Martes, 10 de enero de 2012
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LA REFORMA DEL ESTADO
Base fundamental del desarrollo inclusivo
Jorge Zavaleta Alegre Periodista y licenciado en Ciencias Sociales
El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, ha ratificado en su exposición ante el Congreso de la República los lineamientos de la Hoja de Ruta del 28 de julio de 2011, destacando la continuidad del modelo de crecimiento económico con inclusión social y con la precisión de un aumento sustantivo del presupuesto, por encima del 56%, específicamente en Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, Trabajo, Saneamiento y Agropecuaria.
La aplicación de este enunciado facilitará que los programas sociales alcancen mejores índices de desarrollo humano y elevar los estándares de calidad de vida de la población, en tanto sea viable el saneamiento rural, la cobertura urbana de agua potable, construcción y mejoramiento de viviendas, y evitar el perverso círculo anual de la muerte en las zonas altoandinas.
Recursos económicos existen, de acuerdo con los informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central de Reserva (BCR).
El Producto Bruto Interno (PBI) ha ascendido tres veces el monto alcanzado 10 años atrás. El sistema financiero es sólido y el crédito creció en 2011cerca de 20 por ciento, con una morosidad inferior al 2 por ciento. Hay un superávit fiscal del 2 por ciento del PBI.
Se tiene un Fondo de Estabilización Fiscal. Las Reservas Internacionales Netas bordean los 50 mil millones. La deuda pública no pasa del 20 por ciento del PBI en deuda bruta y 9 por ciento en deuda neta.
Además, se anuncia alcanzar un 18 por ciento de presión tributaria a 2016 y el fortalecimiento de la autonomía de los organismos reguladores.
En suma, si hay estabilidad macroeconómica, también debe existir un ambiente favorable para llevar adelante la reforma visible e invisible del Estado.
No solo se espera la tradicional promoción de obras físicas, sino el real mejoramiento de la gestión pública, con integración social e instituciones permanentes en ciudades y en los pueblos fronterizos y comunidades andinas y amazónicas.
En este horizonte son vitales más ciencia, más tecnología y más innovación para alcanzar competitividad en el sector privado, las universidades y los centros de investigación públicos y privados.
De igual forma, el buen funcionamiento de la Escuela Superior de Administración Pública, junto con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para la capacitación adecuada al servidor público y a los postulantes futuros.
Se anuncia la unificación de las actuales procuradurías anticorrupción y proyectos de ley para evitar que prescriban los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios. También una gestión eficiente y autónoma de los organismos reguladores.
Los conflictos sociales generados sobre todo por el manejo arbitrario del agua, la minería y las ocupaciones territoriales deben tener, en adelante, una instancia directa donde encontrar una respuesta clara.
La Dirección Nacional de Prevención y Solución de Conflictos Sociales es un paso adelante en un nuevo esquema de la explotación de recursos naturales y debe aceptarse la ampliación del plazo para la implementación de la Consulta previa a los pueblos indígenas, con base en la Ley N° 29785.
Este segundo Gabinete Ministerial siguiendo la filosofía del primero, ha presentado las políticas y principales medidas de gestión que regirán el desempeño del Gobierno a partir del presente año, reconociendo que hay nuevos actores políticos que dirigen los 25 gobiernos regionales, a quienes deben convocarlos permanentemente para su integración, como lo señala claramente la Constitución Política.
La sociedad peruana continúa respaldando al presidente Ollanta Humala y su plan de sucesivas transformaciones y su prédica nacionalista, con el añadido de la "gran transformación" y la "inclusión social".
Director(e): Jorge Sandoval Córdova.
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