Francisco Carranza Romero
Durante muchísimos años los gobernantes decidieron el destino de los pueblos sin hacerles ninguna consulta. La famosa expresión “Vox populi, vox dei” (La voz del pueblo es la voz de dios) sólo sirvió para que los pueblos participaran con sus votos en la elección de las autoridades, pero siguieron exluidos en la toma de las decisiones con la premisa de que no estaban preparados para opinar. Las autoridades promulgaron leyes para ordenar la sociedad y para ayudarse en el acto de gobernar. Y, cuando los ciudadanos se quejaron de alguna ley, les respondieron autoritarios y sabihondos: “Dura lex, sed lex” (Dura es la ley, pero es la ley). Es verdad que las leyes ayudaron el ordenamiento social; pero también, fueron las leyes las que maniataron a los ciudadanos comunes y dejaron libres a los poderosos para que hicieran lo que quisieran.
Actualmente, los políticos, especialmente durante la campaña electoral, prometen cielo y tierra con tal de ganar los votos. Y los ciudadanos, aun sabiendo que muchas promesas no son posibles de realizarse, gozan saboreando las dulces promesas. Así, nuestra realidad es la complicidad voluntaria entre los políticos y los ciudadanos. Una de las promesas en la última campaña electoral presidencial ha sido: hacer la consulta pública antes de decidir algo relacionado con la inversión minera.
Después de cien días del nuevo gobierno los pueblos del norte, centro y sur del Perú se han alzado, como si estuvieran coordinados, para protestar contra las grandes empresas mineras acusándolos de dañar el medio ambiente (agua, aire, pastizales y sembríos), como si este problema fuera reciente. Sin embargo se hacen de la vista gorda cuando los mineros informales contaminan el ambiente.
El gobierno de Ollanta Humala, que ni cumple un año, por más buena voluntad que tenga no puede anular los acuerdos contraídos por los regímenes anteriores porque espantaría a los nuevos inversores. ¿Qué empresa quiere invertir en un país donde no se respetan los acuerdos? Los gobiernos anteriores le han heredado no sólo el ambiente de cierta estabilidad económica sino también los problemas sociales irresueltos.
En el siglo XVI el obispo Francisco Marroquín, preocupado por el trato de los españoles a los nativos, escribió desde Guatemala su propuesta al rey Carlos V: “Conocerlos hemos, conocernos han”.
Si nuestros políticos hubieran leído este breve y sencillo consejo quizás habrían reflexionado sobre su contenido. Entonces se habrían preocupado en conocer mejor no sólo la realidad urbana sino también la realidad de las áreas rurales donde están los yacimientos de minerales, de hidrocarburos y donde hay ríos con cuyas aguas se pueden construir las hidroeléctricas. Pero, desgraciadamente, los gobernantes y ministros no vivieron allá ni llegaron allá. La educación de alta calidad tampoco llegó allá, por eso, tal como está, sólo sirve para mantener el statu quo de la terrible diferenciación socioeconómica. Las máquinas modernas y los mejores programas de salud se quedaron en la capital del país y apenas llegaron a algunas capitales departamentales. Las vías de comunicación no mejoraron. Las autoridades, realmente, no han cumplido el primer consejo del padre Marroquín: “Conocerlos hemos”.
La consecuencia la estamos viviendo en estos días: los pueblos no confían en las autoridades de la capital del país ni en las empresas. Y el gobierno, hasta el cuello con el problema de Conga (kunka: cuello), no puede merecer el cumplimiento del segundo consejo: “Conocernos han”. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que el pueblo confíe en el gobierno?
Mientras tanto, algunos impacientes periodistas y políticos piden directa o indirectamente que el gobierno haga sentir su autoridad: “¡Qué hace el gobiernno! ¡Qué falta de liderazgo! Hasta da la impresión que piden la solución militar. Para ellos también es el consejo: Conocerlos hemos. Es la oportunidad para que los periodistas y políticos, antes de opinar desde Lima, visiten los lugares donde hay conflictos y comprueben in situ las verdaderas causas, y escuchen las opiniones de los especialistas y de los que conocen esos lugares lejanos.
Los ciudadanos que viven en las áreas donde hay la riqueza natural protestan porque ven que la minería, fuera de darles la ocupación, no les ha llevado el desarrollo.
Ahora que las labores mineras en Conga han sido suspendidas por la petición del gobierno, se debe crear el ambiente de diálogo franco entre el pueblo y la empresa minera Yanacocha (laguna negra) antes que enturbie más el agua. Como la empresa multinacional pondrá sus abogados y técnicos para el diálogo; el pueblo, también debe contar con la asesoría de los ministerios del Medio Ambiente, Energía y Minas, Inclusión Social, y del Interior. El papel del gobierno es: garantizar el ambiente del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos, proteger al pueblo y a la empresa.
Ahora no es el momento para que el consorcio minero nos asuste con su amenaza de irse a otros países llevándose su dinero. A donde vaya tendrá que cumplir el cuidado del medio ambiente. Y si quiere explotar las minas en Europa, China, Canadá, Estados Unidos y Australia, tendrá que cumplir más exigencias que en Perú.
Los que protestan y el gobierno deben evitar caer en las provocación que conduce a la violencia sangrienta que es lo que esperan algunos para atacar al gobierno. Ahora es el momento para que aprendamos a dialogar.
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