Papel de Arbol

lunes, 12 de abril de 2021

ELECCIONES EN PERU 2021 Jorge Zavaleta Alegre Diario16 Madrid.

 

 


Jorge Zavaleta Alegre

Desde el comienzo de la conquista, en el siglo XVI, la Corona Española buscó delimitar y controlar el poder de los conquistadores que se repartían el botín de la guerra, constituido no sólo por el oro y la plata, sino sobre todo por la tierra de los habitantes nativos.

Los conquistadores y los pobladores nativos constituían un grupo social sólido. De esta manera se reprodujo una sociedad caracterizada por una relación señor-vasallo de honor y aristocracia.

Damos un salto al Siglo XXI y podemos  constatar el  énfasis en la reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos como un desafío central de la Agenda 2030 de los organismos internacionales, ligados a la ONU.

Pero se constata  que es un proceso demasiado lento, porque la llamada globalización  no ha impulsado  el llamado Desarrollo Sostenible.  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no han tenido el énfasis esperado,   a pesar de los progresos registrados, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo.

La llamada “trilogía de la igualdad”,  publicitada por la CEPAL  no ha caminado. La actual pandemia ha descubierto la causa, el origen y el futuro incierto de las instituciones fundamentales de la Región. Los altos niveles de desigualdad social persisten en toda América, inclusive desde EEUU hasta la Patagonia.

La estructura productiva, poco diversificada y altamente heterogénea, los sectores de baja productividad generan aproximadamente el 50% del empleo. Se reconoce que la desigualdad es un fenómeno multidimensional.   A la desigualdad del ingreso determinada por la inserción laboral se suman otras, relacionadas con aspectos políticos, sociales y culturales, y con mecanismos de discriminación en diversos ámbitos socioeconómicos.

En los procesos electorales del Perú, por ejemplo,  desde 1919 hasta el 2001, se produjeron cambios en el tipo de sistema, el tipo de votante, la obligatoriedad del voto, el tipo de lista, la exigencia de cuota de género, el tipo de circunscripción, etc.

La reforma de distrito nacional único a múltiple, se hizo para buscar una mejor representación; sin embargo, no estableció como requisito para representar a un distrito, haber nacido o vivir en él. En la práctica, sólo se requería ser mayor de 25 años y haber nacido en el Perú. Resultado: 16% de los candidatos y 9% de los electos vivía y votaba en un distrito distinto al que postuló.

Otra modificación fue la ampliación del tamaño de la cuota de género de 25% a 30% en las listas de candidatos al Congreso.

La incorporación del distrito múltiple condujo la contienda electoral a los departamentos, los resultados fueron variados para las agrupaciones políticas; algunas tuvieron un respaldo más uniforme a nivel nacional, otras concentraron su respaldo en determinados departamentos.

Como resultado de la evolución: los procesos de elecciones generales funcionan bajo las mismas reglas de los procesos electorales municipales.

¿Cómo está el sistema electoral peruano en relación a otros países de América Latina?. La evolución de los sistemas electorales, y por tanto de los procesos electorales, siguen rumbos distintos en América Latina. El Perú comparte algunas características de los demás países, como la proporcionalidad. Pero en la actualidad, los países están modificando sus procesos.

Las elecciones generales de 2021- 2026  que acaban de realizarse el 11 de abril presentaron este esquema: Presidente y dos Vicepresidentes de la República. 130 escaños en el Congreso de la República (66 escaños necesarios para la mayoría absoluta). 5 puestos representativos en el Parlamento Andino.

La Demografía electoral:  Población: 33 035 342​ Habitantes. Inscritos        25 287 9541. Los congresistas elegidos juramentarán y asumirán funciones a más tardar el 27 de julio de 2021.  El presidente constitucional de la República y sus vicepresidentes electos lo harán el 28 de julio de 2021, durante la celebración de Fiestas Patrias.

Casi 1 millón de contagiados con el virus y más de 35 mil fallecidos, Perú es el país con más muertes per cápita por coronavirus del mundo.



En los últimos 4 años,  ha tenido 3 presidentes y los últimos 6 mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. A pesar de esta inestabilidad y las protestas  especialmente de jóvenes,  este país ha logrado mantener la democracia como una sorpresa, “de traspiés en traspiés", como señala un  equipo de la BBC y DIARIO16.

