Jorge Zavaleta Alegre- https://twitter.com/jorgez1944
http://www.argenpress.info/2013/08/el-yasuni-seguira-viviendo-un-mensaje.html
http://www.youtube.com/watch?v=mXrd1MCmxOI
Crónica de viaje - Cambio16. Madrid.-
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Crónica de viaje - Cambio16. Madrid.-
La iniciativa Yasuní-ITT es un
fracaso en el campo financiero y al mismo tiempo un éxito rotundo en muchas
otras dimensiones.
Esta es la conclusión que nos ofrece la propuesta visionaria del
Presidente Rafael Correa para hacer de Yasuní, una reserva intangible que
permita conservar la naturaleza y evitar la extracción del petróleo, como una
lección innovadora, que ayudó a
despertar la conciencia ecológica en las generaciones de los jóvenes del
Ecuador y del mundo.
Durante seis años el Gobierno Ecuatoriano hizo todo cuanto
pudo para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del
bloque Ishpingo, Tambocochoa, Tiputini, estimadas en 920 millones de barriles, que corresponden al
20% de reservas comprobadas del país.
El 15 de agosto del
2013, el gobierno nacional emitió un Decreto Ejecutivo que ratifica la afectación
de la extracción petrolera al uno por mil del Parque Nacional Yasuní. No será al
uno por ciento como constaba en el anterior decreto que puso fin a la
Iniciativa Yasuní-ITT.
El referido decreto sustituye el artículo 5 del Decreto
Ejecutivo número 74 por el siguiente: “En el caso de que la Asamblea Nacional
autorice la actividad extractiva ésta no podrá desarrollarse en un área
superior al uno por mil del territorio del Parque Nacional Yasuní”.
La decisión también ordena la elaboración de informes
técnicos económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la
Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de Interés
Nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní.
Considerando la tecnología disponible para la recuperación
petrolera y sobre la base de los precios del petróleo, el aprovechamiento de
las reservas del ITT arrojaría un valor de 18. 292 millones de dólares, más de
11.000 millones a lo que originalmente se estimó.
Pues ahora el verdadero dilema es: 100% del Yasuní y nada de
recursos para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente, o 99% del
Yasuní y más de 18.000 millones para vencer la miseria, especialmente en la Amazonia,
la región con mayor pobreza.
“El Yasuní seguirá viviendo, pero la pobreza disminuirá y con
suerte y adecuadas decisiones la venceremos definitivamente”, argumenta el
gobernante ecuatoriano, al mismo tiempo que asevera que esta decisión “nos
desilusiona a todos, pero era necesaria. Ya no podemos hacer más, sin graves
perjuicios al bienestar de la población”
“La historia nos juzgará”
“Podemos tener la conciencia tranquila: Yasuní-ITT ha sido la
propuesta más seria y concreta en la lucha contra el cambio climático, pero
tenemos que velar por nuestro pueblo, nuestra gente, sobre todo los más
pobres”, remarca Correa, un economista que cuestiona el neoliberalismo como
arma de enrique a pocos y conserva la marginalidad de muchos.
De los recursos que genera la explotación petrolera del
Yasuní, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Amazónicos por la Ley 010
recibirían cerca de 258 millones de dólares, y por la repartición del 12% de
excedentes petroleros, alrededor de 1.882 millones de dólares. Con ello, la
Amazonía podrá con holgura salir de su retraso histórico. Todo esto en adición
a cerca de 1568 millones que recibirían todos los gobiernos autónomos
descentralizados del país por su participación en la renta petrolera.
“Vendrán los charlatanes de siempre a decir que esta decisión
es fruto del excesivo gasto público, como si fuera un delito invertir en salud,
educación, bienestar de nuestro pueblo”, comentó. “La verdad –agregó Correa- es
que estos recursos ni siquiera son para nuestro gobierno, sino para el futuro”
Era una idea construida desde la sociedad civil que se
concretó en 2007, durante el primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en
proteger el Parque Nacional Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la
abreviatura ITT).
En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria
petrolera pero comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una
compensación económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un
estimado de más de 7 mil millones de dólares por no extraer los barriles de
crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. La propuesta consideraba que si se lograba un
fondo de compensación de al menos la mitad de esas ganancias perdidas, se
mantendría la suspensión a petrolera. La condición para la protección del área
pasó a recolectar 3 600 millones de dólares.
Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual
gubernamental comenzó a crujir. Comenzó a quedar en segundo plano la fundamentación
basada en los derechos de la Naturaleza, para priorizar argumentos sobre como detener el cambio climático global.
Se sostenía que se debía mantener el petróleo bajo tierra
para evitar que una vez extraído fuera quemado en algún sitio, y los gases
producidos alimentaran el calentamiento global. La propuesta buscaba una
compensación económica para evitar un aumento en el cambio ambiental
planetario.
La iniciativa Yasuní-ITT despertaba muchas ilusiones entre
varios movimientos sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera.
Pero falta de apoyo de la comunidad
internacional. La moratoria petrolera cayó en una contradicción insalvable,
porque el mandato constitucional ecuatoriano obliga a la protección de ese tipo
de áreas, tanto por proteger los derechos de indígenas como los de la
Naturaleza.
Entonces, pedir a otros gobiernos una compensación económica
por cumplir con una obligación constitucional propia no podría producir una analogía
a otras compensaciones económicas por sus gastos en atender, por ejemplo, la
salud de sus niños.
Sí se puede hacer una explotación petrolea en la Amazonia minimizando
los impactos, es un argumento muy común
en varios gobiernos, pero en Ecuador se
da la paradoja que los duros impactos de extraer petróleo en la Amazonia se
ponen en evidencia en el proceso contra Texaco-Chevrón, y los graves impactos de las petroleras en
ambientes tropicales.
