Jorge Zavaleta Alegre. Lima-Madrid.-
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La corrupción principal flagelo de la Región
Jorge Zavaleta Alegre
En lo que va del siglo XXI, en América Latina es más difícil
cabrear o esquivar engañosamente los tribunales que defienden los derechos
humanos. El indulto o extinción de la
responsabilidad penal y la amnistía, que supone el perdón del delito, han sido los instrumentos para disipar los abusos de crueles
dictadores.
Lo sucedido en los últimos
meses en Guatemala y el Perú - respecto a un nuevo juicio por genocidio
al dictador Ríos Montt y la negación del indulto a Alberto Fujimori, condenado
a 25 años por asesinato y complicidad – revelan un
avance en la administración de la justicia, como componente de la democracia.
La empinada pirámide
económica y social que disfraza soluciones contra la pobreza y la emergencia de presuntas
clases medias (Informe BID 2013),
plantea nuevas reformas para humanizar las
economías de mercado.
“En la historia, como
en la naturaleza, la podredumbre es el
laboratorio de la vida”, afirmó Carlos Marx, sentencia que
Eduardo Galeano recuerda en sus “Noches
de amor y de guerra, cuando analiza
los delitos de quienes aún transitan en
la impunidad, escaparon al exilio y aquellos pocos jefes de Estado que han llegado
a la prisión.
Luis Harss, en Los
Nuestros, edición 2012, al recordar el boom literario de los sesenta,
recuerda el pensamiento de muchos
escritores jóvenes que luchar por que
nadie sea dueño de nadie: ni ricos ni pobres, ni pobres ni ricos.
“Una noche los muchachos contaron como Castillo Armas se había sacado encima a
un lugarteniente peligroso. Para que no lo robara el poder o las mujeres, este
tirano de Santa Lucía Cotzumalguapa (1914
– 1957) Ciudad de Guatemala, 1957), lo mandó en misión secreta a Managua.
Llevaba un sobre lacrado para el dictador Somoza. Somoza lo recibió en el
palacio. Abrió el sobre, lo leyó delante de él, le dijo:
-Se hará como pide su presidente.
Lo convidó con tragos.
Al final de una charla agradable, lo acompañó hasta la
salida. De pronto, el enviado de Castillo Armas se encontró solo y con la
puerta cerrada a sus espaldas.
El pelotón, ya formado, lo esperaba rodilla en tierra.
Todos los soldados dispararon a la vez.
Entre 1970-1980, Latinoamérica siguió siendo victima de cruentas dictaduras militares, y
los opositores fueron silenciados con
golpes, balas, muerte, prisión, desaparición,
tortura y exilio. Cuando llegaron las elecciones y surgieron leyes e
instituciones para sancionar a los depredadores de los Estados, la ética del poder quedó en el olvido y queda aún al
margen.
Los ex presidentes con procesos judiciales abiertos en
América Latina son muchos, pero pocos los condenados y muchos menos los que
efectivamente han ido a parar a una cárcel.
Volvamos a Guatemala. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de
la Paz, recuerda a Asturias leyendo las Meditaciones
de Descalzo: ·”Sube y exige,
tú eres llama de fuego,/Tu conquista es segura donde el horizonte definitivo /
Se hace gota de sangre, gota de vida, / Allí donde sus hombres sostendrán el
universo, / Y sobre el universo tu esperanza”.
El 26 de enero de 2012, en Ciudad Guatemala se inició un
proceso judicial por genocidio en contra José Efraín Ríos Montt, dictador, general en retiro y político de
derecha. Se le acusa entre otros delitos, por más de 100 masacres, 1771 muertes
(de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas
y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 mil ciudadanos.
Ríos Montt, al perder la inmunidad que como diputado al
Congreso le había permitido evadir la justicia, no pudo seguir obstaculizando los procesos que se siguen. Desde la legalidad,
actualmente existente, en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la
posibilidad para una condena ejemplar. En Guatemala de 2013 se sentencia la
narcoactividad, los delitos contra el Medio Ambiente.
Casi un centenar de testigos han relatado crímenes cometidos por el
Ejército contra indígenas de la etnia ixil.
La juez dictó el 10 de mayo una
condena por genocidio contra el ex dictador… El proceso ha despertado la
indignación de la mayoría de los pobladores.
POR ASESINATO Y
SECUESTRO…
El peruano Alberto Fujimori (1990-2000), se ha convertido en
el primer ex presidente latinoamericano elegido en las urnas que es condenado
por violaciones de los derechos humanos: matanzas perpetradas por un grupo paramilitar
y secuestros de un periodista y un empresario.
Fujimori ya cumplía una pena de seis años de cárcel por
allanamiento de morada. Pero él
sigue considerándose preso político e
inocente ante la Comisión de Indultos.
Fujimori, disfrazó la democracia, cerró y reabrió el Congreso.
Gobernó de la mano de una cúpula militar entre 1990 y 2000 y en
el marco de un conflicto contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, aprovechó
para desarticular instituciones públicas, rematar empresas públicas, mediante
una red de corrupción, cuyos socios, en
parte, están entre rejas, fugitivos o han desparecido de muerte natural.
El pedido de indulto humanitario de Fujimori, solicitado por sus cuatro hijos y el respaldo de su bancada
en el Parlamento, le ha sido denegado por el presidente Ollanta Humala, quien explicó
al país haber seguido las
recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, que el reo no cumplía con los requisitos, y ha
remarcado que continuará en sus
esfuerzos por combatir la corrupción enraizada.