RECUADRO:

Resultados de la ONPE al 11,442% de las actas contabilizadas:

1)Perú Libre - Pedro Castillo (15,881%). 2) Avanza País - Hernando de Soto (14,478%). 3) Renovación Popular - Rafael López Aliaga (13,131%). 4) Fuerza Popular - Keiko Fujimori (12,187%). 5) Acción Popular - Yonhy Lescano (8,947%).

6) Juntos por el Perú - Verónika Mendoza (7,943%). 7) Victoria Nacional - George Forsyth (6,065%).  8) Alianza para el Progreso - César Acuña (5,898%).  9) Podemos Perú - Daniel Urresti (5,590%).10). Partido Morado - Julio Guzmán (2,668%).

11) PPC - Alberto Beingolea (2,261%). 12) Somos Perú - Daniel Salaverry (1,561%). 13) Partido Nacionalista - Ollanta Humala (1,162%). 14) Unión por el Perú - José Vega (0,629%). 15) RUNA - Ciro Gálvez (0,531%). 16) Perú Patria Segura - Rafael Santos (0,400%). 17) Frente Amplio - Marco Arana (0,388%). 18) Democracia Directa - Andrés Alcántara (0,349%). 

Fueron 18 los candidatos que se inscribieron para participar de un proceso electoral sin precedentes, debido a la Pandemia de Covid-19.

Cabe precisar que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece que para elegir al presidente y a los vicepresidentes de la República se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos.

El siguiente artículo de la misma norma refiere que si no se hubiese alcanzado la votación señalada, se procede a efectuar una elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales —realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— entre los dos candidatos que tuvieron la votación más alta.

 

PAPEL DE ARBOL

Creado en 1992 en Lima por JULY BALAREZO  y JORGE ZAVALETA BALAREZO.

Desde  2017 se edita en Pittsburg, PA. JZB  Fundador de la Revista Psicoanálisis  Estival y Catedral Tomada.  En Emmitsburg, MD Jorge Zavaleta Alegre / July Zavaleta Camerieri, Psicóloga  y  Administración  y  Economía  Mount Sant Mary, Emmitsburg, MD

ASOCIADO A DIARIO16 Madrid    EL MERCURIO  DIGITAL  TIME NY.










 

 

 

sábado, 10 de abril de 2021

LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI. Jorge Zavaleta Alegre. DIARIO16 MADRID.





Jorge Zavaleta Alegre

La globalización ha modificado sustancialmente la naturaleza del Estado contemporáneo con relación a la acumulación de capital y como articulador de la identidad nacional.

En este contexto la Educación superior en las universidades públicas  atraviesan problemas frente a una nueva hegemonía de las universidades como empresas privadas, crisis cada vez más grave sobre todo en los países  subdesarrollados, donde el Estado es débil, corrupto, con  creciente economía informal como el contrabando y el narcotráfico que  ahora comercializa la droga a través de  barras de oro como fuera del sistema financiero.

Investigaciones recientes confirman que  la educación superior  en lo que va del presente siglo ha profundizado su crisis por la reducción de recursos públicos y la competencia desigual con  los centros académicos financiados   por la empresa privada, de cara al mercado.

La autonomía tradicional de las universidades ha sufrido una merma de recursos públicos, como punto de interacción entre la universidad moderna y la sociedad. Hasta la década de los setenta, la educación superior se expandió de forma sostenida en el número de instituciones, en la cantidad de estudiantes y profesores y en la disponibilidad de recursos financieros.

A partir de los ochenta, el financiamiento público para la educación superior se ha reducido significativamente en casi todos los países, confirman las estadísticas del Banco Mundial realizadas entre 1994, 2000.

Las nociones de la universidad como proyecto cultural e institución productora de bienes públicos han pasado a un plano marginal o sólo discursivo. Hoy prevalece una educación superior y mercado por un esquema de universidad "emprendedora" y por un proceso creciente de privatización de la oferta. Las universidades privadas se han multiplicado y la propaganda agresiva ha logrado un aumento artificial del alumnado que ha internalizado que no se debe prescindir de la educación superior para supervivir en la modernidad.



Es muy cierto que las universidades de investigación siempre han competido por prestigio social y académico, y además se han involucrado en actividades académicas transfronterizas de mayor o menor envergadura. El mercado está estructurado en dos niveles: una "super–liga" de universidades globales de investigación, que persiguen  fundamentalmente prestigio y poder, más que ganancias económicas como tales.