Al liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un
ecosistema de alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan
(incluyendo aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de
aplicar una alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo
entre los demás países desaparece.
La medida ecuatoriana sin dudas alentará las presiones sobre
áreas protegidas que también se viven, por ejemplo, en Perú y Bolivia.
Nadie en el ambientalismo defiende la miseria, sino que
denuncian que bajo los titulares de promover el crecimiento económico no sólo
se desemboca en mayores desigualdades sociales sino que se destruye el entorno
natural, señala Eduardo Gudynas del equipo de CLAES (Centro Latino Americano de
Ecología Social).
La nueva decisión del gobierno ecuatoriano nos recuerda a
Chico Mendez (1944-1988): "No quiero flores en mi funeral, porque sé que
irán lacrimógenas a los bosques ... ". Mendez, recolector de caucho y
sindicalista que luchó contra la extracción de madera y la expansión de los
pastizales sobre el Amazonas, fue asesinado frente a su casa. En 2003, el
presidente Lula da Silva eligió a Marina Silva, compañera de Chico, Ministra
del Medio Ambiente.
El verde paisaje multicolor del bosque amazónico se marchita
cada día. Su población supera los 40 millones de personas, de las cuales la
gran mayoría vive en ciudades con insuficientes servicios básicos. Solo en la
Amazonía peruana han sido registradas 4,200 especies de mariposas.
“Perspectivas del medio ambiente en la Amazonía - Geo
Amazonía”, amplio informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - NUMA y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA,
acaba con los mitos y falsedades de este espacio habitado ahora por unos 40
millones de personas, de las cuales más del 60% vive en ciudades y privada de
eficientes servicios básicos.
Después de dos años de trabajo, unos 150 científicos y
expertos advierten la hecatombe amazónica, desde la perspectiva ecológica,
hidrográfica y político administrativa. El ecosistema global que comparten
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Suriname y Venezuela está en
serio peligro, realidad que se complica cada día porque los Estados se resisten
a trabajar realmente juntos, buscando consensos.
La amenaza no solo está presente para la enorme variedad de
especies de flora y fauna, sino básicamente para el agua que se genera en la
cuenca amazónica y representa alrededor de quinta parte del agua de escorrentía
mundial.
El modelo de desarrollo de esta región, si lo hubo, ha
variado. En ella se expanden rápidamente los monocultivos, como soya ya caña y
ganadería tecnificada, en Bolivia y Brasil. Los megoproyectos viales y
energéticos, atraviesan la tupida selva, ríos y pantanos, con millones de
toneladas de cemento y fierro. La red vial brasileña en los últimos 30 años, se
ha multiplicado 10 veces, habiendo provocado centenas de asentamientos humanos.
La producción de biocombustibles es un proceso más reciente, que acelera el
cambio de uso del suelo en esa región.
“No tenemos otro mundo para mudarnos”, sostiene Gabriel
García Márquez, al condenar el incesante manejo salvaje y despiadado del
capital, empezando por la cuenca del Orinoco de su país natal, Colombia.
La gran pregunta es ¿qué nivel de “pérdida – ganancia” entre
la degradación ambiental y el desarrollo socioeconómico sería aceptable para
los ciudadanos amazónicos?. Un proverbio Sioux nos recuerda: “No heredamos la
tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos…” Los
amazónicos utilizan unas 1,600 especies de plantas para curar diversas
enfermedades.
La región hoy está condicionada a la dirección que tomen las
políticas públicas, el mercado y el desarrollo científico y tecnológico. Yasuní,
en el Ecuador, tiene una propuesta para frenar el cambio climático. En el Perú la
explotación delictiva del oro en Madre de Dios abre los ojos a los gobernantes
que proyectan conservar una zona de la mayor biodiversidad del mundo y cambiar radicalmente
la historia global.
El proyecto, presentado a EEUU por varios países europeos y
una misión ecuatoriana, plantea que se pague a Ecuador para que deje a
perpetuidad, sin explotar, parte de sus reservas petroleras en el campo
Ishpingo-Tambococha-Tiputini-ITT. Su aplicación puede ser replicable, como es
el caso de Filipinas, Malasia, Indonesia, República Democrática del Congo,
Brasil, Bolivia y Venezuela. El Parque Nacional Yasuní, territorio de más de
980 mil hectáreas, está unos 300 kms. al
Este de Quito, muy cerca del Napo, aquel rio, de donde partió en el siglo XVI
Francisco Orellana para encontrarse en con el Amazonas .
El gobierno ecuatoriano planea emitir los llamados
Certificados de Garantía Yasuní (CGY), propuesta que difiere un poco de los
bonos de carbono que los países ricos obtienen a cambio de invertir en
proyectos verdes en países en desarrollo. Los inversores pueden luego utilizar
esos bonos para contrarrestar sus emisiones a la hora de cumplir compromisos
internacionales. El dinero que se pague a Ecuador, será invertido en un fondo
fiduciario manejado por un organismo internacional.
Los fondos estarán destinados a: Protección de 40 parques
nacionales ecuatorianos (Las tierras entregadas a comunidades indígenas son un
38% de la superficie ecuatoriana). Reforestación de 2,5 millones de acres de
bosques y cambio de la matriz energética para producir hidroelectricidad o de
fuentes geotérmicas, opción atractiva en un país de volcanes, explica el
académico Valentín Bartra, de la Universidad Mayor de San Marcos.
La iniciativa
ecuatoriana de Yasuní inicial fue respaldada por los premios Nobel, Muhamad
Yunus, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú y Rita Levi-Montalcini.
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