Su tercera reelección, Fujimori la consiguió, mediante un
fraude. A fines del 2000, las protestas populares lo obligaron a dejar el
poder. Viajó a Japón y desde allí envió su renuncia. El Congreso lo había
inhabilitado por "incapacidad moral".
El colapso del fujimorismo permitió el regreso a Perú de otro
ex presidente, Alan García, quien venía de un largo exilio acusado por el
régimen de corrupción. En el 2013, una mega comisión del Congreso, presidida
por un joven parlamentario del partido de gobierno, ha
acordado abrir la investigación de las cuentas bancarias de García y su
responsabilidad en el adulto a presos por
narcotráfico.
América Latina en tanto muestra un solido crecimiento
económico también registra una creciente corrupción.
CORRUPCION EN EL
CONTINENTE
Aquí, una lista referencial
de presidentes y jefes de Estado:
En México, Salinas de Gortari ha sido acusado por sus
adversarios políticos de desvío de
recursos, corrupción y vínculos con el narcotráfico y fraude electoral.
Luis Echeverría, estuvo muy cerca de la condena y fue
exonerado del delito de genocidio por una matanza de estudiantes en 1968.
De Brasil, Fernando Collor de Mello, tuvo que renunciar al
cargo, acusado por corrupción.
El argentino Rafael Videla acaba de morir, preso en un
cuartel cercano a Buenos Aires, indultado en de la condena a reclusión perpetua
que recibió en 1985.
Carlos Menem estuvo privado de libertad en una casa de campo varios
meses por un caso de contrabando de armas.
Por violaciones de los derechos humanos están actualmente
procesados dos ex presidentes uruguayos, Gregorio Álvarez y Juan María
Bordaberry.
El venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) fue
destituido por corrupción y condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, pero
la pena la cumplió en su domicilio en razón de sus más de 74 años.
El boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003,
es solicitado a EEUU en extradición por
las autoridades bolivianas por genocidio. Además, está procesado por la
firma de contratos presuntamente ilegales.
De Panamá, Manuel
Noriega, juzgado y condenado en Francia (en ausencia), Estados Unidos y en su
país (en ausencia) por narcotráfico, y
asesinatos de opositores.
En Paraguay, Luis Ángel González Mácchi (1999-2003) condenado a ocho y seis años de cárcel en dos
causas por corrupción, pero en la apelación una fue sobreseída y de la otra fue
absuelto.
Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), otro paraguayo, fue
sobreseído en 2007 por la Corte Suprema, acusado de irregularidades en una
operación de auxilio financiero.
De Nicaragua: Arnoldo Alemán Lacayo, condenado a 20 años de cárcel en 2003. La
justicia le autorizó a no ir al penal por estar enfermo. La Corte Suprema de Justicia le liberó de todos
los cargos.
En Costa Rica está siendo juzgado Rafael Ángel Calderón y
espera juicio Miguel Ángel Rodríguez, ambos por casos de corrupción.
El hondureño Rafael Callejas (1990-1994), ha sido beneficiado
por la justicia, librándole de culpa de los delitos administrativos.
El colombiano Ernesto Samper (1994-1998), fue sindicado
de haber recibido dinero del
narcotráfico durante la campaña electoral. No llegó a estar procesado. Sí tuvo
una investigación parlamentaria, de la cual salió libre de culpa.
En Ecuador: los ex presidentes procesados, Abdalá Bucaram,
Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, León Febres Cordero y Lucio Gutiérrez. Ninguno ha
sido condenado.
El ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986),
condenado en 1987 a 20 años de prisión por enriquecimiento ilícito, tiempo después fue declarado "no
culpable" por los jueces.
El ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), en 1993 fue condenado en ausencia a más de
200 años de prisión. Está preso desde el
15 de marzo de 1995, cuando llegó extraditado desde Brasil.
El ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) murió en
2006 procesado, pero no condenado. Tenía abiertos juicios por el origen de su
fortuna, por fraude tributario y uso de pasaportes falsos, y por algunos casos
de encubrimiento de la desaparición de opositores.
INDICE DE PERCEPCION
Transparencia Internacional, en el Índice
de Percepción de la Corrupción en el sector público – IPC 2012, rankea la ubicación de 175 países. Dinamarca,
Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con una puntuación de 90,
alcanzada gracias a eficaces sistemas de acceso a la información y normas
regulatorias para funcionarios públicos y empresas privadas.
Al extremo inferior de la tabla se ubican Afganistán, Corea
del Norte y Somalia.
En América Latina, Venezuela (19 puntos) y Paraguay (25)
siguen siendo percibidos como los países más corruptos. Chile (72) y Uruguay (72) se mantienen como
los líderes en transparencia. Estados
Unidos (73) rebota desde la posición 24 hasta la 19.
En el informe del 2011, que utiliza otra metodología, Chile (7,2) ocupa el puesto 22 de los 183
países analizados. Uruguay (7,9) el 25 y
Puerto Rico (5,6) el 39. Nicaragua
(2,5), Paraguay (2,2) y Venezuela (1,9) los últimos de la cola. Próximos al aprobado se posicionaron Costa
Rica (4,8) y Cuba (4,2), seguidos por Brasil (3,8) -por encima de China-,
Colombia (3,4), El Salvador (3,4), Perú (3,4) y Panamá (3,3).
Argentina y México se quedaron en el 3,0 sobre diez -al nivel
de Malawi e Indonesia. A continuación
logran situarse Bolivia (2,8), Ecuador (2,7), Guatemala (2,7), República
Dominicana (2,6) y Honduras (2,6).
El ÍPC 2012 de Transparency International muestra que la
corrupción continúa
devastando a sociedades en todo el planeta.
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