Y en segundo nivel  existe  un grupo más amplio de instituciones con menos estatus, involucradas en la exportación comercial de la educación, con un modelo de desarrollo de expansión del capital privado.

Las universidades nacionales de investigación más importantes fuera del mundo angloamericano, que fueron líderes incuestionables en sus países, ahora están  ensombrecidas por las  universidades Harvards, Stanford y Oxford en Gran Bretaña.

Las primeras 100 universidades en el ranking de Jiao Tong (2005) incluye a 52 universidades de Estados Unidos, a 17 de otros países de habla inglesa y el resto del grupo lo componen universidades de Europa occidental y Japón.

El modelo normativo de esta idealización de la universidad norteamericana de investigación es promovido y propagado por el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

The Economist (2005), refuerza el éxito americano en la diversificación de fuentes de ingreso en universidades semi–corporativas y la reducción de la intervención gubernamental. Si todos los países siguen las directrices de este sistema ideal norteamericano, fortalecerá la hegemonía y dominación global de Estados Unidos, en lugar de debilitarla y de alcanzar un sistema más equilibrado y equitativo.

La educación superior es una institución del estado que ha sufrido transformaciones profundas en el contexto de la globalización. Se observa un proceso  de mercantilización, la educación superior se ve alineada a las prácticas y requerimientos de distintos mercados tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

    Universidad de San Marcos, la más antigua de Améruca. 

Las universidades públicas de la periferia, que han mantenido- tradiciones diferenciadas, hoy  han entrado en un proceso de conformación  conflictiva en torno al modelo hegemónico global.

Investigaciones sociológicas ratifican que los retos de las universidades latinoamericanas para el siglo XXI, deben redoblar esfuerzos con los grupos vulnerados, fomentar el desarrollo, avanzar en la integración regional y adoptar formatos de enseñanza innovadores.

La educación superior debe ser considerada un bien social y público. Las universidades no solo tienen que estar a la vanguardia del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Quizás uno de los aspectos que menos se ha valorado es que incluso la presencia de las propias universidades públicas en lugares donde nadie quiere vivir.

Hoy es importante reconocer y estimular la importancia que tienen las artes y las humanidades. Estudios de docentes latinoamericanos que han pasado por las aulas universitarias como becarios o pagando sus estudios, coinciden que es posible  crear grandes profesionales, grandes investigadores, pero por encima de todo tenemos que preservar aquello que nos hace humanos. Los créditos de libre elección, son vitales para  un estudiante que está en una carrera fuertemente científica.

La UNESCO comenta que se ha avanzado en un consenso para el reconocimiento mutuo de titulaciones que facilitan la libre circulación de estudiantes, pero que eso no agota el problema. “La integración universitaria en la región no se puede dar de manera mecánica. Para que haya un verdadero proyecto en ese sentido, tiene que haber primero un proyecto de integración política y económica”, concluye la Unesco  en el encuentro “Educación y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e innovaciones”,

La Cátedra UNESCO “Educación Superior y Pueblos Indígenas” considera la difícil vida de los estudiantes de Estados Unidos con deudas de cientos de miles de dólares para pagar la universidad. Una reciente encuesta de la BBC concluye que la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanzó los US$ 1,3 billones el  año 2020. Es el país en el que hay pocas universidades que brindan servicios gratuitos y donde cerca del 70% de los estudiantes recurren a préstamos para pagar sus estudios.

Por ejemplo, la Universidad Católica de América, fundada en 1887 como una institución orientada en la investigación. Hoy es una de las instituciones líderes en sus programas educativos de licenciatura, posgrado y doctorado en los Estados Unidos, gracias al capital intelectual y al compromiso de los docentes y sus centros de investigación, Pero entre la graduación y el sueño  de un empleo gerencial reina un vacío o una quimera.

La deuda estudiantil ha crecido, y también los intereses de los préstamos privados: el tipo fijo de interés está actualmente en el 9,66%. A esto se añade la precarización del mercado laboral en las últimas dos décadas.

Estos millones de situaciones personales han ido aflorando a la superficie de la política; se han traducido en protestas masivas, como la del movimiento Occupy Wall Street de 2011, y han entrado en la agenda de la izquierda democrática.

