TIME-Prensa Ancashina. Julio 2021.- Lima-Trujillo-Frederick. El Perú, celebrará el próximo 28 del presente mes el Bicentenario de su Independencia como nación. Y en esta oportunidad, coincide con juramentación de su nuevo Presidente.
La institución nacional de elecciones informa que el candidato Pedro Castillo, Profesor de Educación, es el ganador del proceso electoral con 835 970 50,1. Ha recibido el mayor respaldo, en la población de menores ingresos y regiones fuera de Lima. El Perú tiene 35 millones de habitantes.
El conteo oficial del 100% de votos indica: el 50.12% es para el profesor Castillo, mientras la candidata de los ciudadanos más conservadores y empresarios, obtuvo el 49.87% de votos. Es la hija del expresidente Alberto Fujimoril, quien cumple una prisión por quiebra de los Derechos Humanos y corrupción.
El presidente actual del Perú, Francisco Sagasti, ha desestimado el pedido de Fujimori para que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera una auditoría internacional.
Si bien la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han declarado que las elecciones en el Perú fueron transparentes, todos los peruanos esperan la última palabra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo el 50,125% de los votos frente al 49,875% de su rival, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisa una ventaja de alrededor de 44.000 votos.
La candidata Fujimori pidió anular 200.000 votos porque quería “defender el voto” ante un “fraude en mesa”. Lo paradójico es que el frente de la fuerzas conservadoras tienen como única voz a la candidata que encarna los aspectos más negativos que arrastra el Perú desde 1990 a la fecha. Los grupos empresariales que antes tenían un discurso, inclusive daban a conocer los fondos que destinaban al candidato o candidatos de su simpatía. Hoy han desaparecido de los medios de comunicación.
La CEPAL y otras instituciones internacionales y universidades han publicado comentarios y tesis sobre las elecciones de Latinoamérica y El Caribe. Considero que una de las voces más serenas y claras es la socióloga peruana Ariela Ruiz Caro, consultora del Instituto Latinoamericano de procesos de privatizaciones en el Perú, con incidencia en el período 1991-2002:
Pone en evidencia que esa década después de haberse iniciado el proceso de privatización de empresas públicas, ha creado la sensación de pérdida irreversible del control sobre las empresas del Estado, que algunas fueron vendidas a precios subvaluados.
La crisis financiera y de gestión que atravesaban las empresas públicas, así como las dificultades económicas que impedían dar cumplimiento al servicio de la deuda externa durante la década de los ochenta, fueron los factores determinantes que impulsaron el proceso privatizador.
Los resultados de ese proceso de privatización han sido ambivalentes, en tanto afectan los ingresos del Estado de forma significativa. Muchas estuvieron signadas por irregularidades tanto en el desarrollo del proceso como en el destino otorgado a los recursos provenientes de la venta de las empresas.
Las primeras operaciones de privatización se produjeron en un escenario hiperinflacionario y de inestabilidad económica, generalizados en la región, agravados por una de orden político que estuvo determinada por la presencia de grupos terroristas y un amplio descontento de la ciudadanía nacional.
Estos problemas se utilizaron como argumentos para subvaluar algunas empresas que fueron privatizadas. El esquema utilizado en la mayoría de casos de privatización de empresas del Estado en el Perú fue el de la subasta pública que implicó la transferencia del control de la empresa.
No se utilizaron joint-ventures u otras modalidades intermedias. Se consideró que la subasta aseguraba mejores condiciones para los consumidores y el Estado a través de un esquema transparente y competitivo en el que podían participar diversos postores.
El proceso de privatización determinó un cambio significativo en la composición pública y privada de la deuda externa. La deuda privada ha tendido a aumentar como consecuencia del hecho que las empresas tomaron préstamos del exterior para comprar los activos públicos.
Es decir, las nuevas inversiones que han permitido la modernización y actualización tecnológica en algunos sectores de la economía, así como la mayor cobertura de los servicios en telecomunicaciones y en los servicios eléctricos, no se basó en la inversión de recursos propios ya acumulados, sino en la toma de créditos en el mercado internacional, hecho que fue facilitado por la importancia de los activos que disponían y la liquidez financiera prevaleciente en aquel momento.
La transferencia de algunas de estas empresas a grupos económicos concentrados -independientemente de los significativos aportes que estas empresas realizan en términos de tecnología y modernización- podría implicar una transferencia de un importante poder de decisión del Estado.
