Jorge Zavaleta Alegre Periodista
Su mayor o menor dinamismo depende del liderazgo y del aporte de una burocracia comprometida con su comunidad.
Según el MIMP, este año que termina se ha establecido 25 Centros Emergencia Mujer (CEM), en las capitales provinciales, las que se suman a más de cincuenta que operan en distritos y poblados rurales.
Las municipalidades de Barranca (Lima), Huancané (Puno), Requena (Loreto) y Jorge Basadre (Tacna) son las primeras en las cuales se ha decidido poner mayor énfasis en velar por los derechos de la mujer, los niños y las niñas.
Los CEM han sido concebidos para orientar a la población en aspectos legales, psicológicos y sociales, mediante la coordinación y la capacitación en la problemática de la violencia familiar y sexual, como un buen punto de partida para avanzar en la moderna gobernabilidad.
Los alcaldes se comprometen a brindar un local apropiado y trabajar con el MIMP, que asume el costo operativo del personal, un fondo rotativo de caja chica y servicios de comunicación.
En estos espacios, las mujeres pueden presentar sus denuncias, encontrar una gestión interdisciplinaria y asegurar y contar con un apoyo personalizado y oportuno.
"No es posible profundizar la democracia y construir un desarrollo local sostenible sin la intensa participación de los municipios. Este es el reto de los gobiernos locales en el presente siglo", ha expresado el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Perú, Julio Rojas.
Pero hay algunas limitaciones. Las normas relacionadas a las formas de violencia no son conocidas, en muchos casos, por los funcionarios regionales o locales encargados de solicitar el correspondiente presupuesto.
Es parte de la "vulnerabilidad funcional" que, según el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, persiste, por ejemplo, en el desconocimiento sobre el concepto del proxenetismo y la explotación sexual, delitos graves, pero que tienen diferencias abismales en la sanción con penas benignas.
Hay que tener en cuenta que son los lugares alejados y pobres donde la mujer se encuentra más desprotegida y, por tanto, allí se encuentran más expuestas a la acción de las organizaciones delictivas.
En esta tarea, como en otras que responden a objetivos nacionales para el desarrollo sostenible, corresponde un papel preponderante a los gobiernos regionales y las municipalidades. Por lo tanto, se espera que los mencionados Centros de Emergencia Mujer funcionen en todo el territorio nacional, de ese modo tendremos una red de acción eficaz contra la violencia familiar.
Se trata de aunar esfuerzos y articular acciones entre el Ejecutivo y los niveles de gobierno local y regional, dando prioridad a la defensa de los derechos de la mujer y de la infancia.
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