A: Oscar Amado oamado@argenpress.info.com; Jorgez@telefonica.net.pe
Si los tribunales españoles ejecutan el fallo del CIADI, se
habrá creado un importante precedente
Pey, republicano español, decidió dejar su patria ante la
arremetida franquista, y cuando el presidente socialista Salvador Allende llegó
democráticamente al poder se convirtió en uno de sus asesores. Pey adquirió la
editorial que publicaba Clarín en 1972 de su anterior propietario, Darío Sainte-Marie,
también próximo a Allende y quien había fundado el diario en 1953. Luego del
golpe militar, Pey retornó a España, pero recuperada la democracia y el Estado
de derecho en Chile, volvió a ese país para reactivar su reclamo y ser
indemnizado por el Estado chileno por la arbitraria confiscación.
Desde 1995, el español reclamó directamente al gobierno del
entonces presidente Eduardo Frei. Ante la negativa, optó por acogerse a las
reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), y presentó una demanda arbitral contra Chile y adujo además la
denegación de Justicia. Luego de un larguísimo proceso arbitral, en 2008 el
Tribunal Internacional del CIADI, que depende del Banco Mundial, condenó a
Chile a compensar los daños y perjuicios ocasionados al inversionista español a
lo largo del proceso, aunque no reconoció propiamente una indemnización por la
confiscación.
El caso tiene ribetes polémicos, pues el Estado Chileno
batalló ante el CIADI negándole competencia, y a fin de salir triunfante gastó
más de 15 millones de dólares, entre una indemnización a supuestos herederos de
los accionistas (9 millones) y el pago a bufetes que litigan ante ese tribunal
arbitral internacional (7 millones). La estrategia de la defensa era probar que
Pey no era legítimo propietario de la editorial, al existir supuestas dudas y
contradicciones en su adquisición.
No han faltado las críticas de tono político dentro de este
controvertido asunto, y se han vertido acusaciones a los gobiernos de la
Concertación por haber asumido defensa de una causa injusta, provocada
por un acto ilegal de la dictadura militar y por haber preferido pagar a
terceros y no al demandante. Victor Pey, ahora de 96 años, espera el pago de la
indemnización (aproximadamente 3,5 millones de dólares) y afirma que con ese
dinero pondrá nuevamente a Clarín en las calles.
Hace sólo dos semanas, empresarios españoles se reunieron
con el presidente Sebastián Piñera para hacerle conocer su preocupación por
este caso, en el que el afectado es un empresario español, pidiendo al Gobierno
que cumpla el laudo. Como quiera que Chile no lo ha cumplido aún, el demandante
español anunció que acudirá a tribunales españoles para lograr la ejecución
forzosa y pedirá el embargo de bienes del Estado chileno. Como dato adicional,
los bienes inmuebles que la antigua editorial poseía en Santiago, Valparaíso y
Viña del Mar siguen ocupados hasta la fecha por el Ejército.
Si los tribunales españoles otorgan protección y ejecutan el
fallo del CIADI, se habrá creado un precedente a favor de las inversiones
españolas. Se espera que al final Chile cumplirá el laudo, pues es signatario
del Convenio de Washington del 18 de marzo de 1965 sobre arreglo de diferencias
relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros Estados (CIADI).
Santiago - Chile
Reproducción permitida / Citar fuente
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