Desarrollar la propuesta no será tarea fácil. La globalización pasa por una ineludible clave cultural, aspecto casi ausente en América Latina. “Ahora vivimos en un mundo pendular multidireccional. Ya no oscila sólo entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y socialismo, entre norte y sur. Entramos a un periodo en que todas las disputas, se cruzan y potencian”, señala Jesús Martín Barbero en “Al sur de la modernidad”.
De nada vale que nuestras ciudades busquen desafiar el firmamento con edificios de fierro, lunas y concreto, si los pobladores se sienten ajenos en el lugar donde viven. El drama es más evidente y complejo si revisamos las condiciones de habitabilidad de los discapacitados.
La educación hoy en día es concebida y organizada en función del mercado de trabajo, medido en términos de costo/beneficio como cualquier otro capital. En consecuencia, la urbe se torna en un lugar de una doble perversión.
Esta visión no es antojadiza si observamos la dinámica de las megacorporaciones globales. Ya son siete las que dominan el mercado mundial: AOL-Time Warner, Disney, Sony, News Corporation, Viacom y Bertelsmann. A través de los medios de comunicación se manipula la imaginación popular, y de esa manera emergen nuevos patrones colectivos de desafección, de desinterés con los más desprotegidos.
En el Perú el “boom” de las edificaciones lidera el crecimiento macroeconómico desde hace una década, pero no ha estimulado de manera prioritaria la necesidad de conservar ni ampliar los espacios y servicios públicos. Los gremios profesionales, sobre todo los más ligados al crecimiento y conservación de las ciudades, no han actuado con la necesaria coherencia, porque en la década del noventa se eliminaron los concursos arquitectónicos en las inversiones del Estado, los gobiernos locales fueron rebasados en su capacidad supervisora.
Diversos estudios confirman que son muy escasos los aportes que ofrecen los proyectos de infraestructura urbana para los discapacitados. Solo un 3% de los palacios municipales cumple con la totalidad de las normas de accesibilidad de los discapacitados y, el 13%, es totalmente inaccesible para estas personas. Además en los 90, fueron recortados drásticamente los beneficios tributarios en cuanto a proyectos para discapacitados.
El panorama ha cambiado. En la Ley de Presupuesto para el año 2010 se autoriza el 0,5% de su presupuesto dirigido a obras de reparación o modificaciones para mejorar la accesibilidad de los locales municipales. Pero no basta el financiamiento. Es un tema cultural, que requiere ser internalizado entre todos. Las universidades están obligadas a cumplir una reserva del 5% para las personas con discapacidad que deseen seguir estudios superiores, cuyo incumplimiento constituirá una infracción muy grave.
Las cifras de discapacitados en el Perú son alarmantes. Más de tres millones de personas, presentan alguna minusvalía, es decir una discapacidad severa acompañada de la ausencia de integración a la sociedad, según conclusiones del Instituto Nacional de Rehabilitación, del Instituto Nacional de Estadística y de la Organización Panamericana de la Salud.
La LEY N9 28164, que modifica diversos artículos de la ley 27050, Ley General de la persona discapacidad, precisa funciones al CONADIS, incluyendo la supervisión del funcionamiento de todos los organismos que tienen que ver con las personas con discapacidad y goza de la autoridad para imponer y administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento y promover. Los gobiernos locales y los gremios profesionales tienen mucho que hacer.
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