Jorge Zavaleta Alegre, Lima.-
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| 25 años contra las drogas |
Se trata de una batalla en la tierra y no el azul cielo. Significa que la lucha implacable contra el crimen organizado involucra a los paraísos fiscales de Europa y de América Central, porque el poder de la industria de la cocaína crea una estrecha relación entre productores de la materia prima, una base financiera para la comercialización y mecanismos que faciliten el lavado del dinero.
Sobre esta problemática existen numerosos esfuerzos. Por ello, el presente informe se basa en las investigaciones de CEDRO – Centro peruano con alcance internacional de Información y Educación para la prevención del abuso de drogas, que este año celebra un cuarto de siglo en el trabajo en la prevencion de las drogas, desde una perspectiva ética del desarrollo, la inclusión y los derechos humanos.
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| Carmen Masías, una fundadora de Cedro |
Carmen Masías y Alejandro Vasilaqui, directores fundadores de esta organización, enfatizan en un reciente estudio titulado “Una mal llamada guerra perdida”, que la corrupción de los funcionarios públicos y el delito de los políticos, pasa por una real reforma del Estado para conseguir trámites ágiles y transparentes, procesos y respuestas a distintas coyunturas y tiempos.
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| A.Vasilaqui, Director de Cedro |
En un acucioso balance de 25 años, Cedro revela, por ejemplo, que a principios de este año la SBS informó que el lavado de activos superó los $3,460 millones, provenientes de diferentes actividades delictivas.
Igualmente, otro de sus estudios, consecuencia de varios proyectos en el campo, señala que diversas poblaciones campesinas que optan por la legalidad, pueden y ser y son referencias de una acertada vía de desarrollo, porque después de la erradicación de cocales han participado en programas continuos de educación, salud, recreación sana, capacitación para el trabajo.
Trágicamente, el Perú, en el continente americano, continua siendo el mayor exportador de cocaína y marihuana y hoy también fabricante de las drogas sintéticas, negocio que hasta poco pertenecía a laboratorios del primer mundo.
“La criminalización del consumo de drogas, que nunca ha sido el caso del Perú ni de la mayoría de países de América Latina, demanda una aproximación más humana frente a la dependencia a las sustancias, capacitación para la gestión y para las nuevas formas de tratamiento y reinserción social”.
La realidad indica verdaderas políticas de juventudes en el tratamiento de la adicción, prevención que no debe excluir el consumo de alcohol y tabaco.
Los Países Bajos y Suecia que, en cierto modo, alentaron el libre consumo de la droga, han decidido endurecer su política cuando la permisividad condujo a exagerados niveles de consumidor es. Y en América Latina no existen razones para negar que el consumo de la droga también es una cuestión de salud pública, al mismo tiempo que se disminuye las parcelas de producción de cocales.
“Es inobjetable que el crimen organizado debe ser reprimido y creer que la liberalización del consumo de droga traería el respectivo desplome de los precios: En el Perú un cigarrillo de pasta de cocaína cuesta $10 centavos y un kilo de cocaína 500 dólares, precios que tan bajos que alimentarían los excesos del narcotráfico y la violencia. El correlato del gran negocio está en los consumidores de las grandes urbes”.
Otro elemento poco difundido es la naturaleza de la marihuana que por efecto del proceso transgénico de dos décadas es mucho más potente y peligrosa para la salud, más cancerígena que el tabaco.
Una investigación de la Universidad de Medicina Cayetano Heredia, revela que las harinas de coca, según evaluaciones en laboratorio, provocan desnutrición o muerte de los animales. Bien vale extender esta información en una próxima crónica sobre “las falacias acerca de la hoja de coca en la nutrición humana", como una respuesta a la respectiva "Asociación Peruana de Promoción de esta planta nativa”.
OTROS DATOS UTILES
Hasta la década del sesenta, en el Perú existían hasta 16 mil hectáreas de coca. En el 2010, según mediciones de las Naciones Unidas, hay 61 mil hectáreas de cultivos. Y en todas las localidades productoras existe potencial para los cultivos alternativos, como el caso de las comunidades del Huallaga Central.
Se calcula que si cada campesino con una familia de cinco miembros, tiene 1.5 hectáreas de coca, el año pasado habría obtenido más de 10 mil dólares de ingreso anual. Entonces los campesinos cocaleros representan más de 40 mil personas con ventajas frente al cultivo legal de otras plantaciones.
La SBS, que aún no da muestras del dinamismo anunciado, el año pasado dictó normas respecto a las “transacciones sospechosas”. Sería conveniente que la opinión pública conozca de manera regular y transparente quiénes son los que sobrepasan los 150 mil dólares mensuales, como una forma de prevenir el lavado de dinero, según estipula la actual legislación, que debería ser más radical.
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