Los organismos creados para regular los servicios privatizados no tuvieron la necesaria independencia para llevar a cabo su misión con el alcance y la profundidad que exigía el resguardo del interés público involucrado.
Años después de haberse iniciado el proceso de privatizaciones, se ha puesto en evidencia que el mercado no constituye automáticamente garantía de calidad y precio. Es creciente el número de economistas que reconocen y señalan la existencia de fallas del mercado, lo cual hace necesario intervención.
En opinión del Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, la visión de privatizar hoy y regular mañana puede ser particularmente dañina, especialmente porque puede consolidar grupos con un gran poder económico. Responsabiliza a los economistas a cargo de estas reformas de crear estos intereses económicos y sostiene que al haber creído que los mercado funcionan y resuelven los problemas de ineficiencia generados por las fallas del Estado, se olvidaron de las fallas del mercado.
Es importante destacar, asimismo, que en muchos casos, la deuda externa e interna de las empresas públicas fue transferida al Gobierno Central antes de ser privatizadas, por un monto que ascendió a 1.460 millones de dólares.
Según información del BID, el 63% de los latinoamericanos tiene una opinión desfavorable respecto a las privatizaciones de empresas estatales realizadas por los gobiernos en la década de los noventa. En el Perú, dicho porcentaje es aún mayor, lo cual dificulta seriamente el relanzamiento del programa de privatizaciones.
Al momento de plantearse la reforma del Estado existía un consenso generalizado de que la transferencia de las empresas públicas al sector privado constituiría la forma de acabar con el déficit fiscal, la hiperinflación, el exceso de burocracia, la falta de productividad y el manejo, muchas veces corrupto, que se hacía desde las empresas del Estado.
La reforma económica a partir de 1997, estuvo condicionada fundamentalmente por la contracción del flujos de capitales hacia los países emergentes como consecuencia de la crisis asiática, y la de Rusia, al año siguiente. Pues las privatizaciones peruanas perdieron dinamismo.
Pues, con el fin de atenuar los efectos derivados de la crisis de la Gran Depresión, en esos años, se crearon instituciones, algunas de las cuales tenían como función regular la producción de determinados bienes y de sectores productivos con el objetivo de protegerlos de las contingencias externas.
Asimismo, en los países de la región se crearon los Bancos Centrales que se encargaron de la emisión de moneda, control y supervisión de las entidades financieras y crediticias, de la política cambiaria, entre otros.
Se puede recordar, que al finalizar la segunda guerra mundial, en algunos países latinoamericanos, especialmente en Argentina, Brasil, México y Bolivia, se dio inicio a un proceso de nacionalizaciones en diversos sectores de la producción de bienes y servicios, dando lugar a una creciente participación del Estado en la actividad económica.
En el Perú, este proceso se inició recién a fines de la década de los sesenta. Las nacionalizaciones, en algunos casos, fueron efectuadas en empresas que habían dejado de ser rentables por el elevado grado de obsolescencia que presentaban, ya que requerían ser modernizadas y reequipadas.
La adquisición de empresas a privados y también a través de la creación de nuevas entidades, el Estado asumió responsabilad en aspectos como la protección aduanera, créditos preferenciales, incentivos fiscales, entre otros.
Durante la década de los sesenta, organismos multilaterales como el Banco Mundial promovieron la creación de empresas estatales como una manera de generar estructuras empresariales dentro del Estado a las cuales prestarles fondos, con posibilidades de lograr mayor eficiencia en relación a las que podrían lograr las entidades privadas.
Esta orientación prevaleció básicamente en infraestructura, especialmente en electricidad. En el Perú, el origen de la mayor parte de empresas públicas, tanto nuevas como por resultado del proceso de nacionalizaciones, se remonta a inicios de la década de los setenta, cuando el gobierno militar presidido por el Gral. Velasco Alvarado aumentó significativamente la participación del sector público en la economía.
Pues durante el período 1970-90 las empresas estatales experimentaron un fuerte crecimiento en su participación en la economía peruana. Al final de la década de los ochenta, estas controlaban entre el 15% y 20% del PBI, el 28% de las exportaciones y el 26% de las importaciones.
