ATALAYA ECONÓMICA, dIARIO gESTION
l| 09.01.18 ,
los trabajadores, los primeros afectados por la corurupción.
Considerando que el Caso Lava Jato va a estar con nosotros un considerable número de años y el origen común de los casos Lava Jato Brasil (LJB) y Lava Jato Perú (LJP), los sobornos de las constructoras, es importante conocer sus coincidencias así como sus diferencias más importantes, porque nos ilustrarían sobre lo que nos puede pasar aquí en el futuro.
En lo que a las coincidencias se refiere, para mí la más importante y peligrosa es la reacción de los peces gordos de la política frente a las investigaciones que los afectan.
En el LJB hay que considerar que se han encarcelado y/o condenado a intocables como Lula da Silva, 9.5 años por corrupción, y a personajes como el ex presidente de la Cámara de Representantes y otros.
Pero Deltan Dallagnol, el fiscal federal que encabeza el movimiento anticorrupción, aseguró al Financial Times: “estamos cerca de un punto crítico, porque mientras se amplía la investigación y toca el universo de los poderosos (políticos), ellos se unen. Aunque son opositores en la esfera política, tienen un adversario común, que es el Lava Jato”.
Es así que el Supremo Tribunal Federal (máxima instancia) aprobó suspender las investigaciones contra varios legisladores vinculados al LJB. Y los casos que relacionan a Lula con Odebrecht ya no los ve el Juez Moro.
En el Perú ya conocemos que luego que se ratificara la investigación a Keiko Fujimori bajo la ley del crimen organizado; el fujimorismo aprobó una denuncia contra el Fiscal de la Nación, entre otras medidas.
¿Ustedes no creen que los políticos de diversas orientaciones podrían unir fuerzas para boicotear el LJP?.
Asimismo en ambos procesos el tsunami de corrupción ha alcanzado (o está bajo investigación) a partidos políticos de todos los colores, incluyendo a presidentes y ex presidentes.
En Brasil primero se arrestaron a los funcionarios de Petrobras y a los operadores financieros (cambistas y lavadores); luego a los empresarios y políticos de menor rango. Y hubieron resistencias y presiones, pero manejables. Sin embargo apenas se metieron con los peces gordos, el boicot al LJB no se hizo esperar.
Los mecanismos de corrupción también fueron similares: las constructoras “invertían“ en las campañas electorales de políticos de diversos niveles y orientaciones cuando todavía no habían alcanzado el poder.
Una vez que lo conseguían, y previo arreglo sobre las comisiones a otorgarse ;había un muy interesante retorno de la inversión a través del otorgamiento de las obras y/o concesiones, las que luego venían acompañadas de las infaltables adendas e impresionantes escalamientos en los presupuestos originales.
También existen similitudes en los mecanismos utilizados para lavar el dinero obtenido ilegalmente. La más utilizada aquí y allá fue la facturación, a través de una serie de canales, de servicios ficticios (consultoría empresarial, servicios legales, conferencias, etc). Asimismo a través de la adquisición subvaluada de inmuebles, joyas , piedras preciosas, grifos, etc.
Y como la magnitud de los sobornos lo justificaba se adquirieron bancos y compañías en paraísos fiscales y se constituyeron off shores, fundaciones, etc, en más de 20 países para facilitar la ruta del lavado.
Una vez completado el ciclo del lavado, el dinero “limpio” retornaba a Perú o Brasil a través de diversos mecanismos, siendo uno de los más comunes la adquisición de inmuebles.
En la segunda parte de este artículo explicaremos las diferencias entre el LJP y el LJB. (Continuará en la edición del jueves 11.01.18).
Con los avances del Lava Jato peruano ya se van confirmando lo que sostuviéramos en diversos artículos desde hace 2.5 años: la existencia de una serie de "coincidencias sospechosas" entre lo que le convenía a Odebrecht (Odb) y a otras constructoras en diversos proyectos y las decisiones que adoptaban los respectivos funcionarios públicos.
A continuación, un breve resumen de las características negativas que he podido apreciar en diversos megaproyectos. Y como las constructoras brasileras (CB) replicaban su "modelo de negocio" en los países en que operaban, se está comprobando que estas características tienen vigencia, cuando menos, regional. Obviamente, la lista no pretende ser exhaustiva, pero sí indicativa. Asimismo, puede servir como un patrón frente al cual se pueden comparar diversos proyectos de inversión a partir de cierta envergadura relevante.
1) Inversiones electorales. Del resultado de las investigaciones en Brasil y en algunos países de la región, existen una serie de acusaciones contra las CB por financiamiento a numerosas campañas electorales: Lula, Rousseff, Temer; Santos, Bachelet, Ominami, Humala, etcétera. Este tipo de inversiones fuera del marco legal les permitía a las CB tener influencia indebida durante las etapas previas a las licitaciones y durante el proceso de selección de los megaproyectos materia de interés.