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papel de arbol fue creado en Lima en 1992, Desde  2017 en Emmitsburg MD y Pittsburg PA.

Asociado a Diario16 de Madrid, El Mrercurio  Digital Net   TIME.

Editores  Jorge  Zavaleta Alegre  y  Julia Z. Camerieri,'

lunes, 5 de abril de 2021

Diario16 en América: EEUU emprende acciones contra evasión de multinacioneles.

 https://diario16.com/estados-unidos-se-pone-serio-contra-la-evasion-fiscal-de-las-multinacionales-y-los-ricos/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter.

Estados Unidos se pone serio contra la evasión fiscal de las multinacionales y los ricos. El blanqueo de capitales, uno de los negocios más rentables de las grandes entidades financieras, y la evasión fiscal en paraísos fiscales de las multinacionales han puesto en alerta a los países más desarrollados del mundo

President Joe Biden walks with a cup of coffee Tuesday, March 2, 2021, along the Colonnade of the White House to the Oval Office. (Official White House Photo by Adam Schulld
 Tal y como publicábamos en Diario16, el nuevo presidente de los Estados Unidos y el rumbo que parece estar tomando su Administración, ha esperanzado a los defensores de la lucha contra la corrupción porque, a priori, el mandato del nuevo presidente en la Casa Blanca puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra el blanqueo de capitales y el abuso de los paraísos fiscales, dos problemas superpuestos empeorados por el secreto bancario que protege a grandes sumas de dinero de los recaudadores de impuestos y las autoridaes policiales.Por eso, la agenda del nuevo presidente para este primer mandato incluye una serie de medidas clave para terminar con estas dos lacras.

En primer lugar, Biden tendría previsto tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales en el país y en el extranjero. Estados Unidos ha servido como un refugio financiero para cleptócratas, evasores de impuestos y delincuentes durante décadas, y ha sido constantemente clasificado entre las principales jurisdicciones que facilitan el secreto financiero por la Red de Justicia Fiscal. El propio Biden fue senador durante 30 años representando a Delaware, un estado conocido como un refugio secreto.

Las conclusiones de un informe de investigadores de la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y catedráticos de Economía indican que el 1% de los estadounidenses de altos ingresos evita informar de más del 20% de sus ingresos. Los ricos emplean estrategias sofisticadas para eludir el impuesto sobre la renta, incluida la elusión fiscalen el extranjero.nuevo plan de Biden, al que ha tenido acceso Diario16, promete reforzar la capacidad de ejecución del IRS. «Las grandes empresas disponen de lagunas que explotan para evitar o evadir obligaciones fiscales, y un ejército de asesores fiscales y contables bien pagados que les ayudan a salirse con la suya», dice la propuesta. «Un IRS con fondos insuficientes carece de la capacidad para escudriñar estas maniobras fiscales sospechosas».Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado la semana pasada, la subsecretaria adjunta del Departamento del Tesoro, Kimberly Clausing, hizo mucho hincapié en la necesidad de reformas y modernización para construir un sistema tributario que sea «adecuado para su propósito, justo y enfocado en las necesidades de todos los estadounidenses».

Clausing añadió, además, que, si bien la desigualdad económica aumentó en las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han trasladado la carga fiscal de la riqueza y los ingresos corporativos a los trabajadores individuales. «En lugar de atenuar la desigualdad económica, el sistema fiscal la ha exacerbado con demasiada frecuencia», dijo.

A pesar de las medidas adoptadas en Estados Unidos en 2017 destinadas a reducir la transferencia de beneficios de jurisdicciones con impuestos más altos a jurisdicciones con impuestos más bajos, Clausing dijo que «el uso de paraísos fiscales para evitar impuestos continúa sin cesar. Necesitamos mejores protecciones para defender la base impositiva corporativa de Estados Unidos de la transferencia de ganancias corporativas motivada por impuestos a paraísos en el extranjero. Podemos hacer mucho más para garantizar que nuestro sistema fiscal funcione para los trabajadores estadounidenses».

Por otro lado, la Administración Biden tiene como objetivo cerrar las lagunas de la Ley de Transparencia Empresarial de Donald Trump, una reforma que requiere que las empresas estadounidenses informen sobre sus verdaderos dueños a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, esta ley tiene importantes lagunas que la limitan. Algunos vehículos de inversión de Wall Street creados por fondos de cobertura están exentos, por ejemplo, al igual que las empresas más grandes y posiblemente los fideicomisos. Un informe publicado por Transparencia Internacional reclamó una expansión de las reglas de diligencia debida para controlar a abogados, contables, capital privado y fondos de cobertura.

