  Humala (2011-2016) se  suspendieron  16  proyectos mineros más y se paralizaron definitiva o temporalmente US$422,000 millones de inversiones.

Entre  los años  2006 y 2011, los  conflictos socioambientales resultaron en 219  muertos y 2,781 heridos, revelando la cantidad e intensidad de las  protestas la  dura respuesta  policial.

Dada la alta  conflictividad,  el doctor  Durand  señala,  osciló  entre la represión o  la organización  de Mesas  de Diálogo. Pues al comienzo del  gobierno  de Humala, solo  en el caso del  proyecto  minero Conga, el  saldo fue de 5 muertos y 150 heridos.

Al  2014, la protesta amainó al  suspenderse las inversiones mientras  el gobierno dialogaba con 92 comunidades buscando  acuerdos en las Mesas de Diálogo, recientemente  creadas.

Las industrias  extractivas (las más  importantes de la economía, empezando por la minería,  generan dinámicas de poder donde al aumentar las inversiones aumentan los conflictos y  se desarrolla  tarde y mal la institucionalidad.

jorgez@telefonica.net.pe