2) Marco legal amigable. Casi todos los megaproyectos han contado con leyes a la medida, que declararon de necesidad publica e interés nacional la ejecución de dichos proyectos. En ellas, generalmente se les exoneraba del SNIP (filtro indispensable para evitar elefantes blancos) y de completar los estudios de preinversión, etapa fundamental para evitar las ya famosas adendas contractuales. La Interoceánica Sur y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) son los casos más representativos de esta característica. Prácticamente, ningún megaproyecto se licitó con sus estudios de preinversión completos y actualizados.
3) Sin estrategia adecuada para desarrollar los proyectos: los gobiernos de turno no saben qué hacer con muchos megaproyectos, lo que origina pérdida de tiempo y escalamiento de costos. Caso emblemático: el gasoducto al sur. Primero se aprobó un ducto costero (Ley 28695 del 23.02.2006) para llegar a Ilo, luego se cambió de opinión y se aprobó un trazó similar al actual (Ley 29129 del 24.10.2007); luego vino la etapa de Kuntur (el concesionario privado asumía todos los riesgos, no tenía subsidios ni poliducto); siguió la propuesta del etanoducto sin ningún estudio sustentatorio (un apéndice del ducto de TGP); luego vino el GSP actual (con subsidios de los consumidores eléctricos, y con poliducto). Posteriormente, se suspendió el subsidio de los consumidores y se reemplazó por una garantía estatal. Y ahora se anuncian nuevos cambios para la próxima subasta. Inexplicablemente (o quizás para facilitar la corrupción), no existe la más elemental priorización intersectorial de proyectos.
4) Sin una secuencia lógica: idealmente, la ruta debería de ser completar los estudios de preinversión; contratar a un banco de inversión, road show para presentar el proyecto; licitación, contrato modelo (incluyendo adenda de bancabilidad modelo negociada con bancos). Supervisión durante la construcción, y luego evaluaciones ex post.
5) Con términos de licitaciones parcializados: el modelo de Odebrecht era tener licitaciones que fueran "ternos a su medida" o con postor único. Acabamos de confirmar, vía Jorge Barata, que el soborno que se habría pactado con Alejandro Toledo se redujo de US$ 35 millones a 20, porque el exmandatario no cumplió con la modificación de las bases de la licitación de la Interoceánica Sur para dificultar o impedir la participación de otras firmas. Asimismo, un colaborador eficaz ha declarado que en el caso del GSP, la representante legal de Odb se reunió en diversas oportunidades con los funcionarios de ProInversión encargados del proyecto para adecuar los términos de la licitación a los requerimientos de Odb. También habrían utilizado otros mecanismos para que los competidores se retiren de la licitación; o habrían introducido un caballo de Troya para petardear el proceso. Por lo que no resulta extraño que en más de una oportunidad postulara como postor único.
6) Contratos de concesión a la medida. Es por ello que los montos de los sobornos entregados empequeñecen frente a las ganancias ilícitas que se pueden obtener a través de esta vía. En el caso del GSP, se dispuso que no se efectuara estudio de mercado para sobrestimar groseramente la demanda del sur del Perú; aun sabiendo que no se iba a concretar ningún proyecto petroquímico, que era el principal demandante. Y se le otorgaron ingresos garantizados de US$ 912 millones anuales durante 30 años, menos los ingresos que pudiera generar el ducto, que en mi opinión difícilmente llegaría a la mitad del monto estimado.
7) Con importantes escalamientos de inversión y costos. Como consecuencia de no haber completado los estudios de preinversión, o de arreglos bajo la mesa. Lo que sucede es que a medida que se va avanzando en los estudios de un megaproyecto, la diferencia entre los presupuestos iniciales y finales es menor. Por ejemplo, en una carretera los estudios de prefactibilidad no se sustentan en informaciones primarias (se elaboran planos, pero no se efectúan perforaciones). En los estudios de factibilidad se efectúan perforaciones, pero de manera general. Y en los estudios definitivos el espectro de perforaciones es mayor. Por lo que resulta evidente que no se debería de permitir que se liciten proyectos que no cuenten con estudios definitivos y con estudio de impacto ambiental. El caso más evidente es el de la Interoceánica Sur, al que se le permitieron 22 adendas. De esta manera, las constructoras corruptas ofrecían montos reducidos en la licitación (porque sabían que la diferencia la iban a obtener vía las adendas que fueran necesarias). "Sacándole la vuelta" de esta manera a los resultados de las licitaciones. Y desincentivando que constructoras honestas se presenten a futuras licitaciones.