Esto tiene como consecuencia que la Administración de Biden vaya a afrontar una reforma profunda de FinCEN, la agencia gubernamental encargada de combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Sin embargo, un informe de Global Financial Integrity afirmó que FinCEN no cuenta con los fondos suficientes y está sobrecargado en sus responsabilidades, y que los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos contra el blanqueo de capitales son vistos como ineficientes e ineficaces.

Algunas reformas propuestas a raíz de la publicación por parte del ICIJ de los FinCEN Files han estado paralizadas después de que la Administración Biden impusiera un congelamiento regulatorio sobre las regulaciones pendientes de la Administración Trump. Una de ellas es una propuesta para exigir que los bancos y otros recopilen y compartan con las autoridades información sobre transacciones potencialmente sospechosas enviadas al extranjero por más de 250 dólares, frente a los 3.000 dólares actuales. 

Por otro lado, hay indicios que indican que el sector financiero también quiere una mejor regulación. Una encuesta realizada a más de 300 profesionales de cumplimiento financiero encontró que a la gran mayoría de los encuestados les gustaría ver más orientación de los reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la información sobre actividades financieras sospechosas y la evaluación de riesgos.

Por otro lado, Biden afronta una herencia muy dura: el enjuiciamiento de delitos financieros y las multas a corporaciones alcanzaron un mínimo histórico durante los años de Trump, un tiempo en el que se pretendieron desmantelar las regulaciones anticorrupción.

La nueva Administración dará prioridad a la rendición de cuentas y que el Departamento de Justicia persiga a los actores corruptos del sector financiero. Los grandes bancos han seguido beneficiándose de transacciones sospechosas, incluso después de haber sido multados con cantidades mulmillonarias. Mientras tanto, las agencias gubernamentales responsables de hacer cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero rara vez procesan a los grandes bancos que violan la ley.

Entre las personas designadas por Biden para desempeñar un papel fundamental en la aplicación de la ley de delitos financieros está el Fiscal General Merrick Garland, ex juez de la Corte Federal de Apelaciones. Si bien su historial con delitos de cuello blanco no es extenso, Lisa Monaco, su posible Fiscal General Adjunta, formó parte del Grupo de trabajo de Enron, que investigó uno de los casos de fraude más grandes en la historia de Estados Unidos. Su nominación está pendiente de confirmación.

Por otro lado, Gary Gensler, ex ejecutivo de Wall Street que luego se convirtió en regulador financiero, dirigirá la Comisión de Bolsa y Valores. Es conocido por enfrentarse a los grandes bancos después de la crisis financiera de 2008, cuando presidió la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. El Departamento del Tesoro ahora está dirigido por Janet Yellen, economista y ex presidenta de la Reserva Federal. En ese cargo, impuso restricciones de crecimiento a Wells Fargo después de que el banco admitió que los empleados crearon cuentas falsas para cumplir con objetivos de ventas poco realistas. Su nominación como Secretaria del Tesoro fue aplaudida por grupos financieros, mientras que algunos grupos progresistas expresaron su preocupación. dado que recibió más de 5 millones de dólares en honorarios por conferencias de las instituciones financieras que ahora es responsable de regular.

Respecto a su política contra la evasión fiscal, El plan recientemente revelado por Biden busca recaudar 2 billones de dólares para financiar su agenda de infraestructuras recuperando algunas de las reducciones de impuestos corporativos que los republicanos hicieron en 2017. También propone un aumento de la tasa impositiva sobre las ganancias extranjeras de las empresas estadounidenses, y un 15% de impuesto mínimo sobre la «renta contable» de las sociedades.

Mientras tanto, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders han presentado en las últimas semanas proyectos de ley que buscan aumentar los impuestos para los ricos de Estados Unidos.

Sanders, presidente del Comité de Presupuestos del Senado, propuso un plan de impuestos para las grandes fortunas y las grandes corporaciones. El proyecto de ley de Warren busca imponer un impuesto anual del 2% a las personas con un patrimonio neto superior a 50 millones de dólares y del 3% a los multimillonarios. Ambas propuestas incluyen medidas destinadas a disuadir el flujo de dinero a paraísos fiscales.