Es más. El Estado tenía el monopolio en servicios básicos como la electricidad, hidrocarburos y las telecomunicaciones. Una participación de más de 60% en el sistema financiero –a través de la banca estatal de fomento y la banca asociada-, controlaba el 35% de la producción minera, y tenía una participación importante en la pesca, la comercialización de alimentos, entre otras actividades económicas.
De hecho las medidas tendientes a la apertura y a la desregulación de mercados evidenciaban la configuración de un Estado orientado a proveer entornos adecuados para el funcionamiento del mercado, antes que por retomar el protagonismo en el sistema económico. De esta manera, se fue configurando la concepción subsidiaria del Estado para salir de la crisis.
A inicios de la segunda mitad de los años setenta, la privatización de las empresas públicas se planteó como uno de los elementos centrales de la reforma del Estado y fue concebida como una herramienta a través de la cual el Estado peruano trasladaría al sector privado la iniciativa productiva y empresarial con el fin de fortalecerse y tornarse eficiente en aquellas áreas en las que había perdido presencia en las últimas décadas: educación, salud, justicia y seguridad.
El rol subsidiario del Estado –que se consolidó en la nueva Constitución promulgada en 1993- no permitió que se considerara la posibilidad de retener algunas empresas públicas rentables.
Este punto de vista fue profundamente cuestionado, especialmente cuando como resultado del proceso de reestructuración al que fueron sometidas las empresas públicas antes de ser privatizadas, muchas habían revertido sus balances de pérdidas y empezaban a generar utilidades.
Muchas estuvieron signadas por irregularidades tanto en el desarrollo del proceso como en el destino otorgado a los recursos provenientes de la venta de las empresas.
Es así, que la experiencia de privatización en el país no pudo probar otro de los argumentos justificatorios que sostenía que un sistema dónde la mayoría de decisiones empresariales se toman con criterios de mercado y en función de responsabilidades privadas disminuye los problemas de corrupción que supuestamente son inherentes a la condición de empresas bajo control del Estado.
El proceso de privatización determinó un cambio significativo en la composición pública y privada de la deuda externa. La deuda privada ha tendido a aumentar como consecuencia del hecho que las empresas tomaron préstamos del exterior para comprar los activos públicos.
Es decir, las nuevas inversiones que han permitido la modernización y actualización tecnológica en algunos sectores de la economía, así como la mayor cobertura de los servicios en telecomunicaciones y en los servicios eléctricos, no se basó en la inversión de recursos propios ya acumulados, sino en la toma de créditos en el mercado internacional.
El proceso de privatizaciones en el Perú durante el período 1991-2002 fue diseñado como impulsor de una dinámica de concentración y centralización del capital, especialmente en el sector constituido por empresas de servicios públicos. La transferencia de algunas de estas empresas a grupos económicos concentrados -independientemente de los significativos aportes que estas empresas realizan en términos de tecnología y modernización- podría implicar una transferencia de un importante poder de decisión del Estado que, bajo determinadas circunstancias, podría restar autonomía a importantes elementos de la política económica e inclusive a su capacidad regulatoria.
La experiencia viene demostrando que, al menos en el caso del suministro de los servicios públicos, las ganancias en productividad y eficiencia no han sido transferidas debidamente a los usuarios, no solamente en cuanto a precios y tarifas sino también respecto del incremento de la calidad de los servicios. Emblemático es el ejemplo que destaca el Banco Interamericano de Desarrollo que financió en 1960 la creación de la empresa de agua potable de Arequipa, la cual sigue siendo de propiedad pública y con servicio eficiente para la segunda ciudad más importante y bella del Perú, ejemplo que ha prevalecido en otras regiones de este país.
La excesiva injerencia del Poder Ejecutivo en los entes reguladores ha sido otra de las características de las privatizaciones en el Perú. Los organismos creados para regular los servicios privatizados no tuvieron la necesaria independencia para llevar a cabo su misión con el alcance y la profundidad que exigía el resguardo del Estado.
Una década después de haberse iniciado el proceso de privatizaciones, se ha puesto en evidencia que el mercado no constituye automáticamente garantía de calidad y precio. Es creciente el número de economistas que reconocen y señalan la existencia de fallas del mercado, lo cual hace necesario intervenciones correctivas del Estado, en tanto este tenga la capacidad técnica y Etica. La erradicación de los males producidos por la ineficiencia del Estado, daría lugar al surgimiento de una economía con un crecimiento sostenible, eficiente y competitiva.