Sin embargo, Yellen no ha expresado su apoyo a un impuesto sobre el patrimonio porque cree que el mejor camino es la creación de un acuerdo internacional sobre un impuesto mínimo global para las corporaciones multinacionales. Los críticos a estas medidas de incremento fiscal a las multinacionales dicen que un aumento dañaría la competitividad global de Estados Unidos



Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".

President Joe Biden walks with a cup of coffee Tuesday, March 2, 2021, along the Colonnade of the White House to the Oval Office. (Official White House Photo by Adam Schulld
 Tal y como publicábamos en Diario16, el nuevo presidente de los Estados Unidos y el rumbo que parece estar tomando su Administración, ha esperanzado a los defensores de la lucha contra la corrupción porque, a priori, el mandato del nuevo presidente en la Casa Blanca puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra el blanqueo de capitales y el abuso de los paraísos fiscales, dos problemas superpuestos empeorados por el secreto bancario que protege a grandes sumas de dinero de los recaudadores de impuestos y las autoridaes policiales.Por eso, la agenda del nuevo presidente para este primer mandato incluye una serie de medidas clave para terminar con estas dos lacras.

En primer lugar, Biden tendría previsto tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales en el país y en el extranjero. Estados Unidos ha servido como un refugio financiero para cleptócratas, evasores de impuestos y delincuentes durante décadas, y ha sido constantemente clasificado entre las principales jurisdicciones que facilitan el secreto financiero por la Red de Justicia Fiscal. El propio Biden fue senador durante 30 años representando a Delaware, un estado conocido como un refugio secreto.

Las conclusiones de un informe de investigadores de la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y catedráticos de Economía indican que el 1% de los estadounidenses de altos ingresos evita informar de más del 20% de sus ingresos. Los ricos emplean estrategias sofisticadas para eludir el impuesto sobre la renta, incluida la elusión fiscalen el extranjero.nuevo plan de Biden, al que ha tenido acceso Diario16, promete reforzar la capacidad de ejecución del IRS. «Las grandes empresas disponen de lagunas que explotan para evitar o evadir obligaciones fiscales, y un ejército de asesores fiscales y contables bien pagados que les ayudan a salirse con la suya», dice la propuesta. «Un IRS con fondos insuficientes carece de la capacidad para escudriñar estas maniobras fiscales sospechosas».Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado la semana pasada, la subsecretaria adjunta del Departamento del Tesoro, Kimberly Clausing, hizo mucho hincapié en la necesidad de reformas y modernización para construir un sistema tributario que sea «adecuado para su propósito, justo y enfocado en las necesidades de todos los estadounidenses».

Clausing añadió, además, que, si bien la desigualdad económica aumentó en las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han trasladado la carga fiscal de la riqueza y los ingresos corporativos a los trabajadores individuales. «En lugar de atenuar la desigualdad económica, el sistema fiscal la ha exacerbado con demasiada frecuencia», dijo.

A pesar de las medidas adoptadas en Estados Unidos en 2017 destinadas a reducir la transferencia de beneficios de jurisdicciones con impuestos más altos a jurisdicciones con impuestos más bajos, Clausing dijo que «el uso de paraísos fiscales para evitar impuestos continúa sin cesar. Necesitamos mejores protecciones para defender la base impositiva corporativa de Estados Unidos de la transferencia de ganancias corporativas motivada por impuestos a paraísos en el extranjero. Podemos hacer mucho más para garantizar que nuestro sistema fiscal funcione para los trabajadores estadounidenses».

Por otro lado, la Administración Biden tiene como objetivo cerrar las lagunas de la Ley de Transparencia Empresarial de Donald Trump, una reforma que requiere que las empresas estadounidenses informen sobre sus verdaderos dueños a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, esta ley tiene importantes lagunas que la limitan. Algunos vehículos de inversión de Wall Street creados por fondos de cobertura están exentos, por ejemplo, al igual que las empresas más grandes y posiblemente los fideicomisos. Un informe publicado por Transparencia Internacional reclamó una expansión de las reglas de diligencia debida para controlar a abogados, contables, capital privado y fondos de cobertura.

Esto tiene como consecuencia que la Administración de Biden vaya a afrontar una reforma profunda de FinCEN, la agencia gubernamental encargada de combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Sin embargo, un informe de Global Financial Integrity afirmó que FinCEN no cuenta con los fondos suficientes y está sobrecargado en sus responsabilidades, y que los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos contra el blanqueo de capitales son vistos como ineficientes e ineficaces.

Algunas reformas propuestas a raíz de la publicación por parte del ICIJ de los FinCEN Files han estado paralizadas después de que la Administración Biden impusiera un congelamiento regulatorio sobre las regulaciones pendientes de la Administración Trump. Una de ellas es una propuesta para exigir que los bancos y otros recopilen y compartan con las autoridades información sobre transacciones potencialmente sospechosas enviadas al extranjero por más de 250 dólares, frente a los 3.000 dólares actuales. 

Por otro lado, hay indicios que indican que el sector financiero también quiere una mejor regulación. Una encuesta realizada a más de 300 profesionales de cumplimiento financiero encontró que a la gran mayoría de los encuestados les gustaría ver más orientación de los reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la información sobre actividades financieras sospechosas y la evaluación de riesgos.

Por otro lado, Biden afronta una herencia muy dura: el enjuiciamiento de delitos financieros y las multas a corporaciones alcanzaron un mínimo histórico durante los años de Trump, un tiempo en el que se pretendieron desmantelar las regulaciones anticorrupción.

La nueva Administración dará prioridad a la rendición de cuentas y que el Departamento de Justicia persiga a los actores corruptos del sector financiero. Los grandes bancos han seguido beneficiándose de transacciones sospechosas, incluso después de haber sido multados con cantidades mulmillonarias. Mientras tanto, las agencias gubernamentales responsables de hacer cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero rara vez procesan a los grandes bancos que violan la ley.

Entre las personas designadas por Biden para desempeñar un papel fundamental en la aplicación de la ley de delitos financieros está el Fiscal General Merrick Garland, ex juez de la Corte Federal de Apelaciones. Si bien su historial con delitos de cuello blanco no es extenso, Lisa Monaco, su posible Fiscal General Adjunta, formó parte del Grupo de trabajo de Enron, que investigó uno de los casos de fraude más grandes en la historia de Estados Unidos. Su nominación está pendiente de confirmación.

Por otro lado, Gary Gensler, ex ejecutivo de Wall Street que luego se convirtió en regulador financiero, dirigirá la Comisión de Bolsa y Valores. Es conocido por enfrentarse a los grandes bancos después de la crisis financiera de 2008, cuando presidió la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. El Departamento del Tesoro ahora está dirigido por Janet Yellen, economista y ex presidenta de la Reserva Federal. En ese cargo, impuso restricciones de crecimiento a Wells Fargo después de que el banco admitió que los empleados crearon cuentas falsas para cumplir con objetivos de ventas poco realistas. Su nominación como Secretaria del Tesoro fue aplaudida por grupos financieros, mientras que algunos grupos progresistas expresaron su preocupación. dado que recibió más de 5 millones de dólares en honorarios por conferencias de las instituciones financieras que ahora es responsable de regular.

Respecto a su política contra la evasión fiscal, El plan recientemente revelado por Biden busca recaudar 2 billones de dólares para financiar su agenda de infraestructuras recuperando algunas de las reducciones de impuestos corporativos que los republicanos hicieron en 2017. También propone un aumento de la tasa impositiva sobre las ganancias extranjeras de las empresas estadounidenses, y un 15% de impuesto mínimo sobre la «renta contable» de las sociedades.

Mientras tanto, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders han presentado en las últimas semanas proyectos de ley que buscan aumentar los impuestos para los ricos de Estados Unidos.

Sanders, presidente del Comité de Presupuestos del Senado, propuso un plan de impuestos para las grandes fortunas y las grandes corporaciones. El proyecto de ley de Warren busca imponer un impuesto anual del 2% a las personas con un patrimonio neto superior a 50 millones de dólares y del 3% a los multimillonarios. Ambas propuestas incluyen medidas destinadas a disuadir el flujo de dinero a paraísos fiscales.

Sin embargo, Yellen no ha expresado su apoyo a un impuesto sobre el patrimonio porque cree que el mejor camino es la creación de un acuerdo internacional sobre un impuesto mínimo global para las corporaciones multinacionales. Los críticos a estas medidas de incremento fiscal a las multinacionales dicen que un aumento dañaría la competitividad global de Estados